Combatir el vandalismo tocando el bolsillo. Es el objetivo del nuevo proyecto de ley que el Gobierno de Sébastien Lecornu ha impulsado con carácter de "urgencia" tras las situaciones vividas en las calles de Francia durante las últimas dos semanas. "El que rompe, paga" es el principio que rige un texto cuya medida estrella recae en la responsabilidad financiera para toda persona que haya participado "a sabiendas" en una agrupación formada con el fin de acometer actos de vandalismo o para quienes permanezcan en una aglomeración "susceptible de alterar el orden público" a pesar de haber sido avisados en dos ocasiones por las fuerzas del orden. Todos ellos se enfrentarían a multas que pueden llegar a los 10.000 euros. Por lo tanto, el Estado podría actuar incluso contra los autores indirectos de los actos de vandalismo y ahí reside la polémica del texto. La izquierda critica la medida y considera que este endurecimiento para personas eventualmente no responsables directamente del destrozo es disuasivo para manifestarse. Es decir, atemorizar a los que "pasaban por allí" aunque no tuviesen la voluntad de vandalizar. Los impulsores de la ley defienden la especificación "tras haber sido advertidos en dos ocasiones" por la policía. La iniciativa fue aprobada por 229 votos a favor y 105 en contra, con el respaldo del Reagrupamiento Nacional de Le Pen.

Las multas podrían embargar prestaciones sociales, familiares o ayudas personales para la vivienda. Y en esto recae uno de los principales puntos de la ley, impactar incluso a los que se declaren sin capacidad de afrontar la cuantía de la multa. El ministro del Interior, Laurent Nuñez, ha felicitado la luz verde al texto y ha querido tranquilizar sobre posibles excesos de la norma explicando que recurrirá al Consejo de Estado en relación con estas ampliaciones, para comprobar si se respeta debidamente "el equilibrio entre solidaridad y reparación".

El proyecto de ley "los que vandalizan, pagan" no sólo ha sido aprobado en el Senado sino que también, gracias a la derecha y ultraderecha, ha sido ampliado considerablemente con una batería de medidas que no incluía en principio. En su origen, era un texto que venía siendo elaborado desde los disturbios que siguieron a la conquista de la Champions League por el PSG a finales de la primavera pasada. El Senado incorporó además nuevas prohibiciones administrativas de manifestarse, un endurecimiento de las penas, restricciones de entrada en Francia para extranjeros en determinados supuestos, mayores facilidades para utilizar drones en investigaciones judiciales y amplía también las posibilidades de recurrir a sistemas algorítmicos de videovigilancia. El texto, además, contempla la expulsión de viviendas sociales de personas que provoquen alteraciones del orden y establece un procedimiento urgente para solicitar la retirada, en menos de 24 horas, de contenidos en internet que inciten al vandalismo. Todo esta batería de medidas se ha querido acelerar en cuanto a sus trámites parlamentarios por las nuevas convocatorias que Francia va a afrontar en los próximos días.

Sindicatos, asociaciones estudiantiles y chalecos amarillos han convocado una nueva jornada de movilización para el próximo sábado, la tercera consecutiva. En ella se podrán ver los efectos que tienen las nuevas medidas. Las asociaciones de estudiantes de secundaria han llamado a reanudar los bloqueos de centros educativos tras las vacaciones escolares, que terminan el próximo lunes.