El ataque contra Binance volvió a encender las alarmas sobre la seguridad de las plataformas de criptomonedas. El robo, valuado en USD 6.300 millones, abrió interrogantes sobre las vulnerabilidades de los sistemas de custodia y la identidad de los responsables. Entre las hipótesis bajo análisis aparece la posible participación de hackers vinculados con Corea del Norte.

En diálogo con Infobae a la Tarde, el abogado especializado en informática y nuevas tecnologías Ariel Aginsky explicó cómo pudo haberse ejecutado la maniobra y por qué el episodio no implica necesariamente una vulneración de la tecnología blockchain.

Por qué el ataque no significa que hayan hackeado la blockchain

Para Aginsky, la clave está en distinguir las redes descentralizadas de los sistemas que utilizan las plataformas para administrar los fondos de sus clientes. “Binance es un banco, no es la blockchain en sí en donde circulan todos los criptoactivos”, explicó.

Según el especialista, los atacantes habrían aprovechado una vulnerabilidad en los mecanismos que conectan la operatoria interna del exchange con las redes externas. “¿Qué es lo que atacaron? Esas bocas”, señaló. La investigación deberá determinar cómo se produjo la intrusión y qué controles fueron vulnerados.

La hipótesis de un ataque preparado durante meses

Aginsky sostuvo que una operación de esta magnitud difícilmente pueda explicarse como la acción aislada de una persona. “Es una organización criminal”, afirmó, al describir la planificación y los recursos técnicos que pueden requerir estos delitos.

Una de las hipótesis contempla el uso de ingeniería social para comprometer el dispositivo de una persona con acceso a los sistemas de la compañía. El proceso podría haber comenzado con contactos profesionales o una supuesta oferta laboral que facilitara la instalación de software malicioso.

“Capaz que era una oferta de trabajo que le venía por estas redes sociales empresariales y empezó a tener entrevistas”, especuló el abogado. Y sintetizó: “Esto tiene meses de planeamiento”.

Las sospechas apuntan a hackers vinculados con Corea del Norte

Durante la entrevista, Aginsky mencionó los análisis de las firmas especializadas Elliptic y Chainalysis, que habrían identificado indicios compatibles con operaciones atribuidas al grupo Lazarus. Sin embargo, aclaró que la autoría no estaba confirmada.

La hipótesis remite a antecedentes como el ataque contra Bybit, ocurrido en febrero de 2025, cuando fueron sustraídos cerca de USD 1.500 millones en criptomonedas. Las autoridades estadounidenses atribuyeron aquel episodio a hackers norcoreanos identificados como TraderTraitor.

Las similitudes entre los métodos pueden orientar la investigación, pero no bastan para establecer quién estuvo detrás del ataque a Binance. Para confirmar la atribución, será necesario reunir evidencia técnica y reconstruir los movimientos de los activos.

Cómo se rastrean los fondos robados

Aunque los delincuentes intenten ocultar el origen del dinero, las transacciones registradas en una blockchain pública pueden seguirse. Aginsky describió esa característica como “una bóveda de un banco, pero toda de cristal”: los movimientos quedan registrados, aunque identificar a las personas detrás de cada billetera puede resultar complejo.

Para dificultar el seguimiento, los atacantes pueden distribuir los fondos entre múltiples direcciones y utilizar herramientas conocidas como mixers. Estas maniobras complican la investigación, pero no borran automáticamente el historial de las operaciones.

La posibilidad de bloquear los activos depende también de la criptomoneda involucrada. Los emisores de stablecoins como USDT y USDC pueden congelar determinadas tenencias, mientras que Bitcoin no cuenta con una autoridad central capaz de impedir unilateralmente las transferencias.

Aginsky explicó que esa diferencia puede facilitar la inmovilización de una parte de los fondos identificados. Sin embargo, el bloqueo de ciertos activos no equivale a recuperar la totalidad del dinero sustraído.

“Ese dinero está marcado, son todos billetes marcados”, graficó el abogado. Las plataformas pueden detectar movimientos vinculados con direcciones señaladas y activar controles cuando esos activos intentan ingresar en sus servicios.

Las fallas de seguridad bajo la lupa

El episodio se suma a una serie de ataques que afectaron a exchanges y servicios de custodia, desde Mt. Gox hasta Bybit. Los antecedentes exponen riesgos relacionados con la administración de claves, los permisos internos y los mecanismos de autorización de transferencias.

Durante la entrevista, Aginsky también se refirió a la regulación argentina y a las obligaciones de registro y control que alcanzan a los proveedores de servicios de activos virtuales bajo la normativa de la Comisión Nacional de Valores. Esas exigencias establecen responsabilidades para las plataformas, aunque no eliminan el riesgo de sufrir intrusiones.

La conclusión del especialista es que la trazabilidad de las redes constituye una herramienta importante para investigar el recorrido de los fondos, pero no reemplaza la necesidad de proteger los sistemas de las empresas. “La tecnología industrializa”, resumió.

El ataque vuelve a poner en primer plano una de las principales contradicciones del sector: las transacciones pueden quedar expuestas en registros públicos y, aun así, las vulnerabilidades de una plataforma pueden permitir que una operación criminal alcance una escala millonaria.

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El Salvador pasó de una misión de asistencia médica a desplegar más de 2.000 militares en Haití para rescatar a cuatro soldados secuestrados. El operativo incluye helicópteros artillados, vehículos blindados y apoyo logístico internacional, en una intervención que plantea interrogantes sobre sus objetivos y la posibilidad de que el gobierno de Nayib Bukele amplíe su participación en la lucha contra las pandillas que controlan sectores de Puerto Príncipe.

Durante su columna en Infobae al Mediodía, Andrei Serbin Pont examinó la magnitud del despliegue, las capacidades militares movilizadas y las dificultades de operar en un territorio dominado por grupos armados. La dimensión de la misión, señaló, también abre una discusión sobre la proyección internacional del modelo de seguridad salvadoreño.

La participación de El Salvador comenzó con el envío de 125 técnicos de aviación destinados a evacuar heridos en helicóptero. El escenario cambió tras el secuestro de cuatro integrantes del personal militar, de quienes no había noticias desde el 18 de octubre. A partir de entonces, el gobierno salvadoreño amplió su presencia y movilizó recursos para una operación de mayor envergadura.

La cantidad de efectivos desplegados sobresale frente a la presencia internacional en el país. “Hoy El Salvador tiene más tropas en Haití que la totalidad del contingente de Naciones Unidas que está ahí”, afirmó Serbin Pont. Según las cifras, el contingente salvadoreño se ubica entre los 2.000 y los 2.500 militares.

Uno de los focos de la operación es Santo, al este de Puerto Príncipe, una zona marcada por la presencia de organizaciones armadas. El objetivo declarado es localizar a los cuatro secuestrados, aunque la escala del operativo plantea interrogantes sobre las dimensiones que podría adquirir la intervención.

Helicópteros artillados y apoyo internacional

Entre los principales recursos desplegados figuran helicópteros MD-500 equipados para misiones de reconocimiento y apoyo a las tropas terrestres. Según detalló Serbin Pont, las aeronaves cuentan con lanzacohetes de 70 milímetros y una ametralladora rotativa de calibre 7,62 milímetros.

La operación también depende de una estructura logística internacional. Mientras los helicópteros pertenecen a las fuerzas salvadoreñas, otros países colaboran con aeronaves para trasladar personal y equipamiento. Durante la columna se mencionaron aviones C-130 y distintos transportes militares y comerciales, además de asistencia de Colombia y Estados Unidos. La República Dominicana funciona como punto de apoyo para parte de los movimientos aéreos.

El respaldo internacional y el aval de las autoridades haitianas facilitan el despliegue, pero no eliminan los riesgos de operar en sectores controlados por organizaciones armadas. La posibilidad de enfrentamientos y la necesidad de coordinar las operaciones terrestres con el apoyo aéreo elevan la complejidad de la misión.

A las dificultades tácticas se suma el desafío de sostener una fuerza numerosa fuera de su territorio. El abastecimiento, el combustible, la protección y la atención médica son algunos de los requerimientos que El Salvador deberá resolver mientras dure el operativo.

“Desplegar a 2.500 personas fuera de tu frontera, con helicópteros, con blindados, teniendo que alimentarlos, darles seguridad, darles atención médica, es todo un desafío”, advirtió Serbin Pont. El analista también señaló que las características del escenario hacen posible que haya bajas entre los militares salvadoreños.

¿Puede Bukele proyectar su modelo de seguridad fuera de El Salvador?

Más allá del rescate, el despliegue plantea una pregunta política: si la intervención puede convertirse en un precedente para extender la participación salvadoreña en operaciones contra organizaciones criminales en otros países.

“Esta sería la primera vez que el modelo Bukele sale de El Salvador y pasa a aplicarse en otro país en términos literales”, sostuvo Serbin Pont. La distinción es relevante: no se trata necesariamente de que Haití adopte las políticas de seguridad salvadoreñas, sino de que el gobierno de Bukele intervenga directamente con sus fuerzas en otro territorio.

El resultado del operativo podría influir en la proyección internacional del presidente salvadoreño. Un rescate exitoso reforzaría la imagen de capacidad operativa de sus fuerzas; una intervención prolongada, con bajas o sin resultados concretos, expondría los límites de trasladar esa experiencia a un escenario con características institucionales y de seguridad diferentes.

Por ahora, el objetivo declarado es recuperar a los cuatro soldados. La incógnita es si la operación terminará una vez cumplida esa meta o si dará lugar a acciones más amplias contra las pandillas que controlan sectores de Puerto Príncipe. Esa definición determinará el alcance de la intervención y sus consecuencias militares y políticas para el gobierno de Bukele.

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El Salvador pasó de una misión de asistencia médica a desplegar más de 2.000 militares en Haití para rescatar a cuatro soldados secuestrados. El operativo incluye helicópteros artillados, vehículos blindados y apoyo logístico internacional, en una intervención que plantea interrogantes sobre sus objetivos y la posibilidad de que el gobierno de Nayib Bukele amplíe su participación en la lucha contra las pandillas que controlan sectores de Puerto Príncipe.

Durante su columna en Infobae al Mediodía, Andrei Serbin Pont examinó la magnitud del despliegue, las capacidades militares movilizadas y las dificultades de operar en un territorio dominado por grupos armados. La dimensión de la misión, señaló, también abre una discusión sobre la proyección internacional del modelo de seguridad salvadoreño.

La participación de El Salvador comenzó con el envío de 125 técnicos de aviación destinados a evacuar heridos en helicóptero. El escenario cambió tras el secuestro de cuatro integrantes del personal militar, de quienes no había noticias desde el 18 de octubre. A partir de entonces, el gobierno salvadoreño amplió su presencia y movilizó recursos para una operación de mayor envergadura.

La cantidad de efectivos desplegados sobresale frente a la presencia internacional en el país. “Hoy El Salvador tiene más tropas en Haití que la totalidad del contingente de Naciones Unidas que está ahí”, afirmó Serbin Pont. Según las cifras, el contingente salvadoreño se ubica entre los 2.000 y los 2.500 militares.

Uno de los focos de la operación es Santo, al este de Puerto Príncipe, una zona marcada por la presencia de organizaciones armadas. El objetivo declarado es localizar a los cuatro secuestrados, aunque la escala del operativo plantea interrogantes sobre las dimensiones que podría adquirir la intervención.

Helicópteros artillados y apoyo internacional

Entre los principales recursos desplegados figuran helicópteros MD-500 equipados para misiones de reconocimiento y apoyo a las tropas terrestres. Según detalló Serbin Pont, las aeronaves cuentan con lanzacohetes de 70 milímetros y una ametralladora rotativa de calibre 7,62 milímetros.

La operación también depende de una estructura logística internacional. Mientras los helicópteros pertenecen a las fuerzas salvadoreñas, otros países colaboran con aeronaves para trasladar personal y equipamiento. Durante la columna se mencionaron aviones C-130 y distintos transportes militares y comerciales, además de asistencia de Colombia y Estados Unidos. La República Dominicana funciona como punto de apoyo para parte de los movimientos aéreos.

El respaldo internacional y el aval de las autoridades haitianas facilitan el despliegue, pero no eliminan los riesgos de operar en sectores controlados por organizaciones armadas. La posibilidad de enfrentamientos y la necesidad de coordinar las operaciones terrestres con el apoyo aéreo elevan la complejidad de la misión.

A las dificultades tácticas se suma el desafío de sostener una fuerza numerosa fuera de su territorio. El abastecimiento, el combustible, la protección y la atención médica son algunos de los requerimientos que El Salvador deberá resolver mientras dure el operativo.

“Desplegar a 2.500 personas fuera de tu frontera, con helicópteros, con blindados, teniendo que alimentarlos, darles seguridad, darles atención médica, es todo un desafío”, advirtió Serbin Pont. El analista también señaló que las características del escenario hacen posible que haya bajas entre los militares salvadoreños.

¿Puede Bukele proyectar su modelo de seguridad fuera de El Salvador?

Más allá del rescate, el despliegue plantea una pregunta política: si la intervención puede convertirse en un precedente para extender la participación salvadoreña en operaciones contra organizaciones criminales en otros países.

“Esta sería la primera vez que el modelo Bukele sale de El Salvador y pasa a aplicarse en otro país en términos literales”, sostuvo Serbin Pont. La distinción es relevante: no se trata necesariamente de que Haití adopte las políticas de seguridad salvadoreñas, sino de que el gobierno de Bukele intervenga directamente con sus fuerzas en otro territorio.

El resultado del operativo podría influir en la proyección internacional del presidente salvadoreño. Un rescate exitoso reforzaría la imagen de capacidad operativa de sus fuerzas; una intervención prolongada, con bajas o sin resultados concretos, expondría los límites de trasladar esa experiencia a un escenario con características institucionales y de seguridad diferentes.

Por ahora, el objetivo declarado es recuperar a los cuatro soldados. La incógnita es si la operación terminará una vez cumplida esa meta o si dará lugar a acciones más amplias contra las pandillas que controlan sectores de Puerto Príncipe. Esa definición determinará el alcance de la intervención y sus consecuencias militares y políticas para el gobierno de Bukele.

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Juan Pablo Arenaza, legislador porteño de La Libertad Avanza y dirigente cercano a Patricia Bullrich, defendió los posicionamientos de la senadora frente al Gobierno y rechazó que sus diferencias con Javier Milei respondan a una estrategia electoral. “Patricia Bullrich no le debe nada a los libertarios”, afirmó en Infobae al Regreso, en la que reivindicó tanto su trayectoria política como su papel en la llegada del Presidente a la Casa Rosada.

“Patricia es Patricia siempre”, sostuvo Arenaza para explicar que la dirigente mantiene una forma de actuar que antecede a su incorporación al oficialismo. Como ejemplo, recordó sus posicionamientos durante la gestión de Mauricio Macri, cuando estuvo al frente del Ministerio de Seguridad y mantuvo discusiones sobre los piquetes en la Ciudad de Buenos Aires.

“Ella, cuando advierte que hay algo que está mal, se lo cuenta a la sociedad, habla con la gente y le dice: ‘Para mí esto está mal’”, señaló.

La defensa del legislador se produjo después de una semana en la que Bullrich quedó en el centro de la discusión política por su ausencia en una reunión de Gabinete y sus reparos a determinadas expresiones públicas de Milei, entre ellas el uso de la metáfora de “la hoguera”. Arenaza sostuvo que la senadora no va a dejar de expresar sus convicciones por integrar el oficialismo.

“Hay que ser cuidadoso en la utilización de las palabras”, afirmó al referirse a la postura de Bullrich sobre el debate público y la libertad de prensa. “Sea quien sea, ella va a sostener sus principios siempre”, agregó.

El papel de Bullrich en la victoria de Milei

Arenaza reivindicó el respaldo que Bullrich le dio al actual Presidente después de la primera vuelta de las elecciones de 2023 y consideró que esa decisión fue determinante para ampliar su base electoral.

“Milei es presidente porque Patricia Bullrich lo acompañó”, afirmó. Luego, destacó el caudal de votos que, según su interpretación, contribuyó a la victoria del libertario: “Hay un 24% de los argentinos, una cantidad de votos enormes, que acompañaron a Milei porque Patricia le dijo: ‘Yo confío en este señor para que sea el próximo presidente de la Argentina’”.

El legislador formuló esa defensa en respuesta a las críticas que Bullrich recibe desde sectores libertarios en las redes sociales. Para Arenaza, la trayectoria de la senadora se construyó mucho antes de su alianza con Milei y no depende de su pertenencia al oficialismo.

“Claramente que no, obviamente que no le debe nada, porque la carrera que construyó Patricia Bullrich durante años no la construyó con los libertarios”, sostuvo.

Pese a reivindicar sus diferencias, Arenaza respaldó el rumbo general del Gobierno y descartó que Bullrich busque construir una alternativa política al Presidente. “Esto no es una cuestión electoral, porque Patricia no está en campaña”, afirmó.

El dirigente reconoció las dificultades sociales que atraviesa el país. “Esto que está ocurriendo en la Argentina es duro, es doloroso, hay que acompañar a la gente que la está pasando mal”, expresó. Sin embargo, consideró que las reformas impulsadas por Milei son necesarias para superar los problemas estructurales del país.

“Yo creo que es el camino correcto para que la Argentina salga del desastre, no del último gobierno, del desastre de los últimos cincuenta años”, señaló. Según explicó, Bullrich también apuesta a sostener esas transformaciones durante varios años para que sus resultados se reflejen en la vida cotidiana.

La aspiración presidencial de Bullrich

Arenaza confirmó que la senadora mantiene su intención de llegar a la Casa Rosada, aunque descartó que sus posicionamientos actuales formen parte de una campaña anticipada. “El sueño de Patricia está intacto”, aseguró.

El legislador aclaró que esa aspiración no supone una disputa inmediata por la conducción de La Libertad Avanza, donde Bullrich preside el bloque de senadores. Consultado sobre los tiempos de una eventual candidatura, dejó abierta la posibilidad de que se concrete más adelante.

En ese sentido, también relativizó las interpretaciones electorales que generó un video de la senadora. “Plan B puede ser para 2030”, respondió.

Arenaza describió al equipo de Bullrich como un espacio en el que las diferencias se discuten antes de alcanzar una posición común. “Las personas que estamos al lado de Patricia discutimos con Patricia, discutimos fuerte”, contó. Una vez alcanzado un acuerdo, agregó, todos acompañan la decisión.

El legislador insistió en que los matices de la senadora no implican una ruptura con el oficialismo. “Eso no quiere decir que no tenemos nuestras diferencias, nuestras tonalidades”, concluyó.

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