El ataque contra Binance volvió a encender las alarmas sobre la seguridad de las plataformas de criptomonedas. El robo, valuado en USD 6.300 millones, abrió interrogantes sobre las vulnerabilidades de los sistemas de custodia y la identidad de los responsables. Entre las hipótesis bajo análisis aparece la posible participación de hackers vinculados con Corea del Norte.

En diálogo con Infobae a la Tarde, el abogado especializado en informática y nuevas tecnologías Ariel Aginsky explicó cómo pudo haberse ejecutado la maniobra y por qué el episodio no implica necesariamente una vulneración de la tecnología blockchain.

Por qué el ataque no significa que hayan hackeado la blockchain

Para Aginsky, la clave está en distinguir las redes descentralizadas de los sistemas que utilizan las plataformas para administrar los fondos de sus clientes. “Binance es un banco, no es la blockchain en sí en donde circulan todos los criptoactivos”, explicó.

Según el especialista, los atacantes habrían aprovechado una vulnerabilidad en los mecanismos que conectan la operatoria interna del exchange con las redes externas. “¿Qué es lo que atacaron? Esas bocas”, señaló. La investigación deberá determinar cómo se produjo la intrusión y qué controles fueron vulnerados.

La hipótesis de un ataque preparado durante meses

Aginsky sostuvo que una operación de esta magnitud difícilmente pueda explicarse como la acción aislada de una persona. “Es una organización criminal”, afirmó, al describir la planificación y los recursos técnicos que pueden requerir estos delitos.

Una de las hipótesis contempla el uso de ingeniería social para comprometer el dispositivo de una persona con acceso a los sistemas de la compañía. El proceso podría haber comenzado con contactos profesionales o una supuesta oferta laboral que facilitara la instalación de software malicioso.

“Capaz que era una oferta de trabajo que le venía por estas redes sociales empresariales y empezó a tener entrevistas”, especuló el abogado. Y sintetizó: “Esto tiene meses de planeamiento”.

Las sospechas apuntan a hackers vinculados con Corea del Norte

Durante la entrevista, Aginsky mencionó los análisis de las firmas especializadas Elliptic y Chainalysis, que habrían identificado indicios compatibles con operaciones atribuidas al grupo Lazarus. Sin embargo, aclaró que la autoría no estaba confirmada.

La hipótesis remite a antecedentes como el ataque contra Bybit, ocurrido en febrero de 2025, cuando fueron sustraídos cerca de USD 1.500 millones en criptomonedas. Las autoridades estadounidenses atribuyeron aquel episodio a hackers norcoreanos identificados como TraderTraitor.

Las similitudes entre los métodos pueden orientar la investigación, pero no bastan para establecer quién estuvo detrás del ataque a Binance. Para confirmar la atribución, será necesario reunir evidencia técnica y reconstruir los movimientos de los activos.

Cómo se rastrean los fondos robados

Aunque los delincuentes intenten ocultar el origen del dinero, las transacciones registradas en una blockchain pública pueden seguirse. Aginsky describió esa característica como “una bóveda de un banco, pero toda de cristal”: los movimientos quedan registrados, aunque identificar a las personas detrás de cada billetera puede resultar complejo.

Para dificultar el seguimiento, los atacantes pueden distribuir los fondos entre múltiples direcciones y utilizar herramientas conocidas como mixers. Estas maniobras complican la investigación, pero no borran automáticamente el historial de las operaciones.

La posibilidad de bloquear los activos depende también de la criptomoneda involucrada. Los emisores de stablecoins como USDT y USDC pueden congelar determinadas tenencias, mientras que Bitcoin no cuenta con una autoridad central capaz de impedir unilateralmente las transferencias.

Aginsky explicó que esa diferencia puede facilitar la inmovilización de una parte de los fondos identificados. Sin embargo, el bloqueo de ciertos activos no equivale a recuperar la totalidad del dinero sustraído.

“Ese dinero está marcado, son todos billetes marcados”, graficó el abogado. Las plataformas pueden detectar movimientos vinculados con direcciones señaladas y activar controles cuando esos activos intentan ingresar en sus servicios.

Las fallas de seguridad bajo la lupa

El episodio se suma a una serie de ataques que afectaron a exchanges y servicios de custodia, desde Mt. Gox hasta Bybit. Los antecedentes exponen riesgos relacionados con la administración de claves, los permisos internos y los mecanismos de autorización de transferencias.

Durante la entrevista, Aginsky también se refirió a la regulación argentina y a las obligaciones de registro y control que alcanzan a los proveedores de servicios de activos virtuales bajo la normativa de la Comisión Nacional de Valores. Esas exigencias establecen responsabilidades para las plataformas, aunque no eliminan el riesgo de sufrir intrusiones.

La conclusión del especialista es que la trazabilidad de las redes constituye una herramienta importante para investigar el recorrido de los fondos, pero no reemplaza la necesidad de proteger los sistemas de las empresas. “La tecnología industrializa”, resumió.

El ataque vuelve a poner en primer plano una de las principales contradicciones del sector: las transacciones pueden quedar expuestas en registros públicos y, aun así, las vulnerabilidades de una plataforma pueden permitir que una operación criminal alcance una escala millonaria.

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El Salvador pasó de una misión de asistencia médica a desplegar más de 2.000 militares en Haití para rescatar a cuatro soldados secuestrados. El operativo incluye helicópteros artillados, vehículos blindados y apoyo logístico internacional, en una intervención que plantea interrogantes sobre sus objetivos y la posibilidad de que el gobierno de Nayib Bukele amplíe su participación en la lucha contra las pandillas que controlan sectores de Puerto Príncipe.

Durante su columna en Infobae al Mediodía, Andrei Serbin Pont examinó la magnitud del despliegue, las capacidades militares movilizadas y las dificultades de operar en un territorio dominado por grupos armados. La dimensión de la misión, señaló, también abre una discusión sobre la proyección internacional del modelo de seguridad salvadoreño.

La participación de El Salvador comenzó con el envío de 125 técnicos de aviación destinados a evacuar heridos en helicóptero. El escenario cambió tras el secuestro de cuatro integrantes del personal militar, de quienes no había noticias desde el 18 de octubre. A partir de entonces, el gobierno salvadoreño amplió su presencia y movilizó recursos para una operación de mayor envergadura.

La cantidad de efectivos desplegados sobresale frente a la presencia internacional en el país. “Hoy El Salvador tiene más tropas en Haití que la totalidad del contingente de Naciones Unidas que está ahí”, afirmó Serbin Pont. Según las cifras, el contingente salvadoreño se ubica entre los 2.000 y los 2.500 militares.

Uno de los focos de la operación es Santo, al este de Puerto Príncipe, una zona marcada por la presencia de organizaciones armadas. El objetivo declarado es localizar a los cuatro secuestrados, aunque la escala del operativo plantea interrogantes sobre las dimensiones que podría adquirir la intervención.

Helicópteros artillados y apoyo internacional

Entre los principales recursos desplegados figuran helicópteros MD-500 equipados para misiones de reconocimiento y apoyo a las tropas terrestres. Según detalló Serbin Pont, las aeronaves cuentan con lanzacohetes de 70 milímetros y una ametralladora rotativa de calibre 7,62 milímetros.

La operación también depende de una estructura logística internacional. Mientras los helicópteros pertenecen a las fuerzas salvadoreñas, otros países colaboran con aeronaves para trasladar personal y equipamiento. Durante la columna se mencionaron aviones C-130 y distintos transportes militares y comerciales, además de asistencia de Colombia y Estados Unidos. La República Dominicana funciona como punto de apoyo para parte de los movimientos aéreos.

El respaldo internacional y el aval de las autoridades haitianas facilitan el despliegue, pero no eliminan los riesgos de operar en sectores controlados por organizaciones armadas. La posibilidad de enfrentamientos y la necesidad de coordinar las operaciones terrestres con el apoyo aéreo elevan la complejidad de la misión.

A las dificultades tácticas se suma el desafío de sostener una fuerza numerosa fuera de su territorio. El abastecimiento, el combustible, la protección y la atención médica son algunos de los requerimientos que El Salvador deberá resolver mientras dure el operativo.

“Desplegar a 2.500 personas fuera de tu frontera, con helicópteros, con blindados, teniendo que alimentarlos, darles seguridad, darles atención médica, es todo un desafío”, advirtió Serbin Pont. El analista también señaló que las características del escenario hacen posible que haya bajas entre los militares salvadoreños.

¿Puede Bukele proyectar su modelo de seguridad fuera de El Salvador?

Más allá del rescate, el despliegue plantea una pregunta política: si la intervención puede convertirse en un precedente para extender la participación salvadoreña en operaciones contra organizaciones criminales en otros países.

“Esta sería la primera vez que el modelo Bukele sale de El Salvador y pasa a aplicarse en otro país en términos literales”, sostuvo Serbin Pont. La distinción es relevante: no se trata necesariamente de que Haití adopte las políticas de seguridad salvadoreñas, sino de que el gobierno de Bukele intervenga directamente con sus fuerzas en otro territorio.

El resultado del operativo podría influir en la proyección internacional del presidente salvadoreño. Un rescate exitoso reforzaría la imagen de capacidad operativa de sus fuerzas; una intervención prolongada, con bajas o sin resultados concretos, expondría los límites de trasladar esa experiencia a un escenario con características institucionales y de seguridad diferentes.

Por ahora, el objetivo declarado es recuperar a los cuatro soldados. La incógnita es si la operación terminará una vez cumplida esa meta o si dará lugar a acciones más amplias contra las pandillas que controlan sectores de Puerto Príncipe. Esa definición determinará el alcance de la intervención y sus consecuencias militares y políticas para el gobierno de Bukele.

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El Salvador pasó de una misión de asistencia médica a desplegar más de 2.000 militares en Haití para rescatar a cuatro soldados secuestrados. El operativo incluye helicópteros artillados, vehículos blindados y apoyo logístico internacional, en una intervención que plantea interrogantes sobre sus objetivos y la posibilidad de que el gobierno de Nayib Bukele amplíe su participación en la lucha contra las pandillas que controlan sectores de Puerto Príncipe.

Durante su columna en Infobae al Mediodía, Andrei Serbin Pont examinó la magnitud del despliegue, las capacidades militares movilizadas y las dificultades de operar en un territorio dominado por grupos armados. La dimensión de la misión, señaló, también abre una discusión sobre la proyección internacional del modelo de seguridad salvadoreño.

La participación de El Salvador comenzó con el envío de 125 técnicos de aviación destinados a evacuar heridos en helicóptero. El escenario cambió tras el secuestro de cuatro integrantes del personal militar, de quienes no había noticias desde el 18 de octubre. A partir de entonces, el gobierno salvadoreño amplió su presencia y movilizó recursos para una operación de mayor envergadura.

La cantidad de efectivos desplegados sobresale frente a la presencia internacional en el país. “Hoy El Salvador tiene más tropas en Haití que la totalidad del contingente de Naciones Unidas que está ahí”, afirmó Serbin Pont. Según las cifras, el contingente salvadoreño se ubica entre los 2.000 y los 2.500 militares.

Uno de los focos de la operación es Santo, al este de Puerto Príncipe, una zona marcada por la presencia de organizaciones armadas. El objetivo declarado es localizar a los cuatro secuestrados, aunque la escala del operativo plantea interrogantes sobre las dimensiones que podría adquirir la intervención.

Helicópteros artillados y apoyo internacional

Entre los principales recursos desplegados figuran helicópteros MD-500 equipados para misiones de reconocimiento y apoyo a las tropas terrestres. Según detalló Serbin Pont, las aeronaves cuentan con lanzacohetes de 70 milímetros y una ametralladora rotativa de calibre 7,62 milímetros.

La operación también depende de una estructura logística internacional. Mientras los helicópteros pertenecen a las fuerzas salvadoreñas, otros países colaboran con aeronaves para trasladar personal y equipamiento. Durante la columna se mencionaron aviones C-130 y distintos transportes militares y comerciales, además de asistencia de Colombia y Estados Unidos. La República Dominicana funciona como punto de apoyo para parte de los movimientos aéreos.

El respaldo internacional y el aval de las autoridades haitianas facilitan el despliegue, pero no eliminan los riesgos de operar en sectores controlados por organizaciones armadas. La posibilidad de enfrentamientos y la necesidad de coordinar las operaciones terrestres con el apoyo aéreo elevan la complejidad de la misión.

A las dificultades tácticas se suma el desafío de sostener una fuerza numerosa fuera de su territorio. El abastecimiento, el combustible, la protección y la atención médica son algunos de los requerimientos que El Salvador deberá resolver mientras dure el operativo.

“Desplegar a 2.500 personas fuera de tu frontera, con helicópteros, con blindados, teniendo que alimentarlos, darles seguridad, darles atención médica, es todo un desafío”, advirtió Serbin Pont. El analista también señaló que las características del escenario hacen posible que haya bajas entre los militares salvadoreños.

¿Puede Bukele proyectar su modelo de seguridad fuera de El Salvador?

Más allá del rescate, el despliegue plantea una pregunta política: si la intervención puede convertirse en un precedente para extender la participación salvadoreña en operaciones contra organizaciones criminales en otros países.

“Esta sería la primera vez que el modelo Bukele sale de El Salvador y pasa a aplicarse en otro país en términos literales”, sostuvo Serbin Pont. La distinción es relevante: no se trata necesariamente de que Haití adopte las políticas de seguridad salvadoreñas, sino de que el gobierno de Bukele intervenga directamente con sus fuerzas en otro territorio.

El resultado del operativo podría influir en la proyección internacional del presidente salvadoreño. Un rescate exitoso reforzaría la imagen de capacidad operativa de sus fuerzas; una intervención prolongada, con bajas o sin resultados concretos, expondría los límites de trasladar esa experiencia a un escenario con características institucionales y de seguridad diferentes.

Por ahora, el objetivo declarado es recuperar a los cuatro soldados. La incógnita es si la operación terminará una vez cumplida esa meta o si dará lugar a acciones más amplias contra las pandillas que controlan sectores de Puerto Príncipe. Esa definición determinará el alcance de la intervención y sus consecuencias militares y políticas para el gobierno de Bukele.

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Juan Pablo Arenaza, legislador porteño de La Libertad Avanza y dirigente cercano a Patricia Bullrich, defendió los posicionamientos de la senadora frente al Gobierno y rechazó que sus diferencias con Javier Milei respondan a una estrategia electoral. “Patricia Bullrich no le debe nada a los libertarios”, afirmó en Infobae al Regreso, en la que reivindicó tanto su trayectoria política como su papel en la llegada del Presidente a la Casa Rosada.

“Patricia es Patricia siempre”, sostuvo Arenaza para explicar que la dirigente mantiene una forma de actuar que antecede a su incorporación al oficialismo. Como ejemplo, recordó sus posicionamientos durante la gestión de Mauricio Macri, cuando estuvo al frente del Ministerio de Seguridad y mantuvo discusiones sobre los piquetes en la Ciudad de Buenos Aires.

“Ella, cuando advierte que hay algo que está mal, se lo cuenta a la sociedad, habla con la gente y le dice: ‘Para mí esto está mal’”, señaló.

La defensa del legislador se produjo después de una semana en la que Bullrich quedó en el centro de la discusión política por su ausencia en una reunión de Gabinete y sus reparos a determinadas expresiones públicas de Milei, entre ellas el uso de la metáfora de “la hoguera”. Arenaza sostuvo que la senadora no va a dejar de expresar sus convicciones por integrar el oficialismo.

“Hay que ser cuidadoso en la utilización de las palabras”, afirmó al referirse a la postura de Bullrich sobre el debate público y la libertad de prensa. “Sea quien sea, ella va a sostener sus principios siempre”, agregó.

El papel de Bullrich en la victoria de Milei

Arenaza reivindicó el respaldo que Bullrich le dio al actual Presidente después de la primera vuelta de las elecciones de 2023 y consideró que esa decisión fue determinante para ampliar su base electoral.

“Milei es presidente porque Patricia Bullrich lo acompañó”, afirmó. Luego, destacó el caudal de votos que, según su interpretación, contribuyó a la victoria del libertario: “Hay un 24% de los argentinos, una cantidad de votos enormes, que acompañaron a Milei porque Patricia le dijo: ‘Yo confío en este señor para que sea el próximo presidente de la Argentina’”.

El legislador formuló esa defensa en respuesta a las críticas que Bullrich recibe desde sectores libertarios en las redes sociales. Para Arenaza, la trayectoria de la senadora se construyó mucho antes de su alianza con Milei y no depende de su pertenencia al oficialismo.

“Claramente que no, obviamente que no le debe nada, porque la carrera que construyó Patricia Bullrich durante años no la construyó con los libertarios”, sostuvo.

Pese a reivindicar sus diferencias, Arenaza respaldó el rumbo general del Gobierno y descartó que Bullrich busque construir una alternativa política al Presidente. “Esto no es una cuestión electoral, porque Patricia no está en campaña”, afirmó.

El dirigente reconoció las dificultades sociales que atraviesa el país. “Esto que está ocurriendo en la Argentina es duro, es doloroso, hay que acompañar a la gente que la está pasando mal”, expresó. Sin embargo, consideró que las reformas impulsadas por Milei son necesarias para superar los problemas estructurales del país.

“Yo creo que es el camino correcto para que la Argentina salga del desastre, no del último gobierno, del desastre de los últimos cincuenta años”, señaló. Según explicó, Bullrich también apuesta a sostener esas transformaciones durante varios años para que sus resultados se reflejen en la vida cotidiana.

La aspiración presidencial de Bullrich

Arenaza confirmó que la senadora mantiene su intención de llegar a la Casa Rosada, aunque descartó que sus posicionamientos actuales formen parte de una campaña anticipada. “El sueño de Patricia está intacto”, aseguró.

El legislador aclaró que esa aspiración no supone una disputa inmediata por la conducción de La Libertad Avanza, donde Bullrich preside el bloque de senadores. Consultado sobre los tiempos de una eventual candidatura, dejó abierta la posibilidad de que se concrete más adelante.

En ese sentido, también relativizó las interpretaciones electorales que generó un video de la senadora. “Plan B puede ser para 2030”, respondió.

Arenaza describió al equipo de Bullrich como un espacio en el que las diferencias se discuten antes de alcanzar una posición común. “Las personas que estamos al lado de Patricia discutimos con Patricia, discutimos fuerte”, contó. Una vez alcanzado un acuerdo, agregó, todos acompañan la decisión.

El legislador insistió en que los matices de la senadora no implican una ruptura con el oficialismo. “Eso no quiere decir que no tenemos nuestras diferencias, nuestras tonalidades”, concluyó.

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Roberto Piazza relató las horas de angustia que atravesó junto con sus amigos mientras esperaban noticias sobre Agustín Randazzo, el argentino de 51 años que permanecía desaparecido tras el choque de trenes ocurrido en España. Durante una entrevista con Infobae al Regreso, el diseñador contó que el grupo mantenía la esperanza de encontrarlo con vida hasta que recibió la noticia de que había sido localizado sin vida en Madrid.

“Hasta hace dos horas atrás estábamos todos con la esperanza de que estaba con vida en algún hospital de algún pueblo de Toledo”, contó Piazza. La incertidumbre terminó poco después, cuando recibieron una comunicación sobre el paradero de su amigo.

“Hace una hora exactamente llamaron para decirnos que lo encontraron en lo que sería la morgue o algo así en Madrid, lamentablemente”, expresó el diseñador, quien confirmó que la información había llegado a su círculo de amistades.

Durante la conversación, Piazza explicó que no mantenía contacto directo con los familiares de Randazzo y que había optado por respetar su intimidad en medio de la difícil situación. También señaló que la pareja y el hermano de su amigo habían limitado las comunicaciones ante la gran cantidad de llamados que recibían.

Roberto Piazza recordó su amistad con Agustín Randazzo

El diseñador contó que conocía a Randazzo desde hacía entre 12 y 15 años, cuando vivió y trabajó en Madrid. “Yo fui a Madrid, estuve dos años viviendo, trabajando, haciendo un poco de todo: moda, música, etcétera”, recordó.

Durante esa etapa, ambos construyeron una amistad que se sostuvo a lo largo del tiempo. Randazzo también lo había acompañado en sus actividades profesionales en España y colaborado con la organización de sus desfiles.

“Un tipo fantástico, maravilloso, y me ayudó mucho en los desfiles”, destacó Piazza al evocar a su amigo. Además, señaló que atravesaba un buen momento laboral: “Él estaba trabajando muy, muy, muy bien”.

Según el relato del diseñador, el viaje a Sevilla respondía a una actividad vinculada con el trabajo de Randazzo, quien tenía previsto regresar esa misma noche. “Él se levantó, dijo: ‘Chao, me voy a Sevilla, vuelvo a la noche’. Y bueno, pasó lo que pasó”, recordó.

Ante una consulta sobre las circunstancias del viaje, Piazza indicó que su amigo viajaba solo. También aclaró que desconocía los detalles de la tarea que debía realizar en Sevilla, aunque sostuvo que se trataba de una actividad habitual en su rutina laboral.

El diseñador explicó que no conocía personalmente a los familiares de Randazzo que viven en Argentina y que el contacto durante la búsqueda se había mantenido principalmente entre amigos. “No conozco a la familia que vive acá y le respeto la familia. Hemos hablado todos entre amigos”, sostuvo.

El choque de trenes en España

Agustín Randazzo permanecía desaparecido tras el choque. La noticia de su localización sin vida en Madrid llegó a su círculo de amigos después de varias horas de incertidumbre, según relató Piazza.

En el mismo accidente murió Ana Martina Conte Grand, una argentina de 32 años oriunda de San Juan que viajaba junto con su familia hacia el sur de España.

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Las denuncias de fraude electoral, la polarización política y el avance de dirigentes que cuestionan las reglas institucionales exponen algunos de los principales desafíos que enfrentan las democracias occidentales. Los antecedentes de Estados Unidos y Brasil reavivan el debate sobre la legitimidad de los resultados electorales, en un contexto marcado por el desgaste de las instituciones y el malestar social.

Durante una entrevista en Infobae a la Tarde, el politólogo Juan Negri, director de las carreras de Ciencia Política y Estudios Internacionales de la Universidad Torcuato Di Tella (UTDT), analizó los factores que impulsan ese proceso y advirtió sobre sus consecuencias. “Ahora lo que estamos viendo son democracias que se van deteriorando de adentro”, sostuvo.

Las denuncias de fraude y el deterioro institucional

Para Negri, el cuestionamiento de los resultados electorales puede debilitar el sistema democrático incluso cuando no deriva en episodios de violencia. La instalación de sospechas sobre la transparencia de los comicios afecta la confianza ciudadana y pone en discusión las reglas que permiten resolver las disputas políticas.

“Está como el clima de deslegitimar el resultado electoral. Eso le hace muy mal a la democracia, porque los seguidores tienden a creer ese tipo de cosas”, afirmó.

El especialista mencionó el asalto al Capitolio de Estados Unidos, el 6 de enero de 2021, y los ataques de seguidores de Jair Bolsonaro contra las sedes de los tres poderes del Estado en Brasilia, en enero de 2023, como ejemplos de las consecuencias que puede tener el rechazo a una derrota electoral.

“La democracia es un sistema muy frágil. Es básicamente un sistema que depende de que todos creamos que son las reglas del juego”, explicó.

Según Negri, cuando una fuerza política considera ilegítimo el comportamiento de sus adversarios, puede terminar justificando prácticas similares. “Frente a lo que nosotros percibimos como la ilegalidad del otro, avanzamos también haciendo trampa nosotros”, advirtió.

El politólogo aclaró que estas conductas no representan necesariamente a la mayoría de la población. Sin embargo, grupos minoritarios con una fuerte capacidad de movilización pueden generar consecuencias institucionales importantes y poner en riesgo la aceptación de las reglas democráticas.

La influencia de Trump en América Latina

Negri también señaló la influencia de Donald Trump en la política latinoamericana y la circulación de estrategias de confrontación entre dirigentes con afinidades ideológicas. En particular, vinculó la cercanía entre el trumpismo y el bolsonarismo con la difusión de prácticas que cuestionan la legitimidad de las instituciones.

“En América Latina hay un efecto demostración de Estados Unidos: el repertorio puede incluir ese tipo de herramientas”, planteó.

El fenómeno se combina con una polarización que dificulta los acuerdos y reduce la disposición a reconocer al adversario como un actor legítimo. En Estados Unidos, observó el especialista, los votantes de ambos partidos muestran cada vez menos voluntad de negociar o compartir espacios con quienes piensan distinto.

“La polarización ha tenido un efecto muy deletéreo”, resumió.

El diagnóstico también abre interrogantes sobre la Argentina de cara a las elecciones presidenciales de 2027. Durante la entrevista, Negri mencionó las dudas que algunos sectores plantean sobre si el Gobierno aceptaría un resultado adverso, a partir de los antecedentes de Trump y Bolsonaro.

El politólogo evitó anticipar un escenario de ruptura institucional, aunque consideró que existen motivos para prestar atención a estas conductas. A diferencia de los golpes de Estado del pasado, sostuvo, el deterioro puede avanzar de manera gradual, bajo gobiernos elegidos democráticamente.

Las elecciones de medio término en Estados Unidos

Las elecciones legislativas estadounidenses del martes 3 de noviembre constituyen otra instancia relevante para evaluar el clima político del país. Los comicios definirán la composición del Congreso durante los últimos dos años del mandato de Trump y determinarán el margen de acción de su gobierno.

Negri recordó que los presidentes estadounidenses suelen perder apoyo en las elecciones de medio término. “Los presidentes en Estados Unidos siempre pierden las elecciones de mitad de mandato. Es un clásico desde la década del 50”, señaló.

Entre los factores que pueden incidir en el voto, destacó el costo de vida y el precio de los combustibles, variables que influyen directamente en la percepción de la economía familiar.

“La dirigencia estadounidense se decide por el tipo que ve en el supermercado o en la estación de servicio de la esquina cuánto está el galón de nafta”, explicó.

Sobre la oposición demócrata, Negri señaló que todavía no existe una figura capaz de reunir a todos sus sectores frente a Trump. No obstante, consideró que esa situación puede cambiar con el desarrollo de las próximas primarias presidenciales, en las que gobernadores y senadores podrían comenzar a construir sus candidaturas.

El malestar social y la búsqueda de resultados económicos

Más allá de las disputas electorales, Negri identificó un factor central para comprender el respaldo a dirigentes que confrontan con las instituciones: la frustración de sectores de la sociedad con la capacidad de los gobiernos para responder a sus demandas.

“Las democracias no están logrando satisfacer demandas crecientes en muchos países”, afirmó.

El politólogo señaló que ese malestar también se manifiesta en Europa, donde distintos sectores cuestionan la respuesta estatal frente a sus necesidades económicas y sociales. “Vemos que hay un montón de gente en España, en Portugal, en Francia, quejándose de que básicamente no tienen respuesta del Estado”, sostuvo.

Según su análisis, dirigentes como Trump consiguen apoyo porque representan a ciudadanos que sienten que el sistema político no los escucha. El problema aparece cuando la frustración se traduce en una disposición a resignar garantías institucionales a cambio de mejores resultados económicos.

Negri mencionó encuestas realizadas en la Argentina que reflejan esa tensión entre bienestar material y libertades políticas. “Hay un porcentaje significativo de la población que preferiría tener éxito económico y, si eso implica cierto sacrificio democrático, está dispuesto a hacerlo”, explicó, aunque aclaró que no se trata de una posición mayoritaria.

El especialista también mencionó a China y a algunas monarquías del Golfo como referencias que alimentan la percepción de que existen alternativas a la democracia liberal.

“Al final la democracia no es tan importante, la libertad de expresión no es tan importante, lo importante es que la gente viva bien”, resumió al describir esa lógica.

Para Negri, la insatisfacción social puede ampliar el espacio para liderazgos que prometen soluciones rápidas y cuestionan los límites institucionales. La combinación de ese malestar con la polarización y las denuncias infundadas de fraude constituye una señal de alerta para los sistemas representativos.

El desafío, concluyó su planteo, no consiste solamente en celebrar elecciones, sino también en preservar la confianza en las reglas que permiten competir por el poder, aceptar una derrota y volver a intentarlo.

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Las denuncias de fraude electoral, la polarización política y el avance de dirigentes que cuestionan las reglas institucionales exponen algunos de los principales desafíos que enfrentan las democracias occidentales. Los antecedentes de Estados Unidos y Brasil reavivan el debate sobre la legitimidad de los resultados electorales, en un contexto marcado por el desgaste de las instituciones y el malestar social.

Durante una entrevista en Infobae a la Tarde, el politólogo Juan Negri, director de las carreras de Ciencia Política y Estudios Internacionales de la Universidad Torcuato Di Tella (UTDT), analizó los factores que impulsan ese proceso y advirtió sobre sus consecuencias. “Ahora lo que estamos viendo son democracias que se van deteriorando de adentro”, sostuvo.

Las denuncias de fraude y el deterioro institucional

Para Negri, el cuestionamiento de los resultados electorales puede debilitar el sistema democrático incluso cuando no deriva en episodios de violencia. La instalación de sospechas sobre la transparencia de los comicios afecta la confianza ciudadana y pone en discusión las reglas que permiten resolver las disputas políticas.

“Está como el clima de deslegitimar el resultado electoral. Eso le hace muy mal a la democracia, porque los seguidores tienden a creer ese tipo de cosas”, afirmó.

El especialista mencionó el asalto al Capitolio de Estados Unidos, el 6 de enero de 2021, y los ataques de seguidores de Jair Bolsonaro contra las sedes de los tres poderes del Estado en Brasilia, en enero de 2023, como ejemplos de las consecuencias que puede tener el rechazo a una derrota electoral.

“La democracia es un sistema muy frágil. Es básicamente un sistema que depende de que todos creamos que son las reglas del juego”, explicó.

Según Negri, cuando una fuerza política considera ilegítimo el comportamiento de sus adversarios, puede terminar justificando prácticas similares. “Frente a lo que nosotros percibimos como la ilegalidad del otro, avanzamos también haciendo trampa nosotros”, advirtió.

El politólogo aclaró que estas conductas no representan necesariamente a la mayoría de la población. Sin embargo, grupos minoritarios con una fuerte capacidad de movilización pueden generar consecuencias institucionales importantes y poner en riesgo la aceptación de las reglas democráticas.

La influencia de Trump en América Latina

Negri también señaló la influencia de Donald Trump en la política latinoamericana y la circulación de estrategias de confrontación entre dirigentes con afinidades ideológicas. En particular, vinculó la cercanía entre el trumpismo y el bolsonarismo con la difusión de prácticas que cuestionan la legitimidad de las instituciones.

“En América Latina hay un efecto demostración de Estados Unidos: el repertorio puede incluir ese tipo de herramientas”, planteó.

El fenómeno se combina con una polarización que dificulta los acuerdos y reduce la disposición a reconocer al adversario como un actor legítimo. En Estados Unidos, observó el especialista, los votantes de ambos partidos muestran cada vez menos voluntad de negociar o compartir espacios con quienes piensan distinto.

“La polarización ha tenido un efecto muy deletéreo”, resumió.

El diagnóstico también abre interrogantes sobre la Argentina de cara a las elecciones presidenciales de 2027. Durante la entrevista, Negri mencionó las dudas que algunos sectores plantean sobre si el Gobierno aceptaría un resultado adverso, a partir de los antecedentes de Trump y Bolsonaro.

El politólogo evitó anticipar un escenario de ruptura institucional, aunque consideró que existen motivos para prestar atención a estas conductas. A diferencia de los golpes de Estado del pasado, sostuvo, el deterioro puede avanzar de manera gradual, bajo gobiernos elegidos democráticamente.

Las elecciones de medio término en Estados Unidos

Las elecciones legislativas estadounidenses del martes 3 de noviembre constituyen otra instancia relevante para evaluar el clima político del país. Los comicios definirán la composición del Congreso durante los últimos dos años del mandato de Trump y determinarán el margen de acción de su gobierno.

Negri recordó que los presidentes estadounidenses suelen perder apoyo en las elecciones de medio término. “Los presidentes en Estados Unidos siempre pierden las elecciones de mitad de mandato. Es un clásico desde la década del 50”, señaló.

Entre los factores que pueden incidir en el voto, destacó el costo de vida y el precio de los combustibles, variables que influyen directamente en la percepción de la economía familiar.

“La dirigencia estadounidense se decide por el tipo que ve en el supermercado o en la estación de servicio de la esquina cuánto está el galón de nafta”, explicó.

Sobre la oposición demócrata, Negri señaló que todavía no existe una figura capaz de reunir a todos sus sectores frente a Trump. No obstante, consideró que esa situación puede cambiar con el desarrollo de las próximas primarias presidenciales, en las que gobernadores y senadores podrían comenzar a construir sus candidaturas.

El malestar social y la búsqueda de resultados económicos

Más allá de las disputas electorales, Negri identificó un factor central para comprender el respaldo a dirigentes que confrontan con las instituciones: la frustración de sectores de la sociedad con la capacidad de los gobiernos para responder a sus demandas.

“Las democracias no están logrando satisfacer demandas crecientes en muchos países”, afirmó.

El politólogo señaló que ese malestar también se manifiesta en Europa, donde distintos sectores cuestionan la respuesta estatal frente a sus necesidades económicas y sociales. “Vemos que hay un montón de gente en España, en Portugal, en Francia, quejándose de que básicamente no tienen respuesta del Estado”, sostuvo.

Según su análisis, dirigentes como Trump consiguen apoyo porque representan a ciudadanos que sienten que el sistema político no los escucha. El problema aparece cuando la frustración se traduce en una disposición a resignar garantías institucionales a cambio de mejores resultados económicos.

Negri mencionó encuestas realizadas en la Argentina que reflejan esa tensión entre bienestar material y libertades políticas. “Hay un porcentaje significativo de la población que preferiría tener éxito económico y, si eso implica cierto sacrificio democrático, está dispuesto a hacerlo”, explicó, aunque aclaró que no se trata de una posición mayoritaria.

El especialista también mencionó a China y a algunas monarquías del Golfo como referencias que alimentan la percepción de que existen alternativas a la democracia liberal.

“Al final la democracia no es tan importante, la libertad de expresión no es tan importante, lo importante es que la gente viva bien”, resumió al describir esa lógica.

Para Negri, la insatisfacción social puede ampliar el espacio para liderazgos que prometen soluciones rápidas y cuestionan los límites institucionales. La combinación de ese malestar con la polarización y las denuncias infundadas de fraude constituye una señal de alerta para los sistemas representativos.

El desafío, concluyó su planteo, no consiste solamente en celebrar elecciones, sino también en preservar la confianza en las reglas que permiten competir por el poder, aceptar una derrota y volver a intentarlo.

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Brasil proyecta destinar 147.680 millones de reales (aproximadamente 29.000 millones de dólares) a Defensa en 2027, pero el 73% de esos recursos se asignará a salarios, jubilaciones y pensiones. Con apenas el 8,6% reservado para inversiones, el país deberá financiar la renovación de su equipamiento militar y definir el ritmo de programas que incluyen cazas, fragatas, blindados y un submarino de propulsión nuclear.

Durante una columna en Infobae al Mediodía, Andrei Serbin Pont repasó las principales adquisiciones pendientes de las Fuerzas Armadas brasileñas y las dificultades para concretarlas. El escenario coincide con un recambio previsto para enero en el Ministerio de Defensa y en las cúpulas de las tres fuerzas.

El ministro José Múcio dejaría el cargo que ocupa desde enero de 2023. Entre los posibles sucesores mencionados durante el análisis figuran Sinara Wagner Fredo, secretaria general del Ministerio de Defensa, y Márcio Elias Rosa, ministro de Desarrollo, Industria y Comercio.

Un presupuesto condicionado por los gastos de personal

Del total proyectado para Defensa, unos 12.700 millones de reales se destinarían a inversiones y otros 21.700 millones a gastos operativos. El resto corresponde a otras partidas presupuestarias. La propuesta todavía debe atravesar el proceso de discusión y aprobación en el Congreso brasileño.

La distribución de los recursos limita la capacidad de financiar simultáneamente todos los programas de modernización. Además, la depreciación del real puede encarecer los componentes importados y aumentar el costo de determinadas adquisiciones.

Brasil busca sostener la participación de su industria nacional en la fabricación de sistemas militares, aunque los proyectos de mayor envergadura requieren compromisos financieros de varios años y previsibilidad presupuestaria.

La Fuerza Aérea busca incorporar otros 20 cazas Gripen

Brasil manifestó en junio de 2026 su interés en adquirir otros 20 cazas Gripen E/F, fabricados por la compañía sueca Saab. La iniciativa ampliaría el programa de renovación de la flota, que contempla la incorporación de 36 aeronaves, aunque el nuevo pedido todavía no constituye una compra confirmada.

Los aviones adicionales permitirían profundizar el reemplazo de modelos antiguos, entre ellos los F-5M y los AMX. La operación también tiene implicancias industriales: Saab y Embraer acordaron establecer las bases para una eventual fabricación de las nuevas unidades en el complejo de Gavião Peixoto, en el estado de San Pablo.

La ampliación dependerá de la formalización del pedido y de la disponibilidad de recursos para financiarlo.

La Marina busca ampliar su flota y posterga el submarino nuclear

La Marina brasileña busca avanzar con la construcción de cuatro fragatas adicionales de la clase Tamandaré. El 24 de abril de 2026, Embraer, la empresa alemana TKMS y el Ministerio de Defensa firmaron un memorando de entendimiento para sentar las bases de una segunda tanda de buques. El acuerdo no equivale todavía a un contrato definitivo de construcción.

En paralelo, la fuerza analiza la incorporación de buques de mayor porte mediante compras en el exterior. Entre las alternativas mencionadas por Serbin Pont figuran proveedores de Francia, Italia, Corea del Sur y el Reino Unido, incluida la posibilidad de adquirir fragatas Type 31 de segunda mano.

La principal demora afecta al programa PROSUB, que contempla el desarrollo de un submarino de propulsión nuclear. Según lo expuesto por el analista, la fecha prevista para la botadura de la nave pasó de 2034 a 2038, en un contexto de dificultades para asegurar el financiamiento necesario.

El proyecto busca dotar a Brasil de una plataforma impulsada por energía nuclear, una capacidad que no implica por sí misma el uso de armamento nuclear. Su desarrollo requiere infraestructura especializada, conocimientos técnicos e inversiones sostenidas durante años.

Blindados, artillería y defensa antiaérea: las compras pendientes del Ejército

El Ejército brasileño debe definir la adquisición de nuevos vehículos blindados a orugas, vehículos de combate de infantería con cañones de 30 milímetros y un tanque mediano. Entre las propuestas mencionadas figuran modelos de fabricantes turcos, BAE Systems, Rheinmetall y el ASCOD 2.

La selección, que se esperaba para este período, volvió a postergarse. La operación apunta a reemplazar equipamiento obsoleto y requerirá una inversión considerable.

Otro expediente pendiente es la compra de obuses autopropulsados ATMOS 155, montados sobre ruedas. Brasil busca concretar la operación mediante un consorcio que incluya a la empresa nacional Avibrás. La Argentina también evaluó ese sistema como alternativa para equipar a la Décima Brigada.

A esas iniciativas se suma el Programa Estratégico de Defensa Antiaérea, que Brasil busca impulsar mediante un acuerdo de gobierno a gobierno con Italia. La propuesta contempla la participación del consorcio europeo MBDA y de empresas brasileñas.

La disponibilidad de fondos será determinante para establecer qué adquisiciones podrán avanzar y cuáles deberán esperar.

El equilibrio regional y la cooperación con la Argentina

Pese a la escala de los programas de modernización, Serbin Pont descartó que las adquisiciones previstas modifiquen sustancialmente el equilibrio militar sudamericano. “No hay ningún sistema de armas que esté adquiriendo hoy Brasil que realmente altere la balanza de poder a nivel regional”, afirmó.

El analista también señaló que Brasil dejó de lado la aspiración de recuperar una capacidad de aviación de ala fija embarcada en portaaviones, un proyecto que habría requerido inversiones adicionales.

En cuanto a la Argentina, destacó la continuidad de los canales de cooperación en defensa, incluidos los ejercicios combinados como Arandú. También mencionó las posibilidades de colaboración industrial, mientras la Fuerza Aérea Argentina busca renovar sus aviones de transporte y el KC-390 de Embraer aparece como una alternativa para reemplazar a los C-130.

El proyecto presupuestario de 2027 y las decisiones de la nueva conducción de Defensa marcarán el rumbo de las adquisiciones brasileñas. La definición de prioridades determinará qué programas podrán avanzar y cuáles deberán seguir esperando.

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Una banda que operaba desde cárceles bonaerenses habría realizado cerca de 20.000 llamadas extorsivas para estafar a jubilados y pensionados de todo el país. La organización utilizaba identidades falsas, simulaba emergencias familiares y contaba con colaboradores fuera de los penales para concretar robos cuando los engaños telefónicos no daban resultado.

El fiscal Mariano Moyano, titular de la Unidad Funcional Temática de Instrucción y Juicio de Robos Calificados de Mar del Plata, detalló el funcionamiento de la estructura durante una entrevista en Infobae al Mediodía. La investigación comenzó en julio, a partir de dos hechos ocurridos en esa ciudad, y permitió identificar una red con conexiones en distintos puntos del país.

Uno de los casos más graves fue el de una jubilada de 70 años que sufrió una entradera: los delincuentes la golpearon, le hicieron cortes en los dedos de los pies y le robaron $600.000. La causa también incluyó un intento de robo frustrado el 8 de julio.

Falsos policías y familiares para engañar a las víctimas

La organización utilizaba dos modalidades principales. En una, los delincuentes se hacían pasar por policías y advertían sobre un supuesto accidente de tránsito en el que un familiar había atropellado a una mujer embarazada. En la otra, recurrían a un falso operativo para cambiar dólares, vinculado con un anuncio presidencial.

En el primer caso, los estafadores le dijeron a una mujer que su hijo había protagonizado el accidente y le exigieron $16 millones. Para sostener la historia, uno de los involucrados simuló ser el familiar y otro se presentó como fiscal.

“Le requerían la entrega de 16 millones de pesos y la obligaron no solamente a tener el teléfono fijo, sino también a que les dé el número de celular”, explicó Moyano.

La comunicación duró 33 minutos. Según reconstruyó el fiscal, la maniobra podía derivar en un robo presencial: cinco hombres llegaron en un vehículo al domicilio de la víctima y cuatro ingresaron a la vivienda, la redujeron y se llevaron dinero y otros bienes.

Las escuchas incorporadas a la investigación muestran cómo los sospechosos alternaban sus roles para sostener el engaño. En una de las llamadas, un hombre se presentó como el “subcomisario Gutiérrez” y pasó la comunicación a un cómplice que fingía ser un familiar de la persona contactada.

La estrategia consistía en generar temor, obtener información y mantener a las víctimas bajo presión para conseguir dinero. Cuando no lograban concretar la estafa por teléfono, la organización podía recurrir a personas que actuaban fuera de las cárceles.

Casi 20.000 llamadas y una lista de jubilados

La pesquisa permitió establecer que los delincuentes no llamaban al azar. Los investigadores encontraron planillas de Excel con nombres y números telefónicos de potenciales víctimas, seleccionadas principalmente entre jubilados y pensionados.

“Estas planillas de Excel dan cuenta de que las personas seleccionadas resultaban ser jubilados y pensionados en todo el país”, afirmó Moyano.

La organización también distribuía los contactos por localidades. “Se selecciona la ciudad de Mar del Plata y ese día se hicieron 120 llamados a Mar del Plata”, ejemplificó el fiscal. La red también registró comunicaciones dirigidas a Rosario, Paraná, Neuquén, Bariloche, Río Gallegos y Ushuaia.

El rastreo de las líneas telefónicas fue determinante para avanzar en la investigación. Una empresa prestadora informó sobre 5.400 llamadas asociadas a uno de los números investigados, cuyos registros activaban una antena ubicada en Lisandro Olmos, donde funciona un complejo penitenciario bonaerense.

La intervención de otra línea permitió detectar más de 5.000 comunicaciones en un período de 30 días. Según la reconstrucción presentada durante Infobae al Mediodía, el análisis permitió estimar que la banda habría realizado cerca de 20.000 llamadas entre marzo y octubre.

Los investigadores también detectaron el uso de 11 tarjetas SIM que los sospechosos intercambiaban en un mismo teléfono. La actividad, de acuerdo con los datos expuestos durante el programa, se concentraba de lunes a sábado, entre las 9 y las 17.

Quiénes están bajo investigación

La pesquisa identificó como presunto jefe de la organización a Hugo “el Gitano” Miguel, de 62 años, detenido en la cárcel de Olmos y condenado a prisión perpetua por homicidio. También quedaron bajo investigación Franco Isaías Miguel, Jonathan Ezequiel Villalba, Alejandro Demetrio Rosales y Joel Hugo Aguirre.

Los procedimientos se realizaron el 22 de octubre y permitieron secuestrar ocho teléfonos celulares. Ahora, la fiscalía busca reconstruir el recorrido del dinero obtenido mediante las estafas y los robos, determinar cómo se distribuían los fondos e identificar a los colaboradores que operaban fuera de los establecimientos penitenciarios.

La hipótesis judicial contempla que la organización contaba con personas en distintas ciudades para recibir transferencias o ejecutar robos cuando las maniobras telefónicas no prosperaban. La posible participación de terceros en el funcionamiento del esquema es uno de los puntos que todavía debe esclarecerse.

Moyano también señaló un aspecto de las escuchas que llamó la atención de los investigadores: la ausencia de otras voces en comunicaciones que, según indicó, se realizaban desde pabellones y celdas. Sin embargo, evitó sacar conclusiones sobre una eventual complicidad dentro del Servicio Penitenciario y sostuvo que la cuestión requiere profundizar la investigación.

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Las elecciones en Israel abrieron una nueva etapa de negociaciones para definir la composición del próximo gobierno. Aunque el partido de Benjamín Netanyahu obtuvo la mayor cantidad de escaños, no consiguió reunir por sí solo los apoyos necesarios para alcanzar la mayoría parlamentaria. El resultado obliga al actual primer ministro a buscar acuerdos para mantenerse en el poder, mientras la oposición evalúa sus posibilidades de construir una alternativa.

En diálogo con Infobae a la Tarde, el analista internacional Ilan Buzny examinó los escenarios que se abren tras la votación y el margen de maniobra de las distintas fuerzas políticas. “La llave tanto de apertura como para cerrar la puerta de las coaliciones la sigue teniendo Netanyahu”, sostuvo.

La Knesset, el Parlamento israelí, está integrada por 120 miembros y requiere al menos 61 votos para alcanzar una mayoría. Sin embargo, la fragmentación partidaria obliga a negociar con espacios que mantienen diferencias ideológicas y posiciones contrapuestas sobre la seguridad, la religión y la organización del Estado.

“El candidato que logre una coalición de 63 o 65 votos tendrá una coalición fuerte”, explicó Buzny. Un acuerdo que supere los 65 escaños, agregó, podría abrir la posibilidad de conformar un gobierno de unidad nacional.

Las negociaciones que definirán el futuro político de Netanyahu

El presidente israelí, Isaac Herzog, deberá consultar a los representantes de los partidos y encomendar la formación de gobierno al dirigente que considere con mayores posibilidades de reunir una mayoría parlamentaria. Si el primer candidato no consigue los apoyos necesarios, el proceso contempla nuevas instancias de negociación y puede terminar en una convocatoria electoral.

“Quien tenga la mayor cantidad de chances es a quien Herzog le va a decir: ‘Ahora tenés el tiempo necesario para armar esa coalición’”, explicó Buzny.

El analista advirtió que la fragmentación parlamentaria abre la puerta a acuerdos entre fuerzas con posiciones muy diferentes. “Cualquier tipo de rejunte que te puedas imaginar puede llegar a suceder”, afirmó. Como antecedente, recordó las dificultades que atravesó Israel para consolidar gobiernos estables: “Anteriormente, para la conformación de la anterior coalición de gobierno, hubo cinco elecciones”.

Si las negociaciones fracasan, el país podría volver a las urnas. Mientras tanto, según explicó Buzny, las reglas contemplan la continuidad de un gobierno de transición hasta que se resuelva la situación política.

Aunque Netanyahu conserva capacidad de negociación, el resultado electoral no le garantiza la continuidad al frente del Ejecutivo. La definición dependerá de su posibilidad de sumar aliados y de la capacidad de la oposición para superar sus diferencias y construir una mayoría alternativa.

El voto árabe y las acusaciones de fraude

La participación de la población árabe de Israel fue otro de los factores destacados por Buzny. Esa comunidad representa más del 20% de los habitantes del país y sus representantes pueden adquirir un papel relevante en las negociaciones si los principales bloques no consiguen reunir por sí mismos los votos necesarios.

“Salieron a votar casi en un 80% dentro de lo que suelen ir a votar. O sea que ampliaron la cantidad de votos”, señaló el analista, quien vinculó esa movilización con el rechazo a las posiciones de Itamar Ben-Gvir, ministro de Seguridad Nacional y referente de la derecha radical.

Buzny mencionó a la Lista Árabe Conjunta y a Ra’am entre los espacios que representan a sectores de esa comunidad, aunque mantienen diferencias políticas. Su eventual participación en acuerdos parlamentarios dependerá de las condiciones que planteen y de la disposición de otras fuerzas a negociar con ellos.

En paralelo, el partido de Netanyahu denunció que la elección había sido “robada” por los partidos árabes y reclamó investigar un supuesto fraude. Buzny relativizó el alcance de esas acusaciones y consideró que respondían principalmente a una estrategia mediática. “Yo lo consideraría como algo más mediático que real”, evaluó.

El peso de esos votos podría resultar determinante en un Parlamento sin mayorías aseguradas. Sin embargo, las diferencias entre los partidos árabes y otros sectores políticos dificultan la posibilidad de construir acuerdos y dejan abierto el interrogante sobre su influencia en la conformación del próximo gobierno.

El servicio militar, otro foco de tensión política

La situación de los jaredíes, la población judía ultraortodoxa, es uno de los asuntos que divide a las fuerzas políticas. Las exenciones al servicio militar obligatorio generan cuestionamientos en una sociedad donde el reclutamiento y las tareas de reserva tienen un papel central en la defensa nacional.

Buzny señaló que distintos sectores reclaman una distribución más equitativa de las obligaciones y plantean que tanto los ultraortodoxos como la población árabe puedan cumplir un servicio social alternativo al militar.

“Nosotros queremos que todos los extremos, los jaredim, o sea, aquellos judíos ultraortodoxos, como la población árabe, también tengan que hacer, si no es el Ejército, un servicio social”, sostuvo al describir una de las posiciones presentes en el debate.

En la oposición, el analista mencionó a Gadi Eisenkot como una de las figuras que podrían impulsar una alianza entre el centro, el centro-derecha y sectores de izquierda para desplazar a la derecha más radical y reducir la influencia de los partidos ultraortodoxos.

La posibilidad de ese acuerdo dependerá de que los partidos logren compatibilizar sus diferencias sobre seguridad, religión y organización del Estado. La disputa por las exenciones al servicio militar constituye uno de los principales obstáculos para alcanzar una coalición estable y definir una agenda común.

Estados Unidos, Irán y el acercamiento con el mundo árabe

La formación del próximo gobierno también tendrá consecuencias para la política exterior israelí. Buzny destacó la importancia de Washington para la estrategia de seguridad del país y consideró que la relación bilateral seguirá siendo central, independientemente de quién encabece el Ejecutivo.

“Estados Unidos es en este momento un aliado imprescindible, estratégico para los intereses de Israel”, afirmó.

El analista también se refirió a las versiones sobre un posible ataque estadounidense contra Irán después de las elecciones legislativas de medio término previstas para el 3 de noviembre. En ese contexto, planteó la incógnita sobre si Israel contará para entonces con un gobierno definido o si continuará inmerso en las negociaciones.

Otro de los desafíos será recomponer los vínculos con los países árabes. Buzny recordó que Arabia Saudita aparecía antes del 7 de octubre como un posible socio para avanzar en la normalización de las relaciones con Israel, un proceso condicionado por la guerra y la crisis regional.

“Es inexorable que el mundo árabe se siga acercando a Israel”, sostuvo. Para avanzar en esa dirección, agregó, será necesario proyectar estabilidad institucional y capacidad para sostener acuerdos en el tiempo.

“Para eso hay imágenes que hay que dar: un gobierno fuerte, un gobierno estable, un gobierno que tenga proyección en el futuro”, concluyó.

La negociación parlamentaria será decisiva para determinar si Netanyahu consigue mantenerse en el poder o si la oposición logra articular una mayoría alternativa. El desenlace también condicionará la capacidad del próximo gobierno para resolver las tensiones internas y sostener la estrategia de Israel en una región atravesada por conflictos e intereses contrapuestos.

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El Gobierno británico lanzó una campaña para que los hogares puedan afrontar al menos 72 horas sin servicios esenciales. La recomendación incluye almacenar agua potable, alimentos que no requieran cocción, medicamentos, una radio a pilas y dinero en efectivo. En Estados Unidos, el Departamento de Defensa impulsa un programa para que las principales bases militares puedan generar su propia electricidad y mantener sus operaciones ante posibles ataques o interrupciones de la red civil.

En Infobae al Mediodía, el analista internacional Andrei Serbin Pont explicó el alcance de estas iniciativas y su relación con los riesgos que enfrentan las infraestructuras críticas, desde los fenómenos meteorológicos extremos hasta los ciberataques y los sabotajes.

Qué debe tener un kit de emergencia para tres días

La campaña británica Be Ready recomienda disponer de agua embotellada, alimentos no perecederos, una linterna con baterías de repuesto, una radio a pilas o de cuerda, un cargador portátil, medicamentos esenciales y efectivo. También incluye elementos de higiene, documentación importante y provisiones específicas para bebés y mascotas.

La guía establece una reserva de tres litros de agua potable por persona por día. Para una familia de cuatro integrantes, eso equivale a 36 litros para tres días, sin contar el agua adicional que pueda necesitarse para cocinar y mantener la higiene.

Serbin Pont advirtió que un corte de electricidad puede afectar otros servicios básicos. En los edificios, por ejemplo, la interrupción del suministro puede detener las bombas que llevan agua a los tanques y dejar sin abastecimiento a los departamentos.

El analista también destacó la importancia de prever las necesidades médicas de cada integrante del hogar. Una interrupción del transporte o de la actividad comercial puede dificultar el acceso a las farmacias, mientras que la falta de conexión a internet y de señal móvil puede limitar el acceso a la información. En ese escenario, una radio independiente de las redes de telecomunicaciones permite seguir las comunicaciones oficiales.

Europa refuerza la preparación ante posibles crisis

El Reino Unido se sumó a otros países europeos que promueven medidas de preparación doméstica. En marzo de 2025, la Comisión Europea presentó su Estrategia de Preparación de la Unión, que plantea como objetivo que la población pueda mantenerse por sus propios medios durante al menos 72 horas ante una emergencia.

Suecia, por su parte, distribuyó en noviembre de 2024 un folleto con recomendaciones para actuar ante una crisis o una eventual guerra. Las iniciativas europeas contemplan distintos escenarios, desde fenómenos meteorológicos extremos hasta ataques informáticos e interrupciones de servicios esenciales.

Serbin Pont vinculó parte de estas medidas con el escenario de seguridad europeo y la posibilidad de que las infraestructuras civiles sean objeto de ataques. “Cuando hablamos de Europa muchas veces estamos hablando de que se encuentra en un contexto de guerra híbrida”, sostuvo.

El concepto comprende acciones que pueden combinar ciberataques, sabotajes, desinformación y operaciones militares. Una interrupción de las redes eléctricas o de los sistemas de comunicaciones puede afectar a la población y comprometer el funcionamiento de servicios públicos y actividades económicas.

La preparación civil también contempla emergencias sin relación con un conflicto armado. Las inundaciones y las tormentas severas pueden provocar cortes de electricidad, problemas de abastecimiento y dificultades para acceder a bienes esenciales.

Estados Unidos busca que sus bases militares operen sin depender de la red eléctrica

El secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth, presentó el programa FORTRESS America para reforzar la capacidad de respuesta militar ante posibles interrupciones de servicios y amenazas contra infraestructuras estratégicas.

Una de las medidas centrales es que las principales instalaciones militares del país generen su propia electricidad, independientemente de la red civil. El programa también contempla reforzar las cadenas de suministro, crear reservas estratégicas de recursos esenciales y proteger las instalaciones frente a ciberataques, sabotajes y drones.

El objetivo es evitar que una interrupción eléctrica comprometa las operaciones militares. Para mantener su capacidad operativa, las bases necesitan garantizar el suministro de energía y disponer de combustible, medicamentos, municiones y otros recursos esenciales.

La iniciativa responde a la posibilidad de que un adversario intente afectar la infraestructura civil para debilitar la capacidad de respuesta estadounidense. Según explicó Hegseth al presentar el programa, la intención es que las instalaciones militares puedan continuar funcionando incluso si un ataque deja fuera de servicio la red eléctrica.

Las medidas británicas y estadounidenses tienen alcances diferentes: mientras el Reino Unido busca que los hogares puedan cubrir sus necesidades básicas durante los primeros días de una emergencia, Estados Unidos pretende garantizar la continuidad operativa de sus instalaciones militares ante posibles interrupciones de servicios.

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El regreso de María Corina Machado a Venezuela reavivó la presión para definir un calendario electoral y avanzar hacia una transición democrática. Elisa Trotta, exembajadora de Venezuela en la Argentina, destacó la capacidad de convocatoria de la dirigente opositora y advirtió que la sociedad venezolana no está dispuesta a seguir esperando una salida a la crisis política.

En diálogo con Infobae al Mediodía, Trotta sostuvo que la recepción que tuvo Machado en las calles confirmó que la recuperación de la democracia sigue siendo una de las principales demandas de la población. “La gente sencillamente no quiere seguir esperando”, afirmó.

La exembajadora también describió el recorrido de la dirigente desde la frontera hasta Caracas, que atravesó seis estados y se extendió durante 11 horas. “La ruta fue más lenta de lo planificado”, señaló.

Elisa Trotta destacó el liderazgo de María Corina Machado

Para Trotta, la movilización que acompañó el regreso de Machado dejó en evidencia la persistencia del reclamo por un cambio político en Venezuela.

“Cuando vemos a los cientos de miles o no sé si millones de personas que salieron ayer a la calle, incluso de noche, a recibir a María Corina Machado, vemos que el eje de los venezolanos sigue siendo, sin lugar a dudas, la recuperación de la democracia”, sostuvo.

La exembajadora destacó la capacidad de convocatoria de la dirigente y consideró que su regreso volvió a poner de manifiesto la vigencia de su liderazgo opositor.

Uno de los episodios que llamó la atención durante el recorrido fue el paso de la caravana cerca de Fuerte Tiuna, una de las principales instalaciones militares del país y un espacio estratégico para el poder chavista. Consultada sobre el significado de ese trayecto, Trotta interpretó que pudo haber tenido una intención política.

“Seguramente tiene que haber habido un mensaje ahí y, si no lo hubo, esa apertura, que es lo que ella ha tratado de mostrar constantemente”, expresó.

También hizo referencia a las dificultades que enfrentó Machado para ingresar al país. Según afirmó, esta habría sido la octava ocasión en la que intentó regresar a Venezuela, de acuerdo con la información que manejaba.

Trotta señaló, además, que durante la caravana se observó un dispositivo de seguridad que, según su interpretación, incluía personas que no serían venezolanas. La custodia de la dirigente volvió a poner de relieve los riesgos que rodean su actividad política.

Las negociaciones para convocar elecciones en Venezuela

El regreso de Machado se produjo en medio de las conversaciones sobre una eventual convocatoria electoral y la reorganización de las instituciones encargadas de llevar adelante los comicios. Trotta explicó que Estados Unidos participa en una instancia de diálogo entre el gobierno de Delcy Rodríguez y representantes de la Asamblea Nacional elegida en 2015.

La exembajadora describió a ese cuerpo legislativo como “la última institución, lo que se considera la última institución democrática legítimamente electa de Venezuela”.

Uno de los puntos centrales de las negociaciones es la renovación del Consejo Nacional Electoral (CNE), el organismo responsable de organizar y administrar los comicios. Para Trotta, su recomposición resulta indispensable para avanzar hacia una elección presidencial con un cronograma definido.

“Esperamos también un nuevo CNE, un nuevo Consejo Nacional Electoral, que es el organismo que se necesita para poder llevar adelante un proceso electoral, incluyendo el cronograma”, explicó.

En ese contexto, consideró que la presencia de Machado en el país puede incrementar la presión sobre los actores políticos para que establezcan plazos concretos. “La llegada de María Corina Machado pone nuevamente en jaque la necesidad de que este cronograma tenga fecha, tenga día, tenga hora lo más pronto posible”, afirmó.

Trotta también destacó la influencia de Washington en el escenario venezolano y mencionó el papel del presidente estadounidense. “Estados Unidos y específicamente el presidente Donald Trump fue el que hizo posible el 3 de enero”, sostuvo.

Sin embargo, advirtió que lo ocurrido hasta el momento no es suficiente para considerar resuelta la crisis. “¿Ha sido suficiente hasta el momento? No, no lo ha sido. Pero el futuro de Venezuela está fundamentalmente en manos de los venezolanos”, remarcó.

Elisa Trotta reclamó la liberación de los presos políticos

La situación de los detenidos por motivos políticos continúa entre las principales preocupaciones de la oposición venezolana. Durante la movilización, Machado llevó una remera con un mensaje en favor de su liberación, un reclamo que Trotta consideró central para cualquier proceso de transición democrática.

“En Venezuela hoy todavía hay casi 400 presos políticos”, advirtió la exembajadora.

Entre los casos que mencionó se encuentra el de Germán Giuliani, ciudadano argentino detenido en Venezuela. “No hay que olvidarlo”, subrayó al referirse a su situación.

Trotta también hizo referencia a Perkins Rocha, abogado vinculado con Machado que cumple arresto domiciliario. Además, señaló que varias de las personas que acompañaron a la dirigente durante su recorrido son expresos políticos.

La definición de un calendario electoral, la renovación de las instituciones y la liberación de los presos políticos aparecen así entre los principales desafíos de la transición. Para Trotta, el regreso de Machado representa una oportunidad para acelerar esos reclamos, aunque el avance hacia una salida democrática dependerá de que las negociaciones se traduzcan en decisiones concretas.

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