La titular de la plaza número 2 de la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Orgaz (Toledo) ha dictado una providencia en la tarde de este miércoles por la que se acuerda la prohibición de acceso a toda persona ajena a la zona del siniestro del accidente ferroviario de Urda. Dicha prohibición alcanza 2 kilómetros de la vía de Alta velocidad Madrid-Sevilla en ambos sentidos.

Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, equipos de salvamento y sanidad y personal judicial son los únicos que cuenta con la autorización judicial para permanecer en la zona, según informa el Tribunal Superior de Justicia. Además, la juez prohíbe la retirada de cualquier elemento, así como la toma y difusión de imágenes de la zona afectada.

La decisión de la jueza instructora se produce con el fin de esclarecer los hechos y preservar las evidencias, pruebas e indicios, explica el comunicado.

Otro de los acuerdos de la jueza instructora durante la tarde ha sido la incautación y custodia por parte de la Policía Judicial de Toledo de las cajas negras de los trenes siniestrados que se encuentren, para su posterior análisis.

Recabar datos de Atocha y de Adif

Además, la jueza instructora ha oficiado por una parte a la Policía Judicial para personarse en el centro de control de Atocha, a fin de que se recaben datos relativos a la circulación de trenes en la zona del siniestro, así como informe de la comisión de investigación de ADIF sobre las personas encargadas del control de mando en el momento del accidente.

Por otro lado, se ha oficiado a la Policía Judicial de Toledo para recabar datos de ADIF relacionados con protocolos de actuación relativos a los minutos previos, en el momento del siniestro, y posteriores al accidente ferroviario.

Finalmente, se ha dictado Auto por el que se acuerda el secreto de sumario de las actuaciones.

La Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) ha manifestado este miércoles su "profunda preocupación" ante las informaciones conocidas sobre posibles actuaciones de hostigamiento, seguimiento o intimidación que habrían afectado a la magistrada Beatriz Biedma y a su entorno.

En una declaración institucional, la Sala de Gobierno ha trasladado su respaldo a la magistrada, "sin prejuzgar los hechos ni las responsabilidades, cuya determinación corresponde exclusivamente a los tribunales".

"Ningún juez debe ejercer su función bajo el temor, la presión o la intimidación", ha subrayado el órgano de gobierno de los jueces madrileños.

Asimismo, ha recordado que la independencia judicial "no constituye un privilegio de quienes juzgan, sino una garantía de todos los ciudadanos y una exigencia esencial de la democracia y del Estado de Derecho".

La magistrada Beatriz Biedma, que investigó al hermano del presidente del Gobierno, David Sánchez, ha denunciado ante la Audiencia Nacional haber sufrido presuntos seguimientos durante la instrucción de esa causa, así como una campaña de descrédito que, según ha relatado, llegó a afectar a su entorno familiar.

En su declaración como perjudicada el pasado 8 de octubre, la jueza explicó que varias personas de su entorno le alertaron de que alguien que se hacía pasar por su hermano o por su secretario había acudido al colegio de sus hijas y había preguntado por ella.

Biedma aseguró que no tiene ni hermano ni secretario y relató la "angustia" que le provocaron estos episodios, especialmente por la seguridad de sus hijas menores, en una ciudad como Badajoz y sin disponer de protección policial.

La asociación Hazte Oír ha pedido al Tribunal Supremo que la suspensión cautelar del derecho al voto acordada para determinados beneficiarios de la conocida como "ley de nietos" se haga extensiva también a sus hijos mayores de edad que cumplan los requisitos para participar en las elecciones.

En un escrito, al que ha tenido acceso LA RAZÓN, la organización solicita al alto tribunal que requiera a la Junta Electoral Central (JEC) y a la Oficina del Censo Electoral información detallada sobre las inscripciones de estas personas en el Censo Electoral de Residentes Ausentes (CERA).

Hazte Oír recuerda que, en una resolución dictada en septiembre, la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Supremo acordó suspender cautelarmente el voto de quienes no acreditaran su condición de descendientes de exiliados, al considerar que existía un "riesgo" fundado para la objetividad y la transparencia del proceso electoral.

A juicio de la asociación, esa amenaza también afecta a los hijos mayores de edad de los nacionalizados por esta vía que estén inscritos en el censo correspondiente a los comicios previstos para el próximo 29 de noviembre.

En este sentido, advierte de que, si no se identifican estas inscripciones antes de la celebración de las elecciones, una eventual sentencia que ordene excluir del censo las altas vinculadas a la "ley de nietos" podría llegar demasiado tarde para impedir que estas personas hayan ejercido ya su derecho al voto.

La entidad insiste, además, en la necesidad de que el Supremo se pronuncie con rapidez debido a la proximidad de la cita electoral. Según expone, el Gobierno debe facilitar esta misma semana la relación nominal de los beneficiarios de la norma, por lo que considera imprescindible identificar también a sus hijos durante ese procedimiento.

Por estos motivos, Hazte Oír reclama al tribunal que determine quiénes son los descendientes mayores de edad afectados y que amplíe a ellos la suspensión cautelar de los efectos electorales de su inscripción en el CERA de cara a las elecciones del 29 de noviembre.

El Tribunal Supremo ha remitido a los juzgado de Algeciras (Cádiz) una denuncia por presunto delito sexual contra el exalcalde de la ciudad José Ignacio Landaluce, que ya tampoco es senador después del adelanto electoral y, por tanto, no tiene aforamiento.

A través de un auto, recogido por Europa Press, la Sala de lo Penal declara, por ello, la pérdida de competencia del alto tribunal para continuar con el conocimiento de la denuncia presentada.

Los magistrados acuerdan enviar la causa al Servicio Común de Registro y Reparto de Algeciras (antiguo decanato) para que se reparta la misma al juzgado que resulte competente.

En concreto, la denuncia contra Landaluce se presentó por un presunto delito contra la libertad sexual y, de forma complementaria o subsidiaria, de un delito contra la Administración Pública.

Landaluce oficializó este domingo su renuncia como alcalde tras la presión del partido por el que estaba en el cargo, el PP, ante las denuncias en su contra, y que venía ocupando desde junio de 2011.

La semana pasada, declaró como investigado ante la jueza del Juzgado de Violencia sobre la Mujer número 2 de Algeciras por un presunto delito contra la libertad sexual y, a su salida, defendió que es "inocente" y pidió "celeridad en la justicia porque una de las faenas que tiene una acusación es la pena de telediario".