Organizaciones sociales como la Asociación Elín y la Coordinadora de Barrios han denunciado que el pasado 26 de octubre decenas de agentes de la Policía Nacional entraron al Centro de Estancia Temporal de Inmigrantes (CETI) de Ceuta para detener a residentes y ejecutar devoluciones a Marruecos. El operativo, indican en un comunicado, incluyó material antidisturbios y derivó en detenciones de personas que permanecían en el centro a la espera de respuestas sobre sus solicitudes de protección internacional, por lo que reclaman el cese inmediato de unas expulsiones que califican de “ilegales y carentes de garantías”.

Las intervenciones, aseguran los colectivos, continuaron en días posteriores, lo que ha extendido el miedo entre los residentes del CETI.

El principal cuestionamiento apunta al lugar y la forma en que se realizan las entregas a las autoridades marroquíes. Elín y la Coordinadora de Barrios para el Seguimiento de Menores y Jóvenes aseguran que las devoluciones se ejecutan por un paso no habilitado, fuera del puesto fronterizo oficial.

Ese mecanismo, aclaran, impide verificar la entrega de cada persona y limita derechos básicos como la posibilidad de presentar alegaciones individuales, el acceso a intérpretes y la tutela judicial efectiva.

También señalan que las personas afectadas incluyen mujeres, personas del colectivo LGTBI y ciudadanos de terceros países, entre ellos Yemen, Senegal, Sudán y Bangladesh. Perfiles que, según advierten, afrontan riesgos de violencia y malos tratos en Marruecos, en especial quienes no tienen nacionalidad marroquí.

Las asociaciones sitúan un episodio previo el viernes 23 de octubre, cuando al menos 16 personas de distintas nacionalidades fueron trasladadas hacia Marruecos y permanecieron durante tres días en una zona fronteriza sin poder entrar en territorio marroquí ni regresar a España, según su relato. El grupo, en el que había personas de Senegal, Togo, Bangladesh, Costa de Marfil, Nigeria y Yemen, pasó tres días sin acceso a comida ni agua, sin información sobre su situación jurídica ni sobre el destino de sus procedimientos de asilo.

El Ministerio del Interior por su parte, sostiene que, de acuerdo con las informaciones conocidas sobre el caso, las personas devueltas no habían presentado recursos dentro de plazo. Las organizaciones lo niegan y afirman que hubo actuaciones pese a procedimientos judiciales aún abiertos.

El caso de Yaseen elevó la disputa con Interior

Uno de los expedientes señalados por las entidades corresponde a Yaseen S. A., ciudadano yemení cuya solicitud de asilo fue denegada. Su defensa había recurrido la decisión y solicitó una medida cautelarísima ante la Audiencia Nacional para evitar su devolución mientras se resolvía el procedimiento.

La abogada del migrante y de otro ciudadano yemení informó de que ambos fueron enviados a Youssoufia, una localidad situada a más de 230 kilómetros al sur de Casablanca, en Marruecos. Según la letrada, fueron privados de dinero y pertenencias, y quedaron bajo custodia de la policía marroquí por una presunta estancia irregular.

La defensa y otros abogados de la Coordinadora de Barrios habían comunicado por escrito a la Jefatura Superior de Policía de Ceuta y al CETI que no debían ser devueltos porque existía un recurso presentado. También alegaron que la denegación de protección internacional contradecía el criterio de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur).

La Audiencia Nacional acordó el pasado lunes que Yaseen permaneciera en España mientras se resolvía el recurso presentado ante su denegación de asilo. Interior, por su parte, reconoció la devolución, pero niega haber desobedecido al tribunal: sostiene que el plazo terminó el viernes y que la respuesta al recurso llegó el lunes por la tarde, con el migrante ya en Marruecos.

Interior posteriormente reconoció la vigencia de la medida cautelarísima y planteó que el ciudadano yemení se personara en el paso fronterizo para volver a entrar en España, una posibilidad que las entidades sociales consideran inviable, dadas las condiciones en las que se encuentra el hombre en Marruecos, sin dinero ni otros recursos.

Derecho de asilo y el principio de no devolución

Elín y la Coordinadora de Barrios cuestionan que se efectúen detenciones y devoluciones dentro de un recurso de acogida. A su juicio, la presencia policial en el CETI transforma un espacio destinado a atender a personas migrantes en un lugar de temor y puede disuadir a quienes necesiten solicitar asilo o acceder a servicios de protección.

Las asociaciones citan la Ley 12/2009 reguladora del derecho de asilo y el Reglamento de la Unión Europea 2024/1348, que regula los procedimientos de protección internacional y retorno, y recuerdan que las personas con recursos pendientes deben poder permanecer en España hasta que se resuelva su situación.

También invocan el principio de no devolución, recogido en la Convención de Ginebra de 1951, el Convenio Europeo de Derechos Humanos y la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, y que prohíbe retornar a una persona a un país donde pueda afrontar persecución, tortura o riesgos graves para su integridad.

Por todo ello, las organizaciones sociales exigen al Gobierno, al Ministerio del Interior y a la Delegación del Gobierno en Ceuta que suspendan las redadas en el CETI y detengan las devoluciones de personas con recursos judiciales pendientes o necesidades de protección. Además, solicitan que cualquier entrega a Marruecos se realice por el puesto fronterizo oficial, con registro documental, asistencia letrada, intérprete y revisión individual de cada expediente.

El Sindicato Ferroviario considera “absolutamente precipitado” que el Gobierno haya atribuido a un error humano el fatal accidente de este miércoles entre Urda y Los Yébenes, Toledo, ya que la investigación judicial acaba de comenzar y aún es “muy pronto” para determinar el origen del siniestro, sobre todo teniendo en cuenta que en este tipo de siniestros “siempre interviene más de un factor”. “Cómo puede ser haya pasado casi un año desde el accidente de Adamuz [en Córdoba] y todavía no haya respuestas definitivas sobre lo que ocurrió, y a pocas horas de haberse producido el de ayer ya tenemos que la respuesta es el factor humano”, se pregunta Joan Rodríguez, portavoz del sindicato, en conversación con Infobae, que critica el modelo privatizado de conservación de las vías. Hasta el momento, el choque entre un AVE de Renfe y un tren de Iryo, que provocó la caída de dos vagones por un terraplén, ya se ha cobrado la vida de 68 personas y los servicios de rescate continúan este jueves los trabajos en la zona.

Según ha explicado el Gobierno, el accidente ocurrió después de que el sistema de seguridad LZB dejara de funcionar con normalidad. Los audios de las comunicaciones entre ambos trenes y el centro de mando de Atocha muestran que el controlador autorizó a los maquinistas a reanudar la marcha normal, permitiendo así que el AVE continuara su circulación a 200 kilómetros por hora cuando aún no se había comprobado que el Iryo que estaba delante se hubiera alejado la distancia necesaria —más de 30 kilómetros— para evitar una colisión. El Ejecutivo considera que esa decisión contraviene el protocolo y está en el origen del siniestro. La normativa establece que, ante una incidencia de este tipo, los trenes deben avanzar en régimen de marcha a la vista, con un límite de 40 kilómetros por hora.

Los audios, sin embargo, también recogen que la maquinista del tren de Iryo comunicó a Atocha que permanecía detenida, pese a haber recibido autorización para reanudar la marcha, porque no había logrado hacerlo.

Por todo ello, desde el Sindicato Ferroviario piden cautela. “El factor humano es solo una de las infinitas posibilidades que pueden haber ocurrido. Los accidentes de tren no responden habitualmente a una única causa, sino a una acumulación de factores”, insiste Rodríguez. Aunque la organización defiende que el sistema ferroviario español es “completamente seguro” y un ejemplo para otros países europeos, cuestiona el modelo de desarrollo de la red de alta velocidad y denuncia que gran parte de los trabajos de mantenimiento y conservación de las vías de Adif están en manos de empresas privadas y subcontratas.

“El modelo se centra más en seguir construyendo líneas de alta velocidad mientras luego se olvidan no solo del mantenimiento de estas líneas, sino de los núcleos de cercanías. A esto se suma también la internacionalización por la que ha apostado Renfe, que a día de hoy participa en infinidad de proyectos por todo el mundo, desde República Checa a Arabia Saudí o Estados Unidos, y creo que se debería prestar más atención a lo que tenemos en casa para volver a tener una de las mejores redes ferroviarias de todo el mundo”, critica Rodríguez.

El sindicato sostiene que la situación del sector empeoró tras la liberalización ferroviaria en España a finales de 2020, que permitió la entrada de operadores privados como Ouigo e Iryo para competir con Renfe en el transporte de pasajeros, en aplicación de las directivas de la Unión Europea. El proceso, no obstante, había comenzado 15 años antes en el transporte de mercancías, donde ya operaban empresas privadas.

En ese contexto, Rodríguez cuestiona que se recurra a empresas privadas para tareas de mantenimiento y conservación de la red, porque, a su juicio, ese modelo limita el control directo sobre los trabajos y retrasa la capacidad de respuesta.

El portavoz recuerda que el equipo de Adif está revisando los audios difundidos tras el accidente en Toledo para analizarlos y determinar qué ocurrió. Mientras avanza la investigación, los equipos de rescate siguen trabajando con varias grúas para retirar los vagones accidentados y comprobar si hay más víctimas atrapadas bajo los restos. Está previsto que este jueves se sumen el servicio cinológico de la Guardia Civil, la Policía Judicial y la unidad de Criminalística, que recabarán pruebas para esclarecer las causas del siniestro.

La venta de bienes de la familia Martínez-Bordiú Franco procedentes del Pazo de Meirás ha comenzado este miércoles en una subasta organizada por Magna Art Auctions y ya se han producido varias adjudicaciones muy por encima de los precios de salida. El catálogo reúne 689 objetos procedentes de la residencia gallega, con precios de salida de entre 20 y 5.000 euros, y entre los lotes hay retratos de Francisco Franco, mobiliario, piezas religiosas, armas, vajillas y fotografías.

Entre las primeras piezas adjudicadas figura un retrato familiar del dictador junto a su esposa, Carmen Polo, y su hija, Carmen Franco, que se ha vendido por 2.250 euros.

La pieza que ha registrado el precio más alto ha sido una jarra de pico de cerámica esmaltada de Talavera de la Reina, datada en el siglo XVII. El objeto, perteneciente a la serie tricolor o del rayado naranja, partía de 350 euros y ha alcanzado los 10.000 euros.

Porcelanas chinas, sillas y una alfombra turca

También se ha adjudicado por encima de su estimación inicial una gran pecera de porcelana china, decorada con flores, peonías y aves exóticas. La pieza comenzó en 150 euros y se vendió por 2.500 euros.

Una sopera de porcelana de la Compañía de Indias, con blasones en esmaltes de la Familia Rosa de la dinastía Qing, fechada entre 1736 y 1795, también se ha vendido en la jornada de hoy por 2.750 euros. Asimismo, un conjunto de seis sillas de hierro pintado de verde, con asientos calados de palmetas y una greca clásica en el perímetro, ha sido adjudicado por 2.250 euros, cuando su precio de salida eran de 250.

Por otro lado, una alfombra turca Ushak, de la primera mitad del siglo XX y decorada con un medallón hexagonal y motivos vegetales y florales estilizados, ha alcanzado los 2.000 euros, ocho veces el importe de salida.

Entre los 689 lotes ofrecidos también hay muebles antiguos, objetos religiosos, armas, vajillas y una fotografía dedicada por Juan Carlos I al dictador.

Tras el elevado número de pujas registrado en esta primera jornada, la subasta se reanudará este miércoles a las 17.00 horas, desde el lote 251.

Piden paralizar la subasta

Cabe recordar que la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica ha pedido la intervención de la Fiscalía General del Estado para intentar frenar la venta. El portavoz de la CRMH, Carlos Babío, ha sostenido que hay piezas que no pertenecerían a la familia Franco y ha solicitado que las administraciones actúen para defender el interés público.

Sin embargo, el director de Magna Art Auctions, José Miguel Carrillo de Albornoz, ha afirmado que la operación cuenta con las garantías necesarias y con supervisión de la Abogacía del Estado y de la Xunta de Galicia. La Consejería de Cultura gallega ha señalado que seguirá el proceso para determinar si existe algún elemento cuyo interés aconseje adquirirlo.

(Con información de la agencia EFE)

El Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible ha asegurado que el choque entre los dos trenes en Urda (Toledo) se ha producido después de que el centro de control de Adif en Atocha permitiese reanudar la marcha normal de los trenes, en contra de lo establecido en la normativa ferroviaria, según informa Europa Press.

Fuentes del ministerio que dirige Óscar Puente aclaran que la avería en el sistema se produjo en la provincia de Toledo a las 8:32 horas, obligando a detener seis trenes en un tramo de 90 kilómetros. Ocho minutos después, el operador permitió que todos retomaran la marcha.

La normativa establece que, ante una incidencia de este tipo, los trenes deben avanzar en régimen de marcha a la vista, con un límite de 40 kilómetros por hora. No obstante, el AVE reanudó el recorrido a velocidad ordinaria y llegó a circular a 200 kilómetros por hora antes de impactar contra un tren de Iryo a las 8:54. En el lugar están trabajando bomberos de los parques de Alcázar de San Juan y Orgaz, Protección Civil de varios pueblos de los alrededores, tres helicópteros sanitarios y dos UVI, entre otros medios.

La investigación, no obstante, acaba de comenzar y aún no es posible establecer cómo se produjo exactamente el accidente. Los investigadores deberán esclarecer la secuencia de los hechos y determinar si hubo otros factores implicados.

El tren de Renfe partió de la estación de Atocha alrededor de las 8:00 horas con destino a la estación de Santa Justa, en Sevilla. El convoy, modelo AVE 2080, llevaba a bordo 397 pasajeros, mientras que en el Iryo 6076 viajaban 147, entre ellos un bebé, según ha confirmado la portavoz del Gobierno de Castilla-La Mancha, Esther Padilla. En total, 544 personas viajaban en ambos trenes.

Los fallecidos ascienden a 64

De momento, según han confirmado fuentes del Gobierno de Castilla-La Mancha, el accidente ha dejado 64 víctimas mortales, convirtiéndose así en uno de los más graves de la historia de España. El ministro Óscar Puente también ha indicado en rueda de prensa que hay más de 50 personas heridas. El siniestro se produce tan solo nueve meses después del que tuvo lugar en Amaduz, Córdoba, que causó 46 fallecidos.

El servicio de alta velocidad entre Madrid y Andalucía ha quedado suspendido hasta nuevo aviso y Adif ha habilitado puntos de atención a afectados por el accidente en las estaciones de Madrid-Puerta de Atocha Almudena Grandes, Sevilla-Santa Justa y Córdoba-Julio Anguita.

El ente gestor de infraestructuras ferroviarias también ha publicado los teléfonos de atención a los familiares, el de Renfe, el 900 10 10 20, y el de Iryo, 900 001 403.

España vuelve a afrontar una tragedia ferroviaria nueve meses después del accidente de Adamuz, en Córdoba. El choque de dos trenes ocurrido el pasado 18 de enero dejó 46 víctimas mortales y más de un centenar de heridos, mientras que el de este miércoles, que se ha producido a las 8:54 horas entre las localidades de Mora, Orgaz y Urda en Toledo, ha causado al menos 64 fallecidos. Ambos accidentes han tenido lugar en la línea de alta velocidad entre Madrid y Andalucía.

En el caso de Amaduz, un tren de Iryo que viajaba de Málaga a Madrid descarriló por la rotura previa de la vía en una zona de soldadura. Al salirse de los raíles, varios coches del convoy ocuparon parte de la vía paralela, por la que circulaba en ese momento en sentido contrario un Alvia de Renfe, que cubría el trayecto entre Madrid y Huelva. El tren no pudo evitar el choque contra el lateral de los coches descarrilados del Iryo y, como consecuencia del impacto, el Alvia también se salió de la vía.

Nueve meses después de ese accidente, la investigación sigue abierta y todavía no ha determinado la causa definitiva, aunque los informes técnicos sitúan como razón principal la rotura del carril en esa zona de soldadura. No obstante, aún se debe esclarecer por qué se produjo esa fractura de unos 40 centímetros y si hubo fallos en la infraestructura o en su mantenimiento.

Un posible fallo humano

Respecto al accidente de este miércoles, todavía es pronto para conocer las causas del siniestro entre ambos trenes, pero una de las hipótesis apunta a un posible fallo humano. “Podría haber sido un fallo del maquinista o de quien regula el tráfico, pero aún es pronto para saberlo y no podemos confirmar qué ha sucedido exactamente”, ha señalado a Infobae la secretaria general del sector ferroviario de CCOO, Pepa Páez.

Según fuentes oficiales citadas por la Cadena SER, el sistema automático que controla la separación entre trenes sufrió una incidencia de varios minutos. Ese dispositivo, conocido como LZB, avisa al maquinista y puede frenar el convoy si detecta que se aproxima a otro tren o a un tramo ocupado. Aunque se activó el bloqueo de seguridad de la vía, el maquinista habría recibido desde el centro de control de Atocha autorización para continuar la marcha y rebasar una señal en rojo.

Los sistemas de señalización están diseñados para impedir que dos trenes entren al mismo tiempo en un mismo tramo, informa Europa Press. Si un convoy se detiene, su posición debe quedar registrada en el centro de control de Adif, que supervisa la circulación. De ese modo, el sistema debería advertir al tren que viene detrás y, si existe riesgo de alcance, ordenar su frenado o alertar al maquinista.

No obstante, desde el Sindicato Español de Maquinistas Ferroviarios (SEMAF) señalan que aún es pronto para emitir un pronunciamiento y aseguran que están tratando de recabar toda la información posible sobre lo ocurrido. “Estamos intentando conocer los hechos, su alcance y afectación a profesionales y viajeros”, indican en un comunicado.

El accidente más grave ocurrió en 2013 en Angrois, A Coruña

Con todo, el accidente más grave que se ha producido en velocidad alta (hasta 200-220 kilómetros por hora, que lo diferencian de la alta velocidad, hasta 250 kilómetros por hora) el 24 de julio de 2013, cuando un Alvia que cubría la ruta Madrid-Ferrol y circulaba a una velocidad muy superior a la reglamentaria descarriló en Angrois (A Coruña) y provocó la muerte de 80 personas y heridas a 143, informa la agencia EFE.

No obstante, el accidente ferroviario con más víctimas mortales de España ocurrió el 3 de enero de 1944, a la salida de la estación de Torre del Bierzo, en León. El correo expreso 421, que viajaba de Madrid a Galicia y llevaba numerosos pasajeros, chocó contra una locomotora que realizaba maniobras.

El régimen franquista ocultó inicialmente la tragedia. Renfe informó después de 78 muertos y 75 heridos, aunque diversas fuentes estiman que la cifra real de fallecidos rondó las 500 personas.

La tercera mayor tragedia ferroviaria del país tuvo lugar en julio de 1972. Un ferrobús que cubría el trayecto entre Cádiz y Sevilla chocó con un tren expreso entre las estaciones de El Cuervo y Lebrija. Murieron 79 personas.

El accidente en el que han colisionado dos trenes a la altura de la estación de Urda (Toledo) ha dejado al menos 30 fallecidos, según han confirmado fuentes del Gobierno de Castilla-La Mancha, después de que dos vagones descarrilaran y cayeran por un terraplén. Los primeros indicios apuntan a que un AVE ha alcanzado a un tren Iryo por detrás que se encontraba parado. Tras el grave accidente, Renfe ha suspendido la circulación en la línea de alta velocidad Madrid-Andalucía, mientras que el Gobierno ha cancelado su agenda.

Según han informado fuentes del Servicio de Emergencias 112, el suceso ha tenido lugar a las 8.54 horas, cuando el tren AVE 2080 con salida de Madrid y destino Sevilla chocó con el tren Iryo 6076 que iba por delante. En el lugar están trabajando bomberos de los parques de Alcázar de San Juan y Orgaz, Protección Civil de varios pueblos de los alrededores, tres helicópteros sanitarios y dos UVI, entre otros medios.

Por el momento se desconocen las causas del accidente, aunque una de las hipótesis apunta a un posible fallo humano. “Podría haber sido un fallo del maquinista o de quien regula el tráfico, pero aún es pronto para saberlo y no podemos confirmar qué ha sucedido exactamente”, indica a Infobae la secretaria general del sector ferroviario de CCOO, Pepa Páez.

Por otro lado, fuentes oficiales han indicado a la Cadena Ser que el sistema que vigila automáticamente la distancia entre trenes y los frena si hay peligro, el llamado Linienzugbeeinflussung (o LZB), ha fallado durante unos minutos y, aunque el bloqueo de seguridad lateral se ha activado, el maquinista habría recibido orden desde el centro de control de Atocha de que podía continuar la marcha, rebasando así el semáforo en rojo.

Los sistemas de señalización instalados en la vía están diseñados para evitar que dos trenes coincidan en el mismo tramo. Alertan al convoy que circula detrás cuando hay otro detenido por delante y, si es necesario, pueden activar el frenado automático o emitir avisos en la cabina, informa Europa Press. Además, en el centro de control de Adif en Atocha se vigila la ubicación de todos los trenes. Cuando uno se para, aparece en la pantalla que ese tren está ocupando un tramo en concreto, por lo que no debería ser ocupado por otro tren que viene por detrás.

Desde el Sindicato Español de Maquinistas Ferroviarios (SEMAF) señalan que aún es pronto para emitir un pronunciamiento y aseguran que están tratando de recabar toda la información posible sobre lo ocurrido. “Estamos intentando conocer los hechos, su alcance y afectación a profesionales y viajeros”, indican en un comunicado.

Por el momento, Adif ha anunciado que va a situar un punto de atención a los afectados en Atocha, Sevilla-Santa Justa y Córdoba Julio Anguita, donde estaba previsto que el AVE de Renfe llegase a las 9.44 horas.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se ha mostrado “consternado ante el grave accidente de trenes en Toledo”. En redes sociales, Sánchez ha enviado su “cariño, solidaridad y apoyo a todas las víctimas y sus familias”.

El 29 de octubre de 2024 una dana devastó buena parte de la Comunidad Valenciana, dejando 233 víctimas mortales y 300.000 personas perjudicadas de forma directa o indirecta. La riada destruyó viviendas, negocios e infraestructuras, pero también dejó sin sus espacios habituales de encuentro y ocio a muchas personas mayores, con consecuencias en sus rutinas y relaciones sociales. Dos años después, la recuperación avanza lentamente en los municipios más castigados, como es el caso de Catarroja, cuya población supera los 30.000 habitantes y donde aún hay espacios públicos como la piscina municipal, la Escuela de Personas Adultas o el Teatro Auditorio que siguen pendientes de reconstrucción.

A Chelo García Alfaro, vecina de Catarroja de 72 años, la tromba de agua de aquel 29 de octubre le pilló fuera de casa, en un viaje a Salou con el Imserso y, pese a que su casa no resultó dañada al estar situada en una zona más alta, la falta de comunicación con familiares y amigos y no saber qué estaba pasando “fue muy angustiante”, recuerda ahora en conversación con Infobae. “Recibíamos imágenes de lo que estaba ocurriendo, de cómo el agua se desbordaba en las fincas y arrastraba todo a su paso, pero no podíamos hacer nada, así que lo pasamos muy mal”, explica. Su hijo, además, sufrió las consecuencias de la riada, ya que la clínica podológica que dirige quedó completamente anegada y la recuperación del local fue compleja.

“La recuperación de los negocios, las calles y las viviendas ha sido muy lenta y sigue siendo un proceso muy duro. En el caso de los ascensores de algunos edificios han tardado mucho en volver a funcionar y todavía quedan desperfectos en fincas que no se han resuelto durante estos dos años”, asegura Chelo.

Para ella ha sido especialmente complicado que la piscina municipal siga sin funcionar, porque a lo largo de estos dos años ha tenido que trasladarse a otro municipio para seguir practicando aquagym y sabe que no todo el mundo dispone de coche para poder trasladarse. Además, también sigue sin poder retomar las clases en la Escuela de Adultos. “No solo se trata de que las aulas aún no estén listas y que las clases sigan repartidas en diferentes centros de Catarroja. Lo bonito de hacer actividades como talleres, excursiones, visitas culturales o aprender idiomas es poder estar con más gente y socializar, ‘fer escola’ [hacer escuela] como decimos en valenciano. Sentir que pertenecemos a un grupo también es muy importante”, añade.

También José María, un vecino jubilado de Picanya, tuvo la sensación de “quedarse huérfano” cuando la dana interrumpió su rutina de acudir varias veces por semana a la piscina, reduciendo así sus oportunidades de actividad y encuentro con otras personas. “Yo lo único que quería era tener una ocupación”, admite.

Prevenir la soledad no deseada

Por eso ambos valoran especialmente la labor que están llevando a cabo en municipios afectados por la dana organizaciones como Acción contra el Hambre, a través del programa Nutriendo Lazos, que acompaña a personas mayores de 65 años en Catarroja, Picanya, Sedaví y Albal tanto para prevenir la soledad no deseada como la inseguridad alimentaria, dos problemas que pueden agravarse cuando una emergencia altera la vida cotidiana y debilita las redes de apoyo. Y es que, tal y como explica Irene Fernández, técnica del programa, ante tragedias de este tipo “hay daños que pueden pasar desapercibidos, como la ruptura de las relaciones sociales, de las rutinas o del bienestar emocional en las personas mayores”.

El proyecto reúne a personas mayores, cuidadores, entidades sociales, profesionales y servicios municipales para “fortalecer las redes comunitarias”, a través de talleres y espacios de encuentro, además de promover hábitos de alimentación saludable, actividad física y bienestar emocional. Desde su inicio, ha contado con la participación de casi un centenar de personas y ha activado 74 recursos y agentes comunitarios en los cuatro municipios. La iniciativa busca que las relaciones creadas durante el programa perduren una vez que terminen las actividades.

“Lo que pretendemos es que estas conexiones se mantengan en el tiempo, para que el proyecto deje una comunidad más fuerte y una red de apoyo que continúe cuando esto termine”, detalla Fernández. “El objetivo es que los municipios dispongan de más recursos comunitarios para prevenir la soledad no deseada y favorecer una vida más autónoma”.

José María, por su parte, asegura que gracias al programa “le ha vuelto a resurgir esa ilusión de tener los días ocupados”, porque ha podido recuperar parte de esa organización semanal y ampliar su círculo social. “He conocido gente, he podido compartir con ellos penas, ilusiones, en fin, de todo un poco”, explica.

Mantener una dieta adecuada es fundamental

Desde Acción contra el Hambre también recuerdan que la alimentación es una parte esencial de este enfoque, ya que la inseguridad alimentaria no depende únicamente de la capacidad económica para comprar comida, sino también de las condiciones que permiten mantener una dieta adecuada y hábitos saludables. “Cuando hablamos de inseguridad alimentaria pensamos únicamente en si una persona puede comprar alimentos o no, pero en las personas mayores hay otros factores que también importan: si pueden salir de casa, si tienen con quién compartir una comida o si cuentan con alguien que los acompañe cuando lo necesitan”, añade por su parte la responsable nacional de Nutriendo Lazos, Silvia Rodríguez.

Se trata, además, de un reto que trasciende los municipios afectados por la dana, ya que el 11,6% de los hogares en España experimentó en 2024 algún grado de inseguridad alimentaria, según datos de la Fundación FOESSA.

Más de 10.000 millones de euros para la reconstrucción

A lo largo de estos dos años, el Gobierno ha abonado un total de 10.028 millones de euros para la reconstrucción de las zonas afectadas por la dana de Valencia, según informó este martes el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, que destacó que estas cifras “dan cuenta del esfuerzo económico desplegado por el Ejecutivo para recuperar la actividad económica y reconstruir infraestructuras mejor preparadas”. Las medidas aprobadas, explicó el ministro, han combinado ayudas directas, indemnizaciones, financiación para empresas, transferencias a las entidades locales y actuaciones de reconstrucción en ámbitos esenciales como el transporte, el abastecimiento de agua, la agricultura, la vivienda y los servicios públicos.

Según las cifras facilitadas, el Consorcio de Compensación de Seguros ha abonado 4.661 millones de euros, que han supuesto “una de las principales vías de recuperación económica” para los hogares, empresas y propietarios de bienes dañados.

Las familias que hayan tenido un hijo desde el 1 de septiembre de este año en Madrid, así como quienes adopten a menores de hasta cinco años, podrán solicitar desde este martes las ayudas por natalidad convocadas por el Ayuntamiento para el periodo 2026-2027. La medida, publicada el lunes en el Boletín Oficial del Ayuntamiento de Madrid (BOAM), busca contribuir a los gastos iniciales derivados de la llegada de un hijo y apoyar la crianza y la educación de los menores, según destaca la administración.

La convocatoria cubre los nacimientos y adopciones que tengan lugar entre el 1 de septiembre de 2026 y el 31 de diciembre de 2027. En los casos de nacimiento o adopción múltiple, la ayuda se podrá solicitar por cada menor, pero deberá presentarse una solicitud independiente para cada uno de ellos.

La cuantía se concede en un pago único y varía según el orden que ocupe el menor entre los hijos o hijas del solicitante. La ayuda será de 500 euros por el primer hijo o hija, 750 euros por el segundo y 1.000 euros por el tercero y los siguientes, de forma que la medida da un apoyo económico mayor a las familias numerosas o a aquellas que aumentan su número de hijos. El importe se ingresará mediante transferencia bancaria en la cuenta indicada por la persona beneficiaria en el formulario de solicitud, después de que se compruebe el cumplimiento de los requisitos.

Quién puede solicitarla

Para optar a estas ayudas es necesario ser español o extranjero con residencia legal en el país y haber estado empadronado en Madrid de forma ininterrumpida durante los cinco años inmediatamente anteriores al nacimiento o la adopción. Además, la persona solicitante no puede estar privada, total o parcialmente, de la patria potestad del menor ni tener asumida su tutela por una institución pública. Tampoco podrán beneficiarse quienes hayan sido condenados mediante sentencia firme por delitos cometidos contra una persona con la que mantuvieran una relación de afectividad.

La convocatoria no exige estar al corriente de pago con Hacienda ni con la Seguridad Social, una excepción que el Ayuntamiento justifica por el objetivo de fomentar la natalidad. Sí se aplican, en cambio, las restantes prohibiciones generales previstas en la normativa de subvenciones. Para un mismo menor solo puede concederse una ayuda. Si ambos progenitores presentan solicitud y reúnen los requisitos, se atenderá la presentada por quien figure empadronado con el niño o niña al final del plazo de solicitud. Si los dos convivieran empadronados con el menor, tendrán que desistir de una de las peticiones para evitar que ambas queden archivadas.

Plazo de dos meses

El plazo ordinario para solicitar la ayuda será de dos meses desde el día siguiente al nacimiento o a la adopción. Sin embargo, existe una regla especial para los niños nacidos o adoptados desde el 1 de septiembre de 2026 hasta la publicación efectiva de la convocatoria: en esos casos, los dos meses empezarán a contar desde el día siguiente a dicha publicación. Las solicitudes podrán presentarse electrónicamente en la Sede Electrónica del Ayuntamiento de Madrid o de forma presencial en las oficinas de registro municipales y en los demás lugares previstos legalmente.

La solicitud deberá incluir los datos del menor, su orden de nacimiento o adopción, la cuenta bancaria para el pago y las declaraciones responsables exigidas. El Ayuntamiento consultará de oficio la identidad, la residencia legal —en el caso de extranjeros—, el empadronamiento y los datos registrales del menor, salvo que la persona solicitante se oponga, supuesto en el que deberá aportar la documentación correspondiente. En caso de adopción, será imprescindible presentar la resolución judicial.

El presupuesto inicial de estas ayudas asciende a 15,4 millones de euros: 4,6 para 2026 y 10,7 para 2027. Además, puede ampliarse hasta en cinco millones de euros adicionales si existe disponibilidad presupuestaria.

La Confederación de Sindicatos de Inquilinas, Justicia Alimentaria y Facua-Consumidores en Acción impulsan una huelga de compras que comenzará este miércoles 28 y que se repetirá cada semana hasta la jornada de huelga general por la vivienda y el aumento del coste de la vida que tendrá lugar el 11 de noviembre. La propuesta plantea que, cada miércoles, los consumidores eviten las compras en supermercados, hipermercados y grandes cadenas, de forma que las organizaciones recomiendan adquirir alimentos y otros productos en mercados municipales, comercios de barrio, cooperativas o de forma directa a quienes los producen.

La campaña plantea dos demandas centrales, explica a Infobae Rubén Sánchez, secretario general de Facua. La primera es avanzar hacia una mayor transparencia en la cadena de comercialización, ya que consideran que los productos que vienen del campo “deberían tener un doble etiquetado para que el consumidor conozca el margen de especulación que hay de por medio”. La segunda demanda apunta a una intervención estatal en aquellos mercados donde los precios de productos y servicios esenciales aumentan sin que exista una competencia efectiva. Según Sánchez, esas subidas “provocan una devaluación del poder adquisitivo de los consumidores”.

Justicia Alimentaria también propone una cesta de productos básicos a precio justo y sostiene que las rebajas deberían financiarse con los beneficios de la gran distribución, sin trasladar el coste a los productores.

El 11 de noviembre, la convocatoria será más amplia: las entidades llaman a no realizar compras de ningún tipo, ni en establecimientos físicos ni por internet. Ese día, además, el comercio de proximidad podrá adherir mediante el cierre de sus persianas.

Una opción para quienes no pueden parar su actividad laboral

Las organizaciones presentan la huelga de compras como una herramienta de movilización para quienes no tienen la posibilidad de secundar una huelga en su empleo. “La huelga de compras es la huelga de quien no puede hacerla en el trabajo”, indican en un comunicado.

La medida apunta a facilitar la participación de personas con empleos precarios, autónomas, desempleadas, pensionistas, estudiantes y cuidadoras. La CSI, Justicia Alimentaria y FACUA insisten en que la acción no está dirigida contra las trabajadoras de los supermercados ni contra los pequeños comercios, a cuyos empleados invitan a participar de la huelga general.

El objetivo, aseguran, es concentrar durante determinadas jornadas el consumo fuera de las grandes superficies y dirigirlo hacia circuitos comerciales locales y cooperativos. La campaña busca vincular el encarecimiento de la alimentación con el aumento de los alquileres, la energía y el transporte, por lo que las organizaciones también piden mecanismos de control sobre estos precios.

Los salarios no crecen al ritmo de los precios

Las entidades convocantes sostienen que el aumento del coste de vida ha reducido la capacidad de compra de los hogares. Según indican, la cesta de la compra cuesta más de un 40% más que en 2019, mientras que el salario medio aumentó un 21,9 % en ese período, de acuerdo a los datos del Instituto Nacional de Estadística (INE).

También recuerdan que la inflación general cerró septiembre en el 4,9% y cuestionan que los precios de productos esenciales continúen al alza mientras las grandes cadenas de distribución registran beneficios elevados.

Como ejemplo, las organizaciones convocantes mencionan que Mercadona obtuvo 1.729 millones de euros de ganancias en 2025, un 25% más que el año previo. También citan datos del índice de precios en origen y destino de la Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos (COAG): en abril de 2025, la cebolla se pagó a 0,30 euros por kilo al agricultor y alcanzó los 2,25 euros en los puntos de venta.

Colectivos, sindicatos, asociaciones, cooperativas, comercios y otras entidades pueden sumarse a la iniciativa mediante el formulario habilitado en huelgaporlavivienda.org/compras. Las organizaciones indican que difundirán antes del 11 de noviembre el listado de adhesiones y las acciones previstas para la campaña.

Según la Sociedad Española de Neurología, más de la mitad de la población adulta duerme menos horas de las recomendadas para un descanso saludable y el 50% asegura no tener un sueño reparador, lo cual afecta a la concentración, el estado de ánimo y el metabolismo. Pero se trata de problemas que tienen solución, o al menos así lo refleja la psicóloga y divulgadora científica Roser Gort en su libro El sueño lo cura todo. Las claves para dormir bien, aliviar el estrés y recuperar tu bienestar (ediciones Bruguera), una guía donde explica qué factores alteran el descanso y cómo con pequeños cambios se puede dormir mejor sin necesidad de recurrir a fármacos.

La idea surgió a raíz de la experiencia personal de la autora tras vivir unos meses en Noruega mientras estudiaba el grado de Psicología en la universidad, donde el llamado sol de medianoche hace que durante los meses de verano haya 24 horas de luz diurna y dormir en esas condiciones “se convierte en un verdadero reto biológico”. Roser pensó que el insomnio terminaría a su regreso a Barcelona para continuar sus estudios y su trabajo, pero la autoexigencia y la forma de perseguir objetivos en su idea del éxito siguieron impidiéndole descansar. De ahí su recomendación de prestar atención “tanto a lo que está alrededor de uno mismo como lo que llevamos dentro”.

En esta entrevista con Infobae, la psicóloga especializada en medicina del sueño asegura que dormir mal no siempre es el problema, sino la consecuencia de un desequilibrio entre el entorno, el estrés y la autoexigencia.

Pregunta: España registra malos datos de descanso y un uso extendido de medicación para dormir. ¿Qué lectura haces de ese fenómeno?

Respuesta: Muchas personas toman decisiones incómodas o difíciles de sostener y terminan recurriendo a un tratamiento farmacológico para poder continuar con el mismo ritmo, cuando lo que necesita nuestro cuerpo y cerebro es fluctuar entre activación y desactivación. Alguien que pasa el día entero tumbado en el sofá quizá no duerma bien porque le ha faltado activación, pero quien vive corriendo de una tarea a otra tampoco descansa bien, porque ha acumulado un exceso de activación.

Hay quien tiene una vida en la que intenta ser buena trabajadora, competente, pero también es pareja, gestiona las tareas de la casa o incluso es madre y también quiere sacar tiempo para hacer deporte, por lo que ese nivel de responsabilidad genera estrés y, en algunos casos, ese desajuste aparece por la falta de sueño. Entonces ahí surgen dos opciones: o reduces los roles que te asfixian y aprendes a gestionar los conflictos emocionales o tomas un fármaco para hacer ver que puedes con todo y silenciar esa activación interna. La última alternativa suele parecer la más fácil.

P: ¿Crees entonces que el sistema sanitario debería ofrecer más alternativas antes de prescribir medicamentos?

R: Sí, creo que muchas de estas decisiones de salud, no solo en cuanto a psicología y sueño, sino en general y otros ámbitos como en el educativo, se toman pensando en rentabilidad económica y no en el beneficio real. En el caso del insomnio crónico, la terapia psicológica es la más validada, pero exige un mínimo de seis u ocho sesiones. En cambio, una receta requiere unos minutos y aplaza el problema hasta la siguiente revisión, que quizá llegue un mes y medio o tres meses después. Al final lo que termina ganando es que hay que sacar provecho económico y que hay que simplificar.

P: Planteas en el libro que dormir mal a menudo es una consecuencia y no el problema de fondo. ¿Qué sucede en el organismo cuando el descanso falla?

R: El sueño funciona como un taller de reparación y preparación: repara el pasado y prepara el futuro. Si ese taller no funciona, no consolidamos lo vivido ni afrontamos el día siguiente con frescura. Esto afecta al cuerpo, a la capacidad intelectual y a las emociones. Tras el ejercicio físico, por ejemplo, el estímulo ocurre en el gimnasio, pero parte de la recuperación muscular tiene lugar durante el descanso. En el plano cognitivo, una persona recibe información durante una clase, pero la consolidación de lo aprendido requiere que ese contenido pase de la memoria de corto a largo plazo.

También hay una digestión emocional. A lo largo del día vivimos situaciones agradables y desagradables. Dormir ayuda a recuperar un punto de equilibrio, sin quedar anclados en ninguno de los extremos.

P: ¿Qué supone, en cambio, dormir bien?

R: Permite ofrecer una mejor versión de uno mismo. El cuerpo se recupera, el sistema inmunitario gana capacidad de respuesta y la persona llega con más recursos para aprender. En el plano emocional, aporta estabilidad y una mayor capacidad para responder de forma proporcionada. Cuando se duerme poco, un incidente pequeño puede desencadenar una reacción excesiva, porque la persona está más irritable y no tiene paciencia, y también lee peor a la persona que tiene delante.

P: En el libro cuestionas la obsesión por medir el descanso con dispositivos. ¿Puede ser contraproducente?

R: Hay dos procesos fisiológicos que funcionan peor cuando se miden: uno es el sueño y otro es el sexo, sobre todo cuando se quiere llegar al orgasmo, porque son conductas que no funcionan bien cuando ejercemos control o expectativa de rendimiento. Si una persona se observa desde fuera y se pregunta cada pocos minutos si está durmiendo bien, entra en una lógica de control. Puede pensar que lleva media hora despierta, que lo está haciendo mal o que tiene que esforzarse más, por eso, cuanto más se vigila el sueño, peor puede funcionar. Buena parte, además, de estos dispositivos procede de la lógica del rendimiento deportivo, con mediciones de pulsaciones y actividad y eso también se ha trasladado al sueño.

P: Entonces, la solución no pasa por imponer una rutina perfecta.

R: La perfección es insostenible. Puede funcionar a corto plazo, pero intentar mantenerla genera frustración y una tensión permanente por rendir y no salirse de la línea marcada. Hay recomendaciones útiles y sencillas: mantener cierta regularidad en las horas de sueño, cenar con antelación, exponerse a la luz al comienzo del día o moverse, pero eso es solo la parte visible del problema. En realidad, creo que lo que más influye en la calidad del sueño es lo que cada uno de nosotros percibe como éxito porque, en función de ello, tomamos las decisiones que construyen nuestra vida, bien sea porque quiere una determinada profesión, un salario o vivir en una ciudad.

P: ¿Qué hábitos cotidianos pueden perpetuar el insomnio sin que la persona lo advierta?

R: El principal problema es que hemos dejado de parar. Ya casi no existe el momento de mirar por la ventana durante un trayecto en autobús o caminar al trabajo sin escuchar un pódcast, responder mensajes o consultar noticias. Ahora encadenamos tantas tareas que cuando llega la noche hemos acumulado tanta tensión que es como si hubiéramos pasado diez horas corriendo. A esto se suma que hay empleos con guardias de 24 horas, turnos rotativos o jornadas nocturnas que pueden entrar en conflicto con el propio ritmo biológico. A veces esas decisiones chocan con las necesidades del cuerpo.

La concentración de la riqueza no solo otorga a una minoría mayor capacidad para influir en decisiones económicas y políticas, sino que también profundiza la crisis climática: mientras los sectores con menos recursos pierden viviendas, cosechas y fuentes de ingreso por inundaciones, incendios y olas de calor más intensas y prolongadas, las grandes fortunas disponen de mayores medios para limitar su exposición a esos impactos. Así lo recoge Oxfam Intermón en un informe publicado este martes, que estima que el 0,1% más rico de la población mundial —unos ocho millones de personas—, genera más emisiones de carbono que los 3.500 millones de habitantes más pobres del planeta.

El análisis de la ONG, difundido a tan solo unos días de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (COP31), que se celebrará en Turquía entre el 9 y el 20 de noviembre, muestra cómo los superricos “están agravando la crisis climática con sus desmesuradas emisiones”. “Mientras ellos pueden protegerse de sus impactos a la vez que se benefician de las consecuencias de sus emisiones y hacen negocio de la recuperación, quienes menos han contribuido a provocar la crisis climática están perdiendo sus hogares, sus cosechas y sus vidas”, advierte Sofía del Valle, responsable del programa de Justicia Climática de Oxfam Intermón. “En la crisis climática no estamos todas en el mismo barco”, añade.

El análisis combina datos sobre desigualdad de emisiones con modelos de atribución climática para medir la incidencia de distintos grupos de renta en el aumento de la temperatura global. Según sus cálculos, una persona que pertenece al 0,1% más rico ha contribuido casi 400 veces más a las actuales olas de calor extremas que una persona de la mitad más pobre de la humanidad. En conjunto, las emisiones de ese pequeño grupo superan en más de tres veces a las de toda la población de África subsahariana, donde viven cerca de 1.300 millones de personas.

Una quinta parte del calentamiento desde 1990

El estudio estima que el 1% más rico es responsable del 20% del calentamiento global acumulado desde 1990. Por habitante, su contribución resulta 100 veces superior a la de una persona situada en la mitad más pobre de la población mundial.

Oxfam Intermón calcula además que las emisiones generadas en un solo año por ese 1% provocarán 1,9 millones de muertes adicionales vinculadas al calor. El 78% de esos fallecimientos se produciría en países de renta baja y media-baja, pese a que esas naciones representan solo el 8% de las emisiones globales. La organización estima que esas mismas emisiones causarán daños económicos cercanos a 53 billones de dólares para 2050.

Aviones privados

La organización también pone el foco en la aviación privada como uno de los símbolos de la desigualdad en las emisiones. A partir de datos de seguimiento de vuelos, el informe concluye que el conjunto de los aviones privados libera en dos segundos más carbono que una persona de la mitad más pobre de la humanidad durante un año entero.

El contraste no se limita al volumen de emisiones. Las personas con mayor patrimonio pueden contratar seguros, trasladarse a zonas menos expuestas y acceder a viviendas con mejores condiciones para soportar temperaturas extremas. Para los hogares de bajos ingresos, un desastre climático puede implicar la pérdida de la vivienda, el trabajo, los ahorros o la producción agrícola.

Esas pérdidas, añade el informe, reducen la capacidad de recuperación frente al siguiente evento extremo. La organización calcula que, de aquí a 2050, hasta 1.000 millones de personas podrían verse obligadas a desplazarse por los efectos del cambio climático, sobre todo en países del sur global.

La reconstrucción tras las catástrofes

El trabajo también advierte sobre el crecimiento de los negocios vinculados a la respuesta posterior a desastres naturales. El mercado mundial de recuperación y reconstrucción pasaría de 70.000 millones de dólares a 92.000 millones anuales en 2029, según las previsiones recogidas por Oxfam Intermón.

El nuevo índice “Destruir y Reconstruir” de Oxfam Intermón ha identificado a 217 compañías con presencia simultánea en sectores que impulsan la crisis climática y en actividades de preparación, respuesta o reconstrucción tras las catástrofes. BlackRock y Vanguard tienen inversiones en el 92% de las empresas incluidas en ese índice y sus inversiones conjuntas superan el billón de dólares.

La ONG también alerta de que, tras los desastres, pueden acelerarse medidas como la privatización de servicios públicos, la desregulación, las ventajas fiscales y el acaparamiento de tierras. En los países con mayores niveles de desigualdad, las muertes provocadas por inundaciones son siete veces más frecuentes, según la organización.

“Los superricos están contaminando el planeta y el resto sufrimos las consecuencias”, sostiene Del Valle. “Se benefician de la contaminación y se benefician del desastre”.

Impuestos a la contaminación y más fondos para los países vulnerables

Ante la proximidad de la COP31, Oxfam Intermón pide a los gobiernos medidas para que quienes generan más emisiones asuman una mayor parte del costo de la transición climática. Entre sus propuestas figuran un impuesto permanente a las empresas de combustibles fósiles, gravámenes sobre grandes patrimonios y rentas, y tasas a bienes de lujo de alta emisión, como los aviones privados.

La organización también reclama un aumento de la financiación climática para los países del sur global, con prioridad para fondos públicos no reembolsables frente a créditos que incrementen la deuda. La financiación destinada a adaptación, añade, debería triplicarse antes de 2035.

El informe plantea además reforzar infraestructuras y servicios públicos capaces de responder a los efectos climáticos y limitar la especulación empresarial en las emergencias y la reconstrucción.