Ayer Óscar Puente decidió no dimitir. Hoy Pedro Sánchez tiene la obligación de cesarlo. No puede seguir actuando como si las tragedias ferroviarias fueran acontecimientos ajenos a la gestión de su Gobierno. 115 muertos en apenas nueve meses, 46 en Adamuz y 69 en Toledo -todavía provisionalmente- constituyen una razón suficiente para exigir responsabilidades políticas al máximo responsable de Transportes. El ministro tiene la obligación de responder por el funcionamiento y la seguridad de una infraestructura esencial del Estado. Y el presidente no puede esconderse detrás de una investigación técnica para evitar una decisión que le corresponde exclusivamente a él.

Sánchez reconoció ayer que resulta inasumible que España haya sufrido dos accidentes de alta velocidad en un mismo año. La afirmación encierra una contradicción difícil de justificar: si la situación es inasumible, ¿por qué el Gobierno no asume ninguna consecuencia política? ¿Cuántas tragedias deben producirse para que el presidente considere necesario relevar al responsable de Transportes? El duelo institucional, la solidaridad con las familias y las promesas de llegar hasta el final son obligaciones elementales, pero no pueden ser la coartada para aplazar más la rendición de cuentas.

La explicación del error humano es indigna, como engaño a las víctimas y a los españoles. El propio relato facilitado por Transportes revela una cadena de anomalías que obliga a mirar mucho más allá de la actuación de un controlador. Igualmente, resulta inadmisible que las conversaciones de los profesionales afectados hayan sido difundidas públicamente, de manera selectiva, en la noche en la que todavía se buscaban cadáveres entre los amasijos de hierro de los trenes. Transportes y Adif deben explicar cómo se custodiaban y por qué lo primero que han hecho es utilizarlas para construir precipitadamente un relato de culpabilidad individual que desvíe la atención de las responsabilidades superiores.

El sindicato CSIF ya ha reclamado la dimisión de Puente y ha denunciado el intento de convertir al trabajador de Adif en un chivo expiatorio cuando apenas ha comenzado la investigación. La autoridad independiente encargada de investigar el accidente también ha advertido de que todavía es demasiado pronto para establecer hipótesis definitivas sobre sus causas. Dos advertencias que deberían bastar para que el Gobierno dejara de presentar una explicación provisional como si fuera una conclusión cerrada.

Puente tuvo ayer la oportunidad de presentar su dimisión y decidió continuar, pero lo más difícil de justificar hoy es la posición de Pedro Sánchez. El presidente ha comparecido esta mañana para anunciar que su Gobierno va a «reforzar la seguridad para que esto no vuelva a suceder». La pregunta es inevitable: ¿por qué no se reforzó antes? ¿Qué ha tenido que ocurrir para que el jefe del Ejecutivo descubra ahora la necesidad de extremar las garantías de seguridad de una red ferroviaria que ya había sufrido una tragedia de enormes dimensiones en Adamuz? Nueve meses después, España vuelve a contar sus muertos mientras el Gobierno vuelve a prometer que hará todo lo necesario para impedir otra catástrofe.

Sánchez habla de investigar, esclarecer y reforzar la seguridad como si acabara de llegar al Gobierno. Como si la gestión de las infraestructuras ferroviarias no dependiera de su Ejecutivo y como si Óscar Puente no fuera el ministro al que mantiene en el cargo. La responsabilidad política no consiste únicamente en acudir al lugar de la tragedia, expresar condolencias y anunciar medidas cuando ya es demasiado tarde para las víctimas. Consiste, precisamente, en responder por lo que se ha hecho y por lo que se ha dejado de hacer para evitarla. Es inadmisible que, después de, al menos, 115 muertos, el presidente pretenda resolver la crisis con otra promesa de futuro y sin exigir una sola responsabilidad política en su Gobierno. Sánchez no puede seguir prometiendo que hará mañana lo que tenía la obligación de garantizar ayer.