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US and UK Prepare for Emergencies: 90-Day Military Bases and Homes Autonomy
28 October 2026 at 10:59
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Iustitia Europa ha instado al Tribunal Supremo a suspender también el voto a los hijos de nacionalizados por la "ley de nietos", ante la constancia de que están a salvo de la medida cautelar que sí afecta a sus progenitores, los más de 163.000 nuevos españoles que adquirieron la nacionalidad a través de la citada norma y cuyo derecho al voto ha suspendido la Sala Tercera.
En su petición, el partido de Luis María Pardo justifica que la medida deba acordarse "de inmediato" en "la proximidad de las fases decisivas del calendario electoral", en el "riesgo de incorporación de los votos antes de completar la verificación" y en la existencia de una suspensión cautelar respecto a los nacionalizados cuyo parentesco les permite a ellos a su vez optar por la nacionalidad española.
La formación recuerda que la propia Administración ha cifrado en 195.872 las nacionalidades concedidas a hijos de quienes se han beneficiado de la "ley de nietos" y en otros 134.405 las solicitudes ya aprobadas y pendientes de inscripción.
"La previa nacionalidad del progenitor constituye así presupuesto jurídico del título ejercitado por el hijo y la propia instrucción exige la correspondiente acreditación registral del padre o madre", incide Iustitia Europa, que pone de relieve que existe "una relación documental susceptible de comprobación inmediata entre el progenitor, la vía por la que este adquirió la nacionalidad y el posterior título del hijo".
Según pone de relieve, resulta necesario determinar qué electores "se encuentran efectivamente incorporados al CERA aplicable al 29 de noviembre, quién es el progenitor del que deriva cada adquisición y cuáles de dichos progenitores se encuentran comprendidos en las medidas cautelares vigentes". Una vez identificados, añade, "procede aplicar respecto de ellos el mismo régimen cautelar de suspensión de efectos electorales".
Pardo se queja de que "a menos de un mes de las elecciones, seguimos sin saber con certeza con qué censo vamos a votar", lo que considera "inadmisible y extremadamente grave". "Esto va mucho más allá de una ley o de una instrucción: afecta directamente a la legitimidad del proceso democrático", denuncia.
El censo electoral, hace hincapié el presidente de Iustitia Europa y cabeza de cartel por Madrid en las elecciones del 29N, "es la base sobre la que se expresa la voluntad popular". "Si existen alteraciones o incorporaciones que no han sido suficientemente comprobadas -advierte- la legitimidad del resultado electoral puede quedar seriamente cuestionada". "Una democracia no puede permitirse llegar a unas elecciones con dudas de esta magnitud sobre su censo", asegura.
"Datos oficiales desglosados"
Al mismo tiempo, la Asociación por la Reconciliación y la Verdad Histórica ha dirigido sendos escritos a la Sala Tercera, Sección Cuarta, del Tribunal Supremo, en las piezas de medidas cautelares de los recursos de Iustitia Europa y Vox, relativos a las consecuencias electorales de la aplicación de la "ley de nietos".
Según apunta esta entidad, las medidas cautelares afectan al primer inciso de la disposición adicional octava.1 de la Ley 20/2022, mientras que los hijos mayores de edad pueden optar por otra vía: el apartado 1.b), aplicable a supuestos vinculados tanto a la Ley de Memoria Democrática de 2022 como a la anterior norma, que data de 2007.
En este sentido, menciona los 195.872 expedientes del Anexo III, "cifra que no equivale a electores inscritos ni permite conocer cuántos derivan de nacionalizaciones matrices sujetas a cautela". La asociación pide "verificarla mediante datos oficiales desglosados por título jurídico y situación de cada solicitud".
La asociación solicita que la Sala "aclare si las cautelares alcanzan a las inscripciones CERA del apartado 1.b) vinculadas con expedientes matrices afectados". Y pide asimismo a la Oficina del Censo Electoral, Exteriores y los órganos del Registro Civil "datos agregados e índices confidenciales para reconstruir la cadena entre expedientes originales, familiares, resoluciones e inscripciones".
También se pide "preservar los originales electrónicos, controles de versiones, justificantes de cita, firmas y registros de acceso". A este respecto, considera la entidad que "solo si la comprobación oficial detecta irregularidades concretas y suficientemente individualizadas, se interesa que el Supremo valore una medida adicional proporcionada, con las garantías de audiencia y contradicción correspondientes".
De igual manera que Iustitia Europa, considera que la "proximidad de las elecciones del 29 de noviembre justifica solicitar urgencia".
© EUROPAPRESS
