Una decena de países europeos sigue el rastro de los abusos cometidos contra sus connacionales mientras participaban en las expediciones de la Global Sumud Flotilla que llevaban ayuda humanitaria a Gaza y fueron interceptadas por Israel en aguas internacionales. Las fiscalías de 10 Estados miembros de la Unión Europea —España, Francia, Italia, Portugal, Bélgica, Países Bajos, Polonia, Eslovaquia, Suecia y Finlandia—, además de Australia, han colaborado y compartido información sobre las causas e investigaciones abiertas tras las denuncias contra políticos, funcionarios y mandos militares israelíes, incluidos ministros del Gabinete de Benjamín Netanyahu, por tortura, secuestro, malos tratos y otros delitos. Así lo han confirmado a EL PAÍS fuentes jurídicas que participaron en la reunión, celebrada el 16 de septiembre en La Haya.

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Benjamín Netanyahu se ha lanzado a deslegitimar el proceso electoral israelí, es decir, la democracia que él mismo lidera, con una acusación de injerencia que no solo refleja su ya conocida tendencia a cuestionar las instituciones cuando estas no le benefician, sino su desprecio hacia el 20% de la población israelí que es de origen árabe y que en esta ocasión ha votado en masa. Lo hace después de perder la mayoría parlamentaria en las elecciones celebradas el martes y ante un escenario en el que los partidos árabes israelíes, con un resultado histórico, se han convertido en el potencial árbitro político del país.

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