El expresidente de El Salvador Elías Antonio Saca recuperó este jueves su libertad tras cumplir una condena de diez años de prisión por corrupción y lavado de dinero.

Horas después de salir de la cárcel, acudió al Centro Judicial Isidro Menéndez, en San Salvador, para completar los trámites vinculados con su excarcelación.

Saca, de 61 años, fue visto a la entrada de la sede judicial con documentos en sus manos.

El exmandatario, que gobernó el país entre 2004 y 2009, evitó extenderse ante los medios que lo esperaban en el lugar. “Estoy desacostumbrado a dar declaraciones”, dijo, según informó El Mundo, diario digital.

La salida del exjefe de Estado se produjo al término de la pena impuesta por el desvío y lavado de más de USD 300 millones del presupuesto público durante su administración. Saca permanecía detenido desde el 30 de octubre de 2016, cuando fue arrestado por las autoridades salvadoreñas.

Condena por el desvío de más de USD 300 millones de fondos estatales

El Tribunal Segundo de Sentencia de San Salvador condenó a Antonio Saca en septiembre de 2018, luego de que el entonces exmandatario aceptara su responsabilidad en un esquema que permitió sacar recursos de la Presidencia y dirigirlos hacia empresas, exfuncionarios y terceros.

La sentencia fijó cinco años de cárcel por peculado y otros cinco por lavado de dinero y activos. Además, le ordenó pagar USD 260,7 millones en concepto de responsabilidad civil al Estado salvadoreño.

El proceso avanzó mediante un juicio abreviado, un mecanismo que permitió reducir la posible pena a cambio de la confesión de los acusados. La Fiscalía General de la República sostuvo que la red extrajo más de USD 301 millones de la Casa Presidencial durante el período 2004-2009.

Junto con Saca fueron condenados varios integrantes de su administración: el exsecretario privado Elmer Charlaix, el exsecretario de Comunicaciones Julio Rank y el exsecretario de Juventud, César Funes.

Cómputo de la pena desde el arresto de octubre de 2016

La fecha de liberación estuvo vinculada al cómputo de la pena que realizaron los tribunales de vigilancia penitenciaria. Como Saca se encontraba bajo detención desde el 30 de octubre de 2016, ese período fue incorporado al cumplimiento de la condena principal.

En 2020, el expresidente había comparecido ante el Centro Judicial Isidro Menéndez para una audiencia en la que se discutió si debían acumularse dos condenas: los diez años por peculado y lavado de dinero, y otra pena de dos años por cohecho.

Saca había recibido esa segunda condena en septiembre de 2019, tras admitir que pagó USD 10.000 a una empleada judicial a cambio de obtener información sobre un proceso civil. Sin embargo, esa pena quedó extinguida por el tiempo que ya había permanecido en prisión preventiva.

La resolución dejó como referencia la condena de diez años por el caso de corrupción, cuyo cumplimiento total se ubicaba en octubre de 2026.

Bienes vinculados al caso, bajo control estatal

La Fiscalía General de la República señaló esta semana que la excarcelación de Saca no modifica el estado de los bienes y propiedades sometidos a procesos de recuperación para el Estado.

El caso contra el exmandatario incluyó acciones de extinción de dominio sobre activos atribuidos a él, a familiares y a personas señaladas como presuntos testaferros. La recuperación del dinero público fue uno de los ejes del proceso que derivó en la condena.

La liberación de Saca cierra su etapa de reclusión por el desvío de fondos estatales, aunque mantiene vigentes las consecuencias patrimoniales fijadas por la Justicia salvadoreña.

El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, aseguró que el despliegue salvadoreño en Haití busca localizar y devolver con vida a cuatro técnicos de aviación desaparecidos tras una emboscada, y rechazó que la operación constituya una invasión o persiga intereses económicos o políticos sobre el país caribeño.

“No tenemos ningún interés ni en venir a dominar al pueblo haitiano, ni en poner las manos sobre las riquezas de Haití”, afirmó el mandatario en un mensaje dirigido al pueblo haitiano y publicado en sus redes sociales. Bukele sostuvo que el contingente militar y los equipos enviados al país ya están casi desplegados.

El mensaje llega 11 días después de la desaparición de los cuatro salvadoreños, quienes integraban la Fuerza de Supresión de Pandillas (GSF), una misión internacional respaldada por el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Los técnicos viajaban en un vehículo blindado que fue atacado el 18 de octubre en Croix-des-Bouquets, en el área metropolitana de Puerto Príncipe.

La Organización de las Naciones Unidas (ONU) informó que el ataque incluyó armas de fuego y explosivos. El vehículo se incendió y sus ocupantes tuvieron que abandonarlo. Helicópteros que acudieron en apoyo también recibieron disparos, según la intervención de la delegación salvadoreña ante el Consejo de Seguridad. Hasta este jueves 29 de octubre no había información oficial sobre el paradero de los cuatro técnicos.

El despliegue, presentado como operación de rescate

El mandatario afirmó que la presencia de militares salvadoreños responde a un solo objetivo: el regreso de sus compatriotas. “Somos un país modesto en desarrollo. Lo único que queremos es que nuestros cuatro técnicos de aviación regresen a casa”, expresó.

Bukele describió a los desaparecidos como personal dedicado a tareas de aviación y evacuación médica. En un mensaje anterior dirigido a las pandillas, había señalado que los cuatro hombres no eran combatientes y que su labor principal era trasladar heridos y salvar vidas.

El Gobierno haitiano confirmó el diálogo y señaló que ambos mandatarios acordaron reforzar la coordinación bilateral y la cooperación operativa dentro de la GSF, con el foco puesto en las tareas de búsqueda y en la respuesta ante la crisis de seguridad.

El Salvador cubre el 90% de los costos de la operación

En su declaración, Bukele buscó despejar recelos que podría provocar el aumento de la presencia militar salvadoreña en Haití. “Esto no es una operación contra el pueblo haitiano, ni una invasión al país de Haití. No somos una gran potencia”, sostuvo.

El presidente también afirmó que El Salvador cubre el 90% de los costos de la operación con su propio presupuesto, aunque recibe apoyo logístico de otros países. No detalló el monto total de los gastos ni identificó a los estados que colaboran con la misión.

“Nos cuesta caro, pero hemos aprendido en nuestro propio sufrimiento: la justicia y la paz no tienen precio”, afirmó. Añadió que su país atravesó durante décadas una situación de violencia asociada a las pandillas y planteó esa experiencia como antecedente de la actuación salvadoreña en territorio haitiano.

Bukele sostuvo que la operación no persigue un beneficio económico. “No venimos a Haití para ganar dinero, porque nadie nos paga por esto. Venimos a Haití para luchar contra los malvados”, expresó.

La declaración combina el argumento del rescate con una defensa de la política de seguridad aplicada por su Gobierno contra las organizaciones criminales en El Salvador. Bukele afirmó que su país superó “200 años de sufrimiento” y aseguró que hoy vive una situación de paz, una caracterización que forma parte de la narrativa oficial de su administración sobre los resultados del régimen de excepción y las operaciones masivas contra las pandillas.

La responsabilidad por la desaparición, sin establecer públicamente

Aunque Bukele atribuyó el caso a las pandillas y presentó la operación como una respuesta a esos grupos, ninguna organización armada se ha adjudicado de forma pública la desaparición de los cuatro técnicos.

La emboscada ocurrió en Croix-des-Bouquets, una zona donde operan grupos criminales que disputan el control territorial en los accesos a Puerto Príncipe. La GSF y las autoridades salvadoreñas mantienen abiertas las gestiones para establecer contacto con los desaparecidos y determinar qué ocurrió después de que abandonaron el vehículo incendiado.

La crisis de seguridad en Haití continúa condicionada por la capacidad de las pandillas para controlar barrios, rutas y corredores estratégicos de la capital. Naciones Unidas advirtió el 19 de octubre que la GSF contaba con algo más de 2.000 integrantes procedentes de seis países, una cifra que representaba poco más de un tercio de los 5.550 efectivos autorizados.

Un mensaje religioso y una promesa de salida tras la misión

Bukele cerró su declaración con un llamado a la población haitiana para que confíe en la operación y rece por la recuperación del país. Citó el pasaje bíblico de 2 Crónicas 7:14, que alude a la sanación de una tierra mediante la oración y el abandono de las malas acciones.

“Ayúdennos a ayudar a Haití”, escribió. También prometió que las tropas salvadoreñas regresarán a su país una vez que finalice la misión: “Tal vez las generaciones haitianas que vienen recuerden a los que vinimos como amigos que ayudaron en un momento”.

La búsqueda de los cuatro aerotécnicos sigue sin un desenlace oficial. La prioridad inmediata de la operación anunciada por El Salvador es determinar su ubicación y lograr su retorno con vida.