Una juez de Ceuta ha ordenado a la Policía "preservar las grabaciones originales" de los ataques a militares en Ceuta. La titular del Juzgado de Instrucción número 6 de la ciudad autónoma ha estimado de forma parcial un recurso de Hazte Oír tras admitir a trámite una denuncia sobre esos incidentes en Benzú, Villajovita, en las inmediaciones de las Murallas Reales y en San Amaro entre el 27 y el 30 de agosto, menos de un mes después de la entrada masiva de más de 90.000 inmigrantes.

En una resolución judicial a la que ha tenido acceso LA RAZÓN, la magistrada María Luz Lozano insta a los agentes a conservar "los efectos, sustancias o residuos ya intervenidos" vinculados a estos hechos que se encuentren bajo su custodia, "manteniendo su identificación, integridad y trazabilidad". Y en caso de que se encuentran bajo custodia de otro órgano o entidad, les recuerda que deberán comunicárselo "de inmediato" para reclamárselos por vía judicial.

Asimismo, da a la Policía un plazo de 48 horas para informarle de "las medidas adoptadas, las fuentes identificadas, sus titulares y los riesgos de pérdida advertidos", precisando que si hace falta alguna autorización judicial específica para acceder a esos datos "se pondrá inmediatamente en conocimiento de este órgano".

Pide información a Tardón

Del mismo modo, acuerda que se reclame a la Jefatura Superior de Policía de Ceuta para que, en el plazo de diez días, remita una copia "de los atestados, actas, informes, análisis técnicos y demás antecedentes existentes" sobre esas agresiones, "incluyendo las grabaciones disponibles correspondientes a las detenciones" que se llevaron a cabo.

Con ese mismo objetivo de preservar las pruebas en el que incidía el recurso de Hazte Oír, la instructora quiere que se identifiquen los órganos judiciales a los que se remitieron los atestados y, en su caso, los procedimientos correspondientes, así como que se le facilite información sobre "los efectos intervenidos, su localización y custodia".

La magistrada -que rectifica así su decisión de no pronunciarse sobre la petición de diligencias solicitadas por la asociación denunciante hasta que la admisión a trámite de su querella fuese firme- pide también a la juez Tardón que le precise el "objeto y estado" de su investigación sobre la entrada masiva de inmigrantes en Ceuta con el objetivo de "facilitar la delimitación de ambas actuaciones".

Venta inusual de aerosoles

En todo caso, apremia a Hazte Oír a que concrete antes de 48 horas "los establecimientos, titulares, publicaciones, enlaces, soportes y periodos a los que se refieren las medidas de conservación solicitadas" respecto a "adquisiciones inusuales de aguafuerte, acetona y papel de aluminio desde el 20 de julio", así como de aerosoles de defensa. Y es que en el marco del "aliento de conductas violentas" y de las agresiones a militares, agentes y vecinos, Hazte Oír denuncia "la posible adquisición, fabricación, transporte, suministro y reparto entre los inmigrantes de artefactos capaces de provocar deflagraciones o liberar gases".

Según refiere la asociación denunciante, la madrugada del 27 de agosto "entre treinta y cuarenta individuos emboscaron en Benzú a una patrulla de cuatro militares del Grupo de Regulares de Ceuta nº 54" y tras rodear su vehículo "lo apedrearon con piedras de gran tamaño", necesitando los militares "asistencia por lesiones y contusiones". Doce personas fueron detenidas tras unos altercados en los que, según la portavoz del sindicato policial Jupol, se lanzó un cóctel molotov a los militares.

Incidentes en Villajovita y San Amaro

Del mismo modo, hace referencia a que el 28 de agosto, durante una concentración vecinal en Villajovita, frente a la Colonia Weil, se lanzaron contra los manifestantes botellas con aguarrás, teniendo que intervenir la Policía "para evitar males mayores".

Ya el 29 de agosto se produjo una nueva agresión junto a las Murallas Reales, donde un sargento de Regulares resultó herido por lanzamiento de piedras. Cuatro personas fueron detenidas y la autoridad judicial acordó prisión provisional para todas ellas.

Un día después, en la zona de San Amaro -destacaba Hazte Oír-, tres individuos lanzaron contra una patrulla militar botellas cargadas con líquido corrosivo, a modo de "cóctel molotov", sin llegar a alcanzarlos.

Petición a la Fiscalía

En la misma resolución, da dos días de plazo a la Fiscalía para que se pronuncie sobre varias peticiones solicitadas en la denuncia, entre otras la petición de información a Policía y Guardia Civil de Ceuta sobre "la eventual presencia de personas radicalizadas entre los inmigrantes y su relación con las agresiones", o la solicitud a Delegación del Gobierno en relación con la identificación de "las entidades y personas que efectúan repartos de efectos en la vía pública y en las playas, el régimen de coordinación al que se sujetan, las acreditaciones expedidas y las incidencias registradas".

El Ministerio Público también tendrá que posicionarse respecto a la pretensión de que el Gobierno de Ceuta y el Ministerio de Inclusión detallen las "subvenciones, convenios, contratos de emergencia y pagos efectuados" en los dos últimos años a las asociaciones y ONG que han prestado asistencia a los inmigrantes en Ceuta.

Específicamente, Hazte Oír promueve un requerimiento "a las entidades que operen en Ceuta sin figurar en registro español", y especialmente a No Name Kitchen, para que identifiquen a la persona jurídica titular de sus cuentas, vehículos, locales y pólizas y a sus responsables en la ciudad, aportando el registro de voluntarios desplazados y los protocolos internos de compras.

Incidente con dos activistas de No Name Kitchen

Según recuerda en su denuncia, la Policía detuvo en la playa de Benítez la noche del 23 de agosto a dos voluntarias de esta ONG, de nacionalidades canadiense y alemana, quienes según el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, "estaban alentando" a grupos que respondieron con violencia a los agentes.

No obstante, la organización negó ese extremo y defendió en un comunicado que sus dos activistas estaban llevando a cabo la distribución diaria de alimentos y se limitaron a grabar una actuación policial, por lo que exigió poner fin a lo que se refirió como una "criminalización" de la labor humanitaria.

Uno de los tres inmigrantes que entraron a nado en Ceuta durante la oleada migratoria del pasado julio y que han colaborado con la Policía en la identificación de altos cargos, mandos y «dinamizadores» en la frontera trasladó el pasado miércoles a la juez María Tardón –según fuentes jurídicas– que «corre riesgo su vida». El testigo, que se ofreció a colaborar con los agentes del Centro Nacional de Inmigración y Fronteras (Cenif) de la Policía Nacional, preguntó al terminar su comparecencia por videoconferencia desde Ceuta si tenía que volver al Centro de Atención Temporal de Extranjeros (CATE). Y es que, según puso de relieve, después de que la Policía fuese a buscarlo al centro de acogida (para que pudiese declarar como testigo), el hecho de que sus compañeros le viesen de vuelta de nuevo junto a los agentes podría despertar suspicacia, algo que podría comprometer su seguridad.

Ya fuese por reafirmar los motivos por los que ha solicitado el asilo o por poner en valor su colaboración con los investigadores –identificó a dos «mkadam» o informadores municipales, a un teniente y a un jefe policial a los que las imágenes analizadas por el Cenif sitúan en la frontera–, lo cierto es que el testigo afirmó que fue él quien de motu proprio brindó su ayuda a la Policía española.

Según aseguró en su testifical, hubo permisividad de las autoridades de Marruecos. «Pasó lo mismo que en 2021», cuando a consecuencia del «caso Ghali» –la acogida en nuestro país del líder, a espaldas de Rabat, del líder del Frente Polisario enfermo de Covid– precipitó otra entrada masiva de inmigrantes con la complacencia de los agentes marroquíes.

"No hay problema para cruzar"

El inmigrante explicó que cuando se concentra tal cantidad de gente en la frontera y ven «que no hay muchos policías ni autoridades», saben que «no hay problema para cruzar la frontera».

Pero no fue el único que expresó en su declaración el temor sobre su situación personal. Como ya informó este periódico, otro de los inmigrantes que testificaron aseguró al Cenif el pasado día 19 que si regresase a Marruecos «le podrían meter en la cárcel». Entonces, contestó así a la pregunta sobre las posibles consecuencias a nivel laboral de su entrada en España y del abandono del servicio –era sargento de la Gendarmería Real de Marruecos y estuvo destinado hasta el pasado 6 de marzo en el aeropuerto de Marrakech–.

Sin embargo, ante la magistrada corrigió esa versión y afirmó que ese temor a acabar en prisión no se debía a su entrada en la ciudad autónoma, sino a un pleito que mantiene con la Administración por la cuantía de su jubilación, asunto que «se ha vuelto viral. «Me pueden castigar por esto».

Este exmilitar aseguró, según fuentes presentes en su comparecencia, que cuando le va a buscar la Policía al centro de acogida sus paisanos «sospechan», incluso también el personal de «las organizaciones de acogida y los traductores». «Seguro que sabrán que estoy colaborando y eso me puede crear problemas».

"Si vuelven a Marruecos..."

Otro de los inmigrantes que testificaron también abordaron el riesgo que corren los militares marroquíes que cruzaron la frontera durante esa avalancha migratoria si finalmente tienen que regresar a su país. Según explicó, «hay soldados de Marruecos en Ceuta» que «han huido y han dejado su trabajo», encontrándose en las mismas condiciones que el resto de los inmigrantes. Y precisamente, aseguró según las fuentes consultadas, «eran los que más intentaban quedarse en Ceuta porque si vuelven a Marruecos...».

Este mismo testigo contó que cuando se acercó a la frontera el 30 de julio policías marroquíes les indicaban «que bajasen a la playa» y una vez allí había policías que les instaban a tirarse al agua (la mayor parte de quienes entraron en la ciudad autónoma de forma ilegal lo hicieron a nado, tras la sentencia del Tribunal Supremo que puso coto a las devoluciones en caliente cuando se llega a Ceuta por mar).

Por otro lado, el Cenif ha entregado ya a Tardón un vídeo grabado en la frontera de Ceuta el pasado 30 de julio en el que identifica a 24 supuestos «dinamizadores» del asalto a la ciudad autónoma. Como adelantó LA RAZÓN el pasado 9 de septiembre, tras revisar las imágenes la Policía había podido identificar a más de una veintena de personas. Ahora, esa información está ya en manos de la instructora, así como otro vídeo centrado en la actitud pasiva de los agentes marroquíes uniformados desplazados a la zona. Al menos cinco de esos «dinamizadores» sobre el terreno han sido reconocidos ya por los tres inmigrantes que colaboraron con la Policía española y que ayer mismo testificaron por videoconferencia ante la juez Tardón.