Ante la tozudez de la realidad, habrá que colegir que la gestión gubernamental de los intereses públicos solo ha destacado, si es que se puede utilizar ese término, en la exacción fiscal de empresas y trabajadores y en unas políticas clientelares, que la propaganda oficial denomina «sociales», que, como ejemplifica el caso del Ingreso Mínimo Vital (IMV), es uno de los factores de la cronificación de la pobreza que se sufre en amplias capas de la población. De hecho, ante las tragedias ferroviarias de Adamuz y de Urda, sucedidas en menos de diez meses y en la misma línea de Alta Velocidad, la que va de Madrid a Sevilla, que es la más antigua de la red, podría decirse que son el compendio de una gestión política negligente y no exenta de soberbia, pecado capital del sanchismo que condiciona cualquier asunción de la responsabilidad y, por lo tanto, el reconocimiento del yerro y la voluntad de corrección. En el tiempo transcurrido entre las dos catástrofes de Adamuz y Urda, la acción del Gobierno, cuyo máximo representante en el ámbito concernido es el todavía ministro de Transportes Óscar Puente, se ha caracterizado por el ocultamiento de las causas, la insistencia en mantener operativa la red del AVE por encima de las limitaciones que aconsejaba el estado de la vía afectada y de unos sistemas de seguridad en el final de su vida útil, la total displicencia con que se despachaban los avisos y advertencias de los mejores profesionales del ferrocarril y, finalmente, el despliegue masivo de la propaganda para disimular lo que experimentaban en el día a día los usuarios, como si el mantenimiento de la minería electoral fuera el único denominador común del Ejecutivo sanchista. Pero si esta descripción de la acción gubernamental corresponde a los últimos nueve meses, es obligado señalar que no se ha llegado a este punto de deterioro de la red ferroviaria en un tiempo corto, sino que ha sido el resultado de ocho años de infrafinanciación del servicio, reducción presupuestaria de los trabajos de mantenimiento y revisión, contratos en baja temeraria de unos sistemas de seguridad modernos para la línea Madrid-Sevilla que tenían que haber entrado en servicio a primeros de este año, pero que siguen en proceso de instalación, y, sobre todo, la implementación de una política laboral en la que se ha primado la vinculación a las distintas familias socialistas de los altos dirigentes de Adif y Renfe por encima de la aptitud profesional para unos cargos con mucha exigencia técnica. Y todo ello, por cierto, cuando ningún otro gobierno de la reciente historia de la democracia española había disfrutado de unos ingresos fiscales de récord, los más altos del periodo, y de las enormes aportaciones de los fondos de recuperación de la Unión Europea. El déficit de inversión en las infraestructuras es, por supuesto, una realidad sangrante frente a la pesada carga impositiva impuesta a los ciudadanos, que machaca a las clases medias y trabajadoras, y el crecimiento imparable de la deuda pública que está experimentando España. Nos hallamos ante el inevitable acto final de un gobierno negligente, que no tiene más asideros que la propaganda, pero que pretende seguir dando lecciones.

El accidente ferroviario de Urda reviste tanta gravedad que el Ministerio de Transportes, del que dependen Renfe y Adif, se está esforzando por dar respuesta con suma celeridad a todas las dudas de los ciudadanos. La intención puede ser loable, pero a medida que se conocen los datos, las incógnitas y la perplejidad aumentan. Lejos de serenar los ánimos y tranquilizar a la población, las primeras informaciones agravan la intranquilidad. Nada devolverá la vida a las víctimas mortales. No hay vuelta de hoja ni enmienda. Su memoria exige, sin embargo, una investigación objetiva y rigurosa. En cuanto a los ciudadanos –conscientes de que muchos de ellos o sus familiares podían haber viajado en los dos convoyes siniestrados–, el deber del Gobierno va más allá de dar respuestas: se necesitan también soluciones. Hechos y no solo palabras.

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Un AVE chocó ayer cerca de Urda (Toledo) con un convoy de Iryo que estaba detenido en la vía. Cayeron varios vagones por un terraplén. En ambos trenes viajaban más de 540 personas. El balance de la tragedia era ayer de 68 muertos y más de medio centenar de hospitalizados. Según las primeras informaciones sobre las causas, dadas por el ministro Óscar Puente, falló en un tramo de vías un sistema automático de señalización de seguridad y varios trenes quedaron parados; desde el centro de control, un operario dijo al AVE que reprendiera la marcha normalmente, cuando no debía ser así, y unos kilómetros más adelante el tren embistió por detrás a un Iryio que aún seguía parado en la vía.

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El cambio climático se hace presente con extrema dureza. Ya no es una amenaza futura que hay que combatir desde ahora, sino que se ha convertido en un problema actual de primera magnitud. Este último verano, el más cálido de la historia, ha provocado en Europa al menos 35.000 muertes más por las olas de calor y los fenómenos meteorológicos extremos que han afectado a todo el continente, incluida España. Ante esta nueva realidad la Comisión Europea pretende establecer una cultura de prevención y gestión de riesgos climáticos. Ayer se presentó la primera iniciativa legislativa comunitaria sobre resiliencia climática, con objeto de obligar a los estados a adaptarse a la aceleración del calentamiento global.

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Luiz Inácio Lula da Silva, con una remontada histórica, se ha impuesto en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales en Brasil, superando al ultraderechista Flávio Bolsonaro, que había ganado la primera ronda por dos puntos de ventaja. Será su cuarta presidencia –segunda consecutiva– y, si la acaba, habrá gobernado el país más poblado de Sudamérica durante 16 años.

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