El empresario Elías Piccirillo se encuentra bajo prisión domiciliaria en la causa que lo investiga por plantarle un kilo y cuarto de cocaína y un arma robada a Francisco Hauque -vinculado a la empresa cripto CoinX e investigado en el escándalo de las SIRA- en el baúl de su Audi Q8, tras una cena en el Palacio Duhau, ocurrida en enero de 2025.

La droga, según la acusación de la Justicia, fue plantada en el marco de un operativo trucho, una falsa requisa por violencia de género de la Policía de la Ciudad ocurrido en Puerto Madero, una maniobra a cargo de presuntos agentes corruptos, entre ellos el ex PFA Sebastián “El Lobo” Smith. El motivo: una supuesta deuda de seis mil millones de pesos entre Piccirillo y Hauque.

En la causa, hay 9 acusados en total. Anahí Marisol Aquino Laprida, pareja de Hauque, presente aquella noche, es querellante en el expediente investigado por el fiscal Franco Picardi y el juez Ariel Lijo. En las últimas horas, Aquino Laprida, representada por el eximio abogado penalista Augusto María Cassiau, pidió que Piccirillo sea finalmente elevado a juicio con el resto de los acusados.

Así, Laprida se suma a idénticos pedidos realizados por el fiscal Picardi -con un requerimiento maratónico de 257 páginas firmado a fines de junio de 2026- y la propia querella de Hauque, a cargo del abogado Carlos Pousa Bogado.

Para concretar su plan, “Piccirillo se reunió con Carlos Sebastián Smith -con quien lo unía un vínculo previo- y le entregó la suma de U$S 30.000. A cambio de ello, le encomendó a Smith que consiguiera una brigada policial que ejecutara el operativo al día siguiente”, aseguró Picardi en su imputación.

En ese encuentro, Hauque le explicó a Smith ”el conflicto que mantenía con Hauque y le anticipó que, cuando se concretara el procedimiento, en el automóvil de la víctima “iba a haber armas y drogas”“, siguió el fiscal.

”Smith aceptó el encargo y convocó al entonces comisario Iván Carlos Helguero de la División Robos y Hurtos Norte de la Policía de la Ciudad, y ex compañero suyo en la Policía Federal Argentina", otro de los imputados. Así, los policías se habrían repartido 20 mil dólares para ensuciar a un inocente.

Así, el abogado de Laprida pidió que Piccirillo, Smith y Helguero respondan como “coautores del delito de privación ilegítima de la libertad con fines coactivos, agravada por la intervención de tres o más personas y por el empleo de estupefacientes para facilitar o ejecutar el delito”. En el caso de Helguero, “también por su condición de funcionario público en concurso ideal con tenencia simple de estupefacientes y encubrimiento agravado”.

A Piccirillo, también, pidió que se le sumen en un posible juicio las acusaciones de tenencia ilegal de arma y cohecho, o sea, coimear a la Policía.

El abogado, por otra parte, afirmó que la pareja de Hauque “no es un sujeto pasivo” en la trama. También, pidió que se aplique la perspectiva de género. La excusa del falso operativo es aquí la clave:

“El hecho tiene, además, una dimensión de género que surge de la propia prueba. El pretexto invocado por la brigada para interceptar el vehículo, que conducía mi mandante, fue que Hauque estaría ejerciendo violencia de género contra ella. La Fiscalía demostró que esa situación era falsa y fabricada, y advirtió que ese pretexto “no podría haberse fabricado si no estaba la pareja de Hauque con él”. Por eso Piccirillo insistió en que Hauque concurriera con ella a una “cena de parejas” cuya otra mitad nunca apareció“.

“Mi mandante fue, entonces, una pieza necesaria de la maniobra. Se la hizo concurrir a una cena con una excusa falsa para presentarla ante la Policía como supuesta víctima de violencia de género y, con ese pretexto, privarla de su libertad y exponerla a una imputación penal por narcotráfico”, finalizó el querellante.

Días atrás, Infobae reveló la existencia de una organización criminal temible que operaba en la ciudad de Buenos Aires, una literal mafia de motochorros dedicada a cometer asaltos comando a mensajeros de financieras una asociación ilícita que cometió siete robos entre comienzos de marzo y fines de mayo de este año en zonas como Saavedra y Villa del Parque.

La banda sabía dónde golpear: iba directo al efectivo. La inteligencia previa era notable. Los golpes -cometidos con dos motos a la vez, junto a varios autos de apoyo- eran una mezcla de salideras a víctimas en torno a financieras y falsas operaciones de cambio. El botín era siempre en efectivo. El saldo global de sus ataques fue notable también: más de $122 millones cash.

Esta semana, tras una extensa y metódica investigación a cargo del fiscal Andrés Madrea, el juez Darío Bonanno procesó a siete de sus miembros -seis de ellos con prisión preventiva- por el delito de, precisamente, montar una asociación ilícita dedicada al robo en poblado y en banda. Los embargos ascienden hasta $80 millones para los líderes. Un nombre resuena entre todos ellos: el de su presunto jefe, Federico Elías Astudillo.

Astudillo, registrado como monotributista en ARCA con pagos al día, es un ex cadete de moto y empleado de un restaurant de sushi que pasó por una cárcel federal. Fue procesado por el juez Bonanno por ser el presunto capo de la asociación ilícita -una figura sumamente infrecuente en el mundo de los expedientes contra motochorros-, con participación en cuatro de los hechos investigados. El juez también pidió ampliar su indagatoria por su posible participación en un quinto asalto.

El procesado “ejercía la jefatura dentro de esta banda, desempeñando una función de conducción y articulación dentro de la organización, llevando a cabo la coordinación y captación de los intervinientes que llevaban a cabo las maniobras delictivas”, afirmó el juez en su imputación. Su novia, Antonella Roldán, es otra de las procesadas en la mafia.

La Justicia vincula a Astudillo a los autos de apoyo empleados en los asaltos. También, habría tomado parte directa en los robos. En uno de los asaltos que le imputan, una trampa montada on la falsa compra de un vehículo, la banda le robó $20 millones a su víctima sobre la avenida Martín García. “Quédate quieto que te quemo”, le susurraron a punta de pistola.

Astudillo cayó tras un seguimiento de la División de Investigaciones de la Comuna N° 11 de la Policía de la Ciudad. Lo arrestaron a bordo de un Volkswagen Vento junto a su novia.

La banda, más o menos, se había formado como un club de amigos con la prisión como zona cero. E perfil de Facebook de Astudillo lo vincula a otro procesado en la banda, Rodrigo Salvadores, con quien compartió penal en 2021; posteaban sus fotos tumberas en la red en aquel entonces. Salvadores, por su parte, se vincula a otro sospechoso procesado en la causa, Alan Nicolás Casafú.

Astudillo, por otra parte, fue involucrado a un auto de apoyo en el hecho que dio comienzo a la investigación y que terminó con su presunta banda en prisión: el asalto ocurrido el 1° de abril de este año en la calle Vedia, zona de Saavedra. Los delincuentes iban por un gran premio: intentaron quitarle a un delivery un paquete cargado con $24,6 millones de pesos. Los motochorros no contaban con que el mensajero era un ex policía que llevaba un revolver Taurus calibre .357.

Uno de los motochorros, Tomás Sobre, un reincidente serial con seis condenas, terminó con un tiro en una pierna. Astudillo fue mencionado en 18 ocasiones en el procesamiento del caso: tras el asalto, el presunto capo de la mafia motochorra fue a comer a un restaurant peruano del Abasto.