Luis Abinader encabezó el tercer Encuentro Nacional de Apoyo a la Reforma Penitenciaria, donde el Gobierno informó que construye nueve centros penitenciarios de manera simultánea y que ya están listos los de Higüey y Barahona. El plan busca ampliar y transformar la infraestructura carcelaria mientras avanza el cierre gradual de La Victoria, según la Presidencia de República Dominicana.

La población penitenciaria nacional pasó de 27.481 personas en 2020 a 25.494 personas en 2026. Roberto Santana, director de la Oficina Nacional de Apoyo a la Reforma Penitenciaria, sostuvo que República Dominicana es el único país de América Latina cuyo sistema penitenciario redujo su población.

Los 180 abogados de la Defensa Pública lograron durante el año pasado que 5,000 personas privadas de libertad recuperaran la libertad mediante sus procesos de defensa.

Santana planteó: “Busquen en Latinoamérica cuál sistema penitenciario está bajando su población. El único que está bajando es el de República Dominicana”.

Las obras pendientes incluyen un nuevo proceso de licitación para el centro de San Juan, trabajos en Hato Mayor y Neiba, la reparación del centro de Salcedo y la selección de un terreno en la provincia Independencia.

Abinader explicó que el proyecto de San Juan presentaba problemas estructurales y que la UNESB recomendó no continuar la obra en esas condiciones. El reforzamiento y la nueva licitación resultaron necesarios porque el costo había superado el límite legal de 25%.

Las Parras requiriere todavía trabajos por realizar. El presidente cuestionó que la obra hubiera sido presentada como un proyecto al que solo le faltaba pintura.

El funcionario también señaló que la lucha contra la corrupción dentro de los centros penitenciarios no admite retrocesos. Como parte de ese proceso, fueron retirados 128 policías del sistema y se realizan auditorías en destacamentos.

República Dominicana cuenta además con un comité que reúne a instituciones públicas y privadas vinculadas con la atención de salud mental en las cárceles. Ya funciona un primer espacio de atención en Najayo y se trabaja para habilitar otros.

El cierre gradual de La Victoria y la Ciudad Educativa

La Victoria pasó de albergar 7.600 internos en 2020 a alrededor de 1.900, y la proyección oficial es reducir esa cifra a menos de mil durante este año. El traslado de las personas privadas de libertad se realizará de forma gradual y ordenada, después de evaluar cada caso.

En el terreno de más de 200.000 metros cuadrados se proyecta desarrollar una Ciudad Educativa con universidades, politécnicos, servicios gubernamentales, un espacio temático y una terminal del teleférico.

Santana agradeció el seguimiento mensual de Abinader a la coordinación de la reforma penitenciaria. Afirmó que el respaldo presidencial ha mantenido el tema entre las prioridades del Gobierno y expresó: “Esto no se va a acabar, esto sigue y se va a continuar ampliando”.

El director sostuvo que la reforma debe permanecer bajo atención directa del mandatario por tratarse de “un tema tan complicado, donde hay tantos intereses”.

También afirmó que Abinader “le ha puesto los pantalones largos al tema penitenciario aquí en la República Dominicana”.

Reglamentos y formación para la continuidad institucional

La Dirección General de Servicios Penitenciarios y Correccionales y el Consejo Académico del Instituto Superior de Estudios Especializados Penitenciarios y Correccionales entregaron al presidente el informe sobre el cumplimiento de la Estrategia Nacional de Apoyo a la Reforma Penitenciaria 2024-2027.

La presentación estuvo a cargo del rector Jaime Francisco Rodríguez, Idelice Pérez Sierra, en representación de la Dirección General, y José Ogando, por Unaprep.

El informe incluye una propuesta de reglamento para la carrera penitenciaria, una actualización para 2026 del Manual de Gestión Penitenciaria de 2013 y la primera propuesta de reglamento general para aplicar las leyes vinculadas con asuntos penitenciarios. Los documentos apuntan al fortalecimiento institucional y a la continuidad de la reforma.

Abinader entregó la guía internacional de construcción penitenciaria a Ernesto Mejía Mazara, viceministro del Ministerio de Vivienda y Edificaciones; a Omar Segura, en representación de las facultades de Ingeniería; y a Richardson Rodríguez. La guía, aprobada y presentada este año por la Cruz Roja Internacional, servirá de referencia para mejorar la infraestructura, reforzar la seguridad y apoyar programas de rehabilitación y reinserción social.

El Instituto recibió 6.300 textos sobre ciencias y técnicas penitenciarias procedentes de la Organización de las Naciones Unidas, el Consejo Europeo y entidades especializadas en justicia penal. El conjunto reúne doctrina, normas y buenas prácticas destinadas a los programas académicos, la docencia y la formación del personal penitenciario.

El presidente tomó juramento a nuevos integrantes del Consejo Asesor de la reforma penitenciaria, quienes asumieron el compromiso de promover la dignidad, los derechos, la rehabilitación y la reinserción social de las personas privadas de libertad. Antes de concluir la actividad, invitó a los asistentes a tomarse de las manos y rezar el Padre Nuestro por la salud de Santana.

Una ciudadana cubana denunció en un video publicado en redes sociales que el aumento de los precios de los alimentos ha reducido la capacidad de compra de muchas familias en Cuba, en especial de jubilados y personas con ingresos fijos.

La mujer relató su recorrido de compras con una bolsa de arroz y un pequeño corte de carne como ejemplos del desajuste que, según afirmó, existe entre los precios del mercado y los salarios. “Cada vez que uno sale a comprar un alimento, viras para la casa con el alma partiendo”, expresó.

Su testimonio no identifica la fecha ni el lugar en que fueron tomadas las imágenes, ni permite comprobar de forma independiente los valores citados. La grabación describe una situación que la autora atribuye al encarecimiento sostenido de productos básicos y a la pérdida de poder adquisitivo de la población.

El arroz y la carne, símbolos de una compra imposible

En el video, la cubana sostuvo que una bolsa de arroz costaba 950 pesos cubanos (unos 2,70 a 3,00 USD en el mercado informal), aunque dijo haber visto el mismo producto a 1.000 pesos (alrededor de 2,85 a 3,15 USD). También mostró una porción de carne que, de acuerdo con su relato, costaba “tres mil y pico” pesos (entre 9,00 y 11,00 USD).

La mujer comparó esos montos con la pensión mensual de una vecina de 80 años que, según dijo, recibe 2.000 pesos al mes (aproximadamente 5,70 a 6,25 USD). Para ella, la distancia entre ambos números ilustra una dificultad cotidiana: el ingreso completo de una jubilada no alcanzaría para comprar ese corte de carne.

“¿Cómo es posible que si esa viejita cobra dos mil pesos, pueda con su salario solamente comprar un pedazo de carne?”, preguntó ante la cámara.

La denunciante señaló que muchas personas deben optar por lo que consideran más barato, aunque cuestionó la calidad y el valor nutricional de esos alimentos. “Tienes que irte por lo más barato porque al final el bolsillo no te da y tienes que alimentarte”, dijo.

El deterioro de la alimentación, en el centro del reclamo

El pasaje más duro de su mensaje fue una comparación sobre las condiciones de alimentación de los cubanos. “El cubano está viviendo como peor que un animal”, afirmó, al referirse a la imposibilidad de comprar carne y a la necesidad de recurrir a productos de menor precio.

La frase sintetizó una queja que atravesó todo el video: la percepción de que la población enfrenta una dieta cada vez más limitada mientras los ingresos permanecen sin cambios proporcionales a los precios.

La mujer también vinculó el problema con el valor del dólar, que, según sostuvo, continúa en alza. “Los precios siguen subiendo, el dólar sigue subiendo y el cubano sigue con el mismo salario”, señaló.

No presentó datos oficiales sobre el tipo de cambio, el valor de la pensión ni el precio de los alimentos. Su exposición se basó en la experiencia de compra que mostró en el video y en el caso de su vecina pensionada.

La jubilada de 80 años, eje del reclamo por los ingresos fijos

La referencia a la mujer de 80 años ocupó el centro de la denuncia. La autora del video calculó que el pequeño corte de carne podría rendir entre tres y cuatro días si se lo divide en tiras, pero remarcó que su costo supera el ingreso mensual que atribuyó a la pensionada.

“Dos mil pesos en treinta días es lo que cobra esa señora que es pensionada”, dijo. Luego contrapuso esa cifra con los más de 3.000 pesos que, según su relato, se requieren para comprar carne.

El planteo expuso la situación de quienes dependen de pensiones o salarios fijos frente a una canasta de alimentos que, de acuerdo con su testimonio, exige un desembolso que excede sus posibilidades.

Al final del video, la cubana pidió a sus seguidores que opinaran sobre los precios y sobre las formas de subsistencia de la población. “Déjenme en los comentarios qué les parecen estos precios y qué les parece el modo de supervivencia que estamos llevando los cubanos”, expresó.

El Salvador dictó la primera condena a prisión perpetua por un delito sexual, luego de que un juzgado declarara culpable a Wilmer Isaac González Hernández por violar a una adolescente de 13 años en el departamento de Morazán.

La Fiscalía General de la República (FGR) informó este jueves que la pena fue impuesta por el Juzgado de lo Criminal. Según el organismo, el tribunal estableció durante el juicio la situación de vulnerabilidad que existía por la diferencia de edad entre el acusado y la víctima.

La investigación determinó que González Hernández, de 22 años, se comunicó con la niña mediante redes sociales y entabló con ella una relación que presentó como un noviazgo. La Fiscalía sostuvo que utilizó ese vínculo para manipular a la menor y cometer abusos sexuales en varias ocasiones.

Los hechos se produjeron entre febrero y junio de 2026 en el cantón Las Quebradas, caserío Los Guevara, distrito de San Simón, en Morazán Sur.

La denuncia se presentó tras detectar lesiones en el cuello de la víctima

Los familiares de la adolescente denunciaron el caso después de observar lesiones en su cuello. Esa situación permitió el inicio de las diligencias de investigación, de acuerdo con la Fiscalía.

La sentencia contra González Hernández constituye la primera pena de prisión perpetua impuesta en El Salvador por un delito de índole sexual, según precisó la FGR.

Otras primeras condenas perpetua

El 14 de septiembre El Salvador condenó a una persona por primera vez a prisión perpetua por feminicidio. El Juzgado de lo Criminal de Santa Ana impuso esa pena a Eduardo Mauricio Urbina García, de 39 años, por el asesinato de su vecina, una mujer de 32 años identificada con las iniciales J. C. R. C. La sentencia, informó la FGR, es la primera de este tipo en la historia del país.

El condenado también fue sentenciado a pagar USD 15,000 como responsabilidad civil por el crimen. El asesinato ocurrió el 3 de agosto de 2026 en unos apartamentos del barrio Santa Bárbara, en el distrito de Santa Ana. Según la acusación fiscal, Urbina García había consumido alcohol antes de dirigirse a la vivienda de la víctima.

El hombre ingresó sin autorización al inmueble con un cuchillo. Cuando la mujer lo vio, comenzó a pedir ayuda. La autopsia del Instituto de Medicina Legal (IML) estableció que la causa de muerte fueron múltiples heridas penetrantes.

Díaz antes, el 11 de septiembre, la FGR logró la primera pena de prisión perpetua para Carlos Arturo Herrera Castro por los delitos de robo agravado y homicidio.

Según la sentencia, el 18 de mayo de 2026 Urbina García y la víctima departían con bebidas alcohólicas en una tienda y sostuvieron una fuerte discusión. “En ese momento, reaccionó de manera violenta y atacó a la víctima con piedras de gran tamaño, provocándole lesiones de gravedad que le causaron la muerte en el lugar. Tras cometer el asesinato, el imputado se apoderó del dinero que portaba la víctima y huyó”.

Fue este año cuando el país adoptó la figura de la prisión perpetua para castigar los delitos de terrorismo, crimen organizado, violación y feminicidio.

Los dictadores Daniel Ortega y Rosario Murillo destituyeron el 27 de octubre de 2026 a los responsables de los consulados de Nicaragua en Miami y Filadelfia, dos sedes que concentran trámites de una diáspora obligada a recurrir a una red diplomática cada vez más reducida en Estados Unidos, informó este jueves el medio Nicaragua Investiga, sitio de periodismo independiente.

De acuerdo con el portal independiente, más de 800 mil nicaragüenses residentes en distintas zonas de Estados Unidos deben concentrar solicitudes de pasaportes, inscripciones y poderes en las sedes que permanecen activas: Miami, Nueva York y la sección consular de Washington D.C. La ausencia de un nuevo cónsul en Florida agrava la carga operativa y la incertidumbre legal de los migrantes.

La decisión fue formalizada mediante el Acuerdo Presidencial N.º 146-2026, que dejó sin efecto el nombramiento de Marvin René Ortega Rodríguez como cónsul general en Miami. El funcionario ocupaba ese puesto desde abril de 2022.

Miami, la sede con mayor demanda tras los cierres consulares

La segunda destitución alcanzó a Eliezer Gabay, cónsul honorario en Filadelfia desde junio de 2014. Su salida también fue publicada en La Gaceta, diario oficial nicaragüense, y comenzó a regir el mismo 27 de octubre.

El consulado de Miami se convirtió en la oficina nicaragüense de mayor concurrencia en Estados Unidos después del cierre permanente de otras representaciones. Entre las sedes clausuradas en años recientes figuran Los Ángeles, Houston, Nueva Orleans y Charlotte.

La reducción de la red consular concentró en tres puntos la atención de ciudadanos distribuidos por numerosas regiones estadounidenses. Esa comunidad migrante continúa siendo la principal fuente de remesas hacia Nicaragua.

No es el primer desamparo a la comunidad nicaragüense en Estados Unidos

En 2024 el régimen de Daniel Ortega cerró al menos cincoconsulados nicaragüenses en ciudades de Estados Unidos, México y Guatemala con alta presencia migrante durante el último mes, una medida que dificulta la obtención de pasaportes, documentos y asistencia para comunidades que, solo en territorio estadounidense, rondan el millón de personas

Las clausuras alcanzaron a Los Ángeles, en California; Houston, en Texas; Nueva Orleans, en Luisiana; Tapachula, en México, y la representación consular en Guatemala. El consulado de San Francisco no fue cerrado oficialmente, pero dejó de atender al público y deriva las solicitudes a la sede nicaragüense de Washington.

Los consulados asisten a personas naturales y jurídicas de su nacionalidad, emiten pasaportes, documentos de viaje e identificaciones oficiales, tramitan visas para extranjeros que quieran ingresar a Nicaragua y cumplen funciones notariales. También deben proteger los intereses de menores de edad dentro de su jurisdicción y atender cuestiones sucesorias cuando un ciudadano fallece.

Harold Rocha, experto en Derecho Internacional, advirtió para entonces que los cierres afectarán de manera directa a los migrantes, sobre todo a quienes se encuentren en situaciones precarias o bajo detención migratoria. Sin embargo, señaló que es difícil determinar las razones de la decisión porque las autoridades nicaragüenses no emitieron una comunicación oficial.

“Las imágenes en puertas de las sedes consulares que hemos visto en prensa dirigen a otras sedes consulares en el país receptor, pero no explican nada más”, afirmó Rocha.

El especialista, dijo para entonces a Infobae, que la Convención de Viena establece procedimientos previos ante el cierre temporal o permanente de una sede, los cambios de personal y la modificación de una circunscripción consular.

El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, afirmó que la misión salvadoreña en Haití busca rescatar a cuatro aerotécnicos y advirtió que, si no son entregados con vida, su Gobierno recurrirá a la fuerza. “Si no los entregan por las buenas, pues los vamos a rescatar por las malas”, sostuvo.

Bukele aclaró que el objetivo declarado de la operación no es desarticular a las pandillas haitianas, aunque aseguró que las fuerzas salvadoreñas avanzarán contra esos grupos en caso de que impidan el rescate de los técnicos.

“Si se tardan, pues cada vez van a ser más acabadas, porque no vamos a ir a tocar la puerta y a pedir: ‘Con permiso’”, dijo el mandatario, quien señaló que la duración de la misión dependerá de la respuesta de los captores.

Las declaraciones del mandatario fueron emitidas en una conferencia de prensa de este jueves en Casa Presidencial.

El presidente dijo que la operación terminará si los técnicos son liberados con vida

El jefe de Estado aseguró que El Salvador no tiene intención de establecer una presencia permanente en Haití. Según planteó, las tropas se retirarían el mismo día en que los cuatro aerotécnicos sean entregados vivos.

“Si nos entregan los cuatro aerotécnicos mañana, nosotros mañana mismo nos vamos en la tarde”, afirmó. También sostuvo que la misión se extenderá “hasta donde ellos quieran”, en alusión a las pandillas que operan en el país caribeño.

Bukele presentó la eventual incursión como una operación limitada al rescate de los técnicos, aunque advirtió que sus fuerzas responderán ante cualquier resistencia armada.

Bukele comparó a las pandillas haitianas con las estructuras criminales de El Salvador

El mandatario señaló que su Gobierno conoce el funcionamiento de organizaciones criminales de ese tipo por la experiencia de El Salvador antes de la ofensiva estatal contra las pandillas. Reconoció diferencias entre ambos escenarios, pero consideró que los grupos de Haití guardan similitudes con las estructuras salvadoreñas.

Bukele recordó episodios de violencia atribuidos a pandillas en su país, entre ellos homicidios, extorsiones, desapariciones y ataques contra civiles. Además, sostuvo que El Salvador llegó a registrar una tasa de entre 103 y 106 homicidios por cada 100 mil habitantes, que calificó como la más alta del mundo.

“Nosotros sabemos cómo tratar con criminales de ese tipo”, expresó. El presidente atribuyó a las pandillas salvadoreñas delitos como el reclutamiento de menores, el control territorial y agresiones contra familias.

El mandatario presentó la ofensiva como una “batalla entre el bien y el mal”

Durante sus declaraciones, Bukele definió a las pandillas como organizaciones vinculadas al mal y afirmó que algunas de ellas practican rituales satánicos y sacrificios humanos. Esas acusaciones fueron formuladas por el presidente y no aportó pruebas durante su intervención.

“Nosotros estamos del lado del bien y ellos están del lado del mal”, dijo. También aseguró que confía en que Dios dará la victoria a las fuerzas salvadoreñas.

La posición expuesta por Bukele condiciona el desenlace de la misión a la liberación de los cuatro aerotécnicos. “Si nos entregan a nuestros aerotécnicos vivos, ese mismo día nos regresamos en la tarde”, reiteró.

Tribunal dominicano condenó a Wander Franco a tres años de prisión suspendida por abuso sexual de una menor.

Un tribunal de apelación de República Dominicana condenó este jueves al pelotero Wander Franco a tres años de prisión suspendida, bajo condiciones que deberá determinar el juez de Ejecución de la Pena, por abusar sexualmente de una menor de edad.

La Corte de Apelación de Puerto Plata anuló el perdón judicial que el jugador de los Tampa Bay Rays había recibido en mayo, aunque entonces ya había sido declarado penalmente responsable de abusar de la adolescente.

Según la acusación del Ministerio Público, Franco mantuvo una relación sexual con una niña de 14 años cuando él tenía 21. La fiscalía había pedido una pena de cinco años de prisión en la apelación contra el fallo de mayo. El periódico Imparcial indicó que en ese momento, el jugador ya había disputado dos temporadas en Grandes Ligas y contaba con uno de los contratos más importantes otorgados a un pelotero de su edad.

“El caso se hizo público el 13 de agosto de 2023, después de que circularan publicaciones en redes sociales sobre la relación. Para entonces, Franco había cumplido 22 años y acababa de participar en su primer Juego de Estrellas de MLB. Su último partido con los Rays había sido apenas un día antes, el 12 de agosto de 2023″, sostiene el medio.

Condena de diez años para la madre de la víctima

El tribunal también confirmó la condena de 10 años de prisión contra la madre de la víctima por explotación sexual comercial y lavado de activos. Los jueces rechazaron los recursos que habían presentado los procesados.

La corte ordenó además el decomiso de 2,1 millones de pesos incautados a la mujer.

Franco fue condenado en primera instancia en junio de 2025 por el Tribunal Colegiado de Puerto Plata. En ese proceso, los magistrados consideraron que el beisbolista había sido víctima de extorsión y chantaje por parte de la madre de la menor, con quien, según aquel fallo, el jugador sostuvo un noviazgo consentido.

Cómo llegó el caso a la condena con pena suspendida

La sentencia inicial fue anulada por la Corte de Apelación, que dispuso la realización de un nuevo juicio. En mayo de este año, Franco obtuvo un perdón judicial pese a que el tribunal lo declaró responsable penalmente por el abuso sexual de la adolescente.

El Ministerio Público apeló esa resolución. Tras el nuevo trámite, la Corte de Apelación impuso la pena suspendida y dejó en manos del juez de Ejecución de la Pena la definición de las condiciones que deberá acatar Franco durante el período fijado por la condena, informó la agencia EFE.

Sobre la trayectoria

El jugador debutó en la MLB con los Tampa Bay Rays en 2021 y, a los 20 años, firmó una extensión de contrato por 11 años y más de USD 180 millones.

Su desempeño se caracterizaba por la seguridad en sí mismo, la originalidad ofensiva y la capacidad para rendir bajo presión. Esas cualidades estaban asociadas con una alta autoconfianza y tolerancia competitiva.

Al llegar a las Grandes Ligas, era considerado uno de los prospectos más esperados de la última década. La extensión reflejó la proyección deportiva del jugador y la confianza de la organización en su madurez temprana.

El presidente Nayib Bukele recibió este jueves en Casa Presidencial a su homóloga peruana, Keiko Fujimori, durante la visita oficial que realiza al país. La agenda busca fortalecer la cooperación bilateral, intercambiar experiencias sobre seguridad y analizar estrategias ante retos comunes de la región.

Durante la visita de Fujimori a la Casa Presidencial de San Salvador, Perú y El Salvador suscribieron cuatro acuerdos de cooperación bilateral:

• Marco de Asociación Estratégica, firmado por Carlos Espá y la canciller salvadoreña Alexandra Hill Tinoco.
• Acuerdo de cooperación técnica en infraestructura, gestión penitenciaria y fortalecimiento del sistema de justicia frente a la criminalidad, suscrito por Ernesto Álvarez, César Augusto Astudillo y el ministro de Justicia y Seguridad Pública de El Salvador, Gustavo Villatoro.
• Acuerdo de cooperación institucional entre los ministerios de Salud de Perú y El Salvador, firmado por Luis Dyer y el ministro de Salud salvadoreño, Francisco Alabí.
• Acuerdo de cooperación turística, suscrito por Roger Valencia Espinoza y Morena Valdez.

El jefe de Estado salvadoreño aseguró que su país está dispuesto a compartir sus experiencias para que puedan ser aplicadas en las áreas que consideren útiles. Además, señaló que la visita busca afianzar la relación entre ambos pueblos y fortalecer la cooperación. “Ese triángulo de seguridad, salud y educación es vital”, indicó Bukele.

Fujimori, por su parte, en su discurso anunció que Perú reforzará su política penitenciaria con la construcción de dos nuevas cárceles: una destinada a internos de alta peligrosidad, inspirada en aspectos del Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT) de El Salvador, y otra para presos con menor nivel de riesgo. En este último caso, prevé incorporar talleres productivos y un plan de “cero ocio” para los reclusos. También señaló que el país tiene otras cárceles en proceso de finalización.

En materia operativa, planteó unificar el trabajo de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional mediante un comando unificado para enfrentar a las organizaciones criminales. Además, sostuvo que su gestión buscará respaldar a los integrantes de las fuerzas de seguridad, a quienes afirmó que anteriormente fueron perseguidos o no recibieron defensa institucional. La propuesta toma como referencia la experiencia salvadoreña, aunque remarca que las medidas deberán adaptarse a la realidad peruana.

A su vez, la mandataria sostuvo que su Gobierno adoptó medidas para impedir que las organizaciones criminales operen desde las prisiones. “El mensaje que va al Perú, las cárceles están para cumplir las penas y no para ser centros donde las organizaciones criminales dirigen los delitos.

Presidenta peruana visitó el CECOT

Fujimori recorrió por la mañana las instalaciones del Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT) este 29 de octubre, en una actividad oficial orientada a examinar los mecanismos del sistema penitenciario y la política de seguridad pública de El Salvador.

La mandataria se trasladó desde San Salvador en una caravana fuertemente escoltada por las autoridades salvadoreñas. A su llegada al recinto, alrededor de las 10:00 am los integrantes del Gabinete de Seguridad salvadoreño recibieron a la comitiva de Lima.

El ministro de Justicia y Seguridad Pública, Gustavo Villatoro, el titular del Ministerio de la Defensa Nacional, René Merino Monroy, y el director de la penitenciaría, Belarmino García, encabezaron la delegación anfitriona que guió la inspección por las áreas de control y vigilancia.

La mandataria acudió al complejo carcelario junto a miembros de su equipo de gobierno. Entre los funcionarios presentes estuvieron el ministro de Relaciones Exteriores de Perú, Carlos Espá, el titular del Ministerio del Interior, César Astudillo, y el Ministro de Justicia y Derechos Humanos del Perú, Ernesto Álvarez.

La delegación ministerial inspeccionó los protocolos de contención y la distribución de los reclusos en los diferentes sectores de la infraestructura.

El expresidente de El Salvador Elías Antonio Saca recuperó este jueves su libertad tras cumplir una condena de diez años de prisión por corrupción y lavado de dinero.

Horas después de salir de la cárcel, acudió al Centro Judicial Isidro Menéndez, en San Salvador, para completar los trámites vinculados con su excarcelación.

Saca, de 61 años, fue visto a la entrada de la sede judicial con documentos en sus manos.

El exmandatario, que gobernó el país entre 2004 y 2009, evitó extenderse ante los medios que lo esperaban en el lugar. “Estoy desacostumbrado a dar declaraciones”, dijo, según informó El Mundo, diario digital.

La salida del exjefe de Estado se produjo al término de la pena impuesta por el desvío y lavado de más de USD 300 millones del presupuesto público durante su administración. Saca permanecía detenido desde el 30 de octubre de 2016, cuando fue arrestado por las autoridades salvadoreñas.

Condena por el desvío de más de USD 300 millones de fondos estatales

El Tribunal Segundo de Sentencia de San Salvador condenó a Antonio Saca en septiembre de 2018, luego de que el entonces exmandatario aceptara su responsabilidad en un esquema que permitió sacar recursos de la Presidencia y dirigirlos hacia empresas, exfuncionarios y terceros.

La sentencia fijó cinco años de cárcel por peculado y otros cinco por lavado de dinero y activos. Además, le ordenó pagar USD 260,7 millones en concepto de responsabilidad civil al Estado salvadoreño.

El proceso avanzó mediante un juicio abreviado, un mecanismo que permitió reducir la posible pena a cambio de la confesión de los acusados. La Fiscalía General de la República sostuvo que la red extrajo más de USD 301 millones de la Casa Presidencial durante el período 2004-2009.

Junto con Saca fueron condenados varios integrantes de su administración: el exsecretario privado Elmer Charlaix, el exsecretario de Comunicaciones Julio Rank y el exsecretario de Juventud, César Funes.

Cómputo de la pena desde el arresto de octubre de 2016

La fecha de liberación estuvo vinculada al cómputo de la pena que realizaron los tribunales de vigilancia penitenciaria. Como Saca se encontraba bajo detención desde el 30 de octubre de 2016, ese período fue incorporado al cumplimiento de la condena principal.

En 2020, el expresidente había comparecido ante el Centro Judicial Isidro Menéndez para una audiencia en la que se discutió si debían acumularse dos condenas: los diez años por peculado y lavado de dinero, y otra pena de dos años por cohecho.

Saca había recibido esa segunda condena en septiembre de 2019, tras admitir que pagó USD 10.000 a una empleada judicial a cambio de obtener información sobre un proceso civil. Sin embargo, esa pena quedó extinguida por el tiempo que ya había permanecido en prisión preventiva.

La resolución dejó como referencia la condena de diez años por el caso de corrupción, cuyo cumplimiento total se ubicaba en octubre de 2026.

Bienes vinculados al caso, bajo control estatal

La Fiscalía General de la República señaló esta semana que la excarcelación de Saca no modifica el estado de los bienes y propiedades sometidos a procesos de recuperación para el Estado.

El caso contra el exmandatario incluyó acciones de extinción de dominio sobre activos atribuidos a él, a familiares y a personas señaladas como presuntos testaferros. La recuperación del dinero público fue uno de los ejes del proceso que derivó en la condena.

La liberación de Saca cierra su etapa de reclusión por el desvío de fondos estatales, aunque mantiene vigentes las consecuencias patrimoniales fijadas por la Justicia salvadoreña.

El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, aseguró que el despliegue salvadoreño en Haití busca localizar y devolver con vida a cuatro técnicos de aviación desaparecidos tras una emboscada, y rechazó que la operación constituya una invasión o persiga intereses económicos o políticos sobre el país caribeño.

“No tenemos ningún interés ni en venir a dominar al pueblo haitiano, ni en poner las manos sobre las riquezas de Haití”, afirmó el mandatario en un mensaje dirigido al pueblo haitiano y publicado en sus redes sociales. Bukele sostuvo que el contingente militar y los equipos enviados al país ya están casi desplegados.

El mensaje llega 11 días después de la desaparición de los cuatro salvadoreños, quienes integraban la Fuerza de Supresión de Pandillas (GSF), una misión internacional respaldada por el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Los técnicos viajaban en un vehículo blindado que fue atacado el 18 de octubre en Croix-des-Bouquets, en el área metropolitana de Puerto Príncipe.

La Organización de las Naciones Unidas (ONU) informó que el ataque incluyó armas de fuego y explosivos. El vehículo se incendió y sus ocupantes tuvieron que abandonarlo. Helicópteros que acudieron en apoyo también recibieron disparos, según la intervención de la delegación salvadoreña ante el Consejo de Seguridad. Hasta este jueves 29 de octubre no había información oficial sobre el paradero de los cuatro técnicos.

El despliegue, presentado como operación de rescate

El mandatario afirmó que la presencia de militares salvadoreños responde a un solo objetivo: el regreso de sus compatriotas. “Somos un país modesto en desarrollo. Lo único que queremos es que nuestros cuatro técnicos de aviación regresen a casa”, expresó.

Bukele describió a los desaparecidos como personal dedicado a tareas de aviación y evacuación médica. En un mensaje anterior dirigido a las pandillas, había señalado que los cuatro hombres no eran combatientes y que su labor principal era trasladar heridos y salvar vidas.

El Gobierno haitiano confirmó el diálogo y señaló que ambos mandatarios acordaron reforzar la coordinación bilateral y la cooperación operativa dentro de la GSF, con el foco puesto en las tareas de búsqueda y en la respuesta ante la crisis de seguridad.

El Salvador cubre el 90% de los costos de la operación

En su declaración, Bukele buscó despejar recelos que podría provocar el aumento de la presencia militar salvadoreña en Haití. “Esto no es una operación contra el pueblo haitiano, ni una invasión al país de Haití. No somos una gran potencia”, sostuvo.

El presidente también afirmó que El Salvador cubre el 90% de los costos de la operación con su propio presupuesto, aunque recibe apoyo logístico de otros países. No detalló el monto total de los gastos ni identificó a los estados que colaboran con la misión.

“Nos cuesta caro, pero hemos aprendido en nuestro propio sufrimiento: la justicia y la paz no tienen precio”, afirmó. Añadió que su país atravesó durante décadas una situación de violencia asociada a las pandillas y planteó esa experiencia como antecedente de la actuación salvadoreña en territorio haitiano.

Bukele sostuvo que la operación no persigue un beneficio económico. “No venimos a Haití para ganar dinero, porque nadie nos paga por esto. Venimos a Haití para luchar contra los malvados”, expresó.

La declaración combina el argumento del rescate con una defensa de la política de seguridad aplicada por su Gobierno contra las organizaciones criminales en El Salvador. Bukele afirmó que su país superó “200 años de sufrimiento” y aseguró que hoy vive una situación de paz, una caracterización que forma parte de la narrativa oficial de su administración sobre los resultados del régimen de excepción y las operaciones masivas contra las pandillas.

La responsabilidad por la desaparición, sin establecer públicamente

Aunque Bukele atribuyó el caso a las pandillas y presentó la operación como una respuesta a esos grupos, ninguna organización armada se ha adjudicado de forma pública la desaparición de los cuatro técnicos.

La emboscada ocurrió en Croix-des-Bouquets, una zona donde operan grupos criminales que disputan el control territorial en los accesos a Puerto Príncipe. La GSF y las autoridades salvadoreñas mantienen abiertas las gestiones para establecer contacto con los desaparecidos y determinar qué ocurrió después de que abandonaron el vehículo incendiado.

La crisis de seguridad en Haití continúa condicionada por la capacidad de las pandillas para controlar barrios, rutas y corredores estratégicos de la capital. Naciones Unidas advirtió el 19 de octubre que la GSF contaba con algo más de 2.000 integrantes procedentes de seis países, una cifra que representaba poco más de un tercio de los 5.550 efectivos autorizados.

Un mensaje religioso y una promesa de salida tras la misión

Bukele cerró su declaración con un llamado a la población haitiana para que confíe en la operación y rece por la recuperación del país. Citó el pasaje bíblico de 2 Crónicas 7:14, que alude a la sanación de una tierra mediante la oración y el abandono de las malas acciones.

“Ayúdennos a ayudar a Haití”, escribió. También prometió que las tropas salvadoreñas regresarán a su país una vez que finalice la misión: “Tal vez las generaciones haitianas que vienen recuerden a los que vinimos como amigos que ayudaron en un momento”.

La búsqueda de los cuatro aerotécnicos sigue sin un desenlace oficial. La prioridad inmediata de la operación anunciada por El Salvador es determinar su ubicación y lograr su retorno con vida.