España ha ganado 567.600 trabajadores asalariados en el último año, una cifra altísima en términos comparados. Este número se ve impulsado por un extraordinario aumento interanual del empleo público, con 204.000 ocupados más según las cifras de la Encuesta de Población Activa (EPA) del tercer trimestre. Así, un 36% de los nuevos puestos están asociados a las Administraciones públicas, la cifra más alta de la serie histórica. Según apuntan los especialistas, ese acelerón parece vinculado al frenazo que esta variable registró en 2025, con destrucción neta de puestos de trabajo, y que este año se está compensando. En términos globales, el empleo público representa un 19% del total asalariado, un porcentaje parecido al de los últimos años.

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El mercado laboral español pone a prueba el relato de fortaleza que defiende el Gobierno. El Ejecutivo presume de una economía que, pese a la guerra en Irán, crecerá un 2,6% en 2026, casi el triple que la zona euro (0,9%). Sin embargo, detrás de estas cifras hay un modelo de crecimiento que depende de tres factores clave, sin que ninguno implique por sí mismo una mejora de la productividad, la innovación o los salarios, lamentablemente. El turismo es uno de ellos: las previsiones apuntan a que España podría alcanzar este año los 100 millones de visitantes internacionales, un hito que hasta ahora solo ha logrado Francia. A ello se suma el respaldo de los fondos europeos, que inyectan financiación en la economía, y el aumento del empleo asociado a la llegada de población extranjera, que amplía la fuerza laboral, impulsa el consumo y contribuye a elevar la recaudación. Pues bien, la Encuesta de Población Activa (EPA), publicada este martes por el Instituto Nacional de Estadística (INE), da una primera señal de alarma.

El tercer trimestre coincide con el final de la campaña de verano, por lo que el ritmo de creación de empleo suele moderarse una vez superado el periodo de mayor actividad turística. Además, desde la pandemia se ha ido apreciando una desaceleración gradual en el ritmo de contratación: desde las 570.000 personas del tercer trimestre de 2020, a las 387.000 en 2021, las 138.000 en 2022, 188.000 en 2023, 138.000 en 2024 y 118.000 en 2025. Sin embargo, el incremento de 73.600 ocupados nuevos entre julio y septiembre de este año es un dato más bajo de lo normal. Solo se compara con el de 2019, cuando se crearon 69.400 empleos.

Se destruye empleo en el sector privado; no pasaba desde 2012

De hecho, la señal de debilidad no está solo en el volumen de empleo creado, sino también en su composición. En 2019, el aumento de la ocupación estuvo repartido entre el sector público y el privado, que sumaron 34.200 y 35.300 trabajadores, respectivamente. En cambio, en el tercer trimestre de 2026, el empleo público aumentó en 89.900 personas, mientras que el privado retrocedió en 16.300. Es decir, los 73.600 ocupados nuevos sólo se explican por el avance del empleo público, que compensó la caída del privado.

Si bien es cierto que la desaceleración del empleo privado venía de antes, también lo es que no se registraban valores negativos, es decir, destrucción de puestos de trabajo. Sus avances habían pasado de 377.000 ocupados en el tercer trimestre de 2021 a 83.000 en 2022, 176.000 en 2023, 155.000 en 2024 y 107.000 en 2025. Sin embargo, este año el signo ha cambiado: el sector ha destruido empleo. De hecho, para encontrar una caída igual o mayor en un tercer trimestre, hay que retroceder hasta 2012, cuando se perdieron 37.000 ocupados, en un contexto muy distinto, marcado por los años más duros de la crisis financiera de 2008.

Lorenzo Amor, presidente de ATA: "La EPA refleja la dura realidad de los autónomos"

El retroceso del empleo privado se explica por la pérdida de trabajadores por cuenta propia, mientras que los asalariados del sector apenas variaron en el tercer trimestre. Concretamente, desaparecieron 15.500 autónomos entre julio y septiembre, hasta situarse en 3,17 millones. Además, el descenso se concentra en los autónomos sin asalariados a su cargo, cuyo número se redujo en 43.000 personas, mientras que aumentaron en 17.500 los autónomos que sí emplean a otros trabajadores. La caída afecta así a los más vulnerables, aquellos que desarrollan su actividad sin poder generar empleo, frente al avance de quienes tienen trabajadores contratados.

Tras conocer las cifras, el presidente de la Asociación de Trabajadores Autónomos (ATA), Lorenzo Amor, concluyó que "la EPA refleja la dura realidad de los autónomos. No necesitamos huelgas ni pantomimas electorales. Los autónomos lo que necesitamos son menos trabas y burocracia, menos impuestos, menos cotizaciones y más protección social".

El espejismo del mercado laboral: la regularización de inmigrantes

Además, al desglosar los 73.600 nuevos ocupados por nacionalidad, se observa que el empleo aumentó en 75.400 personas extranjeras y en 148.500 con doble nacionalidad, mientras que entre los españoles descendió en 150.300. Sin embargo, estas cifras deben interpretarse teniendo en cuenta el impacto del proceso extraordinario de regularización de inmigrantes. En este sentido, Valentín Bote, director de Randstad Research, ha explicado este miércoles que, ahora sí, la realidad económica es "coherente con lo que esta EPA nos está diciendo".

En los últimos meses se estaba produciendo una divergencia entre la evolución de la economía y el número de afiliados a la Seguridad Social: mientras el crecimiento del PIB se moderaba, la afiliación aceleraba su ritmo de avance, algo que, según ha señalado, "no tenía ninguna lógica" con la marcha actual de la actividad. Por ello, finalmente, en la EPA se resuelve esta aparente contradicción. El investigador concluye que la divergencia solo se entendía si "teníamos en cuenta el hecho de que se estaban regularizando cientos de miles de inmigrantes en situación irregular" y que este proceso era el que estaba detrás de la aceleración del empleo.

La tasa de paro se aleja del objetivo de pleno empleo, comprometido por el Gobierno al final de esta legislatura

Como es habitual en un tercer trimestre, el número de parados ha crecido, concretamente en 95.900 personas, hasta alcanzar los 2.591.200 desempleados. Se trata del mayor incremento registrado entre julio y septiembre desde 2020, en plena pandemia. Con ello, la tasa de paro ha repuntado hasta el 10,18%, tres décimas más que en el trimestre anterior.

Aunque es la más baja para un tercer trimestre desde 2007, el desempleo continúa por encima del 10%, lejos del objetivo de pleno empleo que el Gobierno se había marcado. La entonces ministra de Economía, Nadia Calviño, defendió durante la campaña electoral de 2023 que "nuestro objetivo para la próxima legislatura tiene que ser lograr el pleno empleo". Sin embargo, el repunte aleja las perspectivas de que esto suceda.

De hecho, según las previsiones del Gobierno, España cerrará 2026 con una tasa de paro del 9,9%. Y la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) en sus proyecciones publicadas en mayo, es todavía más pesimista. Anticipa una reducción más lenta y sitúa la tasa por encima del 10% en 2026 y 2027.

Los sindicatos mayoritarios de los empleados públicos se han reunido este martes con el Ministerio de Función Pública para confirmar que se mantienen las subidas salariales pactadas en noviembre de 2025, pese al adelanto electoral. El acuerdo contempla un incremento salarial del 5% en 2027, la mayor subida anual del siglo.

Aunque el Gobierno no ha trasladado a los sindicatos la fecha de la aporbación de la subida, el alza salarial ha vuelto a colocar las retribuciones de los funcionarios en el foco del debate público. Pero, ¿cuánto cobran los empleados públicos?, ¿cómo se distribuyen sus salarios si se comparan con los sueldos del sector privado? Y, otra pregunta relevante, ¿cómo ha evolucionado su poder adquisitivo desde el inicio del siglo?

Los sindicatos mayoritarios entre los empleados públicos —CSIF, CCOO y UGT— se reunieron este martes con el Ministerio de Función Pública, que dirige Óscar López, para garantizar la subida salarial acordada en noviembre de 2025 para los próximos años. El acuerdo contemplaba un incremento del 4,5% en 2027, al que se sumará otro 0,5% adicional correspondiente a 2026, ya que la inflación se ha disparado por encima del 1,5% previsto inicialmente.

De esta forma, en conjunto, los funcionarios verán cómo aumentan sus salarios un 5% en 2027, el mayor incremento anual del siglo. Además, la subida tiene un coste adicional para las arcas públicas de alrededor de 9.000 millones de euros, que se incorporará de forma estructural al gasto de las Administraciones, al consolidarse los incrementos salariales en las nóminas de los próximos ejercicios. Es decir, supondrá un gasto público fijo que no podrá ser utilizado para financiar otras partidas presupuestarias. Por ello, la reunión ha vuelto a poner en el foco del debate público las retribuciones de los empleados públicos y su evolución respecto a los salarios privados.

La brecha salarial supera los 1.000 euros

Según los últimos datos disponibles del Instituto Nacional de Estadística (INE), correspondientes a 2024, el salario bruto medio mensual de los asalariados del sector público alcanzó los 3.232 euros en 12 pagas, frente a los 2.182 euros del sector privado. Una diferencia que supera los 1.000 euros mensuales.

La brecha también se aprecia en la distribución por tramos salariales: el 45% de los trabajadores del sector público percibía más de 3.200 euros brutos mensuales en 12 pagas, frente al 14% de quienes se empleaban en el sector privado.

Además, si se rebaja el umbral hasta los 2.000 euros, la diferencia persiste y se ensancha: el 82% de los empleados públicos cobraba por encima de esta cantidad, frente al 35% de los asalariados privados. De hecho, este umbral también permite verlo de otra manera: más de la mitad de los trabajadores del sector privado —el 65%— no alcanzaba los 2.000 euros brutos mensuales, frente al 18% del sector público.

La paradoja del poder adquisitivo: los funcionarios pierden y en el sector privado ganan

No obstante, la comparación cambia cuando se analiza la evolución acumulada de los incrementos salariales y se descuenta la inflación. Es decir, cuando se estudia la variación del poder adquisitivo. Pues bien, los cálculos realizados por El Independiente a partir de las series de subidas pactadas desde 2001 y hasta 2026 apuntan a que las retribuciones públicas han aumentado casi un 50%, frente a un incremento acumulado de los precios del 78%. Un resultado que se traduce en una pérdida de poder adquisitivo para los empleados públicos.

Por su lado, la evolución de los incrementos salariales pactados en los convenios colectivos privados ofrece un resultado distinto. Según la Estadística de convenios colectivos elaborada mensualmente por el Ministerio de Trabajo, las subidas acumuladas desde 2001 alcanzan aproximadamente el 86%, por encima de la inflación registrada durante el mismo periodo. Es decir, los trabajadores privados han mejorado su poder adquisitivo (al menos, una parte de ellos, ya que hay 'truco' en esta estadística).

La fuente de datos del Ministerio de Trabajo no mide la evolución del salario medio de todos los trabajadores privados, sino las subidas acordadas para quienes están cubiertos por estos convenios. Aunque la estadística permite aproximarse a la evolución de los salarios pactados en el sector privado, sus resultados no son directamente extrapolables al conjunto de los trabajadores.

Los convenios registrados afectan a unos nueve millones de empleados (una cifra que se mantiene estable desde 2001), frente a los 22,4 millones de afiliados a la Seguridad Social. Por tanto, el incremento acumulado del 86% refleja la evolución de las subidas salariales acordadas en los convenios, pero no permite generalizar que el conjunto de los asalariados privados haya ganado poder adquisitivo.

Asimismo, también es relevante señalar por el lado de los funcionarios que, incluso si la inflación se situara en el 0% tanto en 2027 como en 2028, los empleados públicos seguirían sin recuperar el poder adquisitivo perdido desde 2001. En este escenario hipotético, si se aplicasen las subidas salariales pactadas del 5% en 2027 y del 2% en 2028, el incremento acumulado de sus retribuciones rondaría el 60%, frente al encarecimiento del 78% registrado por los precios en el periodo. De hecho, este escenario sería un supuesto especialmente favorable, dado que la guerra en Irán continúa y las tensiones en los mercados energéticos garantizan unos precios al alza en los próximos años.