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España protegió el poder adquisitivo de los pensionistas pero con la reforma el gasto podría alcanzar el 17% del PIB en 2045, según un estudio
El gasto en pensiones crece y, según las previsiones publicadas por Fedea, la inversión pública pasaría del 13,1% del producto interno bruto (PIB) en 2022 al 16,9% en 2045. Así lo asegura el informe publicado con el título Valorando las reformas del Plan de Recuperación: avances parciales y crecientes desequilibrios pendientes, que sostiene que la reforma aprobada entre 2021 y 2023 reforzó la protección de los jubilados frente a la inflación, aunque no resuelve la financiación del sistema a largo plazo.
Entre 2022 y 2045, el gasto medio en pensiones de la Unión Europea subiría del 11,4% al 12,1% del PIB. Y España ampliaría la diferencia respecto de la media comunitaria, de 1,7 puntos porcentuales en 2022 a 4,8 puntos dentro de 19 años. El informe, firmado por Judith Arnal, Ángel de la Fuente y Juan Pablo Riesgo, aclara que se trata de previsiones construidas a partir de hipótesis demográficas y macroeconómicas.
El informe concluye que la reforma reforzó la protección de los pensionistas frente a la inflación al recuperar la actualización anual de las prestaciones con el índice de precios al consumidor (IPC). También derogó el factor de sostenibilidad, que vinculaba la cuantía inicial de la pensión a la evolución de la esperanza de vida, y aprobó mejoras en las pensiones mínimas y en los complementos para reducir la brecha de género. Pero para Fedea, estas medidas elevan las obligaciones futuras del sistema sin resolver por completo cómo se financiarán.
El documento no cuestiona la finalidad de proteger a los jubilados. Su advertencia apunta al coste de esa decisión en un país donde aumentará la proporción de personas retiradas respecto de la población en edad de trabajar.
La evolución demográfica explica buena parte de la presión sobre el sistema, aunque no es el único factor. La previsión no contempla solo el impacto de una población más envejecida, con un mayor número de jubilados. También incorpora las reglas que determinan a qué edad se accede a la jubilación, cómo se fija la pensión inicial y cómo se actualiza cada año. El resultado es un incremento del gasto que, según Fedea, supera la capacidad de financiación que aportan las medidas aprobadas.
Las cotizaciones adicionales no cubrirían todo el aumento del gasto
La reforma incorporó nuevas vías de ingresos para reforzar las cuentas de la Seguridad Social. La principal es el Mecanismo de Equidad Intergeneracional (MEI), una cotización social adicional y temporal aplicada en España desde el 1 de enero de 2023 para reforzar el sistema público de pensiones frente a la jubilación de la generación del baby boom. Su tipo alcanzó el 0,9% en 2026 y está previsto que llegue al 1,2% en 2029.
A ese mecanismo se suman el aumento de las bases máximas de cotización por encima de la inflación y una cuota de solidaridad para los salarios que superan dichas bases. Con estas medidas, el sistema recaudaría más recursos a través de las aportaciones de trabajadores y empresas.
Sin embargo, el informe sostiene que ese refuerzo no bastará para compensar el aumento previsto del gasto. La estimación citada calcula que las medidas de ingresos aportarían una media de 1,6 puntos de PIB entre 2022 y 2050. En ese período, la subida del gasto superaría los tres puntos de PIB según las previsiones de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) y del Ageing Report 2024. La estimación de Fedea eleva ese aumento a cinco puntos, aunque el documento aclara que las metodologías no son idénticas.
La distancia entre el gasto adicional y los nuevos ingresos obligaría a buscar recursos fuera de las cotizaciones, según el documento. Fedea sostiene que esa parte deberá financiarse con transferencias del Estado, es decir, con impuestos o deuda pública.
La regla de gasto se cumple por tres décimas, pero no despeja la sostenibilidad
La reforma creó una regla para vigilar la evolución futura del sistema. Esa regla establece que el gasto en pensiones, después de restar los ingresos extra obtenidos con las nuevas cotizaciones, no debería superar una media del 13,3% del PIB entre 2022 y 2050. En la primera revisión, realizada en 2026, el indicador se situó en el 13% del PIB. Por eso, la regla se cumple, aunque solo con tres décimas de margen.
Fedea advierte de que ese resultado no significa que esté resuelta la financiación de las pensiones. El 13% no es el gasto previsto para un año concreto: es una media calculada para casi tres décadas y descuenta los ingresos adicionales de la reforma. En cambio, la previsión de gasto público bruto para 2045 asciende al 16,9% del PIB.
El informe cuestiona que el cumplimiento de esa regla sea suficiente para garantizar la sostenibilidad del sistema a largo plazo. Si en una próxima revisión se superara el límite, el Gobierno tendría que proponer medidas, aunque la norma no determina de antemano si el ajuste se haría mediante más cotizaciones, impuestos, deuda o cambios en las pensiones.
El informe alerta sobre el coste para otras políticas públicas
El estudio sitúa el debate en la distribución futura de los recursos públicos. Si el gasto en pensiones absorbe una parte mayor del PIB, habrá menos margen presupuestario para otras áreas, como vivienda, educación y empleo.
Ese es uno de los puntos centrales del informe: la reforma protege a los pensionistas actuales, pero traslada una parte de la financiación pendiente a las próximas décadas. El coste puede recaer sobre los trabajadores a través de cotizaciones más altas, sobre los contribuyentes mediante impuestos o sobre el conjunto de la economía si se recurre a mayor deuda, dice Fedea.
Fedea concluye que el sistema necesita un acuerdo que defina cómo se financiará el aumento del gasto sin concentrar el ajuste sobre el empleo y las generaciones jóvenes. La proyección hasta 2045 no anticipa un resultado inevitable, pero dibuja el escenario que se produciría si se mantienen las reglas actuales y se cumplen las hipótesis demográficas y económicas utilizadas en el cálculo.
