Constantine pasó dos semanas durmiendo en el metro de Madrid. Por la noche caminaba sin rumbo por el centro, por miedo a sufrir una agresión. A partir de las seis de la mañana entraba en la línea 6 para intentar descansar en los vagones. «Había gente que me despertaba por si me pasaba de parada», recuerda. Llevaba años viviendo en España, pero los problemas con su documentación la habían dejado en una situación de vulnerabilidad. Ahora vive en un alojamiento temporal de Cáritas Madrid y ha firmado un contrato para trabajar en las tiendas Moda-Re. Su situación ha empezado a cambiar, aunque todavía tiene asuntos pendientes que resolver.

Su historia muestra cómo las dificultades administrativas pueden acabar afectando a la vivienda y al empleo, y la importancia de contar con una red de apoyo para salir adelante. También refleja una de las reivindicaciones del tercer sector madrileño: disponer de mayor estabilidad para mantener sus proyectos y acompañar a las personas durante procesos que no se resuelven de un día para otro. El debate volvió a la actualidad el pasado 20 de octubre, durante el II Congreso del Tercer Sector de la Comunidad de Madrid, celebrado en el Espacio Fundación Telefónica. El encuentro reunió a más de 250 personas y a representantes de PP, Más Madrid, PSOE y Vox para debatir las prioridades sociales de la próxima legislatura, entre 2027 y 2031.

La Plataforma del Tercer Sector aprovechó la cita para reclamar una ley autonómica que reconozca el papel de estas organizaciones y les proporcione mayor seguridad jurídica y financiera. «Hoy una entidad puede atender a una persona, pero no puede garantizarle que seguirá acompañándola dentro de un año», explica a este periódico Mariano Casado, presidente de la Plataforma del Tercer Sector de la Comunidad de Madrid. Según señala, muchos programas dependen de convocatorias anuales que pueden resolverse tarde y cuyos pagos se demoran. Esto dificulta planificar a largo plazo procesos de inserción laboral, autonomía personal o salida de la exclusión social.

La vivienda, una de las principales dificultades

Cáritas Madrid atiende aproximadamente a 85.000 personas al año. En los dos últimos ejercicios, la mejora del empleo y otros factores han permitido reducir esa cifra respecto a años anteriores, cuando rondaba las 100.000 personas. Sin embargo, algunas necesidades siguen siendo especialmente difíciles de cubrir. «Los problemas de acceso a una vivienda adecuada» son, según Víctor Rodríguez Pelarda, coordinador técnico de Análisis Social, Transformación e Innovación de Cáritas Madrid, la principal dificultad actual. La falta de vivienda puede convertirse en un obstáculo para recuperar la estabilidad y acceder a un empleo.

El caso de Constantine lo ilustra. Tras nueve años en Madrid, todavía no tiene toda su documentación en regla. Durante los primeros cinco años contó con una autorización de residencia vinculada a su pareja de hecho, de nacionalidad española. Después comenzaron los problemas administrativos y pasó cuatro años sin papeles. La ayuda de un abogado de Cáritas y la regularización extraordinaria han abierto una vía para resolver su situación. Mientras tanto, el acompañamiento de la entidad le ha permitido acceder a un alojamiento temporal y firmar un contrato de trabajo. Sus dos hijos adolescentes continúan en su país de origen, al cuidado de sus hermanas.

La historia de Edith también refleja cómo se encadenan las dificultades. Psicólogo ciego, huyó de México después de que mataran a su madre y a su hermano y de sufrir agresiones, amenazas y extorsiones. Llegó a España para estudiar un máster, pero terminó durmiendo durante meses en el sofá de una vivienda y después pasó por una situación de calle. Entonces comía una vez al día porque desconocía la existencia de los comedores sociales. Ahora se enfrenta a otra barrera: ha solicitado la regularización extraordinaria, pero necesita un certificado de discapacidad que todavía no ha recibido para poder acceder a un empleo.

Proyectos que no llegan a todos

Desde Cáritas reconocen que no siempre pueden responder a todas las necesidades que detectan. «No es posible responder a todas las necesidades sociales no cubiertas por los servicios públicos con los recursos con los que contamos las entidades sociales», señala Rodríguez Pelarda. La incertidumbre de las subvenciones también dificulta la planificación. Si las ayudas cambian de un año a otro, resulta más complicado mantener los proyectos e invertir en mejoras de las instalaciones o en los medios necesarios para atender a los usuarios. ¿Qué haría Cáritas si tuviera garantizada una financiación estable? Su respuesta es clara: «Dedicar más recursos a mejorar la calidad de vida y acceso a derechos de las personas».

La Plataforma del Tercer Sector coincide en que la financiación estable es fundamental para afrontar otras dificultades, como la carga burocrática o la contratación de profesionales cualificados. Su presidente sostiene que las necesidades sociales son cada vez más complejas, mientras que los recursos no siempre crecen al mismo ritmo ni ofrecen la continuidad necesaria. La ley que reclama la Plataforma tendría tres objetivos principales: reconocer al tercer sector como interlocutor estable de la Administración, establecer un marco de financiación plurianual y simplificar los trámites administrativos.

«La intervención social no funciona por convocatorias, funciona por continuidad», resume Casado. La organización recuerda que ya existe una ley estatal y que varias comunidades autónomas cuentan con normativa propia. Tras el congreso, trasladará a los cuatro grupos parlamentarios un documento de propuestas para el periodo 2027-2031. Su objetivo es que la ley figure en sus programas y se impulse durante la próxima legislatura.

La Comunidad defiende las herramientas actuales

Por su parte, la Consejería de Familia, Juventud y Asuntos Sociales de la Comunidad de Madrid considera que la actividad del tercer sector ya está regulada «de forma eficaz» mediante distintas normas estatales y autonómicas. Además, de reconocer que los avances en digitalización de los servicios sociales y en gestión sociosanitaria pueden hacer necesario ampliar la normativa vigente.

Sobre la continuidad de los proyectos, la Consejería señala varias vías: las licitaciones de contratos que permitan mantener los servicios en el tiempo, los programas europeos con cofinanciación y las subvenciones concedidas mediante concurrencia competitiva a organizaciones sin ánimo de lucro. La Administración regional defiende que los contratos y una adecuada gestión de los fondos europeos contribuyen a la sostenibilidad de las iniciativas. También destaca su Cartera de Servicios Sociales, que reúne y regula las prestaciones, los recursos y los servicios del sistema público regional y que considera una de las más extensas y completas de España.

La diferencia está, por tanto, en cómo garantizar la continuidad de la atención. Mientras la Comunidad defiende los mecanismos existentes, la Plataforma reclama un marco específico que proporcione mayor estabilidad y reconozca formalmente al sector como interlocutor.

Salir de la calle no siempre es definitivo

La historia de Daniel muestra hasta qué punto los procesos de inclusión pueden estar marcados por avances y retrocesos. Natural de Cádiz y con 49 años, lleva desde 2011 en situación de sinhogarismo. Tras llegar a Madrid pasó por distintos recursos asistenciales y consiguió trabajar como carretillero en un almacén de carnes. Cuando terminó aquella relación laboral, volvió a quedarse en la calle y regresó a un recurso asistencial, donde permaneció durante tres años.

Más tarde logró trabajar como conductor de VTC durante once años, aunque de forma intermitente. Los problemas de adicciones y las recaídas han añadido dificultades a su proceso de inclusión y a su estabilidad laboral. Ahora quiere visibilizar la inseguridad y la violencia que sufren las personas sin hogar y reclama mayor conocimiento y protección. Historias como las de Constantine, Edith y Daniel muestran que salir de una situación de vulnerabilidad no depende de una única ayuda. Hace falta tiempo, acompañamiento y, en ocasiones, la coordinación de distintos recursos.

Ese es el mensaje que el tercer sector quiere trasladar a la próxima legislatura: que la respuesta social no dependa únicamente de proyectos que pueden cambiar de un año a otro. La Comunidad considera que las herramientas actuales permiten sostener esa atención; las entidades piden garantías para planificarla. El debate sobre una ley propia tendrá que abordar cómo asegurar que quienes necesitan apoyo puedan seguir recibiéndolo mientras reconstruyen sus vidas.