La juez de la Audiencia Nacional María Tardón ha solicitado al Consejo de Ministros que desclasifique, con carácter urgente y en un plazo máximo de 15 días, documentación reservada del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) y de las Fuerzas Armadas relacionada con la entrada masiva e irregular de inmigrantes procedentes de Marruecos a Ceuta el pasado mes de julio. La instructora pretende determinar qué autoridades españolas conocían los movimientos migratorios que se estaban preparando, con cuánta antelación fueron advertidas y qué decisiones adoptaron ante las alertas recibidas.
En un auto, al que ha tenido acceso LA RAZÓN, la juez considera imprescindible desclasificar esa información para esclarecer unos hechos que investiga como posibles delitos contra la paz y la independencia del Estado y para que puedan prestar declaración como testigos todo aquel personal de los servicios de inteligencia que haya "mantenido cualquier tipo de comunicación" con agentes de la Guardia Civil y, en concreto, con miembros de la unidad UCE-3 porque, dice, tuvieron un conocimiento "directo, personal y muy relevante" de los hechos investigados.
Tardón también solicita todas las "notas e informes" realizados por el CNI y difundidos a autoridades a partir del mismo día de la entrada masiva relacionados a las investigaciones sobre los hechos y todos aquellos relativos a la actuación de las autoridades de Marruecos.
Además, la instructora pide todas aquellas comunicaciones que hubieran sido emitidas o recibidas por parte de ambos servicios de inteligencia, conteniendo "cualquier posible aviso o alerta" respecto a la inmigración irregular, que se hubieran efectuado durante todo el mes de julio y hasta la fecha.
La petición de Tardón se produce después de que el CNI remitiera el pasado 14 de octubre un informe que, a juicio de la instructora, no responde de manera completa a las cuestiones planteadas por el juzgado. La magistrada reprocha al organismo que parte de la documentación facilitada mantenga las mismas tachaduras que los documentos desclasificados por el Gobierno el pasado 8 de septiembre y que, por tanto, no aporta "ningún extremo" que no fuera conocido por otras actuaciones ya practicadas en el procedimiento.
En este sentido, Tardón cuestiona que el CNI se limite a señalar que sus análisis fueron trasladados a "las autoridades" o a "los organismos correspondientes", sin identificar a sus destinatarios concretos, y reprocha que hay aspectos sobre los que el centro no ha dado una respuesta "completa".
La juez considera que esta información resulta esencial y tiene "absoluta relevancia" para determinar si las instituciones competentes dispusieron de advertencias previas sobre la convocatoria de entrada masiva y cómo reaccionaron.
"En el informe se responde tan sólo una parte de las cuestiones planteadas. Así, se reconoce que el CNI ha continuado investigando lo sucedido tras la fase más aguda de la crisis. Añade que buena parte de su contenido se basa en esas investigaciones posteriores y que se remitieron documentos actualizados a las autoridades. Sin embargo, no se identifica ni remite ninguno de esos informes, como también se había solicitado por este órgano judicial, dejando sin respuesta la petición expresa de remitir a este órgano judicial los documentos que se hubieran elaborado", expone.
Respecto de la solicitud de las comunicaciones entre España y Marruecos, Tardón expone que el CNI solo ha aportado una nota de las 20 que se dicen que se habrían dirigido a los servicios marroquíes DGED y DGST, de ahí que solicite la desclasificación íntegra de esas notas y de todas las comunicaciones enviadas o recibidas entre los servicios de inteligencia de ambos países.
La magistrada considera especialmente urgente conocer el contenido completo de la nota del 29 de julio, porque podría permitir identificar a los responsables de grupos de WhatsApp y Facebook que fomentaron la entrada masiva de personas en Ceuta.
Aunque Tardón es consciente que los datos solicitados pertenecen al círculo de los secretos oficiales, justifica sus peticiones al asegurar que "la información cuya desclasificación se interesa presenta una relación directa, inmediata y objetiva con el objeto del procedimiento, resultado imprescindible para la averiguación de la verdad material".
En este sentido, añade, que el hecho de que sean secretos oficiales no puede generar un "espacio inmune al control jurisdiccional o permita excluir de forma absoluta el conocimiento de información imprescindible para una investigación penal" y que del propio hecho de que el Gobierno ya desclasificó documentos se desprende que es "compatible" con las exigencias de la seguridad del Estado.
En este caso, dice, la información interesada es "indispensable" para el esclarecimiento de los hechos y porque permitirá determinar qué autoridades conocían y desde qué momento la convocatoria de la entrada masiva y qué decisiones se adoptaron o dejaron de adoptarse.
El juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama ha rechazado la petición del expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero de enviar una comisión rogatoria a Arabia Saudí para acreditar el origen de las joyas que fueron incautadas en el registro de su despacho en Ferraz el pasado mes de mayo. El instructor, en una resolución a la que ha tenido acceso LA RAZÓN, considera que la explicación ofrecida por el expresidente no cuenta con "cualquier elemento objetivo de corroboración externa" que justifique activar los mecanismos de cooperación judicial internacional.
El exmandatario aseguró en un escrito dirigido al instructor que las joyas se trataban de un "obsequio" del ya fallecido monarca Abdalá bin Abdulaziz y precisó que le entregó las piezas en La Moncloa con motivo de un viaje oficial realizado los días 18 y 19 de junio de 2007 y que las aceptó "por deferencia y como muestra de agradecimiento".
Se trata de un juego de rubíes, esmeraldas y zafiros que, según precisó el exlíder socialista, han permanecido guardadas durante este tiempo junto a otras joyas "de origen familiar y otros regalos", que no se les dio uso alguno y que no tenía "conciencia de su valor material".
Sin embargo, el juez Calama, que investiga si por estos hechos Zapatero cometió presuntos delitos de fraude fiscal y contrabando, cuestiona que el expresidente desconociera el valor de las joyas y recuerda que fue durante su mandato cuando se aprobó el Código de Buen Gobierno que obligaba a incorporar al patrimonio público los regalos institucionales de especial significación.
Según expone, y a instancias con la Fiscalía, considera que las explicaciones del expresidente presenta importantes inconsistencias y que, aunque está acreditada la visita oficial del rey saudí a España, no existe constancia documental de que entregara las joyas investigadas.
Por el contrario, explica, que sí figura documentada la entrega de otros regalos institucionales que fueron incorporados al patrimonio del Estado. Entre ellos, un reloj de sobremesa dorado con esmeraldas, regalado en 2007, y otro reloj junto a una pieza de artesanía en oro y plata sobre una base de mármol y jade, entregados durante una visita posterior en 2008.
El juez Calama detalla que la Fiscalía no solo considera "inverosímil" la versión de Zapatero e "innecesaria" la solicitud de una comisión rogatoria a Arabia Saudí, sino que entiende que "viene a reconocer que siendo presidente del Gobierno aceptó unas joyas de muy significado valor y que no los entregó a Patrimonio del Estado, como sí hizo con otros regalos al finalizar su Presidencia".
El instructor recuerda, en este sentido, que, aunque Zapatero haya afirmado haber remitido dos comunicaciones a través de la Embajada de Arabia Saudí en Madrid a la Jefatura de Protocolo de la Corte Real saudí para obtener una confirmación oficial de los hechos ahora alegados, todavía no ha aportado "acreditación alguna" al respecto. Con todo, dice Calama, la "versión" ofrecida por el exmandatario "no encuentra suficiente fundamento en los elementos obrantes en las actuaciones".
Uno de los principales argumentos que utiliza Calama es que el propio Zapatero fue quien aprobó, mediante acuerdo del Consejo de Ministros del 18 de febrero de 2005, un Código de Buen Gobierno que establecía expresamente la incorporación al patrimonio público de los obsequios institucionales de especial significación.
El juez entiende que esta circunstancia demuestra que el expresidente conocía perfectamente el régimen aplicable a este tipo de regalos y considera que su explicación actual no resulta "coherente" con esas obligaciones.
También cuestiona que Zapatero pudiera desconocer el valor material de las piezas. Aunque la tasación pericial está pendiente, Calama sostiene que unos juegos de joyería con rubíes, esmeraldas y zafiros, atribuidos a un regalo de un monarca saudí, presentan previsiblemente una "relevante" importancia patrimonial. El magistrado añade que sus características externas permiten apreciar a "cualquier observador" que se trata de bienes de notable valor económico.
Otro elemento que suscita dudas al instructor es que las joyas intervenidas no estuvieran guardadas en sus "estuches originales ni acompañadas de certificados de autenticidad, documentación sobre su procedencia u otros elementos identificativos".
"Tales circunstancias difícilmente se compadecen con la tesis de que se trataría de un regalo institucional efectuado por un Jefe de Estado y destinado a su incorporación al patrimonio público, supuesto en el que cabría razanamente esperar la conservación de la documentación de los elementos accesorios necesarios para su adecuada identificación, inventario y custodia", expone.
El instructor recuerda, además, que Zapatero no tiene restringida su libertad de movimientos y que, por tanto, "dispone de medios directos" para viajar a Arabía Saudí e intentar obtener la documentación que respalde su relato.
En este sentido, concluye, que rechaza la comisión rogatoria porque esta no tiene por finalidad "suplir la absoluta ausencia de acreditación inicial de los presupuestos fácticos sobre los que descansa la diligencia solicitada".
Por otro lado, la resolución recoge también la posición de la Fiscalía, que se ha opuesto a la comisión rogatoria y ha solicitado ampliar la investigación contra Zapatero por un posible delito de malversación. El Ministerio Público considera que la propia explicación del expresidente supone reconocer que, mientras ocupaba la Presidencia del Gobierno, recibió joyas de significativo valor económico que no fueron entregadas a Patrimonio del Estado, a diferencia de otros obsequios institucionales.
El Gobierno de Ceuta ha cifrado 45,3 millones euros el coste económico "extraordinario" de la crisis migratoria originada tras la entrada masiva e irregular de inmigrantes del pasado mes de julio. En un informe enviado a la juez de la Audiencia Nacional María Tardón, que investiga si la invasión supuso un "ataque" contra la integridad territorial del España, al que ha tenido acceso LA RAZÓN, el Ejecutivo ceutí detalla la valoración económica e incluye las previsiones presupuestarias necesarias para afrontar las consecuencias de la crisis migratoria.
El documento, elaborado por la Consejería de Hacienda, Transición Económica y Transformación Digital para dar cumplimiento a un requerimiento judicial, expone que esos 45,3 millones de euros, 31,7 millones se destinaron a reforzar los recursos en materia de "medio ambiente, limpieza e instalaciones críticas".
De esta cantidad, 13,5 millones se destinan a limpieza extraordinaria, a los que se suman otros 3,5 millones para trabajos de limpieza mediante encargos a medios propios y otros 7 millones adicionales para la "recuperación medioambiental de playas y montes".
El informe detalla que los costes engloban tanto a aquellos gastos "corrientes necesarios para atender la emergencia" como aquellos destinados a la "realización de inversiones y obras extraordinarias para proteger instalaciones críticas y ampliar la capacidad de determinados servicios".
Ahora bien, explica que todo este montante no incluye "los costes de atención a los menores ni las pérdidas de la Autoridad Portuaria" ni tampoco constituye una "cuantificación general de las pérdidas del conjunto de la economía ceutí, del sector empresarial o del empleo".
Por otro lado, el documento contempla 2,85 millones para obras de emergencia y seguridad en instalaciones críticas, 650.000 euros para actuaciones en el cementerio y 200.000 euros para reforzar la seguridad en las playas.
Según la Consejería de Hacienda, estas intervenciones responden a la necesidad de garantizar la salubridad de los espacios públicos, reparar los efectos medioambientales de la emergencia y asegurar el funcionamiento de infraestructuras esenciales.
El segundo bloque de mayor impacto presupuestario corresponde a sanidad y servicios sociales, con 9,9 millones de euros. La mayor parte de esta cantidad, 7,5 millones, está destinada a cubrir necesidades de alimentación. A ello se añaden 450.000 euros para vacunaciones, material epidemiológico y actuaciones de laboratorio, dentro de las medidas extraordinarias de protección de la salud pública.
El informe recoge igualmente 1,15 millones para obras de emergencia destinadas a ampliar el cementerio y adquirir material, otros 600.000 euros para seguridad en cementerios y 200.000 euros para la atención a fallecidos.
Las consecuencias de la invasión del pasado mes de julio también han obligado a prever actuaciones extraordinarias en el ámbito educativo. El informe cuantifica estas necesidades en 1,48 millones de euros, de los cuales 1,3 millones corresponden al refuerzo de la seguridad en los colegios. Otros 50.000 euros se destinan a cámaras de seguridad y 130.000 euros al traslado de una escuela infantil.
Otro de los capítulos incluidos en el informe es el relativo a las consecuencias económicas de la suspensión de las actividades de Feria. El ejecutivo ceutí prevé 690.000 euros en indemnizaciones para los colectivos afectados. De esa cantidad, 300.000 euros corresponden a los feriantes, 240.000 euros a los caseteros y 150.000 euros a las orquestas.
En paralelo, la respuesta a la emergencia también ha exigido reforzar los dispositivos de seguridad y los servicios operativos municipales. La Consejería de Hacienda calcula en 1,55 millones de euros el coste extraordinario correspondiente a Policía Local, Bomberos y Parque Móvil.
© Europa Press
Un consejero de Juan Jesús Vivas, Alberto Gaitán, ha asegurado a la magistrada de la Audiencia Nacional María Tardón, que investiga la entrada masiva de inmigrantes en Ceuta el pasado julio que dos semanas antes alertó a la secretaria de Estado de Interior del Ministerio del Interior, Aina Calvo, del inusual aumento de entrada de menores inmigrantes en la ciudad autónoma, a lo que la alto cargo del departamento que dirige Fernando Grande-Marlaska habría reaccionado restando importancia a la advertencia y, según fuentes jurídicas, y reduciendo la situación a lo que consideraba "un verano más".
Según esas mismas fuentes, tanto Gaitán, consejero de Presidencia, como los otros dos miembros del Ejecutivo ceutí que han testificado -Nabila Benzina, consejera de Sanidad y Servicios Sociales, y Alejandro Ramírez, vicepresidente primero y consejero de Medio Ambiente, que estuvieron in situ en el paso fronterizo durante la entrada masiva- han coincidido en señalar la "pasividad" de los agentes marroquíes mientras se producía la avalancha migratoria.
En la reunión con Interior en Madrid referida por Gaitán, celebrada el 16 de julio, Interior habría rechazado la propuesta del Gobierno de Vivas de instalar boyas que delimitaran el paso fronterizo en el mar porque podía causar "problemas". Sin embargo, esas boyas terminarían instalándose días después, aunque Gaitán ha dicho desconocer por orden de quién.
El propio Gaitán ha explicado que a consecuencia de la crisis migratoria entre el 30 de julio y el 30 de octubre, el 112 ha recibido 12.000 llamadas, un 387% más.
Los testigos han prestado declaración ante la juez Tardón, el fiscal jefe de la Audiencia Nacional y los representantes de las acusaciones populares que ejercen Iustitia Europa, Hazte Oír, PP, Zeolandia y Abogados Cristianos y de la acusación particular del Gobierno de Vivas.
Otro de los testimonios que ha escuchado Tardón -quien según fuentes presenciales ha dejado patente su "perplejidad" por el hecho de que, tres meses después, no haya todavía cifras oficiales definitivas sobre esa entrada masiva- ha sido el de la consejera de Sanidad. Nabila Benzima ha explicado que en el mismo espigón, mientras miles de inmigrantes accedían a Ceuta, la mayoría a nado, el entonces delegado del Gobierno, Miguel Ángel Pérez Triano, preguntó si Marruecos estaba actuando. "¿Marruecos está colaborando?», le escuchó decir, una pregunta que le dejó "en shock" por parecerle fuera de lugar, y a la que la consejera de Vivas le espetó: «¿No lo estás viendo?».
Gaitán ha asegurado que tras esa primera advertencia, el 26 de julio volvió a contactar con Interior, esta vez por WhatsApp para comunicarles que la situación se complicaba, trasladándole desde el departamento de Grande-Marlaska que eran conscientes de la situación y que estaban trabajando en ello. El consejero de Vivas se ha comprometido con Tardón a aportar esa cadena de mensajes.
Según su testimonio, se produjeron reuniones el 27 y 28 de julio en la Delegación del Gobierno, donde se redobló la petición de más efectivos y de un mando único, al mismo tiempo que se sucedían los intentos de Vivas de contactar con Pedro Sánchez.
En cuanto a Ramírez, el vicepresidente ceutí ha contado que estuvo en la frontera a medianoche del 30 al 31 de julio, donde apreció un "flujo continuo" de inmigrantes accediendo a la ciudad autónoma en la zona del espigón, tanto a pie como a nado, utilizando estos últimos flotadores.
Ramírez y Benzina han afirmado que inicialmente pensaron que el cordón militar se había desplegado para canalizar el retorno a Marruecos de los inmigrantes, pero tras preguntar cayeron en la cuenta de que se les estaba reconduciendo hacia el polígono del Tarajal, lo que trasladaron al presidente Vivas.
La consejera de Sanidad recuerda la presencia de varias personas con uniforme, que supuso eran militares, que se encontraban junto al espigón limitándose a observar lo que sucedía. Según su testimonio, algunas personas que ya habían cruzado a suelo español agrupaban los flotadores utilizados y los lanzaban de nuevo al otro lado, donde se encargaban de repartirlos para nuevas oleadas de inmigrantes.
Respecto a la actitud de los agentes marroquíes en la frontera durante la entrada masiva de inmigrantes, Ramírez ha contado que observó a uno sobre una toalla mirando su móvil y a otro rezando, incidiendo en la pasividad de los mismos ante lo que estaba sucediendo.
Benzina ha cifrado en 90 el número de fallecidos en el aluvión migratorio y ha explicado que Marruecos rechazó en la misma frontera la entrega de los cuerpos, según le refirió la funeraria encargada de los traslados.
A este respecto, ha contado que la capacidad del Instituto de Medicina Legal de Ceuta era absolutamente insuficiente, pues tiene capacidad para la conservación de nueve cadáveres, por lo que hubo que acondicionar -con ayuda del Ejército- cámaras adicionales con palés capaces de alojar a 200 cuerpos.
La juez María Tardón acordó la citación de los tres consejeros del Ejecutivo de Ceuta en calidad de testigos tras la declaración del presidente de la ciudad autónoma, Juan Jesús Vivas, que les señaló por haber tenido "presencia directa en las zonas afectadas o participación activa en la gestión de la crisis" provocada por la entrada masiva e irregular de inmigrantes y quien aseguró que la administración local trató de contactar con el Gobierno central sin éxito alguno en sus comunicaciones.
La instructora reclamó, de hecho, toda la información de esos contactos el Gobierno de Ceuta y a la Delegación del Gobierno en la ciudad autónoma y "toda la documentación" sobre las reuniones mantenidas los días 27, 28 y 30 de julio relacionadas con las alertas de una posible avalancha migratoria. Se trata de unas reuniones, que según expuso en una resolución judicial, en las que se "abordó reiteradamente la gravedad de la situación, se solicitaron medidas extraordinarias y se transmitió a las autoridades competentes la necesidad de adoptar actuaciones urgentes" y respecto de las cuales se han referido diversos testigos en sede judicial.
La magistrada expuso que la entrada masiva "no tuvo naturaleza ocasional o espontánea, sino que se trató de un proceso organizado en el que la finalidad migratoria operó sólo como cobertura formal que sirvió para fomentar, impulsar y dirigir un flujo masivo de personas a la ciudad de Ceuta". Más aún, detalló que la finalidad de la mayoría de inmigrantes no era permanecer en territorio español, sino "obtener un máximo impacto sobre la gestión fronteriza hasta su colapso" y "eliminar la capacidad de respuesta por parte de España para contener o revertir la situación".
Alberto Ramón Gaitán, consejero de Presidencia y Gobernación, que ostenta competencias relacionadas con el área de menores, cuya cifra alcanza ya los 3.300 tutelados por la ciudad autónoma.
Tanto Nabila Benzina, consejera de Sanidad y Servicios Sociales, como Alejandro Ramírez, vicepresidente primero y consejero de Medio Ambiente, Servicios Urbanos y Vivienda, estuvieron "in situ" en el paso fronterizo el día de la entrada de inmigrantes a Ceuta
© EFE
El Tribunal Supremo (TS) ha denegado las medidas cautelarísimas que solicitó el Gobierno de Ceuta en un recurso ante la "inactividad" del Ejecutivo central para desplegar los medios humanos y materiales "necesarios" a fin de tramitar en plazo los expedientes de expulsión o devolución de inmigrantes que entraron a la ciudad de forma masiva e irregular el pasado mes de julio.
En una resolución, a la que ha tenido acceso LA RAZÓN, la Sala de lo Contencioso-Administrativo concluye que el Ejecutivo ceutí no ha acreditado las circunstancias de "especial urgencia" exigidas legalmente para adoptar medidas de forma inmediata y sin escuchar previamente a la Administración General del Estado.
De esta forma, el alto tribunal ha acordado que la solicitud de medidas cautelares continúe tramitándose por el procedimiento ordinario, lo que permitirá conocer las alegaciones del Gobierno central antes de adoptar una decisión.
La ciudad autónoma reclamaba una batería de actuaciones dirigidas a acelerar la respuesta del Estado al entender que no había puesto a disposición del Ejecutivo autonómico los recursos necesarios para tramitar los procedimientos de expulsión o devolución de inmigrantes. También solicitaba que el Gobierno central facilitara en un plazo de cinco días información detallada sobre el número de migrantes que permanecen en Ceuta, los expedientes iniciados, resueltos y ejecutados, las expulsiones y devoluciones realizadas y los recursos efectivamente desplegados.
Sin embargo, el alto tribunal señala que la supuesta inactividad del Ejecutivo de Pedro Sánchez se ha prolongado durante más de dos meses y medio sin que durante ese periodo se hubiera solicitado la tutela cautelar. Se trata de una circunstancia que la Sala entiende determinante para acordar lo solicitado.
"No se aprecia que concurran las circunstancias de especial urgencia [...], esto es, aquellas que por su entidad no consienten que la toma de decisión sobre una medida cautelar espere, ni tan siquiera, a que transcurra el breve plazo que ha de concederse a la parte contraria (máximo 10 días) para que pueda alegar sobre la procedencia de aquella, conforme al principio general de audiencia de la otra parte", señala en la resolución.
No obstante, el Tribunal Supremo asegura que es "consciente" de que la crisis, derivada de la entrada masiva e irregular de inmigrantes del pasado mes de julio, "está alterando el normal funcionamiento de las administraciones públicas, superando las capacidades ordinarias de gestión, acogida, asistencia, y seguridad ciudadana en dicha ciudad, y que, por su alto riesgo, requiere la intervención coordinada de recursos de ámbito estatal y local".
La resolución supone un revés para la estrategia procesal de la Ciudad, al impedir que las medidas reclamadas se impongan de manera inmediata y sin audiencia del Gobierno central, pero no determina si la Administración General del Estado ha incumplido sus obligaciones ni resuelve definitivamente si deben adoptarse las actuaciones exigidas por Ceuta antes de que se escuchen las alegaciones.
El teniente coronel Miguel Lobo, jefe de Operaciones de la Comandancia de la Guardia Civil en Ceuta, ha declarado ante la juez de la Audiencia Nacional María Tardón, que investiga si la entrada masiva e irregular de inmigrantes supuso un "ataque" contra la integridad territorial de España, que el delegado del Gobierno no le dio instrucciones durante la invasión a la ciudad autónoma.
Según ha podido saber LA RAZÓN de fuentes jurídicas, el mando del Instituto Armado ha asegurado, que ante la inacción del delegado del Gobierno, él tomó las decisiones "operativas" y decidió abrir la valla fronteriza de la ciudad autónoma para evitar que los inmigrantes accedieran a nado. "Abrí la puerta para evitar muertos", ha señalado.
Fue esta decisión, precisamente, la que le derivó en un enfrentamiento con el que fuera inspector Jefe del Cuerpo Nacional de Policía Lorenzo Juan Fages Cortés. La juez citó a declarar a ambos en calidad de testigo a fin de indagar en qué paso sobre el terreno en el momento de la entrada masiva después de recibir un oficio del Centro Nacional de Inmigración y Fronteras (CENIF) y un fotograma en que se les identificaba como testigos de los "hechos objeto de la presente instrucción" y de "las zonas afectadas o participación activa en la gestión de la crisis".
Obligado a decir la verdad, Lobo ha explicado que el cuerpo solicitó la intervención del Ejército porque, a su juicio, la situación se estaba desbordando y había que "proteger" a los ciudadanos.
Según ha detallado, también informó al delegado del Gobierno de lo que estaba ocurriendo y de la presencia de seis embarcaciones marroquíes la noche previa a la entrada masiva, entre ellas, dos interceptoras, dos patrulleras y dos embarcaciones pequeñas.
Por su parte, el que fuera el inspector Jefe del Cuerpo Nacional de Policía Lorenzo Juan Fages Cortés ha corroborado que, efectivamente, discutió con el teniente coronel ante la inacción de decisiones operativas y que como nadie le dijo cómo actuar, a su juicio, abrir la valla era una "barbaridad". En el fotograma del vídeo difundido del episodio en el Tarajal, Fages defendió cerrar la puerta o el paso y desplegar a los agentes de Policía Nacional para frenar el avance de la multitud.
El responsable de Seguridad Ciudadana ha detallado que afrontó la entrada masiva sin alerta previa ni un dispositivo extraordinario, que había reclamado medios y que el protocolo de la Policía Nacional no se activó.
En su declaración de más de hora y media, Fages Cortés ha asegurado también que había agentes marroquíes tanto de paisano como uniformados que "daban paso" hacia la ciudad autónoma durante la entrada masiva para "facilitar el avance".
En este sentido, ha explicado que vieron buques de guerra de la Armada de Marruecos, que no eran "habituales", ya el día 30 cerca de aguas españolas. El mando ha asegurado que la entrada de inmigrantes le pareció una "avalancha descontrolada" y que no se activó ningún protocolo.
© EUROPAPRESS
Login