El Gobierno de Ceuta ha cifrado 45,3 millones euros el coste económico "extraordinario" de la crisis migratoria originada tras la entrada masiva e irregular de inmigrantes del pasado mes de julio. En un informe enviado a la juez de la Audiencia Nacional María Tardón, que investiga si la invasión supuso un "ataque" contra la integridad territorial del España, al que ha tenido acceso LA RAZÓN, el Ejecutivo ceutí detalla la valoración económica e incluye las previsiones presupuestarias necesarias para afrontar las consecuencias de la crisis migratoria.

El documento, elaborado por la Consejería de Hacienda, Transición Económica y Transformación Digital para dar cumplimiento a un requerimiento judicial, expone que esos 45,3 millones de euros, 31,7 millones se destinaron a reforzar los recursos en materia de "medio ambiente, limpieza e instalaciones críticas".

De esta cantidad, 13,5 millones se destinan a limpieza extraordinaria, a los que se suman otros 3,5 millones para trabajos de limpieza mediante encargos a medios propios y otros 7 millones adicionales para la "recuperación medioambiental de playas y montes".

El informe detalla que los costes engloban tanto a aquellos gastos "corrientes necesarios para atender la emergencia" como aquellos destinados a la "realización de inversiones y obras extraordinarias para proteger instalaciones críticas y ampliar la capacidad de determinados servicios".

Ahora bien, explica que todo este montante no incluye "los costes de atención a los menores ni las pérdidas de la Autoridad Portuaria" ni tampoco constituye una "cuantificación general de las pérdidas del conjunto de la economía ceutí, del sector empresarial o del empleo".

Por otro lado, el documento contempla 2,85 millones para obras de emergencia y seguridad en instalaciones críticas, 650.000 euros para actuaciones en el cementerio y 200.000 euros para reforzar la seguridad en las playas.

Según la Consejería de Hacienda, estas intervenciones responden a la necesidad de garantizar la salubridad de los espacios públicos, reparar los efectos medioambientales de la emergencia y asegurar el funcionamiento de infraestructuras esenciales.

El segundo bloque de mayor impacto presupuestario corresponde a sanidad y servicios sociales, con 9,9 millones de euros. La mayor parte de esta cantidad, 7,5 millones, está destinada a cubrir necesidades de alimentación. A ello se añaden 450.000 euros para vacunaciones, material epidemiológico y actuaciones de laboratorio, dentro de las medidas extraordinarias de protección de la salud pública.

El informe recoge igualmente 1,15 millones para obras de emergencia destinadas a ampliar el cementerio y adquirir material, otros 600.000 euros para seguridad en cementerios y 200.000 euros para la atención a fallecidos.

1,3 millones para la seguridad en los colegios

Las consecuencias de la invasión del pasado mes de julio también han obligado a prever actuaciones extraordinarias en el ámbito educativo. El informe cuantifica estas necesidades en 1,48 millones de euros, de los cuales 1,3 millones corresponden al refuerzo de la seguridad en los colegios. Otros 50.000 euros se destinan a cámaras de seguridad y 130.000 euros al traslado de una escuela infantil.

Otro de los capítulos incluidos en el informe es el relativo a las consecuencias económicas de la suspensión de las actividades de Feria. El ejecutivo ceutí prevé 690.000 euros en indemnizaciones para los colectivos afectados. De esa cantidad, 300.000 euros corresponden a los feriantes, 240.000 euros a los caseteros y 150.000 euros a las orquestas.

En paralelo, la respuesta a la emergencia también ha exigido reforzar los dispositivos de seguridad y los servicios operativos municipales. La Consejería de Hacienda calcula en 1,55 millones de euros el coste extraordinario correspondiente a Policía Local, Bomberos y Parque Móvil.