Ayer Óscar Puente decidió no dimitir. Hoy Pedro Sánchez tiene la obligación de cesarlo. No puede seguir actuando como si las tragedias ferroviarias fueran acontecimientos ajenos a la gestión de su Gobierno. 115 muertos en apenas nueve meses, 46 en Adamuz y 69 en Toledo -todavía provisionalmente- constituyen una razón suficiente para exigir responsabilidades políticas al máximo responsable de Transportes. El ministro tiene la obligación de responder por el funcionamiento y la seguridad de una infraestructura esencial del Estado. Y el presidente no puede esconderse detrás de una investigación técnica para evitar una decisión que le corresponde exclusivamente a él.

Sánchez reconoció ayer que resulta inasumible que España haya sufrido dos accidentes de alta velocidad en un mismo año. La afirmación encierra una contradicción difícil de justificar: si la situación es inasumible, ¿por qué el Gobierno no asume ninguna consecuencia política? ¿Cuántas tragedias deben producirse para que el presidente considere necesario relevar al responsable de Transportes? El duelo institucional, la solidaridad con las familias y las promesas de llegar hasta el final son obligaciones elementales, pero no pueden ser la coartada para aplazar más la rendición de cuentas.

La explicación del error humano es indigna, como engaño a las víctimas y a los españoles. El propio relato facilitado por Transportes revela una cadena de anomalías que obliga a mirar mucho más allá de la actuación de un controlador. Igualmente, resulta inadmisible que las conversaciones de los profesionales afectados hayan sido difundidas públicamente, de manera selectiva, en la noche en la que todavía se buscaban cadáveres entre los amasijos de hierro de los trenes. Transportes y Adif deben explicar cómo se custodiaban y por qué lo primero que han hecho es utilizarlas para construir precipitadamente un relato de culpabilidad individual que desvíe la atención de las responsabilidades superiores.

El sindicato CSIF ya ha reclamado la dimisión de Puente y ha denunciado el intento de convertir al trabajador de Adif en un chivo expiatorio cuando apenas ha comenzado la investigación. La autoridad independiente encargada de investigar el accidente también ha advertido de que todavía es demasiado pronto para establecer hipótesis definitivas sobre sus causas. Dos advertencias que deberían bastar para que el Gobierno dejara de presentar una explicación provisional como si fuera una conclusión cerrada.

Puente tuvo ayer la oportunidad de presentar su dimisión y decidió continuar, pero lo más difícil de justificar hoy es la posición de Pedro Sánchez. El presidente ha comparecido esta mañana para anunciar que su Gobierno va a «reforzar la seguridad para que esto no vuelva a suceder». La pregunta es inevitable: ¿por qué no se reforzó antes? ¿Qué ha tenido que ocurrir para que el jefe del Ejecutivo descubra ahora la necesidad de extremar las garantías de seguridad de una red ferroviaria que ya había sufrido una tragedia de enormes dimensiones en Adamuz? Nueve meses después, España vuelve a contar sus muertos mientras el Gobierno vuelve a prometer que hará todo lo necesario para impedir otra catástrofe.

Sánchez habla de investigar, esclarecer y reforzar la seguridad como si acabara de llegar al Gobierno. Como si la gestión de las infraestructuras ferroviarias no dependiera de su Ejecutivo y como si Óscar Puente no fuera el ministro al que mantiene en el cargo. La responsabilidad política no consiste únicamente en acudir al lugar de la tragedia, expresar condolencias y anunciar medidas cuando ya es demasiado tarde para las víctimas. Consiste, precisamente, en responder por lo que se ha hecho y por lo que se ha dejado de hacer para evitarla. Es inadmisible que, después de, al menos, 115 muertos, el presidente pretenda resolver la crisis con otra promesa de futuro y sin exigir una sola responsabilidad política en su Gobierno. Sánchez no puede seguir prometiendo que hará mañana lo que tenía la obligación de garantizar ayer.

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La subdirectora de LA RAZÓN analiza la situación del ministro de Transportes Óscar Puente, tras producirse una nueva catástrofe ferroviaria bajo su mandato. "Cuando se producen dos tragedias en menos un año, no basta con buscar al responsable", sino que "hay que preguntarse qué ha fallado en el sistema y quién debe asumir las consecuencias".

Por otra parte, las víctima de Adamuz siguen denunciando que se sienten abandonadas y que todavía no han recibido explicaciones, atención ni respuestas. Las víctimas de este nuevo accidente de trenes "merecen algo más que condolencias", y merecen "un gobierno que no les mienta".

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Hay acontecimientos que nos recuerdan brutalmente nuestra fragilidad. La vida es imprevisible. Podemos salir de casa una mañana convencidos de que regresaremos por la noche y descubrir que el destino ha decidido otra cosa. Ninguna sociedad, por avanzada que sea, puede eliminar el riesgo ni garantizar que nunca se producirá una tragedia. Pero precisamente porque vivimos expuestos a lo inesperado necesitamos confiar en algo que debería permanecer por encima de cualquier incertidumbre: la solidez de nuestras instituciones y la responsabilidad de quienes las dirigen.

La catástrofe ferroviaria en Toledo nos enfrenta de nuevo a esa dolorosa realidad. Por segunda vez, en apenas un año, decenas de familias han visto sus vidas destrozadas por un accidente de tren. La tragedia de Adamuz todavía permanece abierta, sus víctimas siguen reclamando respuestas y España vuelve a preguntarse cómo ha podido ocurrir algo semejante. Y no podemos acostumbrarnos a que el dolor se suceda sin que las instituciones sean capaces de ofrecer todas las explicaciones y garantías que los ciudadanos merecemos.

Todavía es pronto para determinar las causas de lo ocurrido. Pero la justificación del error humano no vale. Los sistemas de seguridad están concebidos precisamente para prevenir las equivocaciones y evitar que una decisión individual tenga consecuencias irreparables. Si un fallo técnico obliga a modificar los procedimientos habituales, deben existir garantías adicionales para impedir que se produzca una catástrofe.

En este contexto, la dimisión de Óscar Puente es una exigencia de responsabilidad institucional por respeto a las víctimas. Un ministro no conduce los trenes, no controla personalmente las señales ni supervisa cada operación de mantenimiento. Pero tiene la responsabilidad última sobre la dirección política del sistema ferroviario y los organismos públicos que dependen de su departamento. Su obligación es garantizar que existen los medios, los controles, los protocolos y la organización necesarios para reducir los riesgos al mínimo razonablemente posible. Y cuando se producen dos catástrofes de semejante magnitud en tan poco tiempo, esa responsabilidad adquiere una dimensión que trasciende cualquier consideración partidista.

No debemos aceptar una cultura política en la que dimitir equivale a reconocer un delito y permanecer en el cargo se presenta como una demostración de fortaleza. La responsabilidad democrática no empieza ni termina en los tribunales. Hay decisiones que deben adoptarse por respeto a las instituciones, a los ciudadanos y, especialmente, a quienes han sufrido las consecuencias de una tragedia. Asumir responsabilidades debe ser una forma de reconocer que ningún cargo público puede situarse por encima de la confianza que está obligado a preservar.

Y esa confianza también depende de la manera en que el Estado trata a las víctimas porque en este segundo día de luto, nueve meses después de Adamuz, las familias que entonces vieron rotas sus vidas siguen denunciando una sensación de abandono que debería avergonzarnos como sociedad.

Hoy todas las víctimas necesitan verdad, justicia y reparación. También necesitamos recuperar el valor de la verdad en la vida pública. Hoy los ciudadanos merecemos un Gobierno que no nos mienta, igual que lo exigimos en el pasado con un Gobierno de otro color. Hoy se acabaron los besos de marketing, los bailes y el amor de propaganda como sustitutos de la gestión. La política no puede reducirse a una sucesión de gestos, eslóganes y escenificaciones de cercanía porque los ciudadanos no necesitamos que nuestros gobernantes nos quieran delante de las cámaras. Necesitamos que nos protejan, que administren con rigor los recursos públicos, que nos digan la verdad y que respondan cuando las cosas fallan.

La dimisión de un ministro no resolverá por sí sola los problemas que puedan existir en el sistema ferroviario. No sustituirá las investigaciones, no reparará los daños ni devolverá la vida a quienes la han perdido. Pero representa un acto de respeto institucional y el reconocimiento de que la responsabilidad política no puede quedar suspendida hasta que los tribunales determinen si existieron conductas delictivas. También puede contribuir a recuperar un principio esencial de cualquier democracia: los cargos públicos son una obligación de servicio, no un derecho de permanencia.

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El análisis territorial de la proyección de escaños el 29N refleja una relevante batalla entre PP y Vox en la distribución de fuerzas con la que ambos podrían afrontar una negociación de investidura. Los mapas con los que trabajan en los "cuarteles generales" de campaña tienen marcadas siete provincias donde el último diputado enfrenta directamente a populares y Vox, aunque las distancias para que cambie de manos son muy diferentes.

Segovia ofrece el enfrentamiento más ajustado de los siete. En las estimaciones, hay un consenso que atribuye el último escaño al PP y sitúa a Vox como siguiente competidor. Una transferencia directa de 0,067 puntos porcentuales del primero al segundo igualaría los cocientes que deciden esa plaza. En Palencia, donde también aparece el PP como titular y Vox como aspirante a arrebatársela, la transferencia calculada asciende a 0,333 puntos. En A Coruña alcanza los 0,450. Las tres circunscripciones muestran oportunidades para que Vox aumente su representación a costa de los populares.

Estas cifras requieren una lectura precisa: expresan cuánto voto tendría que pasar directamente de una candidatura a la otra, manteniendo constantes las restantes, para igualar el cociente del último diputado. Su utilidad para los equipos electorales consiste en localizar los repartos más sensibles dentro del escenario estudiado.

En Madrid, Sevilla y Murcia, la dirección de la disputa se invierte. El último diputado corresponde a Vox y el PP aparece como siguiente competidor. La proyección madrileña concede 16 escaños a los populares y nueve a Vox; la transferencia necesaria para igualar el cociente de esa última plaza es de 0,55 puntos. Si el intercambio se completara sin otros movimientos, el reparto entre ambos pasaría a 17 y ocho, manteniendo sus 25 diputados conjuntos.

Sevilla presenta una disputa de características similares: el escenario central atribuye cuatro diputados al PP y tres a Vox, con una transferencia calculada de 0,68 puntos para igualar el cociente del último escaño. En Murcia, el efecto político sería especialmente visible. Ambos partidos aparecen empatados a cuatro diputados y el último de Vox tiene al PP como siguiente competidor, a una transferencia de 0,88 puntos. Un cambio de titular rompería esa igualdad y dejaría un reparto de cinco a tres favorable a los populares.

Málaga completa el mapa con una distancia considerablemente mayor. El modelo asigna cinco diputados al PP y tres a Vox, y sitúa el último escaño popular frente a una posible disputa con Vox. La transferencia necesaria para igualar los cocientes asciende a 2,26 puntos. Ese intercambio dejaría cuatro diputados para cada partido, pero requiere un desplazamiento de voto mucho más amplio que los calculados en las otras seis provincias.

Un cálculo limitado a estos siete enfrentamientos permite visualizar su alcance. Si el PP conservara las cuatro plazas que tiene atribuidas y obtuviera las tres asignadas a Vox, alcanzaría 136 diputados y Vox quedaría en 64. Si Vox mantuviera sus tres plazas y consiguiera las cuatro atribuidas al PP, el reparto sería de 129 y 71. Ambas hipótesis conservarían los 200 escaños conjuntos. Son ejercicios construidos manteniendo inmóvil el resto del mapa, sin valor de techo o suelo electoral para ninguno de los partidos.

La lectura política es que cada diputado tendría un significado distinto según su procedencia. Una ganancia frente al PSOE ampliaría la representación conjunta de PP y Vox; un intercambio entre ambos modificaría su equilibrio interno. En una eventual negociación, ese reparto contribuiría a determinar la capacidad de cada uno para exigir acuerdos, introducir prioridades y condicionar la acción del Gobierno.

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Santiago Abascal lleva años convocando a los españoles a la revuelta y ahora parece haber descubierto las virtudes de la prudencia. No es que haya perdido la ira, que tantos réditos electorales le ha proporcionado, sino que empieza a comprender que hay un momento para incendiar la política y otro para intentar gobernarla. La indignación, convertida en espectáculo permanente, puede terminar movilizando más a los adversarios que a los propios.

La paradoja tiene su gracia. Abascal, que ha construido su identidad política despreciando las cautelas del Partido Popular, empieza a mimetizarse con Alberto Núñez Feijóo. No en el fondo, naturalmente, pero sí en la conveniencia de administrar las palabras y evitar que cada intervención se convierta en un regalo electoral para Pedro Sánchez. El dirigente que reprochaba al PP su tibieza descubre que moderar el lenguaje no siempre equivale a rendirse. A veces, es puro cálculo.

La visita de Javier Milei a Madrid resulta ilustrativa. Abascal evitó convertir la presencia del presidente argentino y su motosierra en una exhibición de entusiasmo. Feijóo también marcó distancias con sus excesos verbales. Ambos parecen haber comprendido que el espectáculo de la confrontación tiene un límite cuando se aproxima la hora de pedir el voto.

En sus entrevistas de campaña Abascal está confirmando este cambio de registro. La recentralización de competencias y las reformas constitucionales dejan de ser prioridades inmediatas. Incluso las deportaciones masivas aparecen ahora sometidas a los procedimientos del Estado de derecho. Y la violencia doméstica está bien guardada en el armario. Todo responde a un calculado manejo de los tiempos.

Cataluña ofrece una lección. En 2023, la dureza del discurso territorial de Vox contribuyó a alimentar el temor a la derecha, un terreno que Sánchez supo explotar electoralmente. Ahora, el líder socialista necesita repetir aquella operación y busca desesperadamente cómo convertir unas elecciones sobre el desgaste de su Gobierno en un plebiscito sobre el miedo a la alternativa.

Abascal parece decidido a no facilitarle el trabajo. Y ahí reside la ironía: Vox necesita conservar su épica de la rebelión mientras aprende los modales de quienes aspiran a gobernar. Feijóo quiere representar la normalidad; Abascal, la ruptura sin sobresaltos. Y ambos necesitan desactivar el espantajo que Sánchez agita ante la izquierda. La motosierra sirve para abrirse camino, pero Abascal ha descubierto que quizá convenga apagarla antes de llamar a la puerta de La Moncloa.

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La subdirectora de LA RAZÓN analiza el acercamiento estratégico de Santiago Abascal a la imagen moderada de Feijóo, aunque se trate solo de una estrategia electoral. Al contrario que hace unos meses, procura que sus discursos y propuestas suenen menos radicales. No porque haya cambiado de parecer, sino para evitar una posible movilización contraria por parte de la izquierda.

Sabe que Sánchez necesita presentar a Vox como algo que "dé miedo" a su electorado, por eso tratan de no ser la gasolina ideológica para la izquierda sanchista de cara a las elecciones.

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La batalla por el próximo Congreso de los Diputados se libra también en un puñado de provincias donde el último escaño está sometido a una competencia especialmente ajustada. Mientras los partidos concentran sus esfuerzos en mejorar sus porcentajes nacionales, el sistema electoral convierte pequeñas variaciones territoriales en posibles cambios de representación parlamentaria, y es precisamente en esas circunscripciones donde PP, PSOE y Vox se enfrentan a una doble disputa: ampliar sus respectivos espacios electorales y evitar que sus competidores les arrebaten diputados que pueden resultar determinantes para la configuración de la próxima mayoría.

Un informe sobre la distribución territorial de escaños, elaborado a partir de un agregado de 40 encuestas de 17 casas demoscópicas y fechado el 25 de octubre, identifica doce provincias en las que el último diputado presenta una distancia especialmente reducida respecto a la siguiente candidatura. Baleares, Segovia, La Rioja, Lleida, Asturias, Tarragona, Cantabria, Palencia, Vizcaya, Santa Cruz de Tenerife, Valladolid y A Coruña aparecen entre los territorios donde pequeñas transferencias de voto entre dos partidos podrían modificar el reparto.

El estudio sitúa al PP con 133 diputados, al PSOE con 106, a Vox con 67 y a Frente Amplio con once en las 50 provincias analizadas. La suma de populares y Vox alcanza los 200 representantes, una mayoría holgada respecto a los 176 necesarios para controlar el Congreso. La proyección excluye los dos escaños correspondientes a Ceuta y Melilla.

Sin embargo, detrás de esa ventaja conjunta se esconde una competición mucho más compleja. No todos los escaños que están en disputa tienen las mismas consecuencias políticas. Algunos pueden modificar el equilibrio entre izquierda y derecha, mientras que otros únicamente alterarían la distribución de fuerzas dentro de un mismo bloque. Esta diferencia resulta especialmente relevante para el PP y Vox, que compiten por mejorar su posición ante una eventual negociación para formar Gobierno.

Segovia, Palencia y A Coruña: Vox amenaza al PP

Una de las principales conclusiones del análisis es que Vox puede incrementar su representación parlamentaria a costa del Partido Popular sin que ese avance se traduzca necesariamente en una mayoría más amplia de la derecha. Segovia constituye uno de los ejemplos más significativos. Según los cálculos del informe, una transferencia directa de apenas 0,067 puntos porcentuales del PP a Vox bastaría para igualar los cocientes que determinan la adjudicación del último escaño. Se trata de una distancia extraordinariamente reducida que ilustra la intensidad de la competencia entre ambas formaciones.

La misma situación se reproduce en Palencia, donde la transferencia necesaria se sitúa en 0,333 puntos, y en A Coruña, con 0,450 puntos. En los tres casos, el diputado corresponde inicialmente al PP y su competidor inmediato es Vox.

La consecuencia política es evidente: una mejora electoral de Vox en estas circunscripciones podría debilitar la representación de los populares sin aumentar el número conjunto de diputados de ambas formaciones. El partido de Santiago Abascal reforzaría así su peso relativo, mientras el PP perdería capacidad para imponer sus condiciones en una eventual negociación parlamentaria.

La disputa por estos escaños refleja uno de los principales desafíos estratégicos de la derecha. Para el PP no basta con que su bloque alcance la mayoría absoluta. También necesita mantener una distancia suficiente respecto a Vox para preservar su posición dominante. Para Vox, en cambio, cada diputado arrebatado a los populares supone una oportunidad de incrementar su influencia política.

La Rioja y Asturias: el PSOE puede recuperar terreno frente a Vox

La competición presenta características diferentes en La Rioja y Asturias, donde el último escaño corresponde inicialmente a Vox y el siguiente aspirante es el PSOE.

En La Rioja, una transferencia directa de 0,167 puntos porcentuales entre ambas candidaturas permitiría igualar los cocientes de adjudicación. En Asturias, la distancia se sitúa en 0,180 puntos. A diferencia de lo que sucede en Segovia o Palencia, estos cambios sí modificarían la distribución de diputados entre los dos grandes bloques. Una pérdida de Vox en favor del PSOE reduciría en un escaño la representación conjunta de PP y Vox y reforzaría simultáneamente a los socialistas.

Lleida constituye otro territorio relevante. En esta provincia, el último diputado corresponde al PP y el PSOE aparece como siguiente competidor, con una transferencia necesaria de 0,167 puntos. También Cantabria y Valladolid ofrecen posibilidades de cambios entre populares y socialistas, aunque en sentido inverso. En ambos casos, el último escaño pertenece inicialmente al PSOE y el PP figura como alternativa inmediata. Las transferencias necesarias son de 0,280 y 0,420 puntos, respectivamente.

Estas cinco circunscripciones permiten identificar una de las claves del reparto electoral: mientras determinadas variaciones únicamente alteran la correlación de fuerzas dentro de la derecha, otras pueden modificar directamente la distancia parlamentaria entre los bloques.

Baleares: el escaño más ajustado

La disputa más estrecha de las identificadas en el informe se encuentra en Baleares. Allí, el PP conserva inicialmente el último diputado, pero Frente Amplio aparece como competidor inmediato. La transferencia necesaria para igualar los cocientes es de solo 0,060 puntos porcentuales, la menor de las doce provincias seleccionadas.

El dato adquiere especial relevancia por las dificultades de la izquierda alternativa para conseguir representación fuera de las grandes circunscripciones. En Santa Cruz de Tenerife, por el contrario, la competencia se produce entre el PSOE y Frente Amplio. El diputado corresponde inicialmente a los socialistas y la transferencia necesaria para igualar el reparto es de 0,400 puntos. En este supuesto, el eventual cambio modificaría la representación de ambas fuerzas, pero no afectaría directamente a la suma de PP y Vox.

Tarragona y Vizcaya: los partidos territoriales también entran en la disputa

La competencia por el último diputado no se limita a las grandes formaciones nacionales. En Tarragona, Junts conserva inicialmente el escaño más ajustado, mientras que el PSOE aparece como siguiente aspirante. La distancia calculada es de 0,250 puntos porcentuales. En Vizcaya, la disputa enfrenta al PSOE con el PNV. Los socialistas mantienen el último diputado en el escenario central, pero una transferencia de 0,350 puntos permitiría igualar los cocientes con los nacionalistas vascos. Ambos casos muestran que el reparto territorial también puede alterar la representación de partidos cuya posición resulte relevante en la futura aritmética parlamentaria.

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