El exmagistrado del Tribunal Constitucional Manuel Aragón ha hecho un llamamiento este lunes en defensa de la Constitución apelando a los valores de "concordia y consenso" con los que nació. Durante su intervención en la apertura de curso de las Reales Academias del Instituto de España, el también catedrático ha recordado que la Carta Magna "ha resistido dos intentos de golpe de Estado", en 1981 y en 2017, en referencia a la declaración unilateral de independencia del gobierno de Carles Puigdemont en octubre de 2017.

"(La Constitución) ha resistido dos intentos de golpe de Estado, en 1981 y en 2017, gracias al apoyo a nuestro sistema constitucional por las principales fuerzas políticas y los ciudadanos, a la correcta actuación de nuestro Estado de Derecho y gracias, muy especialmente, a la decidida e inmediata defensa de la Constitución por nuestro Rey anterior y nuestro Rey actual", ha asegurado en el acto que ha contado con la presencia del Rey Felipe VI y del ministro de Justicia, Félix Bolaños.

Con todo, el jurista ha avisado de que en la actualidad existen "riesgos" que se ciernen sobre la democracia institucional. Entre ellos ha enumerado el abandono de la concordia y del consenso en la política española. "Las constituciones decaen si no se fomenta la cultura política y cívica que le sirven de base, es decir, si no se respetan y vigorizan las condiciones que han de regir en la democracia constitucional", ha expuesto.

"Estado seriamente debilitado"

De hecho Aragón ha alertado que el Estado de Derecho "se encuentra hoy en España seriamente debilitado"; una circunstancia que solo puede revertir con un "cambio profundo" de la política. El también miembro de la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación de España advirtió también de que para preservar el Estado de Derecho las instituciones deben ejercer sus funciones "de manera ejemplar".

Del mismo modo, ha apuntado que las leyes, además de ser "claras" y estar destinadas a los intereses generales "y no de cualesquiera intereses particulares". Al hilo ha pedido que, en las relaciones entre el Poder legislativo y el Poder Ejecutivo, se cumplan las reglas del parlamentarismo. "Que en la contienda entre partidos no se considere a los contrarios como enemigos a los que hay que destruir sino como adversarios con los que hay que discutir, pero también que pactar", ha dicho.

"Difícil situación política"

Aunque no ha hecho alusiones concretas, Aragón sí ha admitido que el "debilitamiento" de nuestro Estado constitucional trae, como consecuencia, una "difícil situación política". Según ha precisado, esta situación se da también en otras democracias constitucionales, aunque ello no debe servir de "consuelo" ya que en España, se da con una "especial intensidad". El origen de este debilitamiento reside en una "muy grave erosión de determinadas instituciones".

"(Ello) no solo está produciendo una desafección ciudadano sino también una extrema polarización ideológica que, si no se remedia, puede convertirse en una auténtica polarización social", ha avisado. "No conviene olvidar que, como demuestra la historia, las democracias suelen perecer no tanto por la fuerza de sus enemigos como por la incompetencia, debilidad e incluso traición de los que debieran ser sus amigos, es decir, por la erosión de las instituciones democráticas", ha concluido.

Los magistrados Juan Carlos Campo y Ramón Sáez Valcarce consideran que el rechazo de la mayoría del Tribunal Constitucional a estudiar el recurso del Defensor del Pueblo por la "ley de nietos" es un "fracaso" y tendrá "graves consecuencias". Los magistrados del tribunal de garantías precisan en un voto particular que el fondo del asunto (relativo al derecho a voto de más de 160.000 nacionalizados) "marcan la historia de un tribunal constitucional".

En sus votos, a los que ha tenido acceso LA RAZÓN, los dos magistrados progresistas discrepan de la mayoría, que consideró que el recurso era "prematuro" porque no se había agotado la vía jurisdiccional. Diez de los doce miembros del tribunal de garantías -incluido el presidente Cándido Conde-Pumpido- respaldó la ponencia de Enrique Arnaldo, que se opuso a admitir el recurso del defensor del pueblo, Ángel Gabilondo, a la espera de que el Tribunal Supremo agotara el trámite de alegaciones vigente en el momento en que se deliberó el recurso.

Sin embargo, los dos discrepantes consideran que se tenía que haber admitido a trámite porque el asunto es de "envergadura". "La decisión de la que discrepamos tampoco pone en cuestión la especial trascendencia constitucional del recurso, que no solo plantea una cuestión de fondo novedosa para la jurisprudencia constitucional, sino que tiene una indudable importancia para la general eficacia de la Constitución", exponen.

"Un caso clave"

Al hilo recuerdan que sobre la mesa está el derecho a voto de más de 160.000 españoles que se nacionalizaron a tenor de lo recogido en la disposición adicional octava de la Ley de Memoria Democrática, conocida como la ley de nietos. Esta disposición, que se reguló a través de la Instrucción de 25 de octubre de 2022, abrió la puerta a nacionalizar a los descendientes de españoles en el extranjero, sin necesidad de probar el exilio que reconoce la ley.

Ante la suspensión cautelar acordada por el Supremo, Campo y Sáez consideran que no se puede hacer una "interpretación formalista" como hizo la mayoría del Pleno, toda vez que está en juego "la suspensión masiva del derecho fundamental al sufragio del que son titulares miles de ciudadanos en unas elecciones generales convocadas". Así, indican que la jurisprudencia abre la puerta a que la exigencia procesal de agotar la vía judicial antes de acudir al TC pueda ser interpretada "de manera flexible y finalista". De hecho, dicen que esta "flexibilidad" es un principio esencial también de la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH).

En relación con el trámite de alegaciones que tenía abierto el Tribunal Supremo, los discrepantes consideran que no genera "una oportunidad real y útil" de recurso para los afectados por dos motivos: por el corto plazo que se dio y por "el gran número de afectados que residen fuera de España". Por ello consideran que este portazo del TC al recurso del Defensor del Pueblo puede producir "un efecto desaliento del ejercicio de un derecho fundamental".

"Nos apartamos de un caso que consideramos clave para nuestra historia constitucional", inciden y concluyen: "Solo cabe lamentar el fracaso de nuestro ordenamiento jurídico constitucional para ofrecer un cauce que permita preservar de manera efectiva el derecho fundamental de sufragio de docenas de miles de ciudadanos, hijos, y nietos del exilio provocado por la guerra civil y la dictadura"

La investigación a las "cloacas del PSOE" aguarda a incorporar información clave para el futuro procesal del propio partido. Los servicios jurídicos de Ferraz tienen 15 días de plazo (a contar desde el viernes pasado) para entregar al juzgado el listado de letrados, despachos y consultores contratados entre el año 2021 y 2025. Se trata de documentación que Ferraz se resiste a entregar a la Audiencia Nacional pero que va a determinar si se le termina imputando al fallar sus controles internos.

El PSOE pretendía evitar que esta entrega coincidiera con la contienda electoral, pero Pedraz ha advertido que lo quiere "sin más demora" y al margen de si el Consejo General de la Abogacía Española advierte una vulneración del secreto profesional por tratarse del servicio de letrados.

El material que estudiará la Guardia Civil en cuanto entre en el juzgado es determinante, sobre todo después de que la Fiscalía Anticorrupción apuntara a los "múltiples indicios" existentes contra el propio partido. El motivo reside en que la información sobre los pagos a los abogados contratados permitirá esclarecer dos extremos determinantes, según informan a LA RAZÓN fuentes de la investigación. El primero de ellos es el relativo a si falló el sistema de cumplimiento normativo (el "compliance") del PSOE y el segundo es esclarecer si, como ya ha ocurrido, detrás de algunos de estos abonos se encuentra Leire Díez.

El "compliance" del PSOE

En su primer requerimiento, del 6 de octubre, Pedraz explicó al partido que solicitaba esta información a tenor de lo que declaró en esta misma causa la gerente Ana María Fuentes el 9 de septiembre. En su interrogatorio dijo que el entonces "número tres", Santos Cerdán, ostentaba la máxima responsabilidad en la ordenación de los pagos a los bufetes de abogados que acabaron derivando el dinero a Leire Díez.

A la entonces responsable de cumplimiento normativo le preguntaron por los abonos de Ferraz a Zaño Sociedad Consultora S.L (perteneciente al exconsejero socialista Gaspar Zarrías) y a dos sociedades de Ismael Oliver (quien fuera abogado de Koldo García y que también está investigado en esta causa).

La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil detectó que el PSOE abonó 36.000 euros a esta sociedad entre agosto y noviembre de 2024 (en plena operación de las cloacas del partido) y que la consultora, por su parte, abonó cuatro mensualidades de 4.000 euros a la «fontanera» Leire Díez. La contratación se produjo a través del departamento de Compras y de Gerencia, que entonces dirigía Fuentes Pacheco. Posteriormente, en enero de 2025, Díez recibió una transferencia de 27.225 euros proveniente de Oliver Gruppe S.L, de Ismael Oliver. Se trata de una cantidad que luego reembolsó el PSOE a este abogado a través de otra sociedad suya: Estudio Jurídico I. Oliver and partners.

Ahora Pedraz quiere analizar todos los contratos de esta índole suscritos entre 2021 y 2025, aunque le reconoció al partido su facultad de no entregar información que le pueda incriminar o que esté afectada por el secreto profesional. El material reclamado arrojará luz sobre los sistemas de control del partido. Cabe recordar que la reforma legal en 2010 que abrió la puerta a la imputación de personas jurídicas (y, por ello, de las formaciones políticas) introdujo la necesidad de que estos entes cuenten con sistemas de "compliance" para evitar su responsabilidad penal en hechos cometidos por los empleados.

El destino final de los pagos

En el caso del PSOE el sistema de cumplimiento normativo se recoge en su Código Ético y de Conducta que se ha ampliado bajo el liderazgo de Pedro Sánchez. El mismo determina, en lo que respecta a la contratación de proveedores, que se comprometen a comprobar "la reputación y solvencia profesional" de las personas físicas con las que establezca «relaciones comerciales» mediante, dicen, "una homologación previa a la contratación del servicio".

Sin embargo, la responsable de los controles internos de Ferraz confirmó que se contrató a las sociedades que pagaron a Leire Díez (y también al abogado de Santos Cerdán, Jacobo Teijelo) por orden de Cerdán. De hecho dijo que las contrataciones de Teijelo y Oliver respondieron a la voluntad del entonces secretario de Organización, en la medida en que tenía "plenas facultades" para contratar estos servicios.

De constatarse que estas contrataciones se hicieron sin seguir los cauces reglamentarios, el partido podría acabar imputado como responsable último de los pagos a Leire Díez. Además, los investigadores tampoco descartan que, de la documental requerida, aparezcan nuevos abonos que refuten la tesis de Anticorrupción y de la acusación popular (que lidera el PP) acerca de que estos abonos constituirían una retribución encubierta a las cloacas para financiar sus maniobras, consistentes en boicotear las causas judiciales que afectan al entorno de Sánchez y al propio PSOE.