Ante la tozudez de la realidad, habrá que colegir que la gestión gubernamental de los intereses públicos solo ha destacado, si es que se puede utilizar ese término, en la exacción fiscal de empresas y trabajadores y en unas políticas clientelares, que la propaganda oficial denomina «sociales», que, como ejemplifica el caso del Ingreso Mínimo Vital (IMV), es uno de los factores de la cronificación de la pobreza que se sufre en amplias capas de la población. De hecho, ante las tragedias ferroviarias de Adamuz y de Urda, sucedidas en menos de diez meses y en la misma línea de Alta Velocidad, la que va de Madrid a Sevilla, que es la más antigua de la red, podría decirse que son el compendio de una gestión política negligente y no exenta de soberbia, pecado capital del sanchismo que condiciona cualquier asunción de la responsabilidad y, por lo tanto, el reconocimiento del yerro y la voluntad de corrección. En el tiempo transcurrido entre las dos catástrofes de Adamuz y Urda, la acción del Gobierno, cuyo máximo representante en el ámbito concernido es el todavía ministro de Transportes Óscar Puente, se ha caracterizado por el ocultamiento de las causas, la insistencia en mantener operativa la red del AVE por encima de las limitaciones que aconsejaba el estado de la vía afectada y de unos sistemas de seguridad en el final de su vida útil, la total displicencia con que se despachaban los avisos y advertencias de los mejores profesionales del ferrocarril y, finalmente, el despliegue masivo de la propaganda para disimular lo que experimentaban en el día a día los usuarios, como si el mantenimiento de la minería electoral fuera el único denominador común del Ejecutivo sanchista. Pero si esta descripción de la acción gubernamental corresponde a los últimos nueve meses, es obligado señalar que no se ha llegado a este punto de deterioro de la red ferroviaria en un tiempo corto, sino que ha sido el resultado de ocho años de infrafinanciación del servicio, reducción presupuestaria de los trabajos de mantenimiento y revisión, contratos en baja temeraria de unos sistemas de seguridad modernos para la línea Madrid-Sevilla que tenían que haber entrado en servicio a primeros de este año, pero que siguen en proceso de instalación, y, sobre todo, la implementación de una política laboral en la que se ha primado la vinculación a las distintas familias socialistas de los altos dirigentes de Adif y Renfe por encima de la aptitud profesional para unos cargos con mucha exigencia técnica. Y todo ello, por cierto, cuando ningún otro gobierno de la reciente historia de la democracia española había disfrutado de unos ingresos fiscales de récord, los más altos del periodo, y de las enormes aportaciones de los fondos de recuperación de la Unión Europea. El déficit de inversión en las infraestructuras es, por supuesto, una realidad sangrante frente a la pesada carga impositiva impuesta a los ciudadanos, que machaca a las clases medias y trabajadoras, y el crecimiento imparable de la deuda pública que está experimentando España. Nos hallamos ante el inevitable acto final de un gobierno negligente, que no tiene más asideros que la propaganda, pero que pretende seguir dando lecciones.