Práxedes Mateo Sagasta, autor junto a Cánovas del Castillo de la sabia Constitución de 1876, dijo en una ocasión memorable: «En política, nada más difícil que destituir al amigo incompetente». A lo que Cánovas replicó: «Ni nada más arriesgado que no destituirle».
Desde la moderada objetividad y a la vista de todo lo ocurrido a lo largo del último año con alarido final en Urda, Pedro Sánchez debería destituir de manera fulminante a Óscar Puente, su gran amigo, al que nombró ministro de Transportes. No lo hizo en su momento; no parece que vaya a hacerlo ahora, a pesar de que están claros muy varios aspectos de la responsabilidad de Óscar Puente en la quiebra de nuestro sistema ferroviario. La máxima responsabilidad política, en todo caso, se deriva de la incompetencia del ministro Puente, el agresivo político de las intemperancias habladas y de los tuits incontrolados.
La destitución de Óscar Puente, aunque tarde, exoneraría de alguna forma a Pedro Sánchez. Mantenerle en el poder significa que el presidente del Gobierno asume la entera responsabilidad del desastre político de su gestión. Hay que comprender lo ocurrido en Urda y su repercusión en un periodo electoral tan ponzoñoso y virulento como el actual. Parece claro que Pedro Sánchez se esforzará por caminar con pies de plomo midiendo las reacciones de cualquier decisión que tome, porque, como decía Cánovas del Castillo, seguramente lo más arriesgado se deriva de no destituir al amigo incompetente.
La suficiencia política y la falta de mantenimiento real se encuentran en el epicentro de la destrucción de imagen del sistema ferroviario español, que fue durante años en alta velocidad la admiración del mundo entero. Ciertamente, salvo pucherazos de última hora, Pedro Sánchez tiene perdidas, conforme a las encuestas científicamente serias, las elecciones generales del 29-N. Habrá que convenir que la catástrofe de Urda le ha puesto las cosas especialmente difíciles. Una parte sustancial de la opinión pública está contrita e indignada. Y no le será fácil al presidente del Gobierno elaborar un relato cargando las culpas sobre alguien que no sea el ministro Óscar Puente.
Luis María Anson, de la Real Academia Española
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Transcurridos ya dos días desde la tragedia de Urda, está muy abierto el debate acerca de la causa primera de lo sucedido. Consolidándose la opinión entre los especialistas de que se encuentra en el sistema LZB de frenado. Que falló en Urda y que está en uso en la línea Madrid-Sevilla desde su inauguración, con ocasión de la Expo de 1992. Un sistema tecnológico de calidad, pero que tras 34 años de servicio se encuentra necesitado de especial mantenimiento, y cuya sustitución ya debía haberse producido. El propio Sánchez ayer en una comparecencia sin preguntas –como suele ser lo habitual en él– declaró que «van a reforzar la seguridad para que esto no vuelva a suceder». Lo que implícitamente significa reconocer un claro fallo técnico. Y preguntarle que si ya pasó una tragedia similar en Adamuz hace 9 meses, y en el mismo trayecto, ¿ha tenido que producirse esta otra tragedia para decidirse a mejorar la seguridad? ¿Y por qué todavía no se había reforzado? Ayer hubo un problema en la red ferroviaria que, afortunadamente, no fue otra tragedia, sino una nueva «incidencia». Fue un enganchón de catenaria de un convoy de Ouigo que cubría la ruta entre Murcia y Valladolid y que lo retuvo durante varias horas sin suministro eléctrico en el interior de un túnel a la altura de Aranjuez. Podemos imaginar, tras el impacto inicial y lo sucedido a continuación, el estado emocional de los viajeros. Y precisamente en la operadora que, a diferencia del ave de Renfe y de Iryo, no se había visto afectada por las tragedias de Urda ni de Adamuz. Es un dato significativo que las dos grandes tragedias sucedidas este año se hayan producido en la línea de la red entre Madrid y Sevilla. Pero pese a ello, la línea Madrid-Barcelona, de especial importancia, se ve afectada por la huelga de igual manera, invocando carencia de seguridad. El dolor de los familiares y amigos de las víctimas está siendo compartido por gran parte de la sociedad española, informada a través de los medios de comunicación que lo están difundiendo ampliamente. Ayer, la cifra de víctimas mortales se incrementó a 74 viajeros, además de 54 heridos de distinta gravedad. También se confirmó el fallecimiento de Fátima Báñez, quien fuera gran persona y ministra de Empleo y Seguridad Social, y que iba a Sevilla para participar en el acto del Día de la Empresa. Sin duda, esta tragedia a un mes de las elecciones generales del 29 N ha incidido en la precampaña electoral, eclipsando, de momento, el debate exclusivamente político. Pero exigiendo una investigación rigurosa de lo sucedido. Que es un gravísimo daño a nuestra reputación internacional.
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La red de alta velocidad de España, la más extensa de Europa y la segunda del mundo después de China, ha sido durante muchos años un símbolo de la modernización del país y un motivo indiscutible de orgullo nacional. Pero el fatal accidente de Urda, el segundo en nueve meses, ha reabierto de manera descarnada el debate sobre el estado de la red. La tragedia, que se acerca a las proporciones del peor accidente de España (el de 2013 en Galicia, con 80 muertos), ha puesto en evidencia al Gobierno de Pedro Sánchez en plena precampaña.
Muchos españoles se preguntan cómo han podido pasar de ser la envidia del mundo a sufrir los mayores desastres ferroviarios de la historia reciente de Europa. Y, sobre todo, cómo se ha producido este deterioro en tan poco tiempo. Conviene recordar que Sánchez ha gobernado estos últimos tres años sin presupuestos nuevos. Es razonable, por tanto, que los españoles se pregunten si se ha invertido lo suficiente en la red ferroviaria, especialmente desde la entrada de los nuevos operadores.
En el centro de las críticas está el ministro de Transportes, Óscar Puente, uno de los hombres más fieles al presidente. En estos tres años, no ha sabido poner orden en un departamento abrasado por la salida de José Luis Ábalos, hoy condenado a 24 años de cárcel por corrupción. Quizás el ministro ha estado más pendiente de elogiar a Sánchez como el «puto amo», o de bromear sobre «la Renfe» en la televisión.
En todo caso, hasta al más despistado le llaman la atención los paralelismos entre los accidentes de Adamuz y Urda: en los dos intervinieron los mismos operadores, la estatal Renfe y la italiana Iryo, y los dos ocurrieron en la línea que une Madrid con Andalucía, la más antigua de la alta velocidad española. El accidente de enero desató una ola de críticas sobre la inversión en mantenimiento, en un país donde los trayectos en tren representan el 57% del transporte total de viajeros. Prueba de que el debate seguía abierto fue la huelga de maquinistas de ayer, convocada antes de que ocurriese el segundo accidente, bajo el lema de la seguridad.
España invierte unos 1.500 millones de euros anuales en su red de alta velocidad, y más del 90% del sistema ferroviario está equipado con los sistemas de control de seguridad más punteros de la UE. El Gobierno, además, asegura haber aumentado el gasto en mantenimiento un 54% desde 2018. Pero hay que tener en cuenta que los viajes en tren han aumentado un 40% entre 2019 y 2024, coincidiendo con la liberalización del sector. Y que los sistemas de control fallan.
Los datos de la Comisión Europea sugieren que la inversión de España en el mantenimiento de sus 4.000 km de alta velocidad se ha quedado rezagada respecto a Alemania o Suiza. Los expertos advierten también de que buena parte de la financiación parece haberse destinado a las nuevas infraestructuras, y solo un 16% se habría reservado a mantenimiento.
La línea Madrid-Sevilla es, además, la más antigua de España y, por lo tanto, la que necesitaría más mejoras. No ha sido el caso. El AVE, que en 1992 fue un icono de innovación, hoy es, para muchos, el símbolo del fracaso del sanchismo.
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El espantoso accidente ferroviario de Urda ha generado una profunda conmoción en el ánimo de los españoles en vísperas de unas elecciones decisivas. Al horror y el dolor solidario con las familias de las víctimas ha seguido la indignación general contra el Gobierno, principal responsable de lo sucedido. El foco del vehemente enfado popular se ha centrado en el ministro de Transportes, Óscar Puente, un político de la máxima confianza del presidente Sánchez, que fue actor en su juventud, más conocido por sus diatribas contra la oposición que por su gestión de los transportes. Carga sobre sus espaldas más de cien muertos en un año, sumando este accidente al de Adamuz, sucedidos en la misma línea férrea. Cuando escribo, aún no ha dimitido ni ha sido destituido.
En este momento de banderas a media asta, cuesta hablar de política con el riesgo de utilizar a los muertos de la tragedia para obtener ventaja camino de las urnas, pero justo para que su sacrificio no sea inútil es preciso reflexionar sobre lo sucedido y pedir ya explicaciones y responsabilidades. Estamos ante el «cisne negro» de esta campaña electoral. Todo ha saltado por los aires. El suceso imprevisto, que analizó Nassim N. Taleb, cumple sus dos características básicas: es, según el propio ministro Puente, un accidente altamente improbable y tiene un impacto masivo con consecuencias a gran escala. Es lógico que haya dejado al Gobierno y a los componentes de las listas electorales del PSOE sumidos en una profunda depresión. Lo sucedido ha hecho trizas su campaña y tiene mala compostura.
El estado de los transportes en España, con un deterioro evidente durante el período sanchista, se ha convertido inesperadamente en el tema más sensible de la campaña electoral. Exactamente se presenta como el «cisne negro», con una enorme carga emocional. Ha desplazado a la vivienda, cuyo «efecto Maricarmen» ya había decaído, lo mismo que la desfalleciente acampada de Sol, el sinsentido de la huelga general política y el propósito de la izquierda de incendiar la calle y agitar la bandera apolillada del antifascismo. Después de lo de Urda, también Ceuta pierde visibilidad a corto plazo, lo que supone un pequeño respiro para el Gobierno.
En conjunto, el PSOE tiene la mayor parte de las papeletas, si había alguna duda, para una derrota estrepitosa dentro de un mes justo. Ni siquiera puede contar esta vez Sánchez en sus mítines con los dos alfiles que le ayudaban a salir adelante: Puente y Zapatero. ¿Qué le queda? La catástrofe ferroviaria de Urda empuja a la mayoría del pueblo a un cambio de Gobierno.
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Nosotras, que tantas horas de vida hemos pasado en ese AVE que nos conecta con casa, que lo sentimos parte esencial de nuestra historia de andaluzas itinerantes. Nosotras, que cumplimos los 18 estrenando los primeros, maldita sea, tenemos ahora que buscar el rastro de tu prima en uno de ellos: Cristina Ferris, roteña, madre de 4 hijos. «El pequeño tiene solo un añito», explicas. Y se me eriza la piel cuando añades, convencida, que la esperanza es lo último que se pierde, que todavía esperáis un milagro de Dios. «No hay derecho»… Claro que no, Noelia. Tu prima era preciosa desde todos los ángulos posibles. Ni ella ni nadie, en esos trenes, merecía este final que ha sido, por encima de todo, la consecuencia de una gestión pésima de nuestro sistema ferroviario.
Detrás de cada trayecto en tren hay familias que esperan, hay proyectos, reencuentros. Hay unas pocas vidas que renacieron en el último infierno, como la de mi amigo Fernando Seco, pero otras muchas, ahora en Urda y antes en Adamuz, han quedado para siempre truncadas por culpa de la incompetencia de quienes nos desgobiernan.
Óscar Puente ha conseguido que pasemos de enorgullecernos del AVE a evitarlo, por puro miedo. ¿A qué espera para dimitir? ¿En serio no se siente suficientemente responsable del desastre? ¿Por qué Pedro Sánchez insiste en mantenerle? ¿Cómo es posible que este ministro y su presidente se estén escudando exclusivamente en el error humano de terceras personas?
Ahora sabemos que el sistema de seguridad de esa línea es del Pleistoceno, porque tiene la friolera de 34 años de antigüedad. Este Gobierno le aseguró a Bruselas que lo renovaría, pero eso no ha sucedido. ¿Por qué? Desde lo de Adamuz, los maquinistas se han quejado al menos 20 veces de que la red de ese sistema se cae cada dos por tres. Incluso las compañías Iryo y Ouigo, cuando empezaron a operar en España, tuvieron que adaptarse al sistema obsoleto del AVE Madrid-Sevilla, tuvieron que someterse a una involución de su propia tecnología. No cuela escurrir el bulto con excusas baratas.
Dígannos, por favor, a los andaluces cómo nos vamos a mover regularmente a partir de ahora. Nos han dejado ustedes desconectados del tren, aislados, atemorizados. Con una red de carreteras que, por su escaso mantenimiento, deja mucho que desear. Con unos pocos vuelos a precios prohibitivos.
Es algo insólito, es muy indignante, muy injusto y es, por supuesto, inadmisible (parafraseando al propio Pedro Sánchez el otro día). Demasiado templados y educados veo a los familiares de las víctimas, tras este daño irreparable. Podías haber sido tú, podía haber sido yo. El día anterior viajaron en ese mismo tren mis padres... No hay derecho, Noelia querida.
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¡Quién lo iba a decir que alguna vez pronunciaríamos en la misma frase los nombres de Kylian Mbappé y Mao Zedong con sentido! ¡Quién lo iba a decir! Pues ha ocurrido. Porque la actualidad, a veces, nos regala extrañas parejas, cortesía otra vez de las redes sociales, que para eso estamos.
Primero fue Barcelona, después Bilbao. Y este fin de semana se anuncian nuevas convocatorias, también en Madrid. La violencia gratuita, el pillaje en las tiendas de marcas y los enfrentamientos con la policía de muchachos que ni siquiera son mayores de edad es un nuevo fenómeno urbano que trae de cabeza a las autoridades, pero también a los sociólogos, que intentan saber no solo quién está detrás, sino también a qué responde esta protesta. Es lo más parecido a un juego de rol de evidente riesgo, que manejan unos jokers ocultos en el lado oscuro de las redes. Se convocan horas antes de los asaltos a través de TikTok, que les remite a Telegram. Allí se les dan instrucciones y empieza la fiesta. Se trata de reventar escaparates, robar género, quemar coches, destrozar mobiliario y atacar a los agentes.
Mientras estamos todos de acuerdo en que las elecciones que vienen son muy importantes, nuestros políticos enfocan la campaña de la peor forma posible. Siguiendo la pendiente descendente con que unos y otros nos han obsequiado durante los últimos años (dejemos para discusiones de café quién lo ha hecho peor), nuestros representantes, que deberían promover una mejor convivencia, han decidido apelar a nuestros más bajos instintos, enfrentándonos: el deseo de revancha de unos se traduce en insultos, insinuaciones y medias verdades; para otros basta con un solo argumento: el miedo a que gane el enemigo. En el trasfondo, las ganas de mandar de todos.
Comparto con bastantes ciudadanos la idea de afrontar unas elecciones trascendentes, casi como las de 1977, entre graves incertidumbres, insultos y enfrentamientos. Uno de los grandes modos de desestabilización es el activismo de una IA inexistente en anteriores comicios. Redes e IA inciden en nuestras creencias y buscan tomar el control mental de muchas personas sensatas, por no citar la gran variedad de bulos y de fake news que irán a más hasta el 29 de noviembre.
Aún recuerdo mi primer viaje en AVE de Barcelona a Madrid: la copa servida con una sonrisa al llegar; el silencio relajante tan de agradecer tras años de traqueteo en Renfe y el vistazo confiado al reloj: llegada en 2 h 30 m.
Hay un nombre en la dramaturgia catalana contemporánea que me gustaría que se lo apuntaran: Queralt Riera. Hace un par de años presentó en la sala Joan Brossa dos obras: Jo porn, tu porno, que denunciaba la extendida pornografía machista que se dedica a someter a la mujer, a tratarla como simple objeto sexual; y Pruna, sobre los abusos sexuales en la infancia. Con planteamientos diferentes abordaba temas que nos tocan muy adentro.
Dar la cara ya no es igual que antes del mundo digital. ¿No era entonces la cara, tanto o más que el nombre, el primer elemento de identidad? Las redes sociales han extendido la actitud de esconder o disfrazar la identidad para aprovechar el anonimato u ofrecer otra versión de la persona que se considera más conveniente. Incluso muchos de los que ponen su cara en las redes (en selfies u otras publicaciones) usan filtros o retoques y la persona real poco tiene que ver al final con la digital.
Escribíamos aquí el pasado domingo que “todo está a favor del PP y de Vox”, pero advertíamos también que “quedan cinco semanas antes del 29-N y van a pasar aún muchas cosas en estos tiempos tan líquidos que vivimos”. Y terminaba: “No significa que todo lo que suceda vaya a perjudicar a los partidos de derechas”. Pues bien, justamente ha sucedido esto. El accidente de Urda es un drama humano que ha conmocionado al país y ha puesto en entredicho la confianza de los ciudadanos en este Gobierno.
El accidente ferroviario de Urda reviste tanta gravedad que el Ministerio de Transportes, del que dependen Renfe y Adif, se está esforzando por dar respuesta con suma celeridad a todas las dudas de los ciudadanos. La intención puede ser loable, pero a medida que se conocen los datos, las incógnitas y la perplejidad aumentan. Lejos de serenar los ánimos y tranquilizar a la población, las primeras informaciones agravan la intranquilidad. Nada devolverá la vida a las víctimas mortales. No hay vuelta de hoja ni enmienda. Su memoria exige, sin embargo, una investigación objetiva y rigurosa. En cuanto a los ciudadanos –conscientes de que muchos de ellos o sus familiares podían haber viajado en los dos convoyes siniestrados–, el deber del Gobierno va más allá de dar respuestas: se necesitan también soluciones. Hechos y no solo palabras.
Hemos pasado por alto ciertas cosas, hemos ignorado otras y hemos difundido información parcial sin análisis crítico. No hicimos las preguntas correctas, algunas ni siquiera se formularon. Por eso les debemos una disculpa a nuestros televidentes”.
Under the leadership of Mehmet Oz, the Centers for Medicare & Medicaid Services, or CMS, is seeking to heavily restrict traditional Medicare enrollees’ use of remote monitoring devices for their health conditions. A proposed rule would eliminate coverage for these services unless the service is provided at a physician’s office. This rule would particularly hurt enrollees who have difficulty traveling to in-person appointments, such as rural seniors. And it would undercut a key Republican effort to alleviate the harms of last year’s “big, beautiful bill.”
Remote monitoring programs allow patients to collect their health data themselves (such as taking their own blood pressure, oxygen levels or blood sugar) and transmit the data to healthcare providers, who can use the information to help manage the patient’s health. These programs aren’t just convenient; they make it easier to proactively manage chronic diseases before there is an emergency. Patients and providers don’t have to rely on a single data point at a scheduled appointment or waiting until the condition worsens.
Where the HHS inspector general suggested a scalpel, CMS would use a hammer.
Consequently, reliance on remote monitoring has expanded in recent years. Almost 1 million Medicare enrollees received it in 2024 alone. Remote monitoring has proved particularly valuable to those who have chronic medical conditions but face obstacles to in-person appointments. For instance, residents in rural communities and areas with shortages of health professionals don’t need to travel long distances for appointments as frequently. Transportation is a critical social determinant of health, and if one has poor vision or limited mobility, in-person appointments are especially challenging.
To justify the new restrictions, the CMS cites a 2025 report by the Department of Health and Human Services’ inspector general. Those findings raised concerns about suspicious billing practices and patients not receiving treatment. But the report called for a measured approach: closer monitoring of billing while preserving Medicare enrollees’ ability to benefit from this program. CMS would go much further: Because most medical practices lack the bandwidth to launch and oversee their own remote monitoring programs, requiring the service to be provided by someone at a physician’s office practically eliminates the benefit. In short, where the HHS inspector general suggested a scalpel, CMS would use a hammer.
Already, a bipartisan group of House members is calling on Oz to reconsider the rule, but it fits within a broader context of the Trump administration’s quiet campaign to curtail Medicare’s effectiveness.
Much of the attention on H.R. 1 — what Trump called the “big, beautiful bill” — focused on its draconian cuts to Medicaid, but the law also triggered an automatic $500 billion cut from Medicare between 2026 and 2034. The law also delayed until late 2034 the implementation of finalized rules that would help very low-income Medicare enrollees access programs to help cover premiums and cost-sharing of benefits.
The new CMS proposal, however, is particularly curious in light of how the “big, beautiful bill” came to be.
Since then, CMS has allowed a subsidy program for Medicare Part D prescription-drug costs to expire. And it introduced a pilot program in six states that uses artificial intelligence to review the medical necessity of prescribed care. The practice, also known as prior authorization, previously was rarely used in traditional Medicare. The pilot program has already resulted in significant delays in care.
The new CMS proposal, however, is particularly curious in light of how the “big, beautiful bill” came to be. To stanch the proverbial bleeding that rural communities are projected to face from the bill’s cuts, Republicans created a $50 billion fund for rural healthcare. Technological innovation was a central pillar of this effort, known as the Rural Health Transformation Program.
Restricting remote monitoring does anything but foster innovative technologies. And the effects will be felt increasingly in the years to come. The RHTP is a relative pittance compared to H.R. 1’s Medicaid cuts and will do little to prevent closures of rural hospitals or key hospital services. And when a rural hospital closes, the driving time to the next hospital increases by 20 to 40 miles on average, regardless of whether one is on Medicaid or Medicare — which makes the ability to monitor one’s health at home all the more important.
While remote monitoring programs are imperfect and deserve oversight, they help provide healthcare in typically underserved areas. What’s more, by facilitating earlier detection, these programs can result in better patient outcomes, which are less costly to treat. In other words, remote monitoring is good for patients and for the healthcare system itself.
Along with Social Security, Medicare is considered the “third rail” of American politics. Not only is the program popular, but seniors (roughly 90% of its enrollees) vote at high rates, and younger voters prefer to protect the program for when they age into it. The politics of Medicare retrenchment may ultimately prove to be less visible than the consequences of slashing health programs. Elected officials understand the political costs of reducing Medicare spending. Yet under Oz’s leadership, CMS is demonstrating how to weaken Medicare through a series of administrative decisions that preserve the appearance of coverage while weakening access to care. Medicare’s greatest vulnerability may not be outright cuts, but rather the quiet erosion of the benefits on which seniors have been counting.
The post Dr. Oz’s new Medicare proposal would be bad news for rural seniors appeared first on MS NOW.
Alaska’s Republican governor ordered an investigation into Democrat Mary Peltola’s Senate campaign Wednesday after The New York Times reported her campaign was involved with another person named Dan Sullivan ending up on the ballot alongside Sen. Dan S. Sullivan, the Republican incumbent. That report that Peltola’s campaign attempted to put a finger on the scale provoked a fresh round of outrage from President Donald Trump, and, at first glance, it may have seemed to support an unprecedented lawsuit by the Department of Justice lawsuit to pre-emptively discredit a Peltola victory. But not even Wednesday’s political bombshell justifies the DOJ’s involvement.
There’s a lot to find concerning about the Peltola campaign’s shenanigans, but the federal government has no power to force Alaska to alter its election procedures.
The Peltola campaign denies it did anything untoward, but there’s plenty to be concerned about in the Times’ reporting. According to Peltola’s former campaign manager, who spoke extensively with the Times but retracted her comments before publication, the campaign worked with Senate Democrats’ campaign arm to recruit the second Dan Sullivan to run. The DOJ’s lawsuit to intervene in Alaska’s election in case the incumbent Republican senator loses also leans heavily on the Peltola campaign’s supposedly nefarious moves to confound voters.
But even if there were attempts to confound voters, that doesn’t mean voters will be confounded. The ballot makes exceedingly clear which Dan Sullivan is which. The incumbent Dan S. Sullivan has the word “Incumbent” next to his name and the label “Registered Republican,” and Daniel J. Sullivan Jr.’s name is left unadorned.
And Edward Foley, a law professor and former Ohio solicitor general, explained in an MS NOW essay why concerns of voters accidentally denying the incumbent senator re-election are “significantly mitigated” by the state’s ranked choice voting system.
That doesn’t mean we should entirely disregard the reported shady tactics and condescension from people working to get Peltola elected. At one point, some Democratic strategists seemed to delight in the idea of confusing the public:
In one exchange of text messages obtained by The Times, Peltola advisers seemed to make fun of voters while watching a focus group, surmising the participants would be susceptible to being tricked into voting for a ballot spoiler.
“Do we have a scheme for you,” wrote a consultant for the Peltola campaign. A pollster on the chat wrote that one voter seemed like the perfect audience “for our ballot strategy plan :)”
Despite Gov. Mike Dunleavy’s call for an investigation, and the DOJ’s lawsuit, the Times report makes clear that “ballot-stacking tactics are common in politics and generally considered legal — and have been employed by both parties in Alaska.” But the department’s lawsuit says it has an “obligation to protect the integrity of its election” and, if Peltola wins, wants to block certification “pending an investigation to determine whether votes cast for Daniel J. Sullivan were meant to be cast for Senator Sullivan,” according to their lawsuit.
The DOJ’s suit quotes an initial claim from Carol Beecher, Alaska’s director of the division of elections, that Daniel J. Sullivan wanted to be on the ballot “for the purpose of confusing or misleading voters and compromising the fairness of the ballot.” But now Beecher is firmly against the DOJ’s suit. State lawyers in a motion to dismiss filed Monday argued that the federal government “lacks authority to intervene in state elections at all, much less in support of a favored candidate.”
If anything, in its own efforts to affect the race’s outcome, the DOJ may have jumped the gun.
Nothing in the Times’ report changes that. There may be consequences for Peltola and her campaign staff at the state level. As election law expert Rick Hasen noted, if anyone lied under oath about cooperation between Democrats and Dan J. Sullivan, then there could be cause for a perjury prosecution, but no allegations on that front had arisen as of Thursday afternoon.
Any such testimony would have come from Dan J. Sullivan’s lawsuit to remain on the ballot earlier this year. The Alaska Supreme Court ruled in his favor, allowing him to remain an option for voters. Again, there’s a lot to find concerning about the Peltola campaign’s shenanigans, but the federal government has no power to force Alaska to alter its election procedures.
If anything, in its own efforts to affect the race’s outcome, the DOJ may have jumped the gun. I imagine there would be a lot more willingness to criticize Peltola outright, and a potentially less mixed bag reaction from Alaskans, without the federal intervention. As it stands, the case will still fall flat, and Alaska’s voters will still have their say in who represents them in the U.S. Senate — even if they have to take a few seconds longer to read their ballot.
The post Alaska Senate race shenanigans still don’t justify the DOJ’s lawsuit appeared first on MS NOW.
Originally published by Pacific Forum, this article is republished with permission. A central problem in US nuclear thinking is that it is fragmented. Washington is laser-focused on the “three-body problem”: It considers the US-Russia-China triangle fundamental, and when it does not ignore the China-India-Pakistan triangle, it treats it as a mere “Southern Asia” issue. Washington, […]
The post The rise of the nuclear hexagon and the future of Asian stability appeared first on Asia Times.
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