Más de 350 personas vinculadas a distintos hechos delictivos se entregaron voluntariamente a las autoridades de República Dominicana desde el 17 de agosto, según informó la Policía Nacional. El vocero de la institución, Diego Pesqueira, afirmó que los requeridos tenían órdenes de arresto y que fueron puestos a disposición de la Justicia.

La cifra fue presentada este viernes como parte de un llamado dirigido a otras personas que permanecen bajo búsqueda policial. El funcionario sostuvo que quienes optan por entregarse pueden enfrentar sus expedientes a través de los procedimientos judiciales establecidos, sin que sea necesario ejecutar operativos para localizarlos y detenerlos.

A su vez, Pesqueira aseguró que todas las personas que se entregaron fueron sometidas al debido proceso. De acuerdo con su versión, los detenidos quedaron a disposición de las autoridades judiciales en distintos lugares del país, donde deben responder por las órdenes de captura que pesaban en su contra.

“Todos están a la orden de la Justicia”, afirmó el portavoz policial. También sostuvo que, hasta la fecha, la institución no tenía reportes de incidentes relacionados con las personas que decidieron comparecer de forma voluntaria.

Pesqueira además señaló que la presentación ante las autoridades permite que el caso sea remitido por las vías correspondientes y que cada persona pueda ejercer su derecho de defensa. “A todos y cada uno se les respeta el debido proceso”, dijo.

El vocero pidió que quienes tengan órdenes de arresto pendientes se presenten ante las autoridades.

La Policía negó que el Gobierno haya emitido lineamientos contra personas requeridas

Por otro lado, Pesqueira afirmó que la Policía realiza llamados por diversas vías antes de concretar un arresto. Según explicó, los operativos ocurren cuando las personas requeridas no se entregan y los agentes deben ejecutar las órdenes emitidas por las autoridades competentes.

El funcionario negó que exista una directriz interna o una instrucción gubernamental para actuar de forma específica contra quienes son buscados por la Justicia. “Ni desde la Policía Nacional ni del superior Gobierno existe un lineamiento en este sentido”, declaró.

También sostuvo que los casos en los que intervienen agentes policiales pasan al conocimiento del Ministerio Público (MP), que debe investigar las circunstancias de cada actuación y dar seguimiento al proceso.

Pesqueira señaló que la función de la Policía es proteger a la población y garantizar la seguridad de las personas que salen a estudiar, trabajar o realizar actividades cotidianas. Entre ellas, mencionó a estudiantes, trabajadores, profesionales de la salud, docentes, conductores de motocicletas y familias.

A la vez, el portavoz indicó que los agentes pueden responder cuando son atacados durante un procedimiento. Esa reacción, afirmó, debe regirse por el uso proporcional de la fuerza, con el objetivo de preservar la vida de los ciudadanos, sus bienes y la integridad de los policías.

La institución insistió en que la entrega voluntaria es la vía que recomienda a las personas requeridas por la Justicia. El dato divulgado por Pesqueira sitúa en más de 350 los buscados que se presentaron ante las autoridades desde mediados de agosto.

La presidenta de Perú, Keiko Fujimori, continuó este viernes su visita oficial a El Salvador con un recorrido por el Hospital Nacional Rosales, donde conoció la infraestructura, el equipamiento tecnológico y la capacidad de atención.

Fujimori estuvo acompañada por el ministro de Salud peruano, Luis Dyer, durante la visita guiada por el director del centro médico, Marvin Aguilar.

La agenda incluyó la revisión de espacios destinados a procedimientos quirúrgicos de alta complejidad y servicios de atención especializada para pacientes.

En una conversación difundida por medios internacionales, Fujimori planteó una comparación con la situación de los hospitales de su país. “Me he sorprendido, primero, que haya una atención a cabalidad y que no haya pacientes en espera”, señaló ante las autoridades salvadoreñas.

A su vez, agregó que su país enfrenta todavía dificultades por la acumulación de pacientes en establecimientos públicos. A partir de esa observación, consultó cómo el hospital logró responder a la demanda quirúrgica y mantener el orden observado durante el recorrido.

Aguilar respondió que la clave está en una estrategia que procure evitar que los pacientes terminen sin seguimiento dentro del sistema. Según explicó, el diseño de los nuevos espacios permite acortar traslados y ordenar el flujo de personas entre las distintas áreas médicas.

El director del Rosales destacó, por ejemplo, la conexión directa entre el servicio de emergencias y los quirófanos destinados a casos urgentes. También mencionó que el hospital dispone de laboratorios clínicos en dos zonas del complejo, una distribución que busca reducir los tiempos de espera para análisis y diagnósticos.

“Hemos establecido una estrategia bien estructurada para garantizar que no se nos quede ningún paciente en el olvido”, sostuvo Aguilar. El funcionario añadió que la disponibilidad de recursos básicos, como sillas de ruedas, carros camilla y equipos de reserva, forma parte de la planificación operativa ante emergencias o aumentos de demanda.

En el área quirúrgica, el sistema contempla una secuencia que comienza con la consulta y la programación del paciente, continúa con la evaluación preanestésica y culmina con el ingreso a quirófano. El personal recibe con antelación la lista de procedimientos previstos para la jornada siguiente, según relató el director.

“Todo el personal sabe los procedimientos que se realizarán al siguiente día”, explicó Aguilar, quien vinculó esa coordinación con la ampliación de los servicios médicos.

Un centro hospitalario de última generación para fortalecer la atención pública

La visita se produjo cuatro meses después de la inauguración del Nuevo Hospital Nacional Rosales, el 1 de junio de 2026. La renovación del complejo aumentó su oferta de 32 a 47 especialidades médicas e incorporó tecnología para cirugía robótica, diagnóstico por imágenes y atención de patologías complejas.

El centro hospitalario cuenta con dos robots quirúrgicos, nueve quirófanos multifuncionales y un quirófano híbrido que combina procedimientos médicos con equipos de imagen.

La infraestructura incluye 612 camas, de las cuales 502 son censables y 110 corresponden a atenciones de menos de 24 horas. En nefrología, el hospital dispone de 140 máquinas de hemodiálisis, con una capacidad informada de hasta 420 pacientes por día.

La periodista de CubaNet Camila Acosta denunció un nuevo episodio de hostigamiento luego que un agente de la Seguridad del Estado le prohibiera salir de su vivienda en La Habana, en un operativo que, según afirmó, le impuso una restricción de movimiento sin orden judicial ni explicación legal.

El hecho ocurrió el miércoles 28 de octubre, de acuerdo con una denuncia publicada por el citado medio. Acosta evidenció como un hombre vestido de civil se presentó frente a su domicilio y le comunicó: “No puedes salir”.

El video publicado registró parte del episodio. Además, el presunto agente le exige a la reportera que no lo filme, pese a que intervenía en un operativo vinculado con organismos oficialistas.

La vigilancia también contó con la presencia de uniformados y una patrulla de la Policía Nacional Revolucionaria (PNR), según la denuncia. No se informó sobre la exhibición de una orden judicial ni sobre una resolución administrativa que justificara la medida.

Estos actos son reiterativos contra la comunicadora. De hecho, el último reportado ocurrió en septiembre, cuando la mujer fue retenida junto a su esposo para evitar que ambos asistieran al juicio de la activista Anna Bensi.

El programa Justicia 11J sostuvo que los cercos policiales y las restricciones de movimiento sin orden judicial forman parte de prácticas utilizadas contra periodistas independientes, activistas y familiares de presos por motivos políticos en la isla.

La organización reclamó el cese del hostigamiento contra Acosta y contra otras personas dedicadas al periodismo independiente en Cuba. “Documentar la actuación de los agentes del Estado y moverse libremente no son delitos: son derechos”, señaló en su publicación.

Más de 130 violaciones a la libertad de expresión y prensa en el último mes

El Observatorio Cubano de la Libertad de Expresión (OCLE), que depende del Instituto Cubano por la Libertad de Expresión y Prensa (Iclep), documentó 134 violaciones a la libertad de expresión y de prensa en Cuba durante el mes de septiembre.

La cifra representó un alza de 8.9% frente a agosto y del 57.6% en comparación con septiembre de 2025, según el informe publicado el 20 de octubre.

El organismo contabilizó 106 hechos, de los cuales 74 estuvieron relacionados con restricciones a la libertad de expresión y 32 con vulneraciones a la libertad de prensa. Los periodistas concentraron 30 de los casos con víctimas identificadas, mientras que los presos políticos registraron 29.

El uso abusivo del poder fue el indicador más frecuente, con 49 casos, equivalentes al 36.6% del total. El OCLE incluyó en esa categoría la aplicación de mecanismos administrativos, migratorios, judiciales, penales y penitenciarios para censurar o limitar desplazamientos.

Las amenazas, ataques y agresiones psicológicas ocuparon el segundo lugar, con 48 denuncias. Ambas categorías reunieron 97 de las 134 vulneraciones registradas durante el mes.

El reporte también consignó 26 detenciones arbitrarias, siete agresiones físicas, tres casos de reclusión y una restricción en el entorno digital. Cuatro de las agresiones físicas denunciadas ocurrieron en prisiones, donde se reportaron falta de atención médica, traslados punitivos, aislamiento e incomunicación.

El presidente Nayib Bukele recibió este jueves en Casa Presidencial a su homóloga peruana, Keiko Fujimori, durante la visita oficial que realiza al país. La agenda busca fortalecer la cooperación bilateral, intercambiar experiencias sobre seguridad y analizar estrategias ante retos comunes de la región.

Durante la visita de Fujimori a la Casa Presidencial de San Salvador, Perú y El Salvador suscribieron cuatro acuerdos de cooperación bilateral:

• Marco de Asociación Estratégica, firmado por Carlos Espá y la canciller salvadoreña Alexandra Hill Tinoco.
• Acuerdo de cooperación técnica en infraestructura, gestión penitenciaria y fortalecimiento del sistema de justicia frente a la criminalidad, suscrito por Ernesto Álvarez, César Augusto Astudillo y el ministro de Justicia y Seguridad Pública de El Salvador, Gustavo Villatoro.
• Acuerdo de cooperación institucional entre los ministerios de Salud de Perú y El Salvador, firmado por Luis Dyer y el ministro de Salud salvadoreño, Francisco Alabí.
• Acuerdo de cooperación turística, suscrito por Roger Valencia Espinoza y Morena Valdez.

El jefe de Estado salvadoreño aseguró que su país está dispuesto a compartir sus experiencias para que puedan ser aplicadas en las áreas que consideren útiles. Además, señaló que la visita busca afianzar la relación entre ambos pueblos y fortalecer la cooperación. “Ese triángulo de seguridad, salud y educación es vital”, indicó Bukele.

Fujimori, por su parte, en su discurso anunció que Perú reforzará su política penitenciaria con la construcción de dos nuevas cárceles: una destinada a internos de alta peligrosidad, inspirada en aspectos del Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT) de El Salvador, y otra para presos con menor nivel de riesgo. En este último caso, prevé incorporar talleres productivos y un plan de “cero ocio” para los reclusos. También señaló que el país tiene otras cárceles en proceso de finalización.

En materia operativa, planteó unificar el trabajo de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional mediante un comando unificado para enfrentar a las organizaciones criminales. Además, sostuvo que su gestión buscará respaldar a los integrantes de las fuerzas de seguridad, a quienes afirmó que anteriormente fueron perseguidos o no recibieron defensa institucional. La propuesta toma como referencia la experiencia salvadoreña, aunque remarca que las medidas deberán adaptarse a la realidad peruana.

A su vez, la mandataria sostuvo que su Gobierno adoptó medidas para impedir que las organizaciones criminales operen desde las prisiones. “El mensaje que va al Perú, las cárceles están para cumplir las penas y no para ser centros donde las organizaciones criminales dirigen los delitos.

Presidenta peruana visitó el CECOT

Fujimori recorrió por la mañana las instalaciones del Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT) este 29 de octubre, en una actividad oficial orientada a examinar los mecanismos del sistema penitenciario y la política de seguridad pública de El Salvador.

La mandataria se trasladó desde San Salvador en una caravana fuertemente escoltada por las autoridades salvadoreñas. A su llegada al recinto, alrededor de las 10:00 am los integrantes del Gabinete de Seguridad salvadoreño recibieron a la comitiva de Lima.

El ministro de Justicia y Seguridad Pública, Gustavo Villatoro, el titular del Ministerio de la Defensa Nacional, René Merino Monroy, y el director de la penitenciaría, Belarmino García, encabezaron la delegación anfitriona que guió la inspección por las áreas de control y vigilancia.

La mandataria acudió al complejo carcelario junto a miembros de su equipo de gobierno. Entre los funcionarios presentes estuvieron el ministro de Relaciones Exteriores de Perú, Carlos Espá, el titular del Ministerio del Interior, César Astudillo, y el Ministro de Justicia y Derechos Humanos del Perú, Ernesto Álvarez.

La delegación ministerial inspeccionó los protocolos de contención y la distribución de los reclusos en los diferentes sectores de la infraestructura.

El Ejército de Nicaragua informó este jueves 29 de octubre que incautó 150 paquetes de presunta cocaína tras un intercambio de disparos con tres sospechosos en una zona costera del departamento de Chinandega, en el noroeste del país. De acuerdo con el comunicado, los hombres involucrados huyeron hacia el norte y dejaron abandonados seis sacos que contenían la sustancia ilícita.

El operativo ocurrió el 28 de octubre en las cercanías de playa Los Zorros, en la comunidad de Padre de Ramos, municipio de El Viejo. La institución castrense detectó el arribo de una embarcación artesanal considerada sospechosa y desplegó efectivos del Comando de Operaciones Especiales y de la Fuerza Naval.

“La versión oficial sostiene que tres personas transportaban los bultos cuando detectaron la presencia de las tropas. Los sospechosos escondieron los sacos entre la vegetación, según el Ejército, y luego abrieron fuego tras escuchar la advertencia de los militares”, expresó la institución castrense.

A su vez, el Ejército indicó que el hallazgo se produjo en el departamento de Chinandega, ubicado en la región del Pacífico de Nicaragua. Los sacos contenían 150 paquetes rectangulares de presunta cocaína, aunque el comunicado no precisó el peso total del cargamento ni informó cuándo se brindarán los resultados del análisis químico que confirme la naturaleza de la sustancia.

La versión oficial sostiene que tres personas sospechosas transportaban los bultos cuando detectaron la presencia de las tropas. Los involucrados escondieron los sacos entre la vegetación, según la Fuerza Armada, y luego abrieron fuego tras escuchar la advertencia de los militares.

“Al escuchar la voz del Alto Ejército de Nicaragua, realizaron disparos, ocasionando un intercambio con nuestras tropas”, señaló la institución en el comunicado. El texto no reportó heridos, detenidos durante el enfrentamiento ni daños materiales derivados de los disparos.

Tras los disparos, los tres hombres escaparon en dirección norte. Aunque, el Ejército no identificó a los sospechosos ni indicó si las autoridades desplegaron un operativo de búsqueda posterior para localizarlos.

Una mujer fue detenida como presunta responsable de apoyo logístico

De igual forma, la institución armada afirmó que identificaron a Damaris A. como “presunta jefa del grupo de apoyo al narcotráfico responsable de este traslado”. La mujer ya había sido retenida al momento de la difusión de la nota oficial.

El Ejército no detalló dónde ni cuándo se produjo la detención de la mujer. La nota oficial agregó que tanto la mujer retenida como la droga y la embarcación artesanal fueron entregadas a las autoridades correspondientes. El comunicado no especificó qué institución quedó a cargo de la investigación ni si se iniciaron peritajes sobre la lancha, los sacos o el contenido de los paquetes.

El departamento de Chinandega se ubica en la frontera con Honduras y cuenta con una salida al océano Pacífico, factores que lo convierten en un puesto de vigilancia ante la posible presencia de tráfico de drogas.

Por el momento, la información disponible proviene del comunicado militar y no incluye una declaración de la Fiscalía ni de otras autoridades judiciales sobre el caso.