La esposa del presidente del Gobierno, Begoña Gómez, ha presentado una denuncia judicial por suplantación de imagen a raíz de un vídeo elaborado por el Partido Popular mediante inteligencia artificial. Así lo ha anunciado el propio Pedro Sánchez durante su participación en el podcast Keep It Cutre, donde ha cargado con dureza contra el empleo de herramientas tecnológicas para descalificar a adversarios políticos. Este movimiento sitúa -otra vez- en el centro del panorama político los límites éticos de la tecnología en campaña y la responsabilidad de las formaciones en la difusión de contenidos manipulados.

El jefe del Ejecutivo reveló esta información cuando se debatía sobre el impacto de las redes sociales y la desinformación, aludiendo a la carta en la que Ada Colau reclama medidas contra el uso vejatorio de la tecnología. Durante la charla con las conductoras del espacio, Ángela y Albanta, Sánchez ha defendido que su partido no utiliza la IA con fines electorales" y denunció que se consideran "víctimas" de estas prácticas. Asimismo, ha insistido en que la tecnología no es neutra y ha llamado a desplegar marcos regulatorios frente a la aceleración de los algoritmos.

En relación con la acción emprendida por Begoña Gómez, el líder socialista ha precisado que la demanda busca sancionar la manipulación no consentida de su figura a través de sistemas de inteligencia artificial. A su juicio, la principal fuerza de la oposición ha rebasado los límites al respaldar un montaje que altera la realidad sin autorización previa. La iniciativa pretende poner freno a la instrumentalización de la imagen pública de personas vinculadas al ámbito institucional.

Sánchez ha criticado la actuación del Partido Popular, llegando a comparar sus métodos informáticos con los que emplean los acosadores digitales contra menores. En su intervención, el presidente ha reprochado que una organización con aspiraciones de gobernar asuma "tácticas propias del acoso" en lugar de combatir el hostigamiento en la red. De igual modo, ha acusado tanto al PP como a Vox de actuar de manera "irresponsable" mediante el uso descarnado de la inteligencia artificial.

El presidente ha enfocado sus reproches directos sobre Alberto Núñez Feijóo, a quien ha afeado haber reconocido públicamente la validación de estas herramientas en una reciente entrevista. Sánchez sostiene que la implicación de la cúpula conservadora en la aprobación de estos vídeos acentúa la gravedad del episodio. "Alguien lo ha diseñado, alguien lo ha validado y lo han publicado", ha lamentado el dirigente socialista al incidir en que el proceso contó con el visto bueno de la dirección popular.

Para concluir, el presidente ha recordado que las instituciones comunitarias cuentan con una estrategia europea contra la desinformación diseñada para perseguir los deep fakes. Sánchez ha remarcado que el primer marco normativo global sobre inteligencia artificial se fraguó bajo la presidencia española del Consejo de la UE en 2023. En este sentido, ha remarcado la necesidad de "aplicar una regulación estricta que proteja los derechos fundamentales frente a los abusos en el entorno digital".

El juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama ha requerido a la Subdirección General de Patrimonio del Estado que le remita, en un plazo máximo de dos días, el acta de recepción de los regalos institucionales efectuados a la Presidencia del Gobierno durante las dos legislaturas de José Luis Rodríguez Zapatero (2004-2008 y 2008-2011). La diligencia busca esclarecer el origen de las joyas halladas en mayo en la caja fuerte de la oficina del expresidente, después de que la Fiscalía Anticorrupción haya solicitado que se le investigue también por un presunto delito de malversación.

En una providencia fechada este viernes, 23 de octubre, el magistrado reclama una copia del acta de aceptación e incorporación al patrimonio de la Administración General del Estado de los obsequios institucionales, fechada el 1 de marzo de 2012. El requerimiento se produce después de que Anticorrupción cuestionara la explicación ofrecida por Zapatero sobre las joyas intervenidas en su despacho de la calle Ferraz de Madrid.

Según el escrito presentado por su defensa el 23 de septiembre, los tres juegos de joyas de mayor valor, compuestos por esmeraldas, rubíes y zafiros, fueron un regalo del rey saudí Abdullah Al-Saud durante su visita oficial a España los días 18 y 19 de junio de 2007, cuando Zapatero era presidente del Gobierno. El expresidente sostuvo que aceptó el obsequio como muestra de agradecimiento y respeto hacia el monarca.

Posible malversación

Sin embargo, la fiscal María Elena Lorente considera que esa explicación abre la vía a investigar una posible malversación. En su informe, fechado el 21 de octubre, subraya que el acta de 2012 recoge otro regalo del mismo monarca con motivo de aquella visita: un reloj de sobremesa dorado con esmeraldas que sí fue entregado a Patrimonio del Estado. Las joyas localizadas en la oficina de Zapatero, en cambio, no aparecen en la relación de bienes incorporados a la Administración.

Para Anticorrupción, si se confirma la versión del expresidente, las joyas fueron recibidas en el Palacio de la Moncloa en su condición de jefe del Ejecutivo y debieron incorporarse al patrimonio público por su elevado valor. La Fiscalía sostiene que los obsequios de relevancia institucional no podían quedar en manos del presidente, conforme a las normas de buen gobierno vigentes durante su mandato.

El fiscal considera que la investigación debe centrarse en comprobar si Zapatero se apropió de esos bienes al finalizar su etapa en el Gobierno, mientras que rechaza que sea necesario solicitar una comisión rogatoria a Arabia Saudí para verificar el origen del regalo. A su juicio, la comprobación debe realizarse en España, donde supuestamente se entregaron las joyas.

Anticorrupción aprecia indicios que justificarían investigar un posible delito de malversación agravada, aunque precisa que la calificación jurídica deberá concretarse durante la instrucción. Además, sostiene que el delito no estaría prescrito, al situar en 15 años el plazo aplicable por la pena prevista.

El juez ha acordado recabar la documentación de Patrimonio antes de resolver sobre los escritos presentados por la Fiscalía y la defensa de Zapatero. La providencia también ordena a la UDEF que tramite el oficio dirigido a este organismo.