Tras tres subidas consecutivas, el euríbor cae ligeramente en octubre y cierra el mes en torno al 3,23%, por debajo del 3,247% registrado en septiembre. Sin embargo, este descenso no supondrá una rebaja en las cuotas de las hipotecas variables de quienes tengan que revisarlas en noviembre. Al contrario, los que tengan revisión anual verán cómo sus mensualidades aumentan una media de 100 euros, lo que supone unos 1.200 euros más al año. Por su parte, quienes tengan una revisión semestral de su préstamo verán incrementada su cuota en unos 46 euros mensuales, lo que equivale a 278 euros al semestre, según los cálculos del comparador Kelisto.es.

El índice de referencia con el que se calculan los intereses de las hipotecas variables ha frenado la remontada que experimentó entre julio y septiembre, mes que cerró en el 3.247%, lo que supone 0,012 puntos porcentuales por encima del cierre de octubre. A pesar de este descenso, el euríbor termina octubre con 1,048 puntos por encima del mismo mes de 2025, cuando cerró en el 2,187%, por lo que subirán las cuotas de las hipotecas.

Miquel Riera, analista hipotecario del comparador financiero HelpMyCash.com, explica cómo funciona este mecanismo: “El interés de las hipotecas se revisa cada seis o 12 meses, a contar desde la firma de la escritura. Al llegar la fecha señalada, si el euríbor ha subido respecto a la anterior actualización, el tipo aplicado subirá y las cuotas se encarecerán, y si ha bajado, las mensualidades cobradas a partir de entonces serán más baratas”.

Así, la media mensual del euríbor en octubre, situada en torno al 3,23%, será inferior a la del mes anterior, pero notablemente superior a la registrada hace un año y hace seis meses: el 2,187% y el 2,747%, respectivamente. En consecuencia, “las hipotecas variables con revisión anual o semestral en noviembre pasarán a tener unas cuotas sensiblemente más caras”, indica Riera.

Previsiones al alza

La evolución diaria del índice en los últimos días de octubre apunta a una nueva remontada. Pasó del 3,177% el 6 de octubre al 3,308% el día 29, una trayectoria que alimenta las previsiones de nuevas subidas.

“La leve caída del euríbor en octubre es una buena noticia, pero todavía no permite hablar de un cambio de tendencia. El euríbor sigue por encima del 3% y la decisión del Banco Central Europeo (BCE) este jueves de congelar los tipos de interés, junto con sus próximos pasos, serán determinantes para saber cómo puede evolucionar en los siguientes meses”, señala Laura Martínez, directora de Comunicación y portavoz del comparador y asesor hipotecario iAhorro.

La experta estima que “seguramente, el BCE subirá los tipos de interés en diciembre, hasta el 2,75% y, por tanto, el euríbor podría terminar el año por encima del dato actual”.

En la misma línea, Pedro Ruiz, portavoz de Finanzas Personales de Kelisto.es, considera que la evolución del euríbor en octubre “confirma que se mantendrá por encima del 3% en los próximos meses. El índice parece estabilizarse en torno al 3,2%, después de rebasar esa cifra en tasa diaria durante las últimas 12 sesiones de forma consecutiva”.

A su juicio, esta tendencia pone de manifiesto “la incertidumbre” que sigue dominando las expectativas sobre los tipos de interés, en un contexto en el que las presiones inflacionistas conviven con nuevos riesgos para la estabilidad financiera europea.

La inflación y el crecimiento, los principales detonantes de nuevas subidas

Las próximas decisiones del BCE dependerán, entre otros factores, de la evolución económica de la zona euro y de la inflación, que subió en septiembre hasta el 3,8%. Buena parte de este repunte estaría relacionada con el encarecimiento de la energía derivado del conflicto en Oriente Medio, una subida que podría trasladarse de forma generalizada a los precios y los salarios.

En este contexto, “nuestro escenario central sigue siendo que el euríbor se mantenga en niveles elevados durante los próximos meses, aunque con una evolución más irregular de la que anticipábamos en septiembre”, estima Pedro Ruiz.

El portavoz considera que, si la inflación continúa sorprendiendo al alza y el banco central confirma una nueva subida de los tipos antes de finalizar el año, “el euríbor podría acercarse nuevamente al 3,4% o incluso superar puntualmente ese nivel”.

Ruiz insiste en que el ligero descenso de la media de octubre no cambia el diagnóstico de fondo: “El escenario de tipos bajos y descensos sostenidos del euríbor continúa siendo poco probable mientras persistan las tensiones energéticas y la inflación permanezca tan alejada del objetivo del BCE”. Un objetivo que el eurobanco tiene en el 2%.

Un “buen momento” para hipotecarse

Para quienes estén pensando en comprar una vivienda y contratar una hipoteca, este puede ser “un buen momento”, defiende Laura Martínez. Apunta que durante el último trimestre del año algunas entidades intensifican sus ofertas para captar nuevos clientes y cumplir sus objetivos comerciales antes del cierre del ejercicio.

“Esto puede traducirse en condiciones competitivas, aunque las propuestas dependen de cada banco y del perfil de cada solicitante; no significa que todas las hipotecas sean necesariamente más baratas”, reconoce la experta.

Los tipos de interés medios de las hipotecas han evolucionado de forma distinta en lo que va de año según la modalidad de préstamo. En las hipotecas fijas, el tipo de interés nominal (TIN) medio pasó del 1,98% en febrero al 2,44% en septiembre. En las hipotecas mixtas, el tipo medio del tramo fijo alcanzó el 2,48% en agosto y bajó hasta el 2,17% en septiembre.

Martínez explica que estas variaciones responden, en parte, a los movimientos del euríbor. Cuando el indicador sube, las ofertas de hipotecas fijas pueden encarecerse. No obstante, “esto no pasa en la hipoteca mixta, ya que los bancos intentan hacer más atractiva su parte fija para que compense el encarecimiento de la parte variable”.

El mapa de la vivienda de lujo en Madrid está cambiando. Chamberí se ha convertido en uno de los grandes protagonistas del mercado residencial de alta gama, con una revalorización que supera la registrada en el barrio de Salamanca, tradicional referente de los precios más elevados de la capital.

En el tercer trimestre de 2026, las viviendas de Almagro, Trafalgar y Gaztambide alcanzaron precios de cierre de entre 8.800 y 9.600 euros por metro cuadrado, tras experimentar un incremento interanual de entre el 8% y el 9%, según las estimaciones de Walter Haus.

La evolución contrasta con la de algunas de las zonas más cotizadas de Salamanca. En Recoletos, Castellana y Goya, los precios de las operaciones cerradas se sitúan entre 9.800 y 10.600 euros por metro cuadrado, con un avance anual de entre el 5% y el 6%. Aunque estos enclaves mantienen los valores más elevados, el ritmo de crecimiento es más moderado que el observado en Chamberí.

Detrás de esta tendencia se encuentra un cambio en las preferencias de quienes buscan una vivienda exclusiva. La ubicación céntrica continúa siendo determinante, pero gana peso la combinación de amplitud, calidad residencial y expectativas de revalorización.

Fuera del centro, el interés por las viviendas unifamiliares se desplaza hacia el noroeste, especialmente a Aravaca, Pozuelo de Alarcón y Majadahonda, donde los compradores encuentran alternativas residenciales alejadas de las zonas más densas de la capital.

El comprador de lujo busca más espacio y analiza cada operación

El avance de Chamberí se debe a una transformación de la demanda. “Su crecimiento responde a un cambio en las prioridades del comprador de lujo, que busca ubicación, amplitud, calidad de vida y valor a largo plazo. La demanda se mantiene muy activa, pero es más analítica y penaliza los inmuebles que salen al mercado por encima de su valor. En este escenario, una correcta tasación inicial es cada vez más determinante para cerrar la operación en tiempos y márgenes adecuados”, explican fuentes de Walter Haus.

El importe medio de las transacciones prime intermediadas por la compañía en Madrid se sitúa en torno a 1,1 millones de euros, con una concentración creciente de operaciones en la horquilla de entre 800.000 y 1,4 millones. Por el contrario, las compraventas por encima de los dos millones tienen una presencia menor en la actividad analizada por la inmobiliaria.

La mayor capacidad económica no implica, sin embargo, decisiones más rápidas. Una vivienda de lujo tarda actualmente entre 110 y 140 días en venderse en Madrid, frente a los 95-120 días de hace un año.

Además, los inmuebles necesitan entre 10 y 14 visitas antes de encontrar comprador, mientras que el plazo medio entre la reserva y la firma ante notario ha pasado de 67 a 74 días. Estos indicadores apuntan a un mercado en el que los compradores comparan más opciones y examinan con mayor detenimiento el precio y las características de cada inmueble.

Quién compra las viviendas más exclusivas

El perfil predominante es el de un comprador español de más de 50 años que utiliza el patrimonio acumulado para adquirir una vivienda de mayor calidad o adaptada a una nueva etapa vital. Los compradores nacionales representan alrededor de siete de cada diez operaciones, aunque el interés internacional continúa creciendo.

La liquidez sigue teniendo un papel importante en este segmento: alrededor del 60% de las compraventas de alta gama se realiza al contado. No obstante, también aumenta la disposición de algunos compradores con capacidad financiera a recurrir parcialmente a una hipoteca para evitar vender otros activos que consideran potencialmente más rentables. De este modo, disponer de capital suficiente no siempre significa que el comprador quiera destinar todos sus recursos a la vivienda.

En cuanto a las motivaciones, entre el 55% y el 60% de las operaciones corresponde a compradores que buscan una vivienda de reposición para uso habitual. Las adquisiciones como segunda residencia representan aproximadamente un 5%, mientras que la inversión y la reubicación profesional concentran, respectivamente, entre un 15% y un 20% de las transacciones.

La inversión pierde atractivo frente al uso residencial

El cambio de prioridades también afecta a quienes compran con una finalidad inversora. La rentabilidad bruta del alquiler prémium en Madrid se sitúa en torno al 4,3%, un rendimiento que está reduciendo el atractivo de la inversión puramente inmobiliaria frente a otras alternativas patrimoniales. “El patrimonio busca refugio y uso, no renta”, aseguran las mismas fuentes.

La previsión para el cuarto trimestre apunta a nuevas subidas de precios, aunque a un ritmo más moderado. La evolución dependerá, en buena medida, de la diferencia entre los inmuebles bien ubicados y comercializados a un precio ajustado y aquellos cuyas expectativas de venta se alejen de las condiciones reales del mercado.

La demanda internacional seguirá siendo uno de los motores del segmento de lujo, con un interés creciente de compradores procedentes de México, Colombia, Venezuela y Estados Unidos. En este escenario, Chamberí refuerza su posición frente a los barrios tradicionalmente más caros, mientras el mercado prime de Madrid entra en una etapa en la que la ubicación sigue marcando la diferencia, pero el precio de salida y la capacidad de ajustarse a las expectativas del comprador resultan cada vez más decisivos.

Cada vez son más los ciudadanos que antes de comprar una vivienda necesitan vender la que ya tienen. Esta fórmula, conocida como compraventa vinculada, se ha convertido en una de las dinámicas más relevantes del sector residencial, según el último análisis del Servicio de Estudios de Redpiso, que detecta un aumento de las operaciones en las que la compra depende de una venta previa.

El denominado comprador de reposición —aquel que busca una vivienda que se adapte mejor a sus necesidades personales, familiares o económicas— ha pasado de representar el 34% de las operaciones de vivienda habitual gestionadas por la red inmobiliaria en 2025 a rozar el 56% desde abril de 2026. En otras palabras, este perfil ya concentra más de la mitad de las operaciones analizadas por la compañía.

El fenómeno evidencia que una parte importante de la demanda no procede de personas que acceden por primera vez a la propiedad, sino de hogares que ya cuentan con un inmueble y necesitan convertir su valor acumulado en recursos para financiar la siguiente compra. El reto consiste en vender y comprar en un mercado donde los plazos, la financiación y el precio de los inmuebles pueden determinar que la operación salga adelante o se complique.

La vivienda actual se convierte en la ‘llave’ de la siguiente

Una de las principales barreras para cambiar de casa es reunir el dinero necesario para formalizar la adquisición. Las entidades financieras suelen exigir que el comprador aporte una parte del precio con fondos propios, además de asumir los impuestos y otros gastos asociados. En este contexto, el capital obtenido mediante la venta de la vivienda habitual puede resultar decisivo para afrontar la entrada y reducir la necesidad de financiación bancaria.

Según el análisis de Redpiso, la aportación inicial suele situarse en torno al 20% del valor del inmueble, mientras que los gastos adicionales pueden representar entre un 10% y un 12%, dependiendo de las características de la operación. Para muchos hogares, reunir esas cantidades sin vender previamente su propiedad supone una dificultad considerable. El patrimonio inmobiliario acumulado durante años se convierte así en el principal recurso para financiar el cambio.

El cambio de residencia se produce porque las familias buscan viviendas más amplias, con tres o más dormitorios, espacios exteriores como terrazas y jardines, mejores prestaciones energéticas o una ubicación con servicios más adecuados. La llegada de hijos, el teletrabajo y los cambios en las necesidades familiares pueden impulsar la decisión de mudarse, aunque la compra de una nueva casa dependa de cerrar primero la venta de la anterior.

El gran problema: vender y comprar sin quedarse en el aire

Manuel Fernández, consejero delegado de Grupo Redpiso, considera que la compraventa vinculada se ha convertido en un elemento central de la actividad residencial. “Nos encontramos ante un mercado donde la compraventa vinculada es el gran motor de la actividad residencial. No se trata mayoritariamente de un perfil sin activos, sino de propietarios consolidados que buscan dar un salto de calidad en su vivienda y utilizan la equidad de su inmueble actual para financiarlo”.

Fernández incide en que “coordinar ambos tiempos con precisión milimétrica es hoy el principal reto operativo para evitar situaciones de desprotección o tensión financiera entre las partes”.

La dificultad reside en sincronizar dos operaciones que no siempre avanzan al mismo ritmo. Si el propietario encuentra una nueva vivienda antes de vender la suya, puede verse obligado a afrontar compromisos económicos sin disponer todavía del dinero previsto. En el caso contrario, si vende primero y no consigue cerrar a tiempo la compra, corre el riesgo de tener que buscar un alojamiento provisional o afrontar una mudanza adicional.

Para reducir estas incertidumbres, Redpiso recomienda fijar desde el principio un precio de venta realista, ajustado a las condiciones del mercado. Una valoración excesivamente elevada puede alargar los plazos de comercialización y poner en peligro la adquisición prevista. También aconseja estudiar las condiciones contractuales con asesoramiento jurídico, especialmente cuando se pretende supeditar la compra de la nueva vivienda a la venta de la anterior.

Contratos, plazos e impuestos: las claves para evitar errores

La protección contractual adquiere especial importancia cuando ambas operaciones están relacionadas. Los contratos de reserva o de arras pueden incorporar, cuando proceda y se acuerde entre las partes, condiciones que vinculen la adquisición a la venta de la vivienda de origen dentro de un plazo determinado.

Otra cuestión decisiva es el calendario de entrega de llaves. Negociar una entrega diferida o un periodo adicional de posesión, siempre que sea viable y quede correctamente pactado, puede facilitar la mudanza y evitar gastos de alojamiento temporal. La planificación debe contemplar posibles retrasos, las fechas de firma y la disponibilidad efectiva del dinero procedente de la venta.

También conviene revisar las consecuencias fiscales de la operación. La normativa del IRPF contempla una exención por reinversión de la ganancia patrimonial obtenida con la venta de la vivienda habitual cuando se cumplen los requisitos legales. Entre ellos figuran los plazos y las condiciones de reinversión, por lo que resulta aconsejable comprobar cada caso con asesoramiento especializado.

El accidente ferroviario ocurrido en Urda (Toledo), que deja hasta el momento 69 víctimas mortales, ha abierto un nuevo frente de incertidumbre para el turismo de Sevilla. La Asociación de Hoteles de Sevilla y Provincia considera que la interrupción de “la infraestructura clave” que conecta Madrid con Andalucía amenaza con alterar los desplazamientos de miles de viajeros y las previsiones de actividad de los establecimientos hoteleros.

La asociación ha elaborado un primer análisis de afectación para evaluar las consecuencias sobre el turismo y la economía local. Su diagnóstico distingue tres horizontes temporales —corto, medio y largo plazo— y dibuja un escenario marcado por las cancelaciones inmediatas, las dificultades de conectividad y el riesgo de deterioro de la imagen de la alta velocidad.

Las reservas del puente en vilo

El primer efecto ya se deja notar en las reservas. A las puertas del puente festivo de Todos los Santos, los hoteleros advierten de una “ola de anulaciones” que amenaza con desbaratar las expectativas de ocupación de uno de los periodos relevantes del calendario turístico.

“Desde este miércoles se están registrando cancelaciones y modificaciones de reservas en cascada, una tendencia que previsiblemente irá en aumento debido a la suspensión de reuniones corporativas y eventos institucionales”, señala la patronal.

La preocupación se concentra especialmente en las tres noches del periodo festivo. El sector esperaba alcanzar una ocupación media del 84%, una previsión que ahora ha quedado en suspenso. La asociación admite que se trata de “una previsión que en estos momentos es una total incógnita”.

La evolución de las reservas dependerá, en buena medida, de la capacidad de los viajeros para encontrar alternativas de transporte y de la rapidez con la que se restablezcan unas conexiones ferroviarias esenciales para los desplazamientos entre ambas ciudades.

Las consecuencias no se limitan al alojamiento. La suspensión de encuentros empresariales y actos institucionales puede repercutir también en otros negocios vinculados a la actividad turística, desde la restauración hasta los servicios asociados a congresos y eventos. La incertidumbre sobre los desplazamientos complica, además, la planificación de los establecimientos, que deben afrontar modificaciones de última hora sin disponer todavía de una perspectiva clara sobre la duración y el alcance de la caída de la demanda.

Madrid-Sevilla, una conexión decisiva

El horizonte a medio plazo preocupa especialmente a los hoteleros. El “bloqueo” de la principal arteria de conectividad hasta diciembre “supone un escenario crítico”, según la asociación. La ruta ferroviaria entre Sevilla y Madrid registra una frecuencia de 47 trenes diarios y mueve una media de 10.000 viajeros al día, unas cifras que ilustran la dependencia de la capital andaluza respecto a esta conexión para sostener parte de sus flujos turísticos.

De acuerdo con las estimaciones que maneja el sector, el volumen de llegadas en un solo sentido oscila entre los 4.750 y los 6.000 pasajeros diarios. La asociación calcula, además, que entre el 60% y el 70% de los viajeros procedentes de Madrid en alta velocidad se queda a pernoctar en Sevilla. Una alteración prolongada del servicio puede, por tanto, repercutir directamente en las reservas hoteleras y reducir el número de visitantes que llegan a la ciudad.

Los empresarios confían en “amortiguar parte del golpe” mediante los viajeros que puedan optar temporalmente por el avión o la carretera. Sin embargo, reconocen que la pérdida de una parte importante de los visitantes que ya tenían previsto desplazarse a Sevilla “es ya inevitable”.

La posibilidad de sustituir el tren por otros medios dependerá de la disponibilidad, los precios y las necesidades de cada viajero, por lo que el sector no da por hecho que esas alternativas compensen la reducción de llegadas.

El riesgo de una nueva pérdida de confianza

A más largo plazo, la principal inquietud es el daño a la imagen del transporte ferroviario. Los hoteleros temen una “crisis reputacional” y una “pérdida de confianza” entre los usuarios de la alta velocidad en España, “especialmente en el corredor Madrid-Sevilla”.

La preocupación se apoya también en el precedente del accidente ferroviario de Adamuz, tras el cual la ruta ya se vio “seriamente afectada” durante el primer trimestre de 2026, con un descenso del 25% de los pasajeros.

La asociación considera prioritario coordinar la respuesta de las autoridades y los operadores de transporte para habilitar todas las alternativas logísticas posibles mientras dure la crisis. El objetivo es reducir las consecuencias económicas para Sevilla y garantizar una movilidad segura.

El Consejo de Gobierno del Banco Central Europeo (BCE) ha cumplido el guion y en su reunión de hoy ha mantenido los tipos de interés en el 2,5%, tal y como preveía el mercado. Así, el tipo de interés de la facilidad de depósito se quedará en el 2,50%; el de las operaciones principales de financiación, en el 2,65%, y el de la facilidad marginal de crédito, en el 2,90%.

El eurobanco ha optado por congelar las tasas después de las subidas llevadas a cabo en septiembre y en junio, en un contexto marcado por la escalada de la inflación al 3,8%, niveles no vistos en los últimos tres años.

“Los precios de la energía han continuado subiendo, lo que plantea riesgos al alza para las perspectivas de inflación y a la baja para las perspectivas de crecimiento. Aunque los efectos de la perturbación energética aún no se han materializado plenamente, la inflación subyacente se ha mantenido en general estable hasta ahora y los salarios no muestran una respuesta sustantiva en esta fase”, ha destacado la institución.

Los mercados asignaban una probabilidad del 97,6% a que el guardián del euro congelara los tipos tras la subida de 25 puntos básicos realizada en septiembre.

La decisión de no tocar las tasas, a pesar del repunte de la inflación, se explica porque la economía de la zona euro sigue resistiendo, aunque con diferencias entre países. La inflación cerró septiembre en el 3,8%, frente al 3,2% de agosto, según los datos de Eurostat, impulsada por los precios de la energía, que se encarecieron un 18,8% interanual.

El Consejo ha incidido en que mantiene su compromiso con definir la política monetaria de tal manera que se asegure una estabilización de la inflación en su objetivo del 2% a medio plazo. Además, ha asegurado continuar en una buena posición para navegar la incertidumbre causada por el conflicto en Oriente Próximo y ha destacado que el rumbo de los tipos en futuras decisiones estará marcado por los datos disponibles.

Adiós a Lagarde

En la reunión del Consejo de Gobierno, Christine Lagarde, presidenta del Banco Central Europeo (BCE), ha anunciado su próxima dimisión al frente de la institución, según informó Reuters citando fuentes del organismo.

Lagarde dejará el cargo el 7 de febrero de 2027, casi nueve meses antes de que expirara de manera formal su mandato de ocho años, previsto para el 31 de octubre de ese mismo año.

La decisión llega en medio de meses de especulación sobre una posible salida anticipada de Lagarde, vinculada de forma reiterada a la agenda electoral de Francia. los comicios presidenciales están previstos para abril de 2027 y, según había explicado el Financial Times en febrero de este año, la dirigente buscaría dejar el banco antes de esa fecha para permitir que el presidente saliente, Emmanuel Macron, y el canciller alemán, Friedrich Merz, acordaran junto al resto de líderes europeos el nombre de su sucesor antes de que avance el proceso electoral francés.

La subida de los precios, las promesas electorales de rebajas fiscales y el futuro de las pensiones vuelven a situarse en el centro del debate económico en la precampaña electoral. Óscar Vara, economista y profesor de la Universidad Autónoma de Madrid, analiza los desafíos de la economía española y advierte de las consecuencias de acumular deuda pública. Aunque defiende que los ciudadanos tengan más capacidad adquisitiva, reclama realismo a los partidos políticos cuando prometen bajadas de impuestos: “Deberían explicar qué gastos van a recortar para cuadrar las cuentas”. Además, aborda el impacto de la reforma laboral y la necesidad de estudiar alternativas para garantizar la sostenibilidad del sistema de pensiones.

Pregunta: La luz, la cesta de la compra, la vivienda y el alquiler suben, mientras el euríbor vuelve a encarecer las hipotecas. ¿Han tocado techo los precios o continuarán al alza? ¿Qué influencia tiene en ello la nueva subida de tipos de interés por parte del Banco Central Europeo (BCE) prevista para diciembre?

Respuesta: Por el momento, se prevén nuevas subidas de los tipos de interés por parte del Banco Central Europeo, lo que aumentará las cuotas de las hipotecas a tipo variable. Estamos en una situación cada vez más complicada, porque el contexto geopolítico está provocando subidas de precios que se notan ahora y que podrían prolongarse en el futuro. Además, las economías europeas están muy endeudadas y creo que les va a resultar difícil encontrar inversores dispuestos a ofrecerles financiación a tipos de interés bajos.

Por si fuera poco, estamos inmersos en una revolución impulsada por la inteligencia artificial. Vemos cómo las grandes empresas tecnológicas están emitiendo deuda y endeudándose en cantidades enormes, incluso a plazos de cien años, como ha ocurrido con Alphabet en una reciente emisión. Esto también contribuye a elevar los tipos de interés. Nos encontramos en unas circunstancias perjudiciales para el ciudadano medio, que tendrá que empezar a pensar cómo ahorrar y cómo evitar que la inflación se coma el poder adquisitivo de sus ahorros.

P: Algunos partidos políticos incluyen en sus programas electorales la bajada de impuestos. En el actual contexto económico español, ¿es factible reducir la tributación o se trata de promesas electoralistas imposibles de cumplir?

R: Esta mañana explicaba a mis alumnos lo magnífico que es que alguien prometa que te va a bajar los impuestos, porque vas a tener más dinero en el bolsillo y eso te va a permitir hacer muchas más cosas. Pero los políticos no te dicen cómo van a hacer frente a los gastos que genera el país. Claramente, ese anuncio es tramposo.

Yo soy partidario de que los impuestos bajen, que la gente tenga más capacidad adquisitiva, pero esos partidos deberían explicar qué gastos van a recortar para cuadrar las cuentas. Si esas cuentas no cuadran, seguiremos acumulando endeudamiento. Cuando los políticos prometen alegremente ‘paraísos’ fiscales, estos tienen que ser muy realistas.

P: Según una encuesta del CIS publicada este verano, el 77,2 % de los españoles no cree que las personas más ricas paguen más impuestos. ¿Tienen razón?

R: Entiendo que, en el imaginario colectivo, se considera que una persona muy rica puede eludir mejor los impuestos que una persona pobre, porque dispone de más recursos para contratar a alguien que sepa cómo funcionan las cosas y le ayude a pagar menos. No estoy hablando de evadir impuestos, sino de intentar pagar menos. Estas personas saben dónde están las deducciones y en qué tienen que invertir para reducir su factura fiscal. Eso es absolutamente cierto. Sin embargo, si hablamos del IRPF, no es así, porque quien gana más paga más, al tratarse de un sistema progresivo.

P: ¿Qué balance hace de la reforma laboral aprobada en 2022? ¿Qué efectos ha tenido sobre el empleo y el mercado de trabajo? Muchos sectores vaticinaban que su aprobación aumentaría el paro, pero ha ocurrido lo contrario.

R: Los empresarios siempre contratarán porque necesitan mano de obra, por lo que decir que aprobar la reforma iba a generar más desempleo me parece un mal argumento. Pero es verdad que las reformas laborales en España siempre han ido a rebufo de algún tipo de problema generado por la reforma anterior.

Hemos tenido reformas laborales que trataban de formar a los trabajadores dentro de las empresas. Aquello no funcionó bien. Después se intentó que lo hicieran las administraciones públicas, pero tampoco funcionó bien. También se trató de hacer más dinámico el mercado mediante contratos más cortos o flexibles. Eso tampoco salió bien.

Ahora hemos aprobado una reforma laboral que pretendía reducir la temporalidad y aumentar el número de contratos indefinidos. Y, bueno, uno ve los datos y, efectivamente, se ha producido ese cambio, aunque también existe una rotación muy amplia de contratos indefinidos.

Con todo esto, a uno le queda la sensación de que se ha corregido en parte el problema que se quería solucionar, pero llamando de otra forma a situaciones que ya existían y que ahora se contabilizan de manera diferente. No obstante, teniendo en cuenta que la economía española ha sido bastante dinámica desde la pandemia hasta ahora, no creo que el impacto de la reforma laboral haya sido negativo ni que la valoración que debamos hacer de ella lo sea.

Por otra parte, siempre es interesante que exista mucha interlocución entre la patronal y los sindicatos. En términos generales, a pesar de las declaraciones incendiarias que se producen de vez en cuando, creo que hay una buena interlocución. Las expectativas de mayores precios se han trasladado a los salarios y, desde ese punto de vista, creo que ha habido bastante cooperación.

P: ¿Está quebrado el sistema público de pensiones español, como ha señalado algún partido político, o es sostenible?

R: Es muy tentador decir que las pensiones están quebradas y que viene el fin del mundo. El problema del sistema de pensiones no es que esté quebrado, sino que es deficitario, aunque se puede pagar. Lo que ocurre es que cada vez resulta más caro y, como cada vez son más los ciudadanos que llegan a la jubilación, el problema está creciendo. Pagar las pensiones va a ser muy caro y puede comprometer otras partidas del Estado, haciendo que se reduzca la inversión en ellas. Además, hay que tener en cuenta que el aumento del número de jubilados incrementará el gasto sanitario.

Tenemos que buscar una forma de que pagar las pensiones resulte más barato. Una posibilidad sería una transición a largo plazo hacia un sistema mixto de pensiones. ¿Nuestro sistema de pensiones está quebrado? No. ¿Es muy caro? Sí. ¿Compromete el resto del gasto público? Sí. ¿Eso compromete el crecimiento futuro? Sí.

Hay que hablar de las pensiones de forma clara y transparente, porque nos jugamos mucho en el futuro. En algún momento, alguien tendrá que empezar a pensar qué transiciones se pueden llevar a cabo para que el poder adquisitivo de los pensionistas se mantenga más o menos, pero también haya dinero disponible para financiar el gasto público y fomentar el crecimiento. De ese modo, existirá una oportunidad para quienes vienen detrás.

P: ¿Podría ser la solución un sistema de pensiones que combine el reparto público y la capitalización?

R: Sí, puede ser la solución. Hay muchas alternativas, unas más dolorosas que otras. Pero la ventaja que tiene un sistema de pensiones privado es que la rentabilidad no depende de la demografía. Si la población disminuye y la gente no quiere tener hijos, se puede seguir ganando dinero si las inversiones del fondo son rentables, aunque también pueden no generar rentabilidad.

México, al contrario que España, cuenta con un modelo de pensiones mixto que combina prestaciones de reparto, cuentas individuales de ahorro y complementos financiados por el Estado. Desde julio de 2024, el Fondo de Pensiones para el Bienestar permite elevar determinadas prestaciones hasta el 100% del salario medio del último año trabajado, aunque con un máximo fijado para 2026 en 17.885,85 pesos mensuales, unos 862 euros.

La cuantía que recibe cada jubilado depende de varios factores, entre ellos la fecha en que comenzó a cotizar, el número de semanas acumuladas y el salario percibido durante su vida laboral. Por eso, dos personas que se retiren a la misma edad pueden acceder a prestaciones muy diferentes. La edad ordinaria de jubilación se sitúa en los 65 años, aunque existen vías para dejar de trabajar antes bajo determinadas condiciones.

El modelo se organiza en cuatro niveles: una pensión no contributiva para las personas mayores, el seguro social para los trabajadores del sector privado, un complemento público para determinadas jubilaciones y los planes de pensiones promovidos voluntariamente por las empresas. La combinación busca ofrecer una protección básica y mejorar los ingresos durante la vejez, pero el resultado final depende de la trayectoria laboral de cada persona, señalan expertos en pensiones de BBVA.

El sistema de pensiones mexicano es diferente al de España que posee un modelo de reparto puro con fuerte protección a las rentas bajas.

Dos regímenes según cuándo se empezó a cotizar

La fecha clave para calcular la pensión contributiva es el 1 de julio de 1997. Quienes comenzaron a cotizar antes de ese día están sujetos a la llamada Ley 73 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), basada en un sistema de reparto y una prestación definida. Para acceder a ella se necesitan, como mínimo, 500 semanas cotizadas —casi diez años— y haber cumplido 60 años para la jubilación por cesantía en edad avanzada o 65 para la pensión de vejez.

Mientras que en España se exigen al menos 15 años cotizados para tener derecho a pensión contributiva, de los cuales dos deben estar dentro de los 15 años previos a la jubilación. Además, para alcanzar el 100% de la base reguladora se requieren 36 años y 6 meses en 2026, cifra que subirá a 37 años en 2027.

En cuanto a la cotización, España fija en 2026 una base máxima de 5.101,20 euros mensuales (61.214,4 anuales). Se actualiza anualmente en función del Índice de Precios al Consumo (IPC)+1,2 puntos porcentuales. Los salarios que superen ese tope solo cotizan hasta el mismo.

En el modelo mexicano, el cálculo de la pensión parte del salario medio de las últimas 250 semanas cotizadas, equivalentes a casi cinco años. A esa base se aplica una cuantía inicial, que puede aumentar en función del tiempo cotizado por encima del mínimo exigido. La pensión mínima garantizada asciende en 2026 a 10.636,54 pesos mensuales, alrededor de 513 euros.

Adelantar el retiro tiene un coste. Una persona que se jubile a los 60 años percibe el 75% de la pensión que le correspondería a los 65, a los 61 recibe el 80%, a los 62 el 85%, a los 63 el 90% y a los 64 el 95%. Solo al alcanzar los 65 años se aplica el 100%.

Además, quienes ya no trabajan pueden recurrir a la denominada Modalidad 40 para seguir cotizando voluntariamente y mejorar su promedio salarial a efectos de pensión, aunque desde el 22 de octubre de 2026 se aplican condiciones más restrictivas.

Las cuentas individuales determinan la pensión de los más jóvenes

Para quienes comenzaron a cotizar en México a partir del 1 de julio de 1997, la Ley 97 establece un sistema de capitalización individual. En este caso, el importe final depende del dinero acumulado en la cuenta personal, las aportaciones realizadas, los rendimientos obtenidos y las comisiones cobradas por las administradoras de fondos para el retiro, conocidas como Afores.

En 2026, los trabajadores que accedan a esta modalidad deben acreditar 875 semanas cotizadas y tener 60 años en caso de cesantía laboral o 65 para la pensión de vejez. El requisito de cotización aumenta progresivamente: partió de 750 semanas en 2021 y crecerá en 25 semanas cada año hasta alcanzar las 1.000 en 2031.

Una vez llega la jubilación, el ahorro puede transformarse en una renta vitalicia contratada con una aseguradora o en retiros programados gestionados por las Afores -gestoras de las cuentas individuales de retiro- que distribuyen el saldo de acuerdo con la esperanza de vida prevista.

Si el capital acumulado no alcanza el mínimo necesario, el Estado garantiza una prestación cuyo importe depende de la edad, las semanas cotizadas y el salario medio. En 2026, esas cuantías oscilan entre 3.540,56 y 11.128,01 pesos al mes, unos 171 y 536 euros, respectivamente.

El Estado refuerza las pensiones, pero no todas por igual

El complemento del Fondo de Pensiones para el Bienestar es uno de los elementos que explica la elevada tasa de sustitución mexicana. El mecanismo permite completar las pensiones de cuentas individuales hasta el 100% del salario medio del último año, con el límite mensual establecido. La referencia máxima se actualiza cada enero y, en 2026, se sitúa en 17.885,85 pesos.

A esa protección se suma la Pensión Bienestar, una ayuda no contributiva financiada con impuestos para las personas de 65 años o más. En 2026 paga 6.400 pesos cada dos meses, equivalentes a unos 154 euros mensuales. La ayuda se amplía progresivamente a mujeres de entre 60 y 64 años, que reciben 3.100 pesos bimestrales.

Los datos de la OCDE reflejan el efecto de estas medidas. Según el informe Pensions at a Glance 2025, una persona con salario medio y una carrera laboral completa entre los 22 y los 65 años obtiene en México una tasa de sustitución neta del 79,6%, frente al 63,2% de media de la organización. Para quienes cobran la mitad del salario medio, la tasa alcanza el 131,9%; para quienes ganan el doble, baja al 56,9%.

España también mantiene una de las tasas de sustitución más elevadas, lo que significa que la diferencia entre el último sueldo y la primera pensión es mucho menor que en otros países. La tasa de sustitución alcanza el 80,4%, según datos de la OCDE.

Los planes de empresa siguen siendo voluntarios

México también cuenta con planes de pensiones de empleo que complementan las prestaciones públicas, aunque no son obligatorios. Cada empresa puede establecer sus propias condiciones, incluidos los requisitos de antigüedad, la edad de jubilación y las aportaciones. Según la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro (CONSAR), en 2025 había 3.222 planes de este tipo en 2.938 empresas, con 1,9 millones de trabajadores activos y 86.322 pensionistas beneficiarios.

Pese a las tasas de sustitución registradas, el sistema mantiene importantes diferencias entre trabajadores. El complemento público mejora especialmente las pensiones de quienes perciben salarios bajos, mientras que el límite establecido reduce su efecto relativo en las rentas más altas. Además, la cuantía final depende de las cotizaciones acumuladas y de las condiciones de acceso a cada régimen, señalan expertos en pensiones de BBVA.

El desafío consiste en garantizar ingresos suficientes durante la jubilación sin dejar fuera a quienes han desarrollado buena parte de su vida laboral en la economía informal o no han podido cotizar lo suficiente. En un sistema que combina un sistema de reparto y ahorro individual, la carrera laboral sigue siendo decisiva para determinar cuánto dinero llega cada mes al bolsillo del pensionista.

El mercado de coches de segunda mano sigue ganando protagonismo en España, pero comprar un vehículo usado exige mirar más allá de su antigüedad, su kilometraje o su aspecto exterior, recomiendan los expertos. Entre enero y septiembre de 2026, el 61% de los automóviles que cambiaron de propietario presentaba al menos un factor de riesgo asociado a su historial, nueve puntos porcentuales por encima del 52% registrado en el conjunto del parque móvil nacional. Así lo revela un análisis de Carfax, proveedor de historiales de vehículos, elaborado a partir de 1.515.780 coches transferidos durante los nueve primeros meses del año.

La cifra adquiere relevancia en un mercado que mueve millones de operaciones. Según datos de Ganvam, las ventas de turismos y todoterrenos usados superaron el millón de unidades durante el primer semestre, con 1.069.372 operaciones, cerca de un 5% más que en el mismo periodo del año anterior. Por cada turismo nuevo vendido, se comercializaron 1,8 usados, una proporción que refleja el peso de este segmento en la automoción española.

Los coches que cambiaron de manos durante los tres primeros trimestres de 2026 tienen una antigüedad media inferior a la del conjunto del parque español, pero acumulan más kilómetros y presentan una mayor proporción de factores de riesgo asociados a su historial. Su antigüedad media es de 13 años, frente a los 15,11 años del parque español, mientras que su kilometraje alcanza los 183.300 kilómetros, por encima de los 177.442 registrados en el conjunto de los vehículos.

Daños, importaciones y antiguos coches de alquiler

Entre los factores analizados, los antecedentes de daños o accidentes son los más frecuentes: aparecen en el 43% de los vehículos que cambiaron de propietario. Los vehículos importados representan el 10% de las transferencias analizadas, frente al 6% del conjunto del parque español.

En el caso de los coches con historial de alquiler, la proporción alcanza el 13%, frente al 7% nacional. Además, los importados que cambiaron de propietario durante el periodo estudiado acumulan una media de 199.247 kilómetros, mientras que los procedentes de flotas de alquiler registran 142.936. Las inconsistencias en el kilometraje afectan al 2% de los coches estudiados.

“Los vehículos que cambian de propietario pueden acumular un historial especialmente relevante para el comprador, ya que han pasado, de media, por más propietarios que el conjunto del parque”, señala Francisco Rudilla, responsable de Desarrollo de Negocio de Carfax.

Incide en que “la presencia de estos factores no significa necesariamente que estemos ante un vehículo problemático, pero sí demuestra la importancia de conocer su historial. Disponer de esta información permite al comprador valorar mejor el vehículo y tomar una decisión de compra con mayor seguridad”.

Más de cuatro propietarios por coche y predominio del diésel

La trayectoria de cada automóvil constituye otra de las diferencias relevantes. Los vehículos transferidos entre enero y septiembre han tenido una media de 4,1 propietarios, frente a los 2,6 del conjunto del parque móvil español. Esta rotación hace que la información sobre anteriores titulares, posibles daños y usos previos adquiera especial importancia para quienes buscan un coche de ocasión.

En cuanto a la motorización, el diésel continúa dominando entre los vehículos analizados, con un 47% del total. La gasolina representa el 38%, mientras que los híbridos alcanzan el 12%. Los eléctricos, por su parte, suponen un 2%, y el 1% restante corresponde a otras opciones de combustible. La distribución muestra el peso que todavía mantienen las motorizaciones tradicionales en el mercado de segunda mano.

Por territorios, Madrid concentra el mayor volumen de cambios de propietario, con un 15% de las operaciones estudiadas. Barcelona ocupa la segunda posición, con un 9%, seguida de Valencia, que reúne el 5%. Estas cifras sitúan a las grandes áreas urbanas entre los principales focos de actividad del mercado español de vehículos usados.

Volkswagen Golf, el modelo más transferido

En la clasificación por marcas, Volkswagen encabeza la lista, con un 9,2% de los vehículos analizados. Peugeot ocupa el segundo puesto, con un 8,1%, seguida de SEAT, con un 7,9%. Renault y Citroën completan el grupo de las marcas con mayor presencia, ambas con un 7,2%.

Por modelos, el Volkswagen Golf es el más habitual entre los coches que cambiaron de propietario, con un 3,1% del total. Sin embargo, las unidades analizadas tienen una antigüedad media de 16,8 años y acumulan 221.041 kilómetros. Además, el 53,7% registra antecedentes de daños y el 71,5% presenta al menos un factor de riesgo, el porcentaje más elevado entre los cinco modelos con mayor presencia en el estudio.

El SEAT Ibiza representa el 2,7% de las transferencias, el SEAT León el 2,5%, el Ford Focus el 2% y el Renault Clio el 1,9%. En el caso del León, la media es de 13,3 años y 220.865 kilómetros, mientras que el 63,9% de las unidades presenta algún indicador de riesgo.

El avance de medicamentos como Ozempic, Wegovy o Mounjaro está abriendo un nuevo frente para la industria alimentaria que ve cómo cambian los hábitos de compra de los consumidores. Más allá de sus efectos sobre el apetito, los tratamientos basados en agonistas del receptor GLP-1 empiezan a relacionarse con variaciones en el gasto doméstico, las cantidades adquiridas y los productos que terminan en la cesta de la compra. Una transformación que obliga a fabricantes y distribuidores a revisar cómo calculan la demanda y planifican sus existencias.

Según un estudio de la Universidad de Cornell, el gasto en alimentación cae un 5,3% durante los seis meses posteriores a que un miembro del hogar comience un tratamiento con GLP-1. En las familias con mayores ingresos, la reducción alcanza el 8,2%. Los resultados apuntan a un posible impacto económico que va más allá del consumidor y que puede trasladarse a las decisiones de producción, distribución y aprovisionamiento de las empresas.

El cambio no se limita a cuánto se compra, sino que también afecta a qué alimentos se eligen. Datos de la Universidad de California en Davis señalan una reducción del consumo de bebidas azucaradas, alcohol, aperitivos, dulces y productos de panadería, mientras que las frutas, las verduras, los yogures y los alimentos ricos en proteínas ganan protagonismo. Para el sector, esta evolución plantea el desafío de identificar qué categorías pueden perder demanda y cuáles podrían beneficiarse de las nuevas preferencias.

Las previsiones de ventas, ante un nuevo escenario

En este contexto, las empresas podrían encontrarse con dificultades si siguen utilizando exclusivamente las ventas históricas para anticipar el comportamiento del mercado. Slimstock, compañía especializada en la planificación de la cadena de suministro, advierte de que los cambios en los patrones de consumo pueden reducir la precisión de los modelos tradicionales de previsión, especialmente cuando las variaciones se mantienen durante varios meses.

“Estamos ante un cambio que puede modificar no solo cuánto compra el consumidor, sino también qué productos introduce en su cesta. Para la industria alimentaria, mirar únicamente al histórico puede dejar de ser suficiente para anticipar la demanda real”, señala Arnau Peris, country manager de Slimstock España.

El problema adquiere especial relevancia para las compañías que trabajan con acuerdos de compra, compromisos de volumen o contratos de suministro a largo plazo. Si la demanda de determinadas categorías disminuye y las previsiones no se ajustan, los fabricantes y distribuidores pueden acumular mercancía que tarda más en venderse, con el consiguiente aumento de los costes de almacenamiento y del capital inmovilizado. El desajuste también puede dificultar la planificación de las compras y la utilización de los recursos productivos.

Desde Slimstock recomiendan incorporar diferentes escenarios de consumo en las previsiones a medio y largo plazo, revisar las políticas de stock de seguridad e identificar las categorías más expuestas a cambios rápidos en los hábitos de compra. El objetivo es que las empresas puedan adaptar sus decisiones a tiempo, en lugar de reaccionar cuando el exceso de inventario ya se ha producido.

“El principal riesgo no es que la demanda desaparezca de un día para otro, sino no detectar suficientemente rápido que el mix de consumo está cambiando. Una desviación relativamente pequeña, mantenida durante meses, puede terminar generando un volumen importante de stock innecesario”, explican desde Slimstock.

Envases más pequeños y alimentos con mayor valor nutricional

La transformación también podría reflejarse en el diseño y el tamaño de los productos. Un estudio elaborado en 2024 por AMC Global y OpinionRoute reveló que el 95% de los usuarios de GLP-1 encuestados afirma consumir porciones más pequeñas. Además, el 78% busca envases de menor tamaño y el 82% declara buscar activamente alimentos con beneficios nutricionales añadidos.

Estas preferencias pueden llevar a fabricantes y distribuidores a replantearse sus surtidos y formatos comerciales. Los envases más pequeños, por ejemplo, pueden exigir ajustes en las líneas de producción, las necesidades de almacenamiento y la organización logística. Al mismo tiempo, una mayor atención a las proteínas, la fibra, los alimentos frescos y los productos funcionales podría modificar las necesidades de aprovisionamiento y las relaciones con los proveedores.

La adaptación, sin embargo, no consiste únicamente en reducir cantidades o sustituir unos productos por otros. También exige determinar qué cambios responden a una tendencia sostenida y cuáles pueden ser puntuales. Para ello, las compañías necesitan combinar la información histórica de ventas con señales recientes del mercado y escenarios que contemplen diferentes ritmos de evolución del consumo.

“La clave no está en intentar predecir hasta dónde llegará el fenómeno GLP-1, sino en construir cadenas de suministro capaces de responder a distintos escenarios. Las compañías que detecten antes los cambios podrán ajustar inventario, surtido y aprovisionamiento antes de que el impacto sea evidente en sus niveles de stock”, concluye Peris.

El Banco Central Europeo (BCE) mantendrá sin cambios los tipos de interés en la reunión que su Consejo de Gobierno celebrará el próximo jueves, vaticinan los analistas. Esta decisión dará un respiro a los hipotecados a tipo de interés variable, que ven cómo la media provisional del euríbor en octubre baja respecto a septiembre y se sitúa en el 3,227%.

Los mercados asignan una probabilidad del 97,6% a que el guardián del euro congele los tipos tras la subida de 25 puntos básicos realizada en septiembre. Si se cumplen las previsiones, el tipo de interés de la facilidad de depósito se quedará en el 2,50%; el de las operaciones principales de financiación, en el 2,65%, y el de la facilidad marginal de crédito, en el 2,90%.

La decisión de no tocar los tipos a pesar del repunte de la inflación se explica porque la economía de la zona euro sigue resistiendo, aunque con diferencias entre países. La inflación cerró septiembre en el 3,8%, frente al 3,2% de agosto, según los datos de Eurostat, impulsada por los precios de la energía, que se encarecieron un 18,8% interanual.

En este escenario, “el Banco Central Europeo mantendrá sin cambios todos sus tipos de interés oficiales”, defienden Mabrouk Chetouane y Romain Aumond, estrategas de Natixis. Ambos argumentan que “pese al incremento del 18,8% del componente energético del índice armonizado de precios de consumo y a que la inflación de la eurozona alcanzó el 3,8%, la subyacente registró un aumento más moderado, hasta situarse en el 2,5%, apenas una décima por encima del mes anterior en términos interanuales”.

Konstantin Veit, gestor de carteras de Pimco, también descarta una nueva subida de tipos en octubre. Reconoce que, ante las crisis energéticas, la estrategia del BCE no consiste en reaccionar a los precios de la energía, sino en actuar ante el riesgo de que su encarecimiento se traslade a la inflación: “Aunque actualmente observamos una mayor inflación, todavía no hay indicios de que se esté incorporando de forma duradera”. Veit apunta que los efectos indirectos siguen “estando contenidos” y que los efectos de segunda ronda “no son evidentes”.

Un crecimiento desigual en la UE y tensiones en la deuda soberana francesa

Más allá de la inflación, los analistas consideran que el BCE debe hacer frente a dos factores que “complican su actuación”: las diferencias en el crecimiento de los países de la eurozona, que dificultan la transmisión de la política monetaria al conjunto de la unión monetaria, y la estabilidad financiera de la región. Ante este escenario, Chetouane y Aumond aconsejan adoptar un enfoque “más prudente” en la política monetaria.

A su juicio, el “verdadero desafío” al que se enfrenta el BCE está relacionado con la estabilidad financiera y la preservación de la integridad de la eurozona. Los estrategas subrayan que la ampliación del diferencial de rentabilidad entre los bonos soberanos franceses y alemanes, con independencia de su plazo de vencimiento, junto con el “acusado” encarecimiento de los seguros de impago a cinco años sobre la deuda pública francesa y, en menor medida, sobre la italiana, “ponen de manifiesto las tensiones que atraviesan los mercados europeos de deuda soberana”.

Los estrategas de Natixis inciden en que la presión sobre las rentabilidades de la deuda pública francesa “alimenta el temor a un posible contagio que podría agravar la fragmentación financiera de la eurozona”.

Con el foco en Lagarde

En este contexto, los mercados esperan la intervención de Christine Lagarde, presidenta del BCE, en la rueda de prensa posterior a la reunión del Consejo de Gobierno por si da pistas sobre los próximos movimientos de la institución. Los analistas de Natixis prevén que pueda referirse explícitamente a los riesgos de fragmentación financiera de la eurozona, que amenazan la estabilidad financiera de la unión monetaria.

“El reconocimiento de estos factores de riesgo, por un lado, y la suspensión del proceso de endurecimiento cuantitativo (quantitative tightening), por otro, enviarían señales contundentes por parte del BCE, orientadas a contener las presiones sobre los mercados de deuda soberana”, recalcan Chetouane y Aumond.

Por su parte, Annalisa Piazza, gestora de carteras de renta fija de MFS Investment Management, sostiene que la cuestión clave es si Lagarde confirma las expectativas de un mayor endurecimiento monetario o si da a entender que la reciente caída del mercado de bonos ya está haciendo parte del trabajo del BCE.

“Lo que descuenta actualmente el mercado parece excesivo en relación con los indicios de persistencia de la inflación subyacente y con un entorno de financiación cada vez más restrictivo, aunque la presión persistente sobre los precios de venta de las empresas no justifica un giro claramente moderado”, indica Piazza.

Posible subida de tipos en diciembre

Los expertos aplazan hasta diciembre la próxima subida de los tipos de interés. La gestora de MFS Investment Management espera que el eurobanco deje abierta la posibilidad de una nueva subida en diciembre: “Prevemos que el BCE mantenga una orientación restrictiva hasta diciembre, con una posible nueva subida de 25 puntos básicos hasta el 2,75%, antes de entrar en un período prolongado de tipos sin cambios en 2027”.

También Konstantin Veit, gestor de carteras de Pimco, aplaza la subida de tipos a diciembre, “entrando en un territorio ligeramente restrictivo”.

De cara al próximo año, Piazza no descarta una subida adicional de los tipos a principios de 2027 si los precios de la energía se mantienen elevados o se intensifican los efectos de segunda ronda sobre la inflación.

Sin embargo, considera que hay “pocos argumentos” para llevar los tipos mucho más allá del territorio restrictivo. De hecho, “si los precios de la energía se normalizan y la inflación subyacente se mantiene contenida, la combinación de un menor crecimiento y unas condiciones de financiación restrictivas podría reabrir el debate sobre los recortes de tipos a finales de 2027”, asegura.

Conseguir financiación para comprar una vivienda se complica en la recta final del año. Los bancos cada vez son más exigentes a la hora de conceder hipotecas, a la vez que suben el interés cobrado a por ellas. Los préstamos bancarios se encarecieron y la demanda de crédito cayó durante el tercer trimestre del año, con un retroceso especialmente acusado en la financiación destinada a adquirir una casa. Así lo recoge la Encuesta de Préstamos Bancarios publicada este martes por el Banco de España, que advierte de que esta tendencia podría prolongarse durante los últimos meses de 2026.

El diagnóstico de las entidades financieras apunta a un cierre de año desfavorable para los hogares que necesiten financiación. Los bancos prevén nuevas caídas de la demanda y un endurecimiento de las condiciones para conceder préstamos familiares, en un contexto marcado por el encarecimiento del crédito y unas perspectivas menos favorables para el mercado inmobiliario.

Aunque los criterios de aprobación de las hipotecas permanecieron estables entre julio y septiembre, eso no impidió que las condiciones económicas de los nuevos préstamos se volvieran más restrictivas. Financiar una compra resulta más caro, lo que puede reducir la capacidad de endeudamiento de las familias y frenar nuevas operaciones.

Los tipos de interés frenan la demanda de hipotecas

El aumento del coste de los préstamos figura entre los principales factores que explican la menor demanda de financiación. Según la encuesta, los tipos de interés más elevados llevaron a hogares y empresas a solicitar menos crédito durante el tercer trimestre. En el caso de las hipotecas, las entidades señalaron también el empeoramiento de las perspectivas del mercado inmobiliario como un elemento que contribuyó a reducir las peticiones.

Esta combinación puede influir en las decisiones de quienes tienen previsto comprar una vivienda. Un préstamo más caro aumenta el esfuerzo económico necesario para afrontar la adquisición, mientras que unas expectativas menos favorables pueden llevar a algunos compradores a retrasar la operación.

De cara al cuarto trimestre, los bancos esperan que el retroceso continúe. Las previsiones apuntan a nuevas caídas de la demanda en los distintos segmentos de crédito, con una contracción de la financiación a los hogares.

Las condiciones de los préstamos se endurecen

Más allá de las hipotecas, el encarecimiento del crédito también afectó a la financiación empresarial y a los préstamos destinados al consumo. Durante el tercer trimestre, los criterios utilizados para conceder préstamos se mantuvieron estables tanto para las empresas como para la adquisición de vivienda, mientras que se endurecieron ligeramente en los créditos al consumo y otros fines.

En las nuevas operaciones, no obstante, las condiciones económicas se hicieron más restrictivas. La financiación a las empresas se vio afectada por el aumento de los tipos de interés, al igual que los préstamos hipotecarios. En el crédito al consumo coincidieron dos factores: el encarecimiento de la financiación y unos criterios de concesión más exigentes.

Las pymes, entre las más afectadas por la caída del crédito

El retroceso de la demanda también alcanzó a las empresas, aunque con diferencias según su tamaño. Las pequeñas y medianas empresas (pymes) concentraron la caída de las solicitudes de financiación, mientras que la demanda de las grandes compañías registró un ligero aumento. Por plazos, el descenso destacó especialmente en los préstamos a más largo plazo.

Los tipos de interés más elevados explican buena parte de esta evolución. Cuando financiarse resulta más caro, las empresas pueden aplazar inversiones o reducir sus necesidades de endeudamiento, mientras que los hogares pueden posponer decisiones de compra que requieren un préstamo de elevada cuantía.

Para los próximos meses, los bancos prevén que la financiación empresarial se mantenga relativamente estable en términos generales, frente a una contracción del crédito a los hogares.

Los bancos también prevén más problemas para financiarse

A las perspectivas de menor demanda se suma otro factor: las entidades financieras esperan que empeore su propio acceso a los mercados de financiación. La encuesta señala que esta evolución afectaría tanto a la financiación minorista como a los mercados mayoristas, dos vías relevantes para obtener los recursos con los que los bancos sostienen su actividad crediticia.

El balance del Banco de España apunta así a un final de año complicado para el mercado del crédito. Las hipotecas destacan por la intensidad de la caída de la demanda, mientras que los bancos anticipan nuevas restricciones a la financiación de los hogares. El coste de los préstamos y las perspectivas de las entidades dibujan un entorno más exigente para quienes quieran comprar vivienda con financiación bancaria.

La Unión Europea prepara una nueva etapa para las ayudas al campo. Los ministros de Agricultura de los Veintisiete han acordado su posición negociadora sobre la futura Política Agrícola Común (PAC) para el periodo 2028-2034, una reforma que busca orientar mejor las subvenciones hacia los agricultores en activo, las pequeñas explotaciones y los jóvenes que quieran incorporarse al sector. Sin embargo, dos cuestiones fundamentales continúan abiertas: cuánto dinero habrá disponible y qué límites se impondrán a las ayudas que recibe cada explotación.

El acuerdo permitirá al Consejo de la UE comenzar las negociaciones con el Parlamento Europeo, aunque todavía no supone la aprobación definitiva de la reforma. La posición pactada deja fuera los aspectos presupuestarios, que deberán resolverse durante las conversaciones sobre las próximas cuentas comunitarias. Hasta que se cierre esa negociación, no quedarán definidos todos los detalles económicos de un sistema que condiciona buena parte de los ingresos de numerosas explotaciones agrícolas.

Detrás de estos cambios está la intención de modificar el reparto de los fondos europeos y dar mayor margen de actuación a los Estados miembros. El objetivo es que cada país pueda adaptar las medidas de apoyo a las características de su sector agrario, sin abandonar los principios comunes que regulan la financiación comunitaria. La reforma se enmarca, además, en un proyecto más amplio de reorganización del presupuesto de la UE a partir de 2028.

Un nuevo reparto de las ayudas agrícolas

Uno de los cambios más relevantes afecta a la estructura de financiación de la PAC. La propuesta de la Comisión Europea plantea integrar los recursos destinados a agricultura, cohesión, pesca, migración y seguridad, entre otras políticas, en planes nacionales y regionales que sustituirían a los programas independientes actuales. Esta reorganización supondría abandonar el modelo de dos pilares de la política agraria: uno dedicado a las ayudas directas y otro al desarrollo rural.

En su lugar, ambos instrumentos quedarían reunidos en un único marco de financiación. El cambio abre la puerta a una gestión más integrada de los fondos comunitarios, pero también sitúa la negociación presupuestaria en el centro del debate. La distribución final del dinero determinará el alcance real de las medidas y los recursos que podrán destinarse a cada prioridad.

La futura PAC también revisará los pagos vinculados a la superficie agrícola, uno de los mecanismos fundamentales para distribuir las ayudas. Según el Consejo, la intención es conseguir un reparto “más justo y eficaz”, con especial atención a las pequeñas explotaciones y a los jóvenes agricultores. No obstante, la orientación general del acuerdo todavía debe traducirse en reglas concretas y en una dotación económica que sigue pendiente de definición.

Agricultores en activo y jóvenes, entre las prioridades

Para acceder a las ayudas, los Estados miembros deberán establecer una definición de agricultor en activo. Cada país podrá adaptarla a sus circunstancias nacionales, pero tendrá que contar con criterios que permitan determinar quién desarrolla efectivamente una actividad agraria. La medida busca orientar mejor los recursos públicos hacia quienes trabajan en el campo, aunque sus efectos dependerán de cómo se concreten esas definiciones en cada Estado.

Los ministros también contemplan la posibilidad de introducir mecanismos redistributivos que modifiquen el reparto de los fondos entre beneficiarios. La intención es prestar una atención especial a las explotaciones de menor tamaño.

Otra de las prioridades es facilitar la entrada de nuevas generaciones en el sector. Los países deberán elaborar estrategias específicas para impulsar el relevo generacional, con medidas que incluyan mayores ayudas básicas, respaldo económico para poner en marcha explotaciones y acceso a formación y asesoramiento. El objetivo es reducir las barreras que afrontan quienes quieren iniciar una actividad agrícola y favorecer la continuidad de las explotaciones.

El límite de las grandes subvenciones sigue en el aire

Una de las cuestiones que todavía no se han resuelto es cómo se tratarán las ayudas de mayor cuantía. Las reglas para reducir progresivamente las subvenciones más elevadas y establecer un importe máximo por explotación se negociarán en una fase posterior, junto con el resto de disposiciones relacionadas con el presupuesto europeo.

Este punto será determinante para conocer hasta qué punto cambiará la distribución de los fondos. Aunque el acuerdo señala a las pequeñas explotaciones como uno de los colectivos prioritarios, todavía no fija un techo definitivo para las subvenciones ni detalla cómo se aplicaría una eventual reducción de los pagos más elevados. Las decisiones pendientes pueden influir de manera significativa en el reparto final de las ayudas.

Más protección frente a sequías y crisis del mercado

La reforma no se limita al reparto de las subvenciones. La futura PAC mantendrá requisitos medioambientales comunes para acceder a la financiación europea e incluirá incentivos para favorecer la biodiversidad y proteger los recursos naturales. Al mismo tiempo, los gobiernos conservarán margen para adaptar la aplicación de estas exigencias a las condiciones locales de cada territorio.

Otro de los ejes de la propuesta es reforzar las herramientas con las que los agricultores pueden afrontar situaciones que amenacen sus ingresos. Entre ellas figuran los fenómenos meteorológicos extremos, las enfermedades que afectan a animales y plantas y las alteraciones de los mercados. La intención es mejorar la capacidad de respuesta de las explotaciones ante acontecimientos que pueden comprometer su actividad.

En este ámbito, se contempla financiar seguros agrarios e inversiones destinadas a mitigar los efectos del cambio climático y facilitar la adaptación del sector. Los gobiernos también podrán conceder pagos de emergencia a productores afectados por desastres naturales y otras circunstancias excepcionales. Estas medidas pretenden reducir el impacto de las crisis sobre las explotaciones y contribuir a mantener su viabilidad económica.

Conciliación y nuevas oportunidades para las zonas rurales

La posición negociadora incluye, además, medidas relacionadas con las condiciones de trabajo en el campo. Los Estados podrán establecer servicios de sustitución temporal para que las explotaciones dispongan de personal de reemplazo durante bajas por enfermedad o permisos de maternidad y cuidado de los hijos. Con ello, el Consejo busca mejorar la conciliación familiar y laboral de quienes trabajan en la agricultura.

El acuerdo también respalda la continuidad de la financiación de proyectos para diversificar la economía rural, especialmente en las zonas con mayores dificultades. El agroturismo, la innovación y la digitalización figuran entre las actividades que pueden contribuir a generar nuevas oportunidades económicas y reducir la dependencia exclusiva de la producción agraria.

La reforma entra ahora en una fase de negociación en la que deberán concretarse tanto las reglas de funcionamiento como los recursos disponibles. La prioridad declarada es mejorar el reparto de las ayudas, facilitar la incorporación de jóvenes y reforzar la capacidad de respuesta del campo ante las crisis. Pero el alcance de esos objetivos dependerá de dos decisiones aún abiertas: el presupuesto de la futura PAC y los límites que finalmente se establezcan para las subvenciones por explotación.

España registra un aumento de los jóvenes que ni estudian ni trabajan frente a un retroceso de quienes compaginan ambas actividades. Al cierre del tercer trimestre, el número de ‘ninis’ ascendía a 1.222.400 personas de entre 16 y 29 años, 113.200 más que en el mismo periodo de 2025. En paralelo, los ‘sisis’ —jóvenes que estudian y trabajan— se redujeron en 12.700 hasta situarse en 1.014.100, según los datos de la Encuesta de Población Activa (EPA) elaborada por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

La comparación entre ‘ninis’ y ‘sisis’ hace que los primeros superen en 208.300 personas a los segundos. La cifra de jóvenes que ni estudia ni trabaja alcanza su nivel más elevado en un tercer trimestre desde 2020, justo cuando la tasa de paro juvenil baja hasta el 23,33%, frente al 23,77% registrado tres meses antes. Durante los meses de verano se crearon 125.400 puestos de trabajo para menores de 25 años, un incremento del 8,5% respecto al trimestre anterior.

Pese al avance de la ocupación, el desempleo juvenil también aumentó: al terminar septiembre había 487.100 parados menores de 25 años, 27.100 más que en el segundo trimestre, lo que supone una subida del 5,9%.

La contradicción de la tasa de paro entre los jóvenes se explica por el fuerte aumento de la población activa durante el verano: 152.500 jóvenes más se incorporaron al mercado laboral, un crecimiento del 7,9%, hasta alcanzar los 2.087.600. Es decir, el número de jóvenes que trabajan o buscan empleo aumentó con suficiente intensidad como para reducir la tasa de paro, aunque el volumen total de desempleados también creciera.

Los jóvenes de 20 a 24 años concentran el repunte del desempleo

Por edades, el comportamiento del paro fue desigual. Entre los jóvenes de 20 a 24 años, el número de desempleados se incrementó en 39.700 personas durante el tercer trimestre, un 12,6% más que en el periodo anterior. En cambio, el desempleo cayó en 12.700 personas entre quienes tienen de 16 a 19 años, un descenso del 8,7%. En términos anuales, ambos grupos registraron reducciones: 10.900 parados menos entre los jóvenes de 20 a 24 años y 6.300 menos entre los de 16 a 19.

El balance del empleo también muestra diferencias entre generaciones. Los jóvenes de 20 a 24 años sumaron 83.800 ocupados entre julio y septiembre, un aumento del 6,6%, mientras que el grupo de 16 a 19 años incorporó 41.600 trabajadores, un 20% más. En conjunto, ambas franjas protagonizaron algunos de los mayores avances trimestrales de la ocupación.

Más jóvenes buscan su primer empleo

Otro de los indicadores que refleja las dificultades de acceso al mercado laboral es el número de personas que buscan su primer puesto de trabajo. Este colectivo, integrado mayoritariamente por jóvenes, aumentó en 16.300 desempleados durante el tercer trimestre, un 5,2% más, hasta alcanzar los 325.300. La cifra evidencia que la entrada al mundo laboral continúa siendo un reto para una parte de la población, incluso en un periodo en el que la ocupación juvenil registró un avance significativo.

En el conjunto de España, el número de personas desempleadas se situó en torno a los 2,59 millones al cierre de septiembre. Los menores de 25 años representaban el 18,8% del total de parados, mientras que los desempleados de larga duración —aquellos que llevan más de un año buscando trabajo— suponían el 34,1%. Este último grupo, no obstante, redujo su volumen en 12.400 personas durante el trimestre, hasta las 883.300, y acumuló un descenso interanual de 21.100 desempleados.

El avance de los pagos digitales no ha desplazado al dinero en metálico de la vida cotidiana de los españoles. En 2026, el efectivo continúa siendo el medio de pago principal para el 57% de la población en sus compras en establecimientos físicos, el mismo porcentaje que el año anterior. Al mismo tiempo, los dispositivos móviles amplían su presencia y pasan del 15% al 18%, mientras que la tarjeta física retrocede del 27% al 25%. Así lo recoge la quinta edición del Estudio sobre hábitos en el uso del efectivo 2026, publicado por el Banco de España.

La preferencia por el dinero físico también se mantiene cuando los pagos se realizan entre particulares. El 58% de los ciudadanos señala el efectivo como el medio que utiliza con mayor frecuencia en estas operaciones, frente al 36% que recurre a Bizum. Ambos porcentajes permanecen estables respecto a 2025, una señal de que la digitalización de los pagos convive con hábitos tradicionales que siguen muy arraigados.

Para elaborar el informe, el organismo ha realizado 5.038 entrevistas a ciudadanos y 1.619 a pequeños comercios y establecimientos de hostelería. El análisis aborda tanto las decisiones de pago de los consumidores como los medios que aceptan los negocios, además de estudiar las particularidades de los municipios que carecen de oficina bancaria estable. El objetivo es conocer la evolución de los hábitos y evaluar el papel del efectivo en la inclusión financiera.

El dinero físico gana valor como respaldo ante imprevistos

El apego al efectivo va más allá de su utilización en tiendas y establecimientos. El 92% de los encuestados rechaza la posibilidad de vivir en una sociedad sin dinero físico, cuatro puntos porcentuales más que en 2025.

También cambia la manera de guardar el dinero en metálico. La mitad de la población conserva únicamente la cantidad necesaria para cubrir sus gastos cotidianos, una proporción idéntica a la del año pasado. Sin embargo, aumenta el porcentaje de quienes mantienen una reserva para afrontar imprevistos, que sube del 32% al 36%. Asimismo, quienes utilizan el efectivo como complemento del ahorro pasan del 8% al 10%.

La confianza en este medio de pago está relacionada con la seguridad y la privacidad que le atribuyen los ciudadanos. Un 71% destaca su utilidad frente a fallos electrónicos y fraudes, nueve puntos más que en 2025, cuando la cifra se situaba en el 62%.

La privacidad también gana importancia: el 67% la considera una de sus principales ventajas, 11 puntos porcentuales más que un año antes. Además, una de cada tres personas reconoce que el efectivo ayuda a prevenir situaciones de exclusión financiera o digital.

Los jóvenes prefieren el móvil y los mayores, el efectivo

La edad marca diferencias claras en la elección del medio de pago. Entre los mayores de 65 años, el dinero físico ocupa una posición especialmente destacada, mientras que los teléfonos móviles se consolidan entre los más jóvenes. De hecho, el 48% de las personas de entre 18 y 24 años señala el móvil como su principal medio de pago, frente a apenas el 2% de los mayores de 65.

La tarjeta bancaria presenta un comportamiento más uniforme entre generaciones. Su utilización como medio principal oscila entre el 19% y el 31%, según el grupo de edad. El nivel educativo también influye en las preferencias: las personas con estudios básicos recurren principalmente al efectivo, mientras que quienes cuentan con formación superior muestran una mayor inclinación por las alternativas electrónicas.

Pese a estas diferencias, el informe apunta a una cierta estabilidad en el uso del dinero físico durante 2026. La mayoría de quienes han participado en la encuesta afirma que ha mantenido o aumentado su utilización en los últimos doce meses. Entre ellos, el 82% asegura que seguirá recurriendo al efectivo durante el próximo año, lo que apunta a una continuidad de este hábito a corto plazo.

Los comercios aceleran el paso hacia los pagos electrónicos

La evolución de los medios de pago se aprecia también en los pequeños negocios. Aunque el efectivo sigue siendo aceptado de forma prácticamente universal en comercios, establecimientos hosteleros y servicios personales, las tarjetas físicas están disponibles en el 91% de los negocios y los pagos mediante dispositivos móviles, en el 87%.

La forma de cobrar, sin embargo, está cambiando. El 61% de los establecimientos obtiene la mayor parte de sus ingresos mediante tarjetas u otros medios electrónicos, cinco puntos porcentuales más que en la encuesta anterior. En sentido contrario, la proporción de negocios en los que el efectivo representa la mayor parte de la facturación cae del 39% al 31% en solo un año.

Esta transición no se produce al mismo ritmo en todo el territorio. En los municipios sin oficina bancaria estable, el dinero físico conserva un peso mayor: en la mitad de los negocios se cobra en efectivo. Solo en el 41% de los establecimientos la mayoría de las compras se paga con tarjeta u otros medios electrónicos, una diferencia que pone de relieve la relación entre los hábitos de pago y el acceso a los servicios financieros.

Los cajeros, una dificultad añadida en los pueblos sin oficina bancaria

Para obtener dinero físico, los cajeros automáticos continúan siendo la opción más habitual en España. El 80% de los ciudadanos los utiliza de forma regular. Además, el acceso resulta relativamente sencillo para buena parte de la población: el 77% tarda menos de diez minutos en llegar a uno y el 75% realiza el trayecto a pie.

La situación es más complicada en las localidades sin oficina bancaria estable. En estos municipios, el 62% de los ciudadanos tiene que desplazarse en coche o motocicleta para llegar a un cajero. Aunque el 51% consigue obtener efectivo en menos de diez minutos, el 46% necesita entre diez y treinta minutos, lo que evidencia una brecha territorial en el acceso a un servicio básico.

A estas dificultades se suma el deterioro de la experiencia de uso que perciben los encuestados. Según el estudio, los ciudadanos consideran que el servicio de los cajeros automáticos ha empeorado en 2026. Entre los problemas más frecuentes figuran los terminales que están temporalmente fuera de servicio y aquellos que no disponen de efectivo en el momento de la operación.

El euro digital gana notoriedad, pero aún es poco conocido

El informe también examina el grado de conocimiento del proyecto de euro digital, una iniciativa que busca desarrollar una forma digital de dinero de banco central. Aunque la familiaridad con el proyecto aumenta, todavía no alcanza a la mayoría de la población.

En 2026, el 33% de los ciudadanos afirma conocer el euro digital, frente al 24% registrado en 2025. Entre los pequeños negocios, el avance es aún más pronunciado: el porcentaje pasa del 27% al 39% en un año.