Starlink está comunicando a algunos clientes que sus cuotas dependerán de la capacidad de la red y de la demanda en su zona. Si sobra capacidad en la zona, podría bajar el precio; lo contrario, si la demanda aumenta. Todo ello con la misma tarifa.

En España ya se están notificando rebajas. Algunos abonados al plan de 100 Mbps pasarán de pagar 35 a 31,50 euros al mes. Sin embargo, la compañía advierte de que podrá modificar este importe, aunque avisará con un mes de antelación.

La misma conexión cambia su precio según dónde vivas

La clave de este modelo radica en cuántos clientes utilizan la red y qué capacidad tiene para atenderlos. Si dispone de más recursos en una zona, Starlink puede abaratar el servicio. En cambio, si aumenta la demanda, puede encarecerlo. Por tanto, el domicilio influye en la cuota, incluso entre usuarios que contratan el mismo plan.

De hecho, las diferencias ya se aprecian en Estados Unidos. El plan Residencial Max figura a 104 dólares mensuales en Marysville, Kansas, mientras que en Rolla, Misuri, alcanza los 156 dólares. Son 52 dólares de diferencia por la misma modalidad.

En España, Starlink avisará con un mes de antelación antes de aplicar un cambio de precio. Esto significa que el cliente conocerá la nueva cuota un mes antes de que entre en vigor, lo que no implica que vaya a cambiar todos los meses.

En Estados Unidos, las comunicaciones recogidas por medios especializados hablan de revisar los precios aproximadamente trimestralmente, aunque cada revisión no tiene por qué acabar en una subida o una rebaja.

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Para las nuevas contrataciones, Starlink permite consultar el precio por domicilio en su web. Basta con introducir la dirección donde se instalará la antena para comprobar las opciones disponibles y su coste. Así, que un cliente reciba una rebaja no significa que ese mismo descuento esté disponible para cualquier vivienda de España.

Las bajas médicas se han convertido en una de las principales preocupaciones del mercado laboral español. Su evolución refleja una tendencia al alza que ha ganado fuerza durante los últimos años y que afecta tanto a trabajadores como a empresas. Según el Observatorio de Absentismo Laboral de la Asociación de Empresas de Fabricantes y Distribuidores (Aecoc), elaborado por Marlex y Umivale Activa, entre 2018 y 2024 el absentismo por incapacidad temporal aumentó un 44%. Una evolución que se traduce en una media de 4,9 semanas perdidas por enfermedad por trabajador y año, una cifra que evidencia la dimensión que ha adquirido este fenómeno.

Uno de los datos más llamativos del informe tiene que ver con la edad de los trabajadores que solicitan una incapacidad temporal. Los menores de 35 años ya representan el 52% de los procesos iniciados y encabezan la lista de los grupos con mayor incidencia. Entre 2018 y 2024, las bajas en esta franja de edad aumentaron un 152%, hasta alcanzar los 41 procesos por cada 1.000 trabajadores. Este escenario refleja una transformación en el perfil del absentismo laboral y pone sobre la mesa la importancia de conocer los derechos económicos que acompañan a una baja médica, especialmente cuando una enfermedad obliga a interrumpir la actividad profesional en más de una ocasión.

Precisamente, el Gobierno va a introducir nuevos cambios en la tramitación y el cálculo de las prestaciones por incapacidad temporal a partir del próximo 1 de diciembre. Una de las modificaciones más relevantes afecta a la base de cotización que se utiliza para determinar cuánto dinero cobrará un trabajador durante su baja. Hasta ahora se tomaba como referencia la del mes anterior, pero la nueva regulación establece que se utilizará la correspondiente al mes inmediatamente anterior al mes previo al inicio de la incapacidad.

Sin embargo, existe una circunstancia que puede cambiar la aplicación de esta modificación y que conviene tener en cuenta. Se trata de las recaídas de procesos anteriores, una cuestión que ha explicado Míriam Ruiz Acosta, abogada de Compromiso Legal, conocida en redes sociales por sus publicaciones divulgativas sobre los derechos laborales de los trabajadores. En uno de sus últimos vídeos, la abogada aborda precisamente qué sucede cuando una persona recibe una nueva baja médica después del 1 de diciembre, con el Real Decreto-ley 31/2026, pero esta corresponde a una recaída de un proceso anterior.

El cambio a las nuevas bajas médicas y la actuación en las recaídas

Ruiz Acosta recuerda que el cambio de cálculo se aplicará a las nuevas bajas médicas iniciadas a partir de esa fecha. Esto significa que, si un trabajador recibe una baja el 15 de diciembre, su prestación se calculará tomando como referencia la base de cotización de octubre y no la de noviembre, como sucedía anteriormente. No obstante, la especialista advierte de que no todas las situaciones deben tratarse como un proceso nuevo, ya que una recaída tiene unas particularidades que pueden mantener el criterio de cálculo anterior.

«¿Pero qué pasa si esa nueva baja médica es una recaída de un proceso anterior?», plantea la experta. Según explica, en ese supuesto no se trataría de una nueva incapacidad temporal, sino de la continuación de un proceso previo. Por este motivo, se mantendría la normativa anterior y la prestación se calcularía sobre la base de cotización del mes inmediatamente anterior a la baja inicial, aunque la recaída se produzca después del 1 de diciembre. La distinción resulta especialmente importante para quienes hayan tenido una enfermedad reciente y vuelvan a necesitar una baja, puesto que la fecha de inicio del nuevo episodio no determina por sí sola qué criterio debe utilizarse para calcular la prestación.

El 1 de diciembre comienza el cambio en las incapacidades

La clave está en saber cuándo una nueva incapacidad temporal puede considerarse legalmente una recaída. La normativa de la Seguridad Social establece que debe tratarse de una baja por la misma o similar patología producida dentro de los 180 días naturales siguientes a la fecha de efectos del alta médica anterior. Es decir, aproximadamente seis meses desde que terminó el proceso previo.

Por tanto, no basta con volver a encontrarse mal o solicitar una nueva baja poco tiempo después, sino que deben cumplirse las condiciones médicas y legales para que ambos episodios se consideren parte de un mismo proceso. Ruiz Acosta insiste en que su explicación se refiere específicamente a las recaídas y no a las nuevas bajas médicas, para las que sí entrará en juego el nuevo sistema de cálculo a partir del 1 de diciembre.

Durante lo últimos días conocimos la noticia de que el Banco Central Europeo ha decidido mantener los tipos de interés sin cambios en su última reunión del 29 de octubre, una decisión que da un respiro al mercado financiero, aunque no despeja las dudas sobre su evolución en los próximos meses. La institución ha optado por conservar la tasa de depósito en el 2,5%, la de las operaciones principales de financiación en el 2,65% y la facilidad marginal de crédito en el 2,90%. El organismo prefiere ganar tiempo antes de tomar nuevas decisiones y observar cómo evolucionan los precios, especialmente después del reciente repunte de la inflación.

La incertidumbre, por tanto, continúa instalada en el mercado hipotecario. Aunque el BCE ha optado por una pausa, no ha descartado nuevos movimientos y mantiene una estrategia condicionada por los próximos indicadores económicos. Diciembre será una fecha especialmente relevante, ya que la institución publicará nuevas previsiones macroeconómicas que permitirán evaluar con mayor perspectiva la evolución de la inflación y el crecimiento. Mientras tanto, los compradores siguen pendientes de cualquier cambio que pueda encarecer la financiación y alterar sus planes de adquirir una vivienda.

En este contexto, la demanda de préstamos hipotecarios ha registrado un desplome del 27% en la eurozona durante el tercer trimestre de 2026, según la última encuesta de préstamos bancarios del BCE. Se trata de la mayor contracción desde 2023 y supera ampliamente el retroceso del 15% registrado durante el trimestre anterior.

Los principales motivos señalados por la institución son el incremento de los tipos de interés, la pérdida de confianza de los consumidores y el deterioro de las perspectivas del mercado inmobiliario. Montse Cespedosa, asesora financiera y experta en hipotecas con miles de seguidores en redes sociales gracias a sus publicaciones divulgativas sobre economía, ha analizado este fenómeno en uno de sus últimos vídeos.

Una experta analiza la situación del mercado hipotecario

"La demanda de hipotecas se desploma este tercer trimestre de 2026", advierte la especialista, que identifica una combinación de factores detrás de este frenazo. Por un lado, señala la subida de los tipos de interés, que encarece los préstamos y reduce la capacidad de endeudamiento de las familias. Por otro, apunta a la incertidumbre que rodea al mercado inmobiliario, donde los compradores encuentran cada vez más dificultades para tomar una decisión.

A todo ello se suma un problema que condiciona cualquier operación, unos precios de la vivienda que, en muchas zonas, ya resultan inaccesibles para buena parte de la población. La consecuencia es un mercado en el que quienes necesitan financiación se lo piensan dos veces antes de comprometerse durante décadas.

¿Este fenómeno supone una oportunidad para los compradores?

Sin embargo, Cespedosa considera que este frenazo también puede abrir una oportunidad para quienes estén preparando una operación de compraventa. La experta sostiene que se está produciendo una situación especialmente favorable para negociar tanto el precio del inmueble como las condiciones de financiación. La menor demanda de hipotecas y la incertidumbre que rodea al sector pueden dar más margen de negociación a determinados compradores frente a vendedores y entidades bancarias.

"Estamos en la punta del momento perfecto para negociar el precio de la vivienda y el precio de la hipoteca", asegura. Su recomendación es clara, no conformarse con la primera oferta que presente el banco y aprovechar el contexto para comparar propuestas y presionar en la negociación. De hecho, la asesora considera que se trata de uno de los mejores momentos de los últimos tres años para negociar con las entidades financieras.

"Es el momento perfecto para apretar a los bancos", insiste, dirigiéndose especialmente a quienes tienen previsto comprar una vivienda o tramitar una hipoteca próximamente. No obstante, el retroceso de la demanda no significa que todas las operaciones vayan a conseguir mejores condiciones ni que los precios de los inmuebles tengan que bajar automáticamente. La solvencia, los ahorros disponibles y el perfil de cada comprador seguirán siendo determinantes para acceder a un préstamo.

Tanto el mercado del alquiler como el de compraventa atraviesan un escenario marcado por unos precios cada vez más difíciles de asumir, unas condiciones de acceso exigentes y una oferta insuficiente en las zonas con mayor demanda. La dificultad para emanciparse, encontrar un alquiler asequible o reunir los ahorros necesarios para comprar una casa ha terminado por trasladar el problema a las calles, donde las reivindicaciones por una vivienda digna han ganado protagonismo durante las últimas semanas.

El malestar social quedó especialmente patente el pasado 3 de octubre, cuando decenas de miles de personas salieron a manifestarse en más de 50 ciudades españolas para reclamar soluciones a la crisis habitacional. Las movilizaciones, convocadas por los sindicatos de inquilinos, coincidieron con el rechazo del Congreso al Real Decreto-ley 26/2026, que recogía distintas medidas para facilitar el acceso a la vivienda y reforzar la protección de los arrendatarios. Tras su derogación parlamentaria, el Gobierno aprobó el 6 de octubre un nuevo texto, el Real Decreto-ley 29/2026, publicado en el BOE el día 7 y en vigor desde el 8 de octubre.

La nueva norma recupera buena parte de las medidas anteriores e incorpora modificaciones destinadas a reforzar la protección de los colectivos más vulnerables. Sin embargo, su recorrido parlamentario todavía no ha terminado. Al encontrarse disueltas las Cortes Generales por la convocatoria de elecciones, la convalidación o derogación del nuevo decreto corresponde a la Diputación Permanente del Congreso, el órgano que mantiene determinadas funciones de la Cámara durante este periodo. Según establece la Constitución, este organismo puede debatir y votar la continuidad de los reales decretos ley dentro del plazo de 30 días desde su promulgación.

Su decisión será determinante para el futuro de unas medidas que afectan directamente al mercado inmobiliario y, especialmente, a quienes atraviesan dificultades para mantener una vivienda. Entre ellas destaca un nuevo mecanismo de protección para los inquilinos en situación de vulnerabilidad económica, que introduce una responsabilidad directa de la Administración cuando se produce un desahucio por impago.

Así actúa la Administración cuando hay un inquilino vulnerable

Jordi Rodríguez, asesor inmobiliario y experto en el mercado de la compra y venta de propiedades que se ha dado a conocer en redes sociales por su contenido divulgativo, expone los pasos que sigue la Administración cuando un inquilino se encuentra en una situación vulnerable. "Te voy a decir algo que, como propietario, te va a sonar a ciencia ficción, pero es real. Tu próximo moroso podría ser una Administración pública", comienza explicando el profesional. Esta actualización viene esclarecida en la normativa que entró en vigor el pasado 8 de octubre.

"Si tu inquilino no paga y acredita una situación de vulnerabilidad, la Administración tiene un plazo de dos meses para realojarlo o pagar la deuda. Si no actúa, asume la deuda y se frena el desahucio", agrega. De esta manera, es deber de la propia Administración hacerse cargo de la deuda en determinadas ocasiones y cuando las circunstancias son las correctas. No obstante, el experto incide en un factor que muchos no tienen en cuenta. "Pero ojo con la letra pequeña. No se fija cuándo cobrarás las siguientes mensualidades, aunque se contemplan unos intereses por demora y tu piso sigue ocupado", informa.

Esto es lo que pasa con los desahucios que no han llegado al lanzamiento

Rodríguez esclarece los casos en los que el organismo actúa de oficio para garantizar el bienestar de los inquilinos. Además, los fondos cuentan con un trato especial. "Para determinados fondos, se establece una suspensión hasta 2030 sin una compensación. También afecta a los desahucios iniciados que todavía no han llegado al lanzamiento", indica. Asimismo, compara esta situación con la sucedida en pandemia. "¿Recuerdas el COVID? Todavía hay unos propietarios esperando cobrar", concluye. De todas formas es preciso destacar que el paso por la Diputación Permanente podría ser clave.