Un día después del grave accidente de tren que ha dejado, de momento, 69 víctimas mortales, el Grupo Renfe ha licitado un contrato para apoyar psicológicamente a sus trabajadores, lo que ha bautizado como “servicio de apoyo al empleado”. Valorado en 60.439 euros, el objetivo de esta adjudicación es contar con un “servicio de apoyo psicológico integral dirigida al conjunto del personal del Grupo Renfe, orientado a la atención, acompañamiento y asesoramiento psicológico individualizado, así como a la prevención, detección e intervención en riesgos de naturaleza psicosocial”.

Renfe tiene una plantilla de 17.073 personas (datos a 31 de diciembre de 2025), según el Estado de Información No Financiera consolidado de la compañía. De ese total, 13.127 son hombres (76,89%) y 3.946 son mujeres (23,11%). La compañía ha sufrido dos víctimas mortales en el siniestro, los dos maquinistas que iban en el AVE que colisionó con la parte trasera del tren Iryo que estaba detenido en la vía. Se trata de Antonio Acedo, el maquinista que conducía el AVE, y Daniel Cabañas, otro maquinista que le acompañaba porque estaba en periodo de prácticas. “Este servicio se configura como un instrumento complementario integrado en el marco del Sistema de Prevención de Riesgos Laborales del Grupo Renfe”, señala el pliego de condiciones técnicas del contrato.

Lo llamativo es que el anuncio de licitación es del 29 de octubre, un día después del trágico siniestro. El servicio especializado que el Grupo Renfe quiere contratar ahora pretende contribuir “de manera activa a la mejora del bienestar psicológico de las personas trabajadoras y a la identificación temprana de situaciones de riesgo, tanto en el ámbito personal como en el profesional. En este sentido, el servicio deberá permitir desarrollar actuaciones de carácter preventivo, tanto en el plano primario, mediante el fomento de hábitos saludables y recursos de afrontamiento; como en el secundario, mediante la detección precoz de situaciones de riesgo psicosocial; y en el terciario, mediante la intervención en situaciones ya manifestadas que requieran apoyo especializado”.

Renfe opera como una entidad pública empresarial dependiente del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible. Forma parte, junto con ADIF (Administrador de Infraestructuras Ferroviarias), del sistema ferroviario estatal: mientras ADIF gestiona las infraestructuras (vías, estaciones, electrificación), Renfe se encarga de la operación comercial de los trenes. El Grupo Renfe se organiza en varias líneas de negocio: Alta Velocidad y Larga Distancia; Cercanías (el servicio de trenes de proximidad en las principales áreas metropolitanas españolas); Media Distancia, que conecta ciudades intermedias; Mercancías; y Rodalies, el servicio de cercanías en Cataluña, cuya titularidad ha sido objeto de traspaso a la Generalitat en los últimos años, aunque la operación continúa en manos de Renfe mediante contrato.

Para todas las categorías

Este servicio psicológico está destinado a todas las trabajadoras del Grupo Renfe, con independencia de su categoría profesional, ubicación geográfica o sociedad de pertenencia, “garantizándose un acceso universal, voluntario y confidencial”. La disponibilidad del servicio deberá ser continua, durante las 24 horas del día y los 365 días del año, garantizando la posibilidad de acceso inmediato o diferido en función de la demanda. El servicio está diseñado en dos niveles. En el primero, los especialistas que se lleven en contrato ofrecerán herramientas de autoayuda, contenidos digitales y recursos orientados a la promoción del bienestar emocional y la prevención de riesgos psicosociales. En un segundo nivel, se desarrollará la intervención psicológica directa mediante atención individualizada por profesionales cualificados “a través de los canales de videollamada y atención telefónica”. No es presencial.

Es decir, la activación de este servicio de asesoramiento psicológico se realizará a través de una plataforma digital, que requerirá la asignación de credenciales individuales (usuario y contraseña). El acceso tendrá carácter voluntario y permitirá a los beneficiarios recibir atención psicológica en relación con cualquier situación que les genere malestar o inquietud, tanto en el ámbito profesional (estrés, conflicto laboral, acoso, síndrome de burnout, entre otros) como en el ámbito personal (estado de ánimo, dificultades familiares o sociales).

El servicio solo garantizará, por tanto, la posibilidad de acceso a atención psicológica mediante canales telefónico y de videollamada, eso sí, sin limitación en el número de contactos iniciales por parte de la persona usuaria, ni en la duración de la intervención dentro de la disponibilidad establecida. No obstante, el Grupo Renfe calcula que “el número de sesiones asociadas a cada caso o suceso se establece en 6 asistencias psicológicas por usuario y motivo, sin perjuicio de que el adjudicatario pueda contemplar, conforme a criterios profesionales, la necesidad de ampliación de asistencias en determinados supuestos debidamente justificados, en centros externos al servicio, sin que esto suponga un coste para Renfe”.

Este contrato está previsto que dure doce meses. Para la prestación de esta atención telefónica y por videollamada, el adjudicatario deberá disponer de un equipo integrado por, al menos, 7 psicólogos sanitarios y/o clínicos. Los profesionales adscritos al servicio deberán acreditar una experiencia mínima de 10 años. Renfe también tiene activado el gabinete de crisis y el Plan de Asistencia a las Víctimas de Accidentes Ferroviarios y a sus Familiares (PAVAFF), así como el teléfono de atención a víctimas y familiares: 900 10 10 20

El Ayuntamiento madrileño de Boadilla del Monte (66.300 vecinos), gobernado por el PP, quiere recuperar unos locales comerciales que llevan años vacíos y que en su día fueron escenario de uno de los grandes pelotazos del caso Gürtel. El Consistorio ha llegado a un acuerdo extrajudicial con Caixabank, propietaria hoy de esos locales, para pagar la deuda hipotecaria que mantiene la empresa que en su día se hizo irregularmente con esos locales y que pertenecían a uno de los condenados, Ramón Blanco Balín, economista e inspector de finanzas del Estado, gran amigo en su día de José María Aznar (que le hizo directivo de Repsol) y que fue detenido como uno de los grandes cerebros financieros de la trama liderada por Paco Correa.

De hecho, Blanco Balín ya ha sido condenado en varias de las piezas de la trama (la visita del Papa a Valencia en 2006, los negocios en Arganda del Rey y en Boadilla del Monte) y espera nueva sentencia por otra pieza, por ayudar a Correa y sus socios a ocultar el dinero en el extranjero y defraudar al fisco. La Empresa Municipal de la Vivienda y Suelo (EMVS) de Boadilla llevó este martes a su Consejo de Administración un punto del día para ser votado: pagar 600.000 euros a la Caixabank para poder recuperar la titularidad de tres fincas que albergan los 30 locales y 140 plazas de aparcamiento. Aunque el Ayuntamiento tiene el derecho de superficie, la titularidad de los locales es de la entidad financiera, que se los quedó después de que concediera un préstamo a la compañía Artas Consultoría, propiedad de Ramón Blanco Balín.

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Aunque el PP tiene mayoría en el Consejo de la EMVS (nueve miembros), este martes decidió a última hora retirar la votación de ese acuerdo extrajudicial después de que la concejala del PSOE, Alessandra del Mónaco, pidiera más tiempo para estudiar toda la documentación y amenazara a los consejeros del PP con llevarles a los tribunales si con dinero público se saldaba la deuda que un condenado por corrupción mantiene con la entidad financiera. “El asunto es complejo y queremos dar la oportunidad al resto de grupos municipales de reunirse con los funcionarios y los técnicos para que les pregunten lo que consideren oportuno”, señala un portavoz del Ayuntamiento. “Es más eficiente, constructivo y beneficioso superar el actual estado de confrontación y poner fin a la judicialización de este asunto que podría alargarse durante varios años”, señala la propuesta enviada por Caixabank.

Para entender todo este lío tan “complejo” y judicializado hay que remontarse al año 2008. En ese momento, Caja Madrid (que luego sería absorbida por Caixabank) concedió dos préstamos que sumaban 6,7 millones de euros para que Ramón Blanco Balín pudiera llevarse uno de los principales contratos que la red que Correa amañó en Boadilla. Los dos préstamos, de 5,9 millones y 800.000 euros, se concedieron en junio y agosto de 2008. El negocio era redondo para Blanco Balín y Paco Correa. El Ayuntamiento de Boadilla, gobernado entonces por Arturo González Panero, alias ‘el Albondiguilla’ (condenado a 36 años de cárcel), sacó a concurso el derecho de superficie de tres parcelas en la mejor zona del municipio, donde se iban a construir 33 locales comerciales y 140 plazas de garaje en la Avenida Siglo XXI, una de las principales arterias del municipio.

Un amaño por 99 años

La adjudicación se la llevó Rústicas MBS SL, tres años antes de los préstamos, en octubre de 2005, empresa de Blanco Balín, que luego en 2007 cedió la concesión a otra firma suya, Artas Consultoría. Esta última gestionaría los 33 locales y los garajes durante 99 años. Y a cambio sólo pagaría al Ayuntamiento un canon anual de 81.344 euros, canon que había sido reducido porque fue fijado inicialmente en 320.000 euros. Todo un chollo para la trama, ya que ¿cuánto podía sacar Blanco Balín si alquilaba el espacio a su disposición? Según sus estimaciones, 1,3 millones de euros anuales, de los que había que descontar el paupérrimo canon anual que le pedía el Consistorio: 81.344 euros.

Si se hubieran mantenido esos precios en los 99 años de concesión, el negocio era de 136 millones de euros. Tras conocerse el escándalo del caso en 2009, el Ayuntamiento de Boadilla (ya con Panero fuera) rescindió en octubre de 2011 el contrato con Artas Consultoría. Han pasado 15 años y los locales comerciales languidecen en una de las avenidas más comerciales de Boadilla. Para la concejala Alessandra del Mónaco “consideramos que un asunto de esta trascendencia, relacionado con las consecuencias jurídicas de actuaciones urbanísticas del pasado y con antecedentes judiciales vinculados al caso Gürtel y la presencia del ex alcalde Arturo González Panero en prisión con una sentencia de 36 años y 11 meses, debemos exigir la máxima transparencia y todas las garantías jurídicas y económicas”.

El acuerdo que quieren firmar Boadilla y Caixabank contempla que, en el caso de que la entidad financiera recupere la totalidad del importe reclamado a Blanco Balín, 4.145.553 euros, “CaixaBank quedará obligada a reintegrar a la EMSV, en el plazo de 10 días hábiles, el importe de 600.000 euros abonado por ésta. La obligación de reintegración solo aplicard en el caso de recuperación por CaixaBank del total importe reclamado”. Las dos partes, Ayuntamiento y Caixabank, se comprometen así también a piner fin al litigio que mantienen por la titularidad real de las parcelas (y por ende, de los locales) para poder inscribirlas en el registro.

“Nos encontramos ante una cuestión jurídica compleja. La situación de bloqueo jurídico y económico de los inmuebles de la Avenida Siglo XXI está generando a la EMSV un perjuicio económico, sin perspectiva de solución a corto plazo por la vía exclusivamente litigiosa. Hasta que no se cancele la inscripción registral del derecho de hipoteca constituido sobre el derecho de superficie, las fincas no están, técnica y jurídicamente, libres de cargas”, explican desde el Consistorio. Si Boadilla tuviese los locales, podría sacar su alquiler o concesión a concurso e ingresar unos fondos públicos. Ese canon de concesió sería de 300.000 euros anuales. “No nos oponemos a que se busquen soluciones que protejan los intereses municipales, pero creemos que cualquier acuerdo debe estar suficientemente justificado y garantizar la defensa del patrimonio público. Boadilla no puede pasar página de la Gürtel sin transparencia ni explicaciones. No vamos a contribuir a normalizar sus consecuencias ni a cerrar en falso este capítulo de la historia de nuestro municipio”, recalcan desde el PSOE.

El currículo empresarial de Ramón Blanco Balín, por su parte, ha sido muy ingente. Ha tenido cargos en 40 empresas, entre las que destacan el Banco Zaragozano, Barclays Bank, NH Hoteles o Gas Natural. En 1996, tras la victoria de Aznar, Blanco Balín se incorpora a Repsol como consejero. En el año 2000 Alfonso Cortina, el presidente, lo nombra su segundo y en 2002 es elegido consejero delegado. En esos años también era apoderado de la Corporación Financiera Alcor, la sociedad patrimonial de ‘Los Albertos’ (Cortina y Alcocer). Boadilla, por su parte, fue uno de los epicentros de la trama Gürtel. Tanto, que la Audiencia Nacional abrió una pieza separada solo para investigar los tejemanejes de Correa y los suyos en este municipio madrileño. Las condenas fueron ejemplares.

El Tribunal Supremo confirmó en noviembre de 2023 la condena de 36 años y 11 meses que la Audiencia Nacional impuso a Arturo González Panero, exalcalde de Boadilla del Monte. La sentencia también condenó al PP a pagar 204.198,64 euros por beneficiarse de la red. Correa, al que se le impusieron por este caso 13 años y 6 meses de cárcel, la misma pena que a su número dos, Pablo Crespo, llegaron a un acuerdo con la Fiscalía para reducir su castigo a cambio de confesar los hechos. Esta pieza de Boadilla dejó 23 condenados.