Aún quedaba un coletazo por la confección de las candidaturas socialistas de las elecciones generales del 29 de noviembre. Era el malestar del delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín Aguirre, por no haber sido incluido en ellas. Su enfado era muy conocido en la federación, y le ha llevado finalmente a dimitir de su cargo, el que ocupaba desde marzo de 2023, en señal de protesta. Un golpe imprevisto al Ejecutivo y al propio presidente y candidato, Pedro Sánchez, a escasas cinco semanas de las urnas y en un territorio clave, Madrid, todavía con la acampada por la vivienda en Sol activa y con una guerra siempre abierta con la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, y el alcalde de la capital, José Luis Martínez-Almeida. Ahora, la vacante del delegado será ocupada a partir de este martes, cuando el Consejo de Ministros proceda a su nombramiento, por la actual subdelegada, Pilar Trinidad Núñez.

La renuncia de Fran Martín Aguirre (Madrid, 1981), adelantada por el diario El País y confirmada a este periódico por fuentes de su entorno, hay que conectarla, necesariamente, con las primarias del pasado verano para la candidatura al Ayuntamiento de Madrid entre la portavoz municipal, la exministra Reyes Maroto, y la concejala Enma López. Martín apoyó a esta última, a Enma López, aunque no de manera pública, y movilizó a cargos de la Delegación y de Ferraz a su favor. Un gesto que no pasó desapercibido para nadie. Maroto salió vencedora, por apenas un 55,41% de los votos, en un proceso muy divisivo en una federación históricamente muy problemática.

Respaldar a López era, en aquel momento, una operación de riesgo, porque ella había desafiado a Sánchez: había lanzado su candidatura a dos días de un difícil comité federal, antes incluso de que se lanzara formalmente el proceso de primarias. Ese gesto irritó mucho en Ferraz: la edil era miembro de la ejecutiva federal, portavoz adjunta de la dirección. El núcleo duro del presidente le hizo ver que tenía que dejar sus cargos y ella salió de la cúpula para emprender su carrera interna. No contaba con el apoyo de los aparatos locales ni, por supuesto, de la dirección regional que comanda el ministro para la Transformación Digital, Óscar López. Ella tenía a su favor el sostén de algunos cargos como los concejales Antonio Giraldo o Emilia Martínez, y también tenía de su lado el impulso y la influencia del delegado del Gobierno y de su equipo.

Ha jugado en contra de Martín Aguirre su apoyo a Enma López como candidata a las primarias en Madrid frente a Reyes Maroto, la elegida por Sánchez. Él se quedó fuera de las candidaturas para el Congreso o el Senado, a las que quería entrar

Aquella batalla interna del pasado (muy reciente) explica, como ya advertían en el entorno de Martín Aguirre hace unos días, la decisión del ahora. El delegado no entró en las listas ni del Congreso ni del Senado de las elecciones generales del 29 de noviembre. Y él quería entrar en ellas, y lo había hecho saber. Pero quedó fuera. El malestar era muy evidente, se publicó en varios medios, entre ellos este. Y ese cabreo ha derivado finalmente en su imprevista dimisión. Él entendía que necesitaba también la protección que le confiere un escaño en las Cortes —aforamiento ante el Tribunal Supremo— cuando Vox ya anunció la interposición de una querella contra él por permitir la acampada en Sol y cuando el PP madrileño estudia interponer igualmente acciones legales contra él.

Martín Aguirre hacía valer tanto el apoyo de las bases, manifestado en las asambleas locales, y el hedho de que seis delegados del Gobierno —los de Comunidad Valenciana, Cataluña, Andalucía, Aragón, Asturias y Extremadura— sí se habían incorporado a puestos de salida del 29-N: Pilar Bernabé, como uno por Valencia al Congreso; Carlos Prieto, como siete por Barcelona; Pedro Fernández, como cabeza de cartel por Granada; Fernando Beltrán, como uno por Zaragoza; Adriana Lastra, como uno por Asturias, y José Luis Quintana como uno (y no tres, como inicialmente se previó) por Badajoz, aunque en su caso para el Senado. Además, ocho subdelegados se integraron en las candidaturas. Todos ellos fueron cesados formalmente la semana pasada para poder formar parte de las listas del 29-N.

La lista de Madrid al Congreso va preñada de cargos: tras Sánchez, los ministros Bolaños y Marlaska, y después Rafa Simancas, Borja Cabezón, Vicente Montávez y Víctor Gutiérrez

La lista de Madrid, siempre muy cotizada, iba también de cara al 29-N apretada. Preñada de cargos y miembros del partido de la confianza plena del presidente, que la encabeza. Al tratarse, como impone la ley, de una candidatura cremallera, en la que se alternan hombres y mujeres, los puestos de ellos son los impares. Tras Sánchez, de uno, le seguían, de tres, el ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños —padrino político de Fran Martín—; de cinco, el responsable de Interior, Fernando Grande-Marlaska; de siete, el secretario de Estado de Relaciones con las Cortes y exlíder de los socialistas madrileños, Rafa Simancas; de nueve, el miembro de la dirección federal Borja Cabezón; de 11, el secretario general de Puente de Vallecas, Vicente Montávez, y de 13, el dirigente federal Víctor Gutiérrez.

En las generales de 2023, el PSOE obtuvo 10 diputados. El undécimo escaño se le escapó con el recuento del voto exterior, que acabó asignándoselo al PP. En los comicios del 29-N, los socialistas confían en repetir resultado o incluso crecer, aprovechando que se reparte un asiento más, 38 en total. En el caso del Senado, la dirección regional relevó a José Manuel Franco, secretario general del PSOE-M entre 2017 y 2021, y situó como nuevo cabeza de lista a Antonio Hernando, secretario de Estado de Telecomunicaciones e Infraestructuras Digitales, número dos de Óscar López en el ministerio (ya había sido también su dos en el Gabinete del presidente en la Moncloa) y dirigente también de la total confianza de Sánchez. Hernando había concurrido en 2023 como cabeza de cartel por Almería, plaza que ahora ocupa la dirigente federal Anabel Mateos, que es también su pareja.

Martín dimite por tanto del cargo de delegado del Gobierno, al que accedió en marzo de 2023, por su disconformidad con las listas. Por haber sido excluido de ellas, tal y como reconocen en su entorno más próximo. Un castigo, el quedar fuera del 29-N, que él siempre achacó a su apoyo a Enma López en las primarias. La concejala le despidió con un mensaje de afecto en X: "Gracias, Fran, por todos estos años de buen trabajo, compromiso y entrega. Madrid pierde a un gran servidor público".

En el PSOE-M, hay dirigentes que señalan la "irresponsabilidad" de Martín, por irse a cinco semanas de las generales: "No estaba a la altura del cargo que ejercía", apunta un cargo madrileño

En el PSOE-M, sin embargo, varios cargos acusan a Martín de "irresponsabilidad". Por dejar su puesto a cinco semanas de unas generales en las que Sánchez se juega la reelección y que se presentan muy adversas para el PSOE, según todas las encuestas publicadas hasta ahora, excepción hecha del CIS.

"Es que se va quien tiene que organizar las elecciones aquí en Madrid, y eso es una gran irresponsabilidad. Y queda fatal al reconocer que se va por las listas. Eso demuestra que no estaba a la altura del cargo que ejercía. Es que no te puedes ir por esto", señala un relevante cargo de la federación. Un dirigente que recuerda, además, que la renuncia de Martín Aguirre "deja mal" a su mentor político, el ministro Félix Bolaños, porque había apostado por él, igual que en su día abogó, añade este mismo cargo, por Juan Lobato como secretario general de los socialistas madrileños y hoy convertido en una voz muy crítica con Sánchez. "Lo que ha hecho Fran es un sinsentido. Si quieres, te vas más tarde, cuando pasen las elecciones, pero no ahora", concluye. "Está claro que un poco irresponsable sí que es", se queja otro conocido responsable que sabe muy bien cómo respira el partido en Madrid.

Un mando de la Moncloa advierte de que en política las elecciones personales "tienen sus consecuencias": "Uno tiene la libertad de elegir, y Fran lo hizo por Enma, pero otros también tienen su libertad para elegirte a ti. Y si él fue en contra de la voluntad del presidente en un tema que es algo menor, como las primarias en Madrid, ¿cómo esperas que confíe en ti para algo mayor, como es su lista de las generales?". "Lamento la decisión porque estaba haciendo un gran trabajo desde la Delegación, aunque la respeto —apunta una relevante dirigente y candidata muy conectada con la Moncloa—. Pero no creo que sea el momento, tanto por las elecciones como por la situación en la que está Madrid, con muchas movilizaciones como la huelga general y la acampada de Sol. Fran ha gestionado con eficacia temas complejos y ahora esa experiencia en la Delegación es muy necesaria".

Martín Aguirre (Madrid, 1981) se va cuando la acampada en Sol ya ha cumplido un mes de vida, aunque podría irse desmantelando en las próximas jornadas, y a escasos días de la huelga general convocada por los sindicatos —el 11 de noviembre—, y del arranque de la campaña —el viernes 13—. También la tensión política y social ha ido a más en Madrid. Para empezar, las relaciones con Ayuso y Almeida son siempre foco de disputa. Y las calles están caldeadas: el pasado 14 de octubre, la Policía respondió con fuertes cargas en la Universidad Complutense en el arranque de la huelga indefinida de profesores, una intervención que el propio delegado consideró "no justificada" y "desproporcionada" y por la que abrió una investigación interna. Los sindicatos policiales se echaron encima de él.

Martín se va cuando la acampada en Sol ha cumplido un mes de vida y con una huelga general y unas elecciones a solo unos días. Él había crecido en estos años en sus choques frente a Ayuso

Para algunos responsables del PSOE-M, el "descontrol" de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado no dejaba de ser un problema. "Pero es que Fran estaba más en su carrera política que en controlar a los agentes", "él ha abierto varias investigaciones por actuaciones de la Policía, pero no hemos visto conclusiones de ninguna de ellas", sentencian dos cargos. Algunos dirigentes madrileños se reconocen "sorprendidos" por la decisión de Martín, y no alcanzan a comprender qué gana dejando su puesto ahora mismo y visibilizando la razón de su malestar: "No gana nada. Pero el hígado es visceral, ni racional ni pragmático. Pero él está muy dolido. No le encuentro explicación a lo que ha hecho. Ha querido exteriorizar su enfado. No obstante, esto no mueve la aguja del 29-N, en esto reparamos solo los que estamos dentro", señala un veterano que se conoce bien la fontanería del PSOE-M.

Martín, ingeniero de Montes desde 2007 por la Universidad Politécnica de Madrid y MBA en Comercio Internacional por ICEX-CECO, había ido subiendo peldaños en la política básicamente de la mano de Sánchez, al que apoyó en los momentos más duros. En 2017 presidió Bancal de Rosas, la plataforma de micromecenazgo que canalizó las donaciones hacia su candidatura de primarias frente a Susana Díaz y Patxi López y, con su victoria, pasó a convertirse en director de Administración y Finanzas del PSOE. Y ya con Sánchez como presidente, saltó a la Moncloa, primero como director del Gabinete Técnico de la Secretaría General de la Presidencia del Gobierno (junio 2018 a enero 2020) y luego como director del Departamento de Planificación y Seguimiento de la Actividad Gubernamental del Gabinete de la Presidencia del Gobierno (enero 2020 a julio 2021), siempre a las órdenes de Bolaños. Y cuando este fue ascendido a ministro en julio de 2021, heredó su cargo de secretario general de la Presidencia del Gobierno, hasta que en marzo de 2023 fue promocionado a delegado del Gobierno en Madrid. Desde entonces ha chocado en múltiples ocasiones con Ayuso y Almeida, actuaba de facto, con el beneplácito de la Moncloa y de Ferraz, como la oposición a la presidenta regional, sobre todo en los tiempos en que quien dirigía la federación era Juan Lobato, partidario del entendimiento con ella y no de la confrontación. El perfil político del delegado había crecido mucho en estos años, y su nombre se barajó incluso para las candidaturas al Ayuntamiento y la Comunidad.

A Martín Aguirre le sustituirá, a partir del próximo martes, quien ha sido su número dos, Pilar Trinidad Núñez, subdelegada del Gobierno en Madrid desde diciembre de 2023. Ella tiene un perfil eminentemente técnico: es doctora en Derecho por la Universidad de Extremadura, con premio extraordinario de Doctorado en 2001, profesora titular de Derecho Internacional Público y Relaciones Internacionales de la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid (URJC), y fue secretaria general de esta universidad desde el 16 de abril de 2021 hasta su nombramiento como subdelegada en Madrid. En la URJC fue también vicerrectora de Relaciones Internacionales (2019-2021), y jefa de la Inspección de Servicios (2018-2019).

Pilar Trinidad Núñez, subdelegada en Madrid desde diciembre de 2023, tiene un perfil muy distinto, eminentemente técnico: es doctora en Derecho y profesora de Derecho en la Rey Juan Carlos

Trinidad también ha sido profesora invitada en la Facultad de Derecho de la Universidad de Nuevo México (EEUU) en 2015 y 2017 y en la Universidad de la República de Uruguay (2017-2022). Y ha impartido docencia en numerosas universidades del Espacio Iberoamericano (Universidad de La Habana, Universidad de Medellín en Colombia, Flacso en Ecuador o Universidad General San Martín en Argentina, entre otras). También fue consejera técnica —asesora jurídica— en la Asesoría Jurídica Internacional del Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación de España entre 2005 y 2009 y consejera técnica en la Dirección General de Cooperación Jurídica Internacional del Ministerio de Justicia, en la Subdirección de Relaciones con las Confesiones Religiosas (2018-2019).

El ascenso de la subdelegada lanza una señal, por tanto, de continuidad en un cargo especialmente sensible. Un nombramiento obligado para Sánchez tras la salida no programada de un dirigente, Fran Martín Aguirre, que había ido creciendo políticamente en los los últimos años como fuerza de choque visible frente a Ayuso y que ahora pasa a la retaguardia. Quizá, especulan algunos en la federación, para esperar la página del postsanchismo.

Los sindicatos mayoritarios entre los empleados públicos —CSIF, CCOO y UGT— se reunieron este martes con el Ministerio de Función Pública, que dirige Óscar López, para garantizar la subida salarial acordada en noviembre de 2025 para los próximos años. El acuerdo contemplaba un incremento del 4,5% en 2027, al que se sumará otro 0,5% adicional correspondiente a 2026, ya que la inflación se ha disparado por encima del 1,5% previsto inicialmente.

De esta forma, en conjunto, los funcionarios verán cómo aumentan sus salarios un 5% en 2027, el mayor incremento anual del siglo. Además, la subida tiene un coste adicional para las arcas públicas de alrededor de 9.000 millones de euros, que se incorporará de forma estructural al gasto de las Administraciones, al consolidarse los incrementos salariales en las nóminas de los próximos ejercicios. Es decir, supondrá un gasto público fijo que no podrá ser utilizado para financiar otras partidas presupuestarias. Por ello, la reunión ha vuelto a poner en el foco del debate público las retribuciones de los empleados públicos y su evolución respecto a los salarios privados.

La brecha salarial supera los 1.000 euros

Según los últimos datos disponibles del Instituto Nacional de Estadística (INE), correspondientes a 2024, el salario bruto medio mensual de los asalariados del sector público alcanzó los 3.232 euros en 12 pagas, frente a los 2.182 euros del sector privado. Una diferencia que supera los 1.000 euros mensuales.

La brecha también se aprecia en la distribución por tramos salariales: el 45% de los trabajadores del sector público percibía más de 3.200 euros brutos mensuales en 12 pagas, frente al 14% de quienes se empleaban en el sector privado.

Además, si se rebaja el umbral hasta los 2.000 euros, la diferencia persiste y se ensancha: el 82% de los empleados públicos cobraba por encima de esta cantidad, frente al 35% de los asalariados privados. De hecho, este umbral también permite verlo de otra manera: más de la mitad de los trabajadores del sector privado —el 65%— no alcanzaba los 2.000 euros brutos mensuales, frente al 18% del sector público.

La paradoja del poder adquisitivo: los funcionarios pierden y en el sector privado ganan

No obstante, la comparación cambia cuando se analiza la evolución acumulada de los incrementos salariales y se descuenta la inflación. Es decir, cuando se estudia la variación del poder adquisitivo. Pues bien, los cálculos realizados por El Independiente a partir de las series de subidas pactadas desde 2001 y hasta 2026 apuntan a que las retribuciones públicas han aumentado casi un 50%, frente a un incremento acumulado de los precios del 78%. Un resultado que se traduce en una pérdida de poder adquisitivo para los empleados públicos.

Por su lado, la evolución de los incrementos salariales pactados en los convenios colectivos privados ofrece un resultado distinto. Según la Estadística de convenios colectivos elaborada mensualmente por el Ministerio de Trabajo, las subidas acumuladas desde 2001 alcanzan aproximadamente el 86%, por encima de la inflación registrada durante el mismo periodo. Es decir, los trabajadores privados han mejorado su poder adquisitivo (al menos, una parte de ellos, ya que hay 'truco' en esta estadística).

La fuente de datos del Ministerio de Trabajo no mide la evolución del salario medio de todos los trabajadores privados, sino las subidas acordadas para quienes están cubiertos por estos convenios. Aunque la estadística permite aproximarse a la evolución de los salarios pactados en el sector privado, sus resultados no son directamente extrapolables al conjunto de los trabajadores.

Los convenios registrados afectan a unos nueve millones de empleados (una cifra que se mantiene estable desde 2001), frente a los 22,4 millones de afiliados a la Seguridad Social. Por tanto, el incremento acumulado del 86% refleja la evolución de las subidas salariales acordadas en los convenios, pero no permite generalizar que el conjunto de los asalariados privados haya ganado poder adquisitivo.

Asimismo, también es relevante señalar por el lado de los funcionarios que, incluso si la inflación se situara en el 0% tanto en 2027 como en 2028, los empleados públicos seguirían sin recuperar el poder adquisitivo perdido desde 2001. En este escenario hipotético, si se aplicasen las subidas salariales pactadas del 5% en 2027 y del 2% en 2028, el incremento acumulado de sus retribuciones rondaría el 60%, frente al encarecimiento del 78% registrado por los precios en el periodo. De hecho, este escenario sería un supuesto especialmente favorable, dado que la guerra en Irán continúa y las tensiones en los mercados energéticos garantizan unos precios al alza en los próximos años.