Puede ahorrarse el ministro de Transportes ruedas de prensa y comparecencias parlamentarias porque todo lo que no sea presentar su dimisión del cargo con carácter irreversible son gestos superfluos que solo añaden más indignidad a su situación. Porque, por mucho que Óscar Puente se lamente y se haga la víctima hablando de atravesar un calvario, aquí, las únicas víctimas reales son el centenar largo de fallecidos en los accidentes de Adamuz y Urda, las decenas de heridos y sus familias, muchas que, ayer mismo, seguían con sus familiares en la lista de desaparecidos y a quienes, como al resto de la opinión pública, no se puede responder más que con la asunción de la responsabilidad, término que parece excluido del vocabulario gubernamental, pero que es de uso común en el resto de las democracias de corte occidental. Y puede ahorrarse el ministro tan desagradables trabajos porque hace ya muchos meses, desde la primera tragedia, sucedida el 18 de enero pasado, que los ciudadanos conocen las causas últimas de estas catástrofes, entre otras razones, porque los usuarios de la red ferroviaria española conocen de primera mano el deterioro de unos servicios que llegaron a ser modélicos, pero que a día de hoy son el mejor ejemplo del proceso de involución que ha sufrido la sociedad española por culpa del sanchismo. De hecho, Óscar Puente preside una suerte de caos en el que operan la baja inversión en el mantenimiento de las infraestructuras, la mala gestión de unos responsables elegidos más por su vinculación al PSOE que por su preparación técnica, la presión política para mantener los servicios aún a costa de la seguridad, que vienen las elecciones; la falta de personal, con las plantillas de controladores de Adif exigidas al máximo, la obsolescencia de unos sistemas que datan de 1992, la incapacidad manifiesta para llevar a cabo unos contratos de modernización de la red, cuyas obras se eternizan sin una explicación aceptable, y, por último, pero no menos importante, el desprecio a cualquier advertencia o aviso hechos por los trabajadores del sector. Ya hemos señalado en previas notas editoriales que, con este panorama de gestión, hablar de fallo humano es una salida en falso de quien está al frente de Transportes y una manera de cubrir las espaldas del Gobierno que, dicho sea de paso, es el mismo que ha sido incapaz de aprobar unos Presupuestos del Estado en los tres años que llevamos de legislatura. Desde una postura mínimamente responsable, el Ejecutivo debería aceptar que, más que ante un fallo humano, nos hallamos ante un «error inducido» por la concatenación de averías recurrentes en la línea Madrid-Sevilla, reiteradamente denunciadas, que deberían haber obligado a tomar medidas de precaución excepcionales, pero que no se tomaron por su mal efecto entre los electores. El problema, y no menor, es que la propaganda puede ocultar o disimular la realidad de una mala gestión de gobierno, pero no sirve para arreglar las vías, modernizar los servicios de control y garantizar la seguridad de los viajeros.

Ante la tozudez de la realidad, habrá que colegir que la gestión gubernamental de los intereses públicos solo ha destacado, si es que se puede utilizar ese término, en la exacción fiscal de empresas y trabajadores y en unas políticas clientelares, que la propaganda oficial denomina «sociales», que, como ejemplifica el caso del Ingreso Mínimo Vital (IMV), es uno de los factores de la cronificación de la pobreza que se sufre en amplias capas de la población. De hecho, ante las tragedias ferroviarias de Adamuz y de Urda, sucedidas en menos de diez meses y en la misma línea de Alta Velocidad, la que va de Madrid a Sevilla, que es la más antigua de la red, podría decirse que son el compendio de una gestión política negligente y no exenta de soberbia, pecado capital del sanchismo que condiciona cualquier asunción de la responsabilidad y, por lo tanto, el reconocimiento del yerro y la voluntad de corrección. En el tiempo transcurrido entre las dos catástrofes de Adamuz y Urda, la acción del Gobierno, cuyo máximo representante en el ámbito concernido es el todavía ministro de Transportes Óscar Puente, se ha caracterizado por el ocultamiento de las causas, la insistencia en mantener operativa la red del AVE por encima de las limitaciones que aconsejaba el estado de la vía afectada y de unos sistemas de seguridad en el final de su vida útil, la total displicencia con que se despachaban los avisos y advertencias de los mejores profesionales del ferrocarril y, finalmente, el despliegue masivo de la propaganda para disimular lo que experimentaban en el día a día los usuarios, como si el mantenimiento de la minería electoral fuera el único denominador común del Ejecutivo sanchista. Pero si esta descripción de la acción gubernamental corresponde a los últimos nueve meses, es obligado señalar que no se ha llegado a este punto de deterioro de la red ferroviaria en un tiempo corto, sino que ha sido el resultado de ocho años de infrafinanciación del servicio, reducción presupuestaria de los trabajos de mantenimiento y revisión, contratos en baja temeraria de unos sistemas de seguridad modernos para la línea Madrid-Sevilla que tenían que haber entrado en servicio a primeros de este año, pero que siguen en proceso de instalación, y, sobre todo, la implementación de una política laboral en la que se ha primado la vinculación a las distintas familias socialistas de los altos dirigentes de Adif y Renfe por encima de la aptitud profesional para unos cargos con mucha exigencia técnica. Y todo ello, por cierto, cuando ningún otro gobierno de la reciente historia de la democracia española había disfrutado de unos ingresos fiscales de récord, los más altos del periodo, y de las enormes aportaciones de los fondos de recuperación de la Unión Europea. El déficit de inversión en las infraestructuras es, por supuesto, una realidad sangrante frente a la pesada carga impositiva impuesta a los ciudadanos, que machaca a las clases medias y trabajadoras, y el crecimiento imparable de la deuda pública que está experimentando España. Nos hallamos ante el inevitable acto final de un gobierno negligente, que no tiene más asideros que la propaganda, pero que pretende seguir dando lecciones.