La Diputación de Badajoz se opone a que el Tribunal de Cuentas actúe para que David Sánchez devuelva los más de 340.000 euros percibidos por el puesto de alta dirección que ostentó entre 2017 y 2025. El ente que preside la socialista Raquel del Puerto explica al máximo órgano fiscalizador que "no existe un concreto menoscabo en los fondos públicos" con los pagos al hermano del presidente del Gobierno y tampoco a Luis María Carrero, exasesor de Moncloa a quien el músico enchufó en el ente.

Así consta en la nueva documenta a la que ha tenido acceso LA RAZÓN y que se ha adherido a las diligencias abiertas para recuperar los fondos que ambos percibieron del ente tras la condena de la Audiencia Provincial de Badajoz. El procedimiento contable arranca con el impulso de Abogados Cristianos, al que se suman Hazte Oír, Vox e Iustitia Europa; entes todos ellos que ejercieron la acusación popular en la causa penal. La sentencia de los magistrados abrió la puerta a que se reclamara la responsabilidad civil de ambos, toda vez que resultaron condenados por un delito de prevaricación.

Sin embargo, la Diputación de Badajoz ya avisa que no hay menoscabo del dinero público. La sucesora de Miguel Ángel Gallardo (condenado en esta causa a 18 años de inhabilitación) avisa que la eventual existencia de "irregularidades administrativas" no basta determinar la responsabilidad contable de los condenados. Además, avanza que solo tienen legitimidad para pedirla la propia Diputación (por ser la que efectuó los pagos a David Sánchez y a su "hermanito") y la Fiscalía. Se da la circunstancia de que la primera de ellas se opone a recuperar el dinero que habría percibido de manera irregular.

En manos de la Diputación y la Fiscalía

De hecho, el ente pacense explica que la legitimación para reclamar los 340.000 euros pagados a David Sánchez y los cerca de 87.000 percibidos por Carrero corresponde "en exclusiva" a la "entidad local pagadora de las retribuciones" (esto es, a ellos mismos) o, "alternativamente", a la Fiscalía. Se trata de un extremo que ya contempló la Audiencia Provincial de Badajoz que en su sentencia expuso que no iba a entrar en el análisis de la responsabilidad civil de los condenados (entre los que se encuentran exaltos cargos de la Diputación) porque ello corresponde al Tribunal de Cuentas.

El Ministerio Público (que declinó acusar en el procedimiento penal) no se opone a que se practiquen las diligencias necesarias, de acuerdo con un escrito remitido al departamento segundo de enjuiciamiento, que dirige la consejera Elena Hernáez. En concreto, el fiscal pide que se ponga en marcha el proceso contable "para que se practiquen las diligencias" que contempla la ley.

La Diputación pacense, sin embargo, se niega a ello pese a ser la que desembolsó las cuantías irregularmente percibidas. Según indica, las retribuciones devengadas a Carrero y al hermano del presidente del Gobierno "guardaron correspondencia con los servicios efectivamente prestados y con las funciones desarrolladas". Cabe recordar que Sánchez obtuvo la plaza pública como coordinador de los conservatorios pacenses en 2017 aunque esa misma plaza derivó luego en jefe de la Oficina de las Artes escénicas. La juez que instruyó estas diligencias, Beatriz Biedma, entendió que se trató de un ascenso encubierto toda vez que modificó sus prestaciones iniciales sin que la plaza saliera a concurso.

Sin perjuicio para las arcas de la Diputación

Sin embargo, el ente que en el momento de los hechos presidía Miguel Ángel Gallardo expone que queda acreditado que los condenados prestaron los servicios por los que lograron sus cargos públicos, por lo que no cabría abrir el proceso contable para reintegrar los más de 400.000 euros que abonó la Diputación. Además, dicen que la sentencia de la Audiencia de Badajoz del pasado 14 de julio no es firme y que habría que esperar a que el Tribunal Superior de Justicia de Extremadura resuelva los recursos para actuar.

El dictamen que firma la presidenta de la Diputación se apoya en un informe previo de la Intervención General en el que se avisa que, para impulsar el proceso contable, se exige que el menoscabo sea "real y efectivo". "La ilegalidad del procedimiento seguido para la creación de un puesto o la selección de personal no determina por sí sola la existencia de daño cuando los pagos respondan a una contraprestación efectivamente realizada", avisa la Intervención.