La audiencia de declaración de imputado contra los exintegrantes de la Comisión Permanente del Congreso Nacional fue suspendida este jueves luego de que la defensa presentara cuatro recursos de recusación contra la magistrada Anny Ochoa, designada como jueza natural para conocer el caso.

Los abogados cuestionaron la imparcialidad de la funcionaria judicial y alegaron posibles conflictos de interés relacionados con su supuesta afiliación política y declaraciones públicas sobre el expediente. Las recusaciones deberán ser analizadas por una Corte de Apelaciones, que determinará si Ochoa continúa al frente del proceso.

El relacionador público de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), Josué Salinas, explicó que la jueza natural deberá presentar un informe ante el órgano judicial correspondiente para que se resuelvan los recursos planteados por la defensa.

La suspensión impide, por ahora, que se desarrolle la audiencia en la que los imputados debían comparecer ante la justicia para conocer formalmente los señalamientos en su contra.

Defensa cuestiona imparcialidad de la jueza

El abogado Omar Menjívar expresó su inconformidad con la designación de Ochoa y cuestionó que una jueza a la que atribuye vínculos con el Partido Nacional conozca un expediente relacionado con exintegrantes de la Comisión Permanente, en su mayoría vinculados al partido Libertad y Refundación (Libre).

La defensa presentó cuatro recursos de recusación antes del inicio de la audiencia. Entre los argumentos expuestos figura un supuesto conflicto de interés por la presunta militancia política de la magistrada, además de señalamientos sobre opiniones extrajudiciales y declaraciones públicas que, según los abogados, evidenciarían parcialidad.

El diputado de Libre Fabricio Sandoval sostuvo que la afiliación política de Ochoa es de conocimiento público y cuestionó las condiciones en las que se desarrolla el proceso judicial.

Por su parte, el congresista Edgardo Casaña manifestó que el expediente pasará a un Tribunal de Alzada, instancia que deberá examinar los planteamientos y resolver conforme a la legislación hondureña.

La exdiputada Silvia Bessy Ayala también expresó que, a su criterio, la imparcialidad de la jueza está comprometida para conocer el caso.

Los señalamientos forman parte de los argumentos presentados por los recurrentes y deberán ser examinados por las autoridades judiciales competentes antes de adoptar una decisión sobre la continuidad de Ochoa en el expediente.

Doce imputados comparecieron ante la CSJ

Durante la jornada de este jueves, 12 de los 14 imputados se presentaron en la Corte Suprema de Justicia para someterse a la audiencia de declaración de imputado. Algunos acudieron acompañados de militantes del partido Libre.

Entre quienes no comparecieron figura el expresidente del Congreso Nacional, Luis Redondo, quien permanece prófugo de la justicia hondureña, según la información proporcionada sobre el caso.

Tampoco se presentó Edis Antonio Moncada, exgerente de la Empresa Nacional de Artes Gráficas (ENAG), contra quien existe una orden de captura.

La audiencia tenía como objetivo avanzar en el procedimiento judicial contra los señalados por presuntas irregularidades relacionadas con las actuaciones de la Comisión Permanente del Poder Legislativo.

Sin embargo, la presentación de las recusaciones obligó a detener el proceso hasta que se resuelva si la magistrada puede continuar conociendo la causa.

La resolución de la Corte de Apelaciones será determinante para establecer los siguientes pasos procesales, aunque todavía no se informó una nueva fecha para la audiencia suspendida.

Luis Redondo enfrenta acusaciones por perturbación ilícita contra el funcionamiento de las instituciones, usurpación de funciones y dos delitos de violación de los deberes de los funcionarios.

La diputada Luz Angélica Smith es imputada por falsedad en documentos públicos, usurpación de funciones y violación de los deberes de los funcionarios.

En el caso de Edis Antonio Moncada, exgerente de la ENAG, la acusación comprende tres delitos de violación de los deberes de los funcionarios.

Los otros señalados son Hugo Noé Pino, Carlos Raudales, Juan Barahona, Fabricio Carbajal, Karen Martínez, Silvia Bessy Ayala, Linda Donaire, Edgardo Casaña, Osmán Chávez, Kritza Pérez y Scherly Arriaga. Todos enfrentan acusaciones por el presunto delito de usurpación de funciones.

La Ley de Justicia Energética comienza a mostrar sus primeros resultados en Honduras. A 30 días de su entrada en vigencia, más de 1,800 abonados reciben el beneficio de condonación de deudas residenciales y otros 200 clientes se han acercado voluntariamente a la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE) para regularizar sus servicios sin multas ni sanciones.

Los avances fueron presentados por el gerente general de la ENEE, Guillermo Peña Panting, desde Casa Presidencial, donde explicó que la normativa busca ordenar las obligaciones pendientes de los usuarios residenciales, comerciales y municipales, además de impulsar cambios estructurales en el funcionamiento del sector eléctrico.

El funcionario detalló que la regularización voluntaria está disponible para clientes con servicios en viviendas y negocios que deseen ponerse al día con sus cuentas.

Para facilitar el procedimiento, la institución habilitó sus oficinas a nivel nacional y canales de atención mediante redes sociales y WhatsApp.

“Ya tenemos más de 200 clientes que se han acercado a la empresa voluntariamente a regularizarse sin multa y sin ningún castigo”, manifestó Peña Panting.

Uno de los principales beneficios de la normativa está dirigido a los usuarios residenciales que mantienen obligaciones pendientes con la ENEE.

Según explicó el gerente de la institución, más de 1,800 abonados ya reciben la condonación de sus deudas, siempre que cumplan con las condiciones establecidas en la ley.

El beneficio contempla a los clientes residenciales que mantienen obligaciones pendientes por más de 120 días y cuyo consumo mensual de energía eléctrica es inferior a 250 kilovatios hora.

Los usuarios que cumplen estos requisitos pueden realizar sus gestiones en más de 30 oficinas de atención de la ENEE distribuidas en el territorio nacional, así como mediante los canales digitales habilitados por la institución.

La medida busca ofrecer una alternativa a los hogares que acumularon compromisos económicos por el servicio eléctrico y facilitar que puedan regularizar su situación.

Además de los abonados residenciales, el proceso contempla a empresas grandes y medianas, así como pequeños comercios. Peña Panting explicó que la intención es ordenar las cuentas pendientes de los distintos sectores y facilitar que los usuarios puedan ponerse al día con sus obligaciones.

Otro de los componentes de la Ley de Justicia Energética está relacionado con las deudas y obligaciones de las municipalidades con la empresa estatal.

El gerente de la ENEE anunció avances en la coordinación con la Secretaría de Gobernación y la Asociación de Municipios de Honduras (AMHON) para intervenir inicialmente las cuentas de 215 alcaldías clasificadas en las categorías C y D.

El proceso contempla la instalación y actualización de medidores, como parte de las acciones para mejorar el control del consumo y ordenar los registros de facturación de las municipalidades.

Una vez completada esta etapa, las autoridades prevén continuar con las alcaldías clasificadas en las categorías A y B.

La iniciativa pretende mejorar la administración de los servicios eléctricos municipales y establecer mecanismos que permitan conocer con mayor precisión el consumo de energía y las obligaciones económicas de cada gobierno local.

Peña Panting también destacó el plan de contingencia contemplado en la Ley de Justicia Energética, cuyo objetivo es reducir el impacto de las presiones inflacionarias provenientes de los mercados internacionales de energía y combustibles.

El funcionario explicó que estas medidas buscan evitar que los incrementos de los costos internacionales se trasladen directamente a las tarifas que pagan los usuarios hondureños.

La normativa contempla un período de seis meses durante el cual se pretende preservar la estabilidad tarifaria y financiera, mientras se desarrollan las acciones de reorganización del sector eléctrico.

Este componente adquiere relevancia debido a la exposición de Honduras a las variaciones de los precios internacionales de los combustibles, que pueden repercutir en los costos de generación eléctrica y, posteriormente, en las facturas de los consumidores.

Por su parte, el ministro de Energía, Eduardo Oviedo, calificó la normativa como una transformación de gran alcance para el sector eléctrico hondureño, debido a la dimensión de la infraestructura que administra la ENEE.

El funcionario recordó que la empresa estatal tiene bajo su responsabilidad plantas generadoras distribuidas en diferentes regiones del país, más de 3,000 kilómetros de líneas de transmisión y aproximadamente 11,000 kilómetros de redes de distribución.

“Significa la transformación más importante en cualquier empresa de Honduras en toda su historia”, declaró Oviedo al referirse al alcance de la reforma.

Como parte de su implementación, informó que ya fue instalado el Comité de Conducción de la Reforma del Subsector Eléctrico y conformada la Unidad Técnica de Implementación y Seguimiento de la Ley.

Esta última instancia tendrá la responsabilidad de coordinar la hoja de ruta integral, dar seguimiento a las disposiciones establecidas y acompañar el desarrollo de las diferentes medidas contempladas en la normativa.

El proceso contará con el acompañamiento de expertos internacionales y organismos multilaterales de crédito, con el propósito de fortalecer la implementación de los cambios en el sector energético.

Las autoridades penitenciarias de Honduras reubicaron a 1,373 personas privadas de libertad en el Centro Penitenciario Nacional de Támara (CPNT), en una operación que busca reforzar la seguridad, mejorar los mecanismos de control interno y reducir el hacinamiento en uno de los principales establecimientos carcelarios del país.

El operativo, coordinado por el Instituto Nacional Penitenciario (INP) con la participación de las Fuerzas Armadas y la Policía Militar del Orden Público (PMOP), comenzó a las 6:00 de la mañana.

Los internos fueron trasladados a un módulo recientemente reinaugurado, donde estarán sometidos a vigilancia permanente y no tendrán acceso al sistema eléctrico ni al control de la iluminación.

De acuerdo con la información proporcionada por las autoridades, la población penitenciaria movilizada estaba distribuida en dos sectores del centro carcelario. Un total de 286 personas permanecían en el Módulo de Retirados, mientras que otras 1,087 se encontraban en el Módulo de Sentenciados 1.

Ambos grupos fueron trasladados al pabellón que fue objeto de trabajos de remodelación y adecuación antes de recibir a los nuevos ocupantes.

La medida forma parte de las acciones impulsadas por las autoridades para fortalecer la infraestructura penitenciaria y establecer mayores controles sobre las condiciones de alojamiento de las personas privadas de libertad.

La movilización inició con la llegada de oficiales, suboficiales y personal de las instituciones participantes al Módulo de Retirados, donde se informó a los internos sobre el procedimiento que se desarrollaría durante la jornada.

Desde las primeras horas del día, los equipos responsables ejecutaron las labores de coordinación y organización para realizar el traslado de manera ordenada. El personal penitenciario, militar y policial trabajó de forma conjunta durante las diferentes etapas del operativo.

Las autoridades establecieron un procedimiento de seguridad para movilizar a los reclusos desde sus antiguos espacios de alojamiento hasta las instalaciones habilitadas para recibirlos.

La operación implicó el desplazamiento de más de mil personas, por lo que se requirió la intervención coordinada de los equipos encargados de la seguridad y el control de la población penitenciaria.

El mismo procedimiento se aplicó a sus pertenencias, que también fueron sometidas a revisión antes de autorizar su ingreso al nuevo alojamiento.

La inspección formó parte de las medidas implementadas para reforzar los controles y evitar que artículos prohibidos ingresaran a las instalaciones durante el proceso de reubicación.

Uno de los principales cambios en el módulo reinaugurado está relacionado con el control del sistema eléctrico y de iluminación. Según lo informado por el INP, las personas privadas de libertad no tendrán acceso al sistema eléctrico ni podrán manipular los controles de iluminación.

Además, las instalaciones cuentan con cámaras de seguridad y otros mecanismos de vigilancia, que permitirán mantener un control permanente de las áreas habilitadas para el alojamiento de la población penitenciaria.

Las autoridades indicaron que los reclusos permanecerán bajo vigilancia las 24 horas del día, los siete días de la semana. Esta disposición busca reforzar la supervisión de las actividades dentro del módulo y mantener un mayor control sobre los espacios de convivencia.

Según el planteamiento institucional, la habilitación de espacios remodelados permite reorganizar a la población penitenciaria y fortalecer la administración de los establecimientos bajo responsabilidad del INP.

El hacinamiento constituye uno de los desafíos que enfrenta el sistema penitenciario hondureño, debido a la necesidad de mantener condiciones adecuadas de alojamiento, garantizar la seguridad y asegurar el control de las personas recluidas en los distintos centros del país.

El establecimiento figura entre los principales centros carcelarios de Honduras, por lo que las intervenciones dirigidas a mejorar sus instalaciones forman parte de las medidas anunciadas para reforzar la administración penitenciaria.

El INP señaló que estas acciones responden a las instrucciones del presidente de la República, Nasry Asfura, orientadas al fortalecimiento y la modernización del Sistema Penitenciario Nacional.

El presidente de Honduras, Nasry “Tito” Asfura, asistirá a la XXX Cumbre Iberoamericana, que se celebrará el 4 y 5 de noviembre en Madrid, España, confirmó este jueves la canciller hondureña, Mireya Agüero, a la agencia EFE.

El encuentro será clave para fortalecer la presencia diplomática del país y comenzar los preparativos para la edición de 2028, cuando Honduras asumirá la organización de esta reunión internacional.

Agüero destacó que la designación de Honduras como sede de la XXXI Cumbre Iberoamericana representa una oportunidad para recuperar espacios internacionales y mejorar el posicionamiento del país ante la comunidad global.

La canciller explicó que los 22 países miembros del mecanismo iberoamericano respaldaron de manera unánime a Honduras durante la Asamblea General de las Naciones Unidas, celebrada en Nueva York.

Según la funcionaria, este apoyo constituye una señal de reconocimiento y abre oportunidades para que el país participe activamente en las discusiones internacionales sobre los principales desafíos políticos, económicos y sociales.

Agüero también resaltó la importancia de que Centroamérica fortalezca su cohesión y presente objetivos comunes dentro de la comunidad iberoamericana. Consideró que Honduras puede contribuir a acercar posiciones entre los países en un contexto geopolítico marcado por la influencia de las grandes potencias.

La diplomática defendió el multilateralismo como una herramienta para garantizar que los países pequeños tengan espacios de participación y puedan expresar sus intereses en igualdad de condiciones dentro de los organismos internacionales.

Durante la cumbre, Honduras tiene interés en abordar temas relacionados con la inteligencia artificial, la creación de un gobierno digital y la movilidad académica, explicó Agüero.

En el ámbito tecnológico, el país busca impulsar iniciativas que permitan aprovechar los avances de la inteligencia artificial y fortalecer la modernización de la administración pública mediante herramientas digitales.

Otro asunto relevante será la sequía que afecta al corredor seco hondureño, especialmente en la zona sur. Agüero señaló que este fenómeno también perjudica a Nicaragua, El Salvador y Guatemala, por lo que representa un desafío compartido que requiere atención regional.

La problemática climática afecta la disponibilidad de agua y las actividades agrícolas, lo que convierte la cooperación entre los países centroamericanos en un componente importante para buscar respuestas a sus consecuencias.

En materia de política exterior, Agüero indicó que Honduras procura mantener un equilibrio entre sus relaciones con Estados Unidos y la Unión Europea.

La canciller describió a Estados Unidos como un aliado estratégico tradicional, con el que Honduras mantiene una relación multifacética.

Al mismo tiempo, destacó los vínculos con la Unión Europea, particularmente por las oportunidades de inversión y comercio que ofrece el acuerdo de asociación entre ambas partes.

La funcionaria señaló que el Gobierno ha tratado de equilibrar sus relaciones con ambos actores internacionales, considerando las estrategias impulsadas en el hemisferio occidental y las posibilidades de cooperación económica con Europa.

Como parte de la transición institucional, Mireya Agüero asumirá la próxima semana en Madrid la secretaría pro tempore del mecanismo iberoamericano, con el acompañamiento de España.

La canciller adelantó que comenzará la elaboración de un calendario prospectivo para 2027, con actividades preparatorias que conducirán a la XXXI Cumbre Iberoamericana de 2028.

El proceso permitirá organizar la agenda de trabajo y coordinar las acciones necesarias con los países integrantes del mecanismo antes de la reunión en Honduras.

Aunque todavía no se ha anunciado la ciudad que será sede, la designación representa una oportunidad para que el país fortalezca sus relaciones diplomáticas y promueva asuntos de interés nacional ante los representantes iberoamericanos.