El accidente ferroviario ocurrido en Urda (Toledo) ha vuelto a poner sobre la mesa el modelo de organización y gestión del ferrocarril en España. La Asociación del Cuerpo de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos del Estado (Aicape) ha expresado sus condolencias a las víctimas y sus allegados, y ha reclamado que se esclarezcan las circunstancias del siniestro mediante una investigación "rigurosa, objetiva e independiente".

"Es imprescindible esclarecer las circunstancias del accidente, identificar los factores que hayan podido contribuir a él y adoptar las medidas necesarias para evitar que una tragedia de estas características vuelva a producirse", señalan.

La asociación sostiene que la autoridad investigadora, AITAT, debe contar con autonomía, recursos suficientes y libertad para examinar lo ocurrido y emitir recomendaciones. A su juicio, la confianza pública en las conclusiones dependerá de que el proceso se desarrolle con transparencia y esté "exclusivamente guiado por criterios técnicos", sin presiones políticas o administrativas ni interferencias de entidades potencialmente implicadas.

Analizar el sistema, no solo posibles errores individuales

Aicape pide que la investigación examine el funcionamiento del conjunto del sistema ferroviario. Esto incluye la infraestructura, la señalización y los sistemas de protección, además de los procedimientos de circulación, las comunicaciones y la organización del control del tráfico.

La asociación recuerda que un "sistema de seguridad robusto no puede depender de que las personas actúen siempre de manera perfecta, sino que debe ser capaz de detectar situaciones anómalas, impedir que se conviertan en situaciones de peligro y garantizar condiciones de circulación seguras incluso ante fallos técnicos o errores operativos".

Por ello, Aicape reclama analizar qué barreras de seguridad estaban previstas, si llegaron a activarse y por qué pudieron resultar insuficientes. La asociación advierte de que atribuir el accidente a un error individual sin examinar el conjunto del sistema supondría "renunciar a comprender las posibles deficiencias sistémicas y organizativas que deben ser objeto de análisis".

Una dirección con mayor peso técnico

Aicape advierte de que algunas decisiones ferroviarias, pese a exigir conocimientos especializados, experiencia y continuidad, podrían estar cada vez más condicionadas por criterios políticos. La asociación considera que los puestos directivos de carácter técnico deben recaer en profesionales con formación y conocimiento acreditados del sector.

La dirección política de las administraciones, sostiene, debe distinguirse de las decisiones técnicas. Estas han de quedar en manos de profesionales cualificados, con independencia de criterio, capacidad real para decidir y responsabilidad sobre sus actuaciones. Aicape señala que la condición funcionarial puede ayudar a proteger esa independencia frente a presiones externas.

Por ello, reclama una Administración ferroviaria sólida y profesionalizada, con autoridad técnica, así como una cultura de seguridad centrada en analizar el sistema y no solo en buscar culpables individuales. También pide que las instituciones encargadas de investigar los accidentes sean verdaderamente independientes.

"La seguridad de los ciudadanos exige rigor técnico, independencia y responsabilidad. No puede ser de otra manera", concluye la asociación.

La escasez de vivienda, los precios elevados y el envejecimiento del parque residencial son algunos de los principales desafíos a los que se enfrentan hoy los españoles. Según el Boletín Especial del Censo de Viviendas 2021 del Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana, el 49,1% de las viviendas principales se construyó antes de 1980, año en que se aprobaron los primeros requisitos básicos de aislamiento térmico para los edificios. Es decir, casi la mitad tiene más de 45 años.

Esta antigüedad plantea otro reto: modernizar un parque residencial en el que muchos edificios acumulan décadas de uso. Las necesidades de actualización ya se reflejan en los hogares, puesto que el 34,4% considera que su vivienda o edificio necesita mejoras de eficiencia energética, pero todavía no las ha realizado. En cambio, el 19,5% sí acometió alguna actuación de este tipo en los cinco años anteriores, según la Encuesta de Condiciones de Vida de 2025 del INE. Entre los propietarios que no han hecho reformas, el 76,2% señala el coste como principal obstáculo.

El deterioro de los edificios no afecta solo a su conservación. "También afecta al confort de las personas, al coste de mantener las viviendas en condiciones adecuadas y a la capacidad de los edificios para responder a las necesidades actuales", señala Eva López, CEO y fundadora de la inmobiliaria Fincas Eva. Los inmuebles con aislamiento insuficiente o instalaciones obsoletas pueden necesitar más energía para mantener una temperatura interior adecuada.

La capacidad para afrontar esas obras tampoco es igual para todos los hogares. Entre quienes vivían en viviendas construidas antes de 1960, el 51,2% de los hogares con ingresos bajos consideraba necesarias mejoras de eficiencia energética, frente al 27,5% de los hogares con ingresos más altos. Así, las mayores necesidades de rehabilitación pueden coincidir con menos recursos para cubrirlas.

La adaptación de los edificios también incluye la accesibilidad. Ascensores, entradas adecuadas y zonas comunes en buen estado pueden ser esenciales para las personas mayores o con movilidad reducida, y ayudar a que mantengan su autonomía en casa.

Por eso, Eva López defiende anticipar las necesidades de mantenimiento y planificar las intervenciones antes de que el deterioro exija obras más complejas. La gestión preventiva, señala, permite a las comunidades establecer prioridades, evaluar las instalaciones y organizar las inversiones.

La rehabilitación, por tanto, no se limita a resolver deficiencias visibles: también puede contribuir a preservar la funcionalidad y el valor de los inmuebles. Para ello, propietarios, comunidades de vecinos, administradores y profesionales deben coordinarse para priorizar las obras y estudiar cómo financiarlas según las necesidades de cada edificio.

"La conservación de los edificios debe entenderse como una inversión a largo plazo. Una gestión planificada ayuda a proteger el patrimonio de los propietarios y a mantener unas condiciones de habitabilidad adecuadas. El desafío está en facilitar que las comunidades puedan anticiparse, tomar decisiones informadas y abordar las mejoras necesarias de manera ordenada", concluye López.

La interrupción de la alta velocidad entre Madrid y Andalucía tras el accidente ferroviario de Urda (Toledo) ha llevado a las aerolíneas a ampliar su oferta. Volotea habilitará cerca de un centenar de vuelos adicionales entre Madrid y Sevilla y Madrid y Málaga para ofrecer una alternativa a los viajeros, mientras Renfe mantiene bloqueada la venta de billetes en este corredor hasta el 13 de diciembre.

Los vuelos de Volotea operarán del 13 de noviembre al 16 de diciembre. La compañía ha fijado un precio máximo de 75 euros por trayecto en tarifa básica y de 99 euros si se viaja con una maleta de cabina de hasta 10 kilos.

La ruta entre Madrid y Sevilla tendrá inicialmente hasta cuatro frecuencias semanales —lunes, miércoles, viernes y domingo—, mientras que la conexión con Málaga contará con cinco —lunes, martes, miércoles, viernes y sábado—. En diciembre, Volotea prevé añadir una frecuencia los jueves a Sevilla y otra los domingos a Málaga, ampliando así las opciones de viaje.

Iberia también amplía su oferta

Volotea se suma así a las medidas anunciadas por Iberia para mantener la conexión aérea con Andalucía. La compañía ha limitado hasta el 8 de noviembre sus tarifas en los vuelos con origen o destino en la comunidad: hasta 99 euros por trayecto en clase turista y 149 euros en Business. También ha habilitado cambios flexibles para los pasajeros afectados.

Este viernes, Iberia ha duplicado las plazas disponibles en sus vuelos entre Madrid y Andalucía al sustituir algunos aviones por modelos Airbus A321, de mayor capacidad. Ya el jueves, Iberia había incrementado un 42% su capacidad con Andalucía, con 1.080 plazas adicionales: 720 en la ruta Madrid-Málaga y 360 en la de Madrid-Sevilla. La aerolínea mantiene el límite de precios anunciado hasta el 8 de noviembre.

Consumo plantea recuperar un límite general de precios

Según fuentes del departamento, Consumo ha detectado desde el miércoles, día del accidente ferroviario, un aumento generalizado de los precios de las alternativas al tren, como los billetes de avión. Desde entonces, también vigila las tarifas de otros medios de transporte, entre ellos los coches de alquiler y los autobuses.

La subida de los precios ha reabierto el debate sobre cómo proteger a los consumidores ante situaciones excepcionales. El real decreto que permitía establecer límites durante una emergencia se aprobó en febrero, pero fue derogado después de que el Congreso lo rechazara. Ahora, el Ministerio de Consumo trabaja para recuperar una medida similar.

Telefónica ha bloqueado más de 241 millones de llamadas de voz fraudulentas desde la entrada en vigor, en marzo de 2025, de la Orden Ministerial contra la suplantación de identidad. La cifra equivale a una media aproximada de 400.000 llamadas al día.

La normativa busca combatir el fraude telefónico asociado a llamadas con numeración falsa o manipulada. Telefónica afirma que fue la primera operadora en implantar estas medidas y que también ha bloqueado más de 28 millones de SMS fraudulentos desde su puesta en marcha.

Movistar suma 1,2 millones de líneas con el bloqueo activado

A estas medidas se suma "Llamadas Spam", la funcionalidad que Movistar lanzó el 16 de marzo de 2026 para identificar comunicaciones no deseadas y avisar al usuario cuando una llamada entrante presenta indicios de ser spam. Desde entonces, la compañía ha identificado 166 millones de llamadas de este tipo.

"‘Llamadas Spam’ se convierte en el servicio con la adopción más rápida jamás registrada en la marca comercial de Telefónica, lo que refleja la creciente preocupación de los usuarios por las interrupciones no deseadas y la necesidad de contar con herramientas que refuercen su seguridad y tranquilidad en el uso diario del móvil", explica la teleco.

El servicio muestra una advertencia en el teléfono y permite activar el bloqueo total para que las llamadas marcadas como spam no lleguen a sonar. El cliente puede gestionar esta opción desde la aplicación Mi Movistar, por teléfono o en una tienda. Según Telefónica, el servicio no tiene coste adicional ni requiere instalar una aplicación.

Hasta el 30 de octubre, 1,2 millones de líneas habían activado voluntariamente el bloqueo. La compañía asegura que esta es la funcionalidad que más rápidamente ha adoptado su marca Movistar. A petición de esos clientes, se han bloqueado más de 15 millones de llamadas spam.

Laura Otero, directora de B2C de Telefónica en España, vinculó la rápida adopción del servicio a la preocupación de los usuarios por las llamadas no deseadas y destacó que la herramienta se activa sin coste ni instalación.