El Juzgado de Primera Instancia número 7 de Madrid ha admitido a trámite la demanda interpuesta por el juez retirado Manuel García-Castellón contra el dirigente de Podemos Pablo Fernández.

El que fuera magistrado de la Audiencia Nacional (AN) acusa al político morado de haber lesionado su derecho a honor, a la intimidad y a la propia imagen con las numerosas manifestaciones públicas en el que le ha atribuido ser un «mentiroso, mafioso, corrupto y prevaricador, entre otros comentarios negativos».

Por ellos, García-Castellón solicita la Justicia que se condene al ahora candidato de Podemos a la alcaldía de Madrid al pago de una indemnización de 100.000 euros por el «daño moral generado», «dada la gravedad de la lesión producida y la amplia divulgación de la misma» en programas de televisión y a través de redes sociales.

El juzgado que titula Fátima María Durán Hinchado aceptó tramitar esta demanda tras apreciar que «reúne los requisitos de capacidad, representación y postulación procesales necesarios para comparecer en juicio» y teniendo en cuenta, «a la vista de las pretensiones formuladas» por el jubilado García-Castellón que su tribunal madrileño posee «jurisdicción y competencia objetiva para conocer las mismas».

Ahora, en el decreto firmado por la Letrada de la Administración de Justicia (LAJ) conocido en primicia por LA RAZÓN, da traslado de la demanda y la documentación que la acompaña a Fernández, «emplazándole, con apercibimientos advertencias legales, para que la conteste en el plazo de 20 días hábiles». De este procedimiento civil será parte también el Ministerio Fiscal y se le da una «tramitación preferente».

El juzgado ya le adelanta «que si no comparece dentro del plazo indicado se le declarará en situación de rebeldía procesal».

En la demanda, a la que tuvo acceso este diario, se sitúa, tras la jubilación forzosa de García-Castellón de la Carrera judicial al cumplir los 72 años (septiembre de 2024), el inicio de una «campaña de odio y desprestigio» hacia su persona y trayectoria profesional.

En un primer momento, la iniciativa la tomó la secretaria general del partido, Ione Belarra, que –hay que recordar–, el pasado junio, fue condenada a pagar 9.000 euros de reparación económica a este antiguo miembro de la judicatura, por una serie de manifestaciones públicas en que aseguraba que él y «otros jueces corruptos», se irían «de rositas», pese a haber «prevaricado».

La diputada y exministra le imputó, en este sentido, el haber protegido al PP durante instrucciones que dirigió como las del «caso Villarejo» o el «caso Púnica» y de, por otro lado, haber llevado a cabo una «guerra sucia judicial» contra los de Pablo Iglesias.

Según se explica en la acción civil emprendida por sus abogados, Fernández «pretendió continuar con las acusaciones iniciadas por su compañera de partido».

Concretamente, señala a este político «por asumir un papel activo en la difusión de manifestaciones dirigidas de forma directa a García-Castellón, presentándole ante la opinión pública como un juez que ha dedicado su carrera a la comisión de actos tales como corrupción, prevaricación y politización de la función judicial».

La parte demandante subraya que estas aseveraciones de Fernández «no se producen en ámbitos privados o de circulación restringida, sino que son estratégicamente publicados y realizados en medios de comunicación y redes sociales (principalmente, «X»), difundidos a una gran audiencia y con enorme capacidad de impacto».

Es, precisamente, –se señala en la demanda– «el alcance de los comentarios realizados, así como las numerosas entrevistas en diversos programas, lo que han provocado un alcance desproporcionado, no solo por ser medios accesibles, sino por aprovecharse (Fernández) de su condición de portavoz y figura pública como miembro de un partido político».

Y ofrece datos de su impacto público: el dirigente morado tiene casi 150.000 seguidores y sus publicaciones generan miles de comentarios de usuarios y de «me gusta».

En definitiva, el que fuera titular del Juzgado Central de Instrucción número 6 de la AN acude a los tribunales al considerar que los «incesantes comentarios han supuesto que una infinidad de personas lleguen a creer –sin fundamentación alguna y por mero rechazo a su figura de nuestro mandante– que ha sido un juez corrupto y prevaricador, involucrado en diversas tramas políticas, valiéndose del derecho a la libertad de expresión para realizar comentarios vejatorios y absolutamente falsos sobre su figura».

Su representación letrada aprovecha para recordar que «no existe ni una sola sentencia judicial o procedimiento abierto (tampoco en el seno del Poder Judicial), en el cual se haya condenado o imputado a García-Castellón por delito alguno relacionado con su cargo público, es decir, prevaricación o corrupción».

Los pasajeros que viajen con Ryanair tendrán que tener en cuenta un cambio en los horarios de facturación de sus vuelos. La aerolínea irlandesa modificará el cierre de sus mostradores a partir del próximo 10 de noviembre, cuando dejará de admitir equipaje para facturar una hora antes de la salida del avión.

Hasta ahora, este procedimiento podía realizarse hasta 40 minutos antes del despegue. Con la nueva medida, los viajeros dispondrán de menos tiempo para completar la facturación de sus maletas en el aeropuerto, por lo que será importante organizar la llegada con suficiente antelación.

La compañía pretende que este cambio permita a los pasajeros contar con más margen para superar los controles de seguridad y, cuando corresponda, los controles de pasaportes. De esta forma, busca reducir el riesgo de que los viajeros pierdan tiempo en las colas y tengan dificultades para llegar a la puerta de embarque antes de la salida del vuelo.

Quioscos de autofacturación para agilizar los trámites

El adelanto del cierre de los mostradores no es la única novedad que prepara la aerolínea. Ryanair también prevé instalar quioscos de autofacturación conectados con su aplicación móvil, que permitirán a los pasajeros gestionar el equipaje e imprimir las etiquetas que deben colocarse en las maletas.

Esta iniciativa permitirá automatizar parte de los trámites que habitualmente se realizan en los mostradores del aeropuerto. Además, acercará a la compañía irlandesa al funcionamiento de otras aerolíneas que ya utilizan este tipo de sistemas para agilizar los procedimientos previos al embarque.

La incorporación de estos dispositivos pretende facilitar la gestión del equipaje y ofrecer a los viajeros una alternativa para completar determinadas operaciones por su cuenta. Así, los pasajeros podrán realizar parte del proceso de facturación mediante los quioscos, en lugar de depender exclusivamente de la atención en los mostradores tradicionales.

Qué ocurre si pierdes el móvil o te quedas sin batería

Otro de los cambios importantes en la operativa de Ryanair está relacionado con las tarjetas de embarque. Desde noviembre del año pasado, la compañía únicamente acepta las tarjetas generadas durante la facturación online, que puede completarse tanto en su página web como en la aplicación móvil.

Esta política supuso dejar atrás las tarjetas de embarque en papel como formato habitual para viajar con la aerolínea. Por ello, el teléfono móvil se ha convertido en una herramienta importante para los pasajeros que utilizan la tarjeta digital durante el embarque.

No obstante, existen excepciones para quienes tengan problemas con sus dispositivos electrónicos. Los viajeros que hayan completado la facturación por internet, pero pierdan su smartphone o tableta, podrán recibir una tarjeta de embarque gratuita en el aeropuerto.

La misma medida se aplica a los pasajeros que hayan realizado la facturación online, pero se queden sin batería en el dispositivo antes de poder utilizar su tarjeta de embarque.

De este modo, aunque Ryanair apuesta por los procedimientos digitales y la automatización de los trámites, contempla alternativas para los viajeros que no puedan acceder a su tarjeta electrónica por circunstancias imprevistas.

Las autoridades sanitarias mantienen controles sobre los alimentos que entran en España para comprobar que cumplen los requisitos de seguridad alimentaria. En este contexto, un lote de surimi procedente de Marruecos ha sido rechazado en la frontera española y posteriormente destruido después de detectarse un incumplimiento de las condiciones de conservación durante su transporte.

La incidencia fue comunicada a las autoridades europeas el pasado 21 de octubre y estuvo relacionada con una ruptura de la cadena de frío. Este episodio se suma a otras dos notificaciones sanitarias relacionadas con productos pesqueros marroquíes que se habían registrado durante los días anteriores, en las que se detectaron diferentes problemas que afectaban a la seguridad de los productos.

El control de la temperatura resulta especialmente importante en el transporte y almacenamiento de determinados alimentos, entre ellos los productos elaborados a partir de pescado. Mantener unas condiciones adecuadas de conservación permite reducir el riesgo de proliferación de microorganismos y evitar que los alimentos pierdan las condiciones necesarias para su consumo.

La ruptura de la cadena de frío obliga a destruir un lote de surimi

El surimi es un producto elaborado a partir de carne de pescado cuya conservación requiere mantener una temperatura controlada durante las diferentes etapas de su distribución. Por este motivo, cualquier alteración de las condiciones de refrigeración puede comprometer su seguridad alimentaria.

En el caso del lote procedente de Marruecos, la notificación española hizo referencia al incumplimiento de la temperatura detectado durante el control fronterizo. Tras constatarse esta irregularidad, el producto fue rechazado y posteriormente destruido.

La cadena de frío constituye un elemento fundamental para preservar determinados alimentos perecederos desde su elaboración hasta su llegada al consumidor. Cuando se interrumpe, las condiciones pueden favorecer la multiplicación de microorganismos y aumentar los riesgos asociados a la conservación del producto.

Este tipo de controles permite detectar posibles irregularidades antes de que los alimentos continúen su recorrido comercial. La inspección de los productos que llegan desde otros países resulta, por tanto, relevante para comprobar que se respetan las condiciones sanitarias exigidas.

Anisakis y salmonela: otras dos alertas relacionadas con productos marroquíes

El incidente del surimi no ha sido el único relacionado con productos pesqueros procedentes de Marruecos durante octubre. El pasado 13 de octubre también se destruyó un lote de pescado de este origen después de que los inspectores detectaran la presencia de anisakis en el pez sable, una especie comercializada para el consumo humano.

El anisakis es un parásito que puede provocar trastornos digestivos y reacciones alérgicas en las personas. Su detección en un producto destinado al consumo constituye un problema sanitario que requiere las actuaciones correspondientes para evitar que el alimento llegue al consumidor en condiciones inadecuadas.

A este episodio se suma una tercera notificación, comunicada el pasado 15 de octubre, relativa a un lote de harina de pescado procedente de Marruecos en el que se detectaron salmonelas en las cinco submuestras analizadas.

En este último caso, el producto no estaba destinado directamente a la alimentación humana, sino que se trataba de una materia prima para la elaboración de alimentos destinados a los animales. La detección de salmonela en las muestras analizadas motivó la correspondiente notificación sanitaria.

En conjunto, las autoridades españolas han comunicado tres incidencias relacionadas con productos pesqueros procedentes de Marruecos en un periodo de pocos días. Los casos afectan a productos diferentes y responden a problemas distintos: una ruptura de la cadena de frío, la presencia de un parásito y la detección de salmonela.

Estas notificaciones ponen de relieve la importancia de los controles sanitarios en las fronteras, tanto para los alimentos destinados al consumo humano como para las materias primas utilizadas en la alimentación animal. La vigilancia permite identificar posibles riesgos y adoptar medidas sobre los productos afectados antes de que puedan seguir su recorrido comercial.

Instalar cámaras de vigilancia en una vivienda es una práctica habitual para reforzar la seguridad del hogar. Sin embargo, antes de colocarlas, es importante comprobar hacia dónde están orientadas, ya que captar imágenes de la propiedad de los vecinos sin autorización puede vulnerar su derecho a la intimidad y tener consecuencias legales.

Desde Grupo Atico34, empresa especializada en protección de datos, advierten de que los dispositivos de videovigilancia no pueden utilizarse para grabar el interior de otras viviendas. "En ningún caso puede un vecino apuntar sus cámaras de seguridad hacia nuestra propiedad o parte de ella, puesto que se considera una intromisión ilegítima en nuestro derecho a la intimidad personal y familiar", señalan.

Esta protección está recogida en el artículo 18 de la Constitución Española, que reconoce el derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen. El mismo artículo establece que "El domicilio es inviolable. Ninguna entrada o registro podrá hacerse en él sin consentimiento del titular o resolución judicial, salvo en caso de flagrante delito".

Además, la normativa constitucional protege el secreto de las comunicaciones y limita el uso de la informática para preservar la intimidad de los ciudadanos y garantizar el ejercicio de sus derechos.

¿Hacia dónde se pueden orientar las cámaras de seguridad?

La ubicación de los dispositivos es fundamental para cumplir con la legislación vigente. Según explican desde Grupo Atico34, las cámaras instaladas en una vivienda deben estar dirigidas hacia el interior de la propiedad. Como excepción, pueden captar la entrada del inmueble, pero no deben registrar espacios pertenecientes a otros propietarios.

Una situación similar se produce en las comunidades de vecinos. Cuando estas cuentan con sistemas de videovigilancia, las grabaciones deben limitarse a las zonas comunes, sin invadir la privacidad de las viviendas particulares.

Por tanto, colocar una cámara para proteger el domicilio no permite grabar libremente todo lo que sucede en las propiedades colindantes. Si la orientación del dispositivo capta espacios privados de otros vecinos, podría existir una vulneración de sus derechos.

Multas de hasta 3.000 euros y posibles penas de prisión

Cuando un vecino o una comunidad incumple estas obligaciones, los afectados pueden presentar una reclamación ante la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD). En este ámbito, el artículo 22 de la Ley Orgánica 3/2018 de Protección de Datos Personales y Garantía de los Derechos Digitales (LOPDGDD) regula el tratamiento de imágenes mediante sistemas de videovigilancia.

Las sanciones pueden alcanzar los 3.000 euros, con importes que parten de los 600 euros, según la información de Grupo Atico34.

Además de las posibles consecuencias administrativas, determinados casos pueden tener relevancia penal. El artículo 197 del Código Penal contempla penas para quienes vulneren la intimidad de otra persona mediante dispositivos de escucha o grabación sin su consentimiento.

En concreto, establece que "Para descubrir los secretos o vulnerar la intimidad de otro, sin su consentimiento, utilice artificios técnicos de escucha, transmisión, grabación o reproducción del sonido o de la imagen, o de cualquier otra señal de comunicación, será castigado con las penas de prisión de uno a cuatro años y multa de doce a veinticuatro meses. Se impondrá la pena de prisión de dos a cinco años si se difunden, revelan o ceden a terceros los datos o hechos descubiertos o las imágenes captadas", sentencia.

Las mujeres con cáncer de endometrio avanzado o recurrente cuentan con opciones terapéuticas limitadas cuando la enfermedad continúa avanzando después de recibir quimioterapia basada en platino e inmunoterapia. Sin embargo, un nuevo medicamento experimental, denominado sacituzumab tirumotecán (sac-TMT), ha mostrado resultados prometedores al disminuir significativamente el riesgo de progresión de la enfermedad y de muerte en comparación con la quimioterapia convencional.

Los datos proceden de un ensayo clínico internacional en fase 3, cuyos resultados se han dado a conocer durante el Congreso de la Sociedad Europea de Oncología Médica (ESMO), celebrado en Madrid. La investigación también se ha publicado en la revista científica The Lancet y ha contado con la colaboración de 242 centros hospitalarios de 31 países, entre ellos varios españoles.

Sac-TMT forma parte de una nueva generación de medicamentos diseñados para actuar de manera más selectiva sobre las células cancerosas. Su mecanismo consiste en reconocer Trop-2, una proteína que se encuentra en grandes cantidades en la superficie de las células del cáncer de endometrio, y transportar hasta ellas un compuesto destinado a destruirlas. De esta forma, el tratamiento busca concentrar su acción sobre el tumor.

Menor riesgo de progresión y muerte tras 14 meses de seguimiento

El ensayo TroFuse-005/ENGOT-en23/GOG-3095 evaluó la eficacia del nuevo medicamento frente a la quimioterapia convencional en mujeres con cáncer de endometrio avanzado o recurrente que ya habían recibido ambos tipos de tratamiento: quimioterapia e inmunoterapia. Todas las participantes habían sido tratadas previamente con pembrolizumab (Keytruda), un fármaco que bloquea la proteína PD-1 para facilitar que el sistema inmunitario identifique y ataque las células tumorales.

En el momento del análisis, la mediana de seguimiento de las pacientes era de 14 meses. Los resultados reflejaron una diferencia significativa entre los dos grupos: el riesgo de progresión del cáncer fue un 41 % menor entre las mujeres que recibieron sac-TMT que entre aquellas tratadas con quimioterapia convencional. Asimismo, el riesgo global de muerte se redujo un 32 % con el medicamento experimental.

Estas cifras representan reducciones relativas del riesgo observado entre ambos grupos durante el periodo analizado. Por tanto, no implican que el tratamiento evite la muerte en un 32 % de las pacientes.

Más respuestas al tratamiento y efectos secundarios manejables

La investigación también encontró diferencias en la respuesta de los tumores. Entre las mujeres tratadas con sac-TMT, el 35,1 % experimentó una respuesta al medicamento, frente al 17,3 % de las pacientes que recibieron quimioterapia convencional. Esto significa que la proporción de mujeres cuyo tumor respondió al tratamiento fue superior al doble con el nuevo fármaco.

En cuanto a la seguridad, los efectos secundarios más habituales fueron la anemia, la neutropenia, la inflamación de la mucosa de la boca y las molestias oculares, como la sequedad y el picor. Según los investigadores, estas reacciones fueron manejables.

Bhavana Pothuri, oncóloga ginecológica de NYU Langone Health e investigadora principal del ensayo, considera que los resultados respaldan sac-TMT como "una nueva opción de referencia para el cáncer de endometrio recurrente después de la inmunoterapia".

Los resultados abren una posible vía terapéutica para las pacientes que necesitan nuevas alternativas tras la inmunoterapia. No obstante, al tratarse de un fármaco experimental, será necesario tener en cuenta la evaluación de los datos clínicos y los procedimientos regulatorios correspondientes antes de determinar su disponibilidad como tratamiento habitual.

El calendario laboral de 2026 permitirá a millones de trabajadores de España disfrutar de un puente de tres días a finales de octubre y principios de noviembre. El motivo es que el Día de Todos los Santos, que se celebra el 1 de noviembre, caerá en domingo, por lo que nueve comunidades autónomas han optado por trasladar el festivo al lunes 2 de noviembre. De esta forma, quienes tengan libre el fin de semana podrán descansar durante tres jornadas consecutivas, desde el sábado 31 de octubre hasta el lunes 2 de noviembre.

La decisión figura en la resolución de la Dirección General de Trabajo publicada en el Boletín Oficial del Estado (BOE), que recoge los festivos correspondientes al calendario laboral. Sin embargo, esta jornada no será festiva en todo el territorio nacional, ya que cada comunidad ha establecido su propio calendario.

Las nueve comunidades autónomas que tendrán puente el 2 de noviembre

Los trabajadores de Andalucía, Aragón, Asturias, Canarias, Castilla y León, Castilla-La Mancha, Extremadura, la Comunidad de Madrid y Navarra podrán disfrutar del lunes 2 de noviembre como día festivo. En estos territorios, el traslado de la festividad permitirá alargar el descanso del fin de semana.

Por el contrario, las comunidades autónomas que no han optado por esta modificación mantendrán el lunes 2 de noviembre como una jornada laboral ordinaria. Esta situación también afectará a las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla, donde no se aplicará el traslado del festivo.

Por tanto, conviene consultar el calendario laboral correspondiente a cada territorio para saber si será posible disfrutar de este puente, ya que la festividad no se aplicará de manera uniforme en toda España.

Madrid tendrá otro puente en noviembre y cuatro días libres en diciembre

La Comunidad de Madrid contará con otra jornada festiva apenas una semana después. En concreto, el lunes 9 de noviembre será festivo local en el municipio de Madrid con motivo de la celebración de la Virgen de la Almudena, patrona de la capital.

Además, el calendario laboral madrileño contempla otro periodo de descanso prolongado en diciembre. El Día de la Constitución, que se celebra el 6 de diciembre y caerá en domingo en 2026, se trasladará al lunes 7. A esta jornada se sumará el martes 8 de diciembre, festivo nacional por la Inmaculada Concepción.

La coincidencia de ambos días permitirá a los trabajadores que no tengan que acudir a su puesto durante el fin de semana disfrutar de cuatro días consecutivos de descanso, desde el sábado 5 hasta el martes 8 de diciembre.

Así, noviembre y diciembre ofrecerán varias oportunidades para organizar escapadas o disfrutar de unos días libres, aunque las posibilidades dependerán de los festivos establecidos en cada comunidad y municipio.

El encarecimiento de los costes está poniendo contra las cuerdas a buena parte de los trabajadores por cuenta propia en España. Según el último Barómetro del Trabajo Autónomo publicado por la Federación Nacional de Asociaciones de Trabajadores Autónomos (ATA), el 58,3% de los autónomos tendrá que incrementar los precios de sus productos o servicios antes de que finalice 2026.

Esta decisión llega en un contexto complicado para el colectivo, que debe hacer frente a la subida de los gastos necesarios para mantener sus negocios en funcionamiento. La inflación y el aumento de los costes operativos están reduciendo los márgenes económicos de muchos profesionales, que se ven obligados a trasladar parte de estas subidas a sus clientes para poder continuar con su actividad.

Además, el incremento de las tarifas no constituye una medida puntual, sino que refleja las dificultades que atraviesa el sector para mantener la rentabilidad. La presión económica acumulada está llevando a numerosos autónomos a revisar sus precios en un intento de compensar el encarecimiento de sus gastos.

La subida de los costes y el riesgo de cerrar el negocio

Los datos del barómetro reflejan el alcance de esta situación. El 81% de los autónomos asegura haber sufrido un aumento de sus costes y, dentro de este grupo, el 21,9% afirma que sus gastos se han incrementado por encima del 16%.

Entre los factores que explican esta evolución destacan el precio de la energía y la inflación industrial, que registra una tasa interanual del 18,3%, impulsada por las tensiones geopolíticas internacionales. Este escenario dificulta la gestión económica de los negocios y obliga a sus responsables a buscar fórmulas para afrontar los desembolsos cada vez mayores.

Las perspectivas tampoco son favorables para una parte del colectivo. El porcentaje de autónomos que reconoce encontrarse en una situación de riesgo de cierre o que contempla reducir drásticamente su actividad ha pasado del 11% al 17,5% en apenas tres meses.

Incertidumbre económica y reivindicaciones de ATA

A las dificultades económicas se suma la preocupación por la situación política. El 95,1% de los profesionales consultados considera que el contexto político y económico actual genera un elevado grado de incertidumbre e inestabilidad, una circunstancia que condiciona sus decisiones de inversión y la planificación de sus finanzas.

Ante este panorama, los trabajadores por cuenta propia se enfrentan al reto de mantener sus negocios a flote en un entorno marcado por el aumento de los gastos y la incertidumbre sobre su evolución futura.

Por su parte, la Federación Nacional de Asociaciones de Trabajadores Autónomos (ATA) ha trasladado una serie de reivindicaciones con las que pretende mejorar las condiciones del colectivo y aliviar la presión que soportan sus integrantes.

La evolución de los costes y la capacidad de los autónomos para mantener sus márgenes serán determinantes en los próximos meses, especialmente para aquellos negocios que tienen menos margen para absorber nuevas subidas sin repercutirlas en sus clientes.

Aunque pueda parecer sorprendente, las personas que viven de alquiler en España consiguen ahorrar más dinero que aquellas que ya tienen una vivienda en propiedad y no deben hacer frente al pago de una hipoteca. Pese a que ambos grupos tienen gastos mensuales, las obligaciones económicas asociadas a ser propietario pueden acabar siendo superiores a las de los arrendatarios. Así lo refleja un estudio de BBVA Research, que señala que, a igualdad de ingresos, la tasa de ahorro de los inquilinos es 23,4 puntos porcentuales más elevada.

Además, el 33,6% de los hogares españoles presenta una tasa de ahorro negativa, lo que significa que sus gastos superan los ingresos disponibles. Para comprender por qué quienes viven de alquiler pueden ahorrar más que los propietarios sin hipoteca, es necesario tener en cuenta varios factores, entre ellos la edad y los costes asociados a cada situación residencial.

La edad, un factor que influye en la capacidad de ahorro

Uno de los aspectos que ayudan a explicar esta diferencia es la etapa vital en la que se encuentran las personas que ya han terminado de pagar su vivienda. Por lo general, quienes son propietarios sin hipoteca suelen tener más de 40 o 50 años y han podido acumular ahorros a lo largo de su trayectoria laboral.

En estas circunstancias, la necesidad de reservar una parte importante de los ingresos puede ser menor que durante otras etapas de la vida. Por el contrario, muchos inquilinos mantienen el objetivo de reunir el dinero necesario para comprar una vivienda en el futuro, por lo que destinan parte de sus ingresos a incrementar sus ahorros.

Esta diferencia de objetivos puede influir en los hábitos financieros de ambos grupos y contribuir a explicar los resultados del estudio, aunque no significa que todas las personas que viven de alquiler ahorren más que quienes tienen una casa en propiedad.

Los gastos de una vivienda en propiedad también cuentan

Otro elemento importante son los costes que debe asumir el propietario de un inmueble. Aunque no tenga una hipoteca pendiente, disponer de una vivienda implica afrontar diferentes pagos que pueden reducir la cantidad de dinero disponible a final de mes.

Entre estas obligaciones figuran el impuesto sobre bienes inmuebles (IBI), las derramas extraordinarias, los gastos de comunidad y las reparaciones que pueda necesitar la casa. Todos ellos pueden suponer un desembolso considerable, especialmente cuando surgen averías o se deben realizar obras en el edificio.

En cambio, los inquilinos tienen que abonar la renta acordada en su contrato de arrendamiento y aquellos otros gastos que les correspondan según lo pactado y la normativa aplicable. Aunque el precio del alquiler continúa siendo una carga económica importante, la distribución de los gastos relacionados con el inmueble es diferente.

A partir de estos factores, el análisis de BBVA Research apunta a que alquilar y ahorrar son compatibles, aunque la capacidad de hacerlo depende de las circunstancias económicas de cada hogar. Esto no significa que tener una vivienda en propiedad impida ahorrar, sino que los resultados reflejan diferencias en los gastos, los objetivos financieros y las etapas vitales de los hogares.

A un mes del 29N, los grandes partidos aún no han publicado sus programas. Hace años los programas económicos eran analizados detalladamente, sin embargo cada elección su valor es cada vez menor. En teoría económica, un programa es un contrato incompleto: los votantes entregamos hoy nuestra confianza a cambio de políticas futuras que nadie podrá exigir ante un tribunal. Sin auditoría previa ni penalización posterior, prometer sale gratis: es lo que los economistas llamamos "cheap talk".

A pesar de esto, algunos países han intentado corregir ese fallo. En Países Bajos, la oficina de análisis económico (CPB) publica desde 1986 "Keuzes in Kaart", el impacto presupuestario y económico de cada programa. En España, Fundación Transforma España propuso encomendar esa tarea a la AIReF. Sin embargo, ninguna ley obliga a los partidos a cuantificar sus medidas y, salvo excepciones, no lo hacen.

Al no tener auditorias sólo nos queda la hemeroteca. El programa del PSOE de 2023 prometía 183.000 viviendas públicas de alquiler asequible; según el Observatorio del Ministerio de Vivienda, desde 2021 han obtenido calificación definitiva unas 49.000 protegidas, en torno a 10.000 al año. Prometía la jornada de 37,5 horas en 2025: el Congreso la rechazó. Prometía acercar el paro al 8% antes de 2027: la EPA lo sitúa en el 9,87%. Prometía una cuenta de ahorro vivienda con 30.000 euros exentos y el transporte gratuito hasta los 24 años: ninguno existe. Y los Presupuestos, molde de cualquier programa, llevan tres años prorrogados.

Newtral analizó 50 compromisos de investidura y de gobierno: a junio de 2026 solo 7 estaban cumplidos, el 14%. No todo es mala fe. La literatura comparada (Thomson y otros, 2017: más de 20.000 promesas en doce países) muestra que los gobiernos monocolor con mayoría cumplen a menudo más del 80% y que el porcentaje se hunde cuando el poder se comparte. Una legislatura sin mayoría y sin Presupuestos es el peor escenario posible para un contrato.

De ahí la lección para el 29N: un programa sin coste calculado ni mayoría para aplicarlo no es un contrato, es una carta a los Reyes Magos. Que la AIReF audite las promesas antes de votar costaría poco y revelaría mucho. Exigir después su cumplimiento nos toca a los votantes: somos la única cláusula de penalización que existe.

Álvaro Hidalgo Vega. Catedrático de Fundamentos del Análisis Económico de la UCLM y presidente de la Fundación Weber

El asteroide Apophis es uno de los objetos espaciales que más interés despierta entre los astrónomos por las características de su aproximación a la Tierra. En abril de 2029, esta roca espacial, de unos 340 metros de diámetro, un tamaño equivalente a tres campos de fútbol, pasará a aproximadamente 31.900 kilómetros de la superficie terrestre. Se trata de una distancia inferior a la que se encuentran algunos de los satélites que orbitan alrededor de nuestro planeta.

Así será el acercamiento de Apophis a la Tierra en 2029

El paso de Apophis ofrecerá a los investigadores una oportunidad excepcional para observar de cerca un asteroide de estas dimensiones. Si las condiciones de observación son favorables, también podrá contemplarse desde diferentes regiones del mundo, entre ellas Europa, Asia, África, Australia y el este de Sudamérica.

Una de las principales cuestiones que plantea este acontecimiento es si existe algún peligro para nuestro planeta. Sin embargo, los expertos descartan que el asteroide vaya a impactar contra la Tierra durante este acercamiento. Los cálculos actuales también indican que no existe riesgo de colisión durante, al menos, los próximos 100 años.

La proximidad de Apophis permitirá estudiar cómo se comporta un objeto rocoso de este tamaño cuando atraviesa una región del espacio tan cercana a la Tierra. En particular, la influencia gravitatoria de nuestro planeta podría modificar ligeramente su trayectoria y provocar cambios en algunas de sus características físicas.

Estos efectos convierten el encuentro en una ocasión especialmente valiosa para profundizar en el conocimiento de los asteroides próximos a la Tierra y comprender mejor su comportamiento.

Las misiones espaciales que estudiarán el asteroide

El acercamiento de Apophis en 2029 también contará con el seguimiento de varias misiones espaciales destinadas a recopilar información sobre este objeto.

Entre ellas se encuentra RAMSES, una misión de la Agencia Espacial Europea (ESA) cuyo propósito será estudiar el asteroide durante su aproximación a nuestro planeta. Por su parte, la NASA prevé utilizar la misión OSIRIS-APEX para investigar su composición y conocer mejor sus propiedades.

Los datos que obtengan estas misiones permitirán analizar con mayor precisión las características de Apophis y los posibles efectos que puede experimentar al acercarse tanto a la Tierra.

De esta forma, el encuentro previsto para abril de 2029 no solo será relevante por la distancia a la que pasará el asteroide, sino también por las posibilidades científicas que ofrecerá. Las observaciones ayudarán a ampliar los conocimientos sobre estos cuerpos celestes, su evolución y su interacción con la gravedad de los planetas cercanos.

Al comprar neumáticos nuevos o fijarse en las ruedas de un coche recién estrenado, es habitual encontrar líneas rojas, amarillas, verdes o blancas sobre la goma. También pueden aparecer pequeños puntos de distintos colores en sus laterales. Aunque estas señales pueden generar dudas entre los conductores, su presencia suele responder a necesidades técnicas relacionadas con la fabricación y el montaje. Sin embargo, no todas tienen la misma función ni existe un código universal que permita interpretar cada color de la misma manera.

Las líneas de colores: un código interno de fábrica

Las franjas que recorren longitudinalmente la banda de rodadura de un neumático nuevo se utilizan principalmente durante los procesos de fabricación, identificación y clasificación. En instalaciones industriales donde se producen numerosas referencias, estas marcas facilitan la identificación visual de determinados productos o lotes y ayudan a organizar las distintas fases de producción y almacenamiento.

Los colores pueden variar entre fabricantes e incluso entre diferentes modelos. Por este motivo, una línea roja no significa necesariamente lo mismo que una amarilla o una blanca, ni permite deducir por sí sola las prestaciones de la cubierta.

Tampoco indican que un neumático tenga más agarre, sea más resistente o pertenezca a una categoría de calidad superior. Su presencia no constituye una señal de defecto y, a medida que el vehículo circula, estas franjas suelen desaparecer por el desgaste normal de la banda de rodadura.

Qué significan los puntos rojos y amarillos

Los pequeños puntos situados en el flanco del neumático, en cambio, pueden aportar referencias útiles para el montaje. Aunque su significado depende del fabricante, existen dos interpretaciones habituales.

El punto amarillo suele señalar la zona más ligera del neumático. Durante la instalación, el profesional puede utilizarlo como referencia para situarlo frente a la válvula de inflado, que puede representar una parte más pesada del conjunto. Esta orientación ayuda a compensar las diferencias de peso y facilita el equilibrado de la rueda.

El punto rojo, por su parte, puede identificar una zona en la que se registra una variación de la fuerza radial del neumático. Si la llanta dispone de una marca de referencia compatible, el instalador puede aprovechar ambas señales para mejorar el ajuste del conjunto.

Estas indicaciones no aparecen necesariamente en todos los modelos y su interpretación debe confirmarse con las instrucciones del fabricante.

¿Y si aparece una marca blanca?

El color blanco también puede utilizarse como referencia técnica en determinados neumáticos, pero no tiene un significado único aplicable a todas las marcas. Según el sistema empleado, puede identificar características relacionadas con los controles de fabricación o con la uniformidad del producto.

Por tanto, estas señales no deben confundirse con los datos que realmente permiten elegir un neumático adecuado. Para ello, conviene comprobar las medidas, los índices de carga y velocidad y las especificaciones recomendadas para el vehículo.

En definitiva, las líneas y los puntos de colores forman parte de los procesos industriales o de montaje. No son una escala de calidad ni una advertencia para el conductor, aunque algunas marcas sí ayudan al profesional a instalar correctamente la rueda.