El Senado aprobó esta madrugada y giró a Diputados una nueva la ley de salud mental que dista de la de 2010, en su momento empujada por el kirchnerismo y que, con el correr de los años, generó quejas varias y desesperados reclamos de cambios. La iniciativa, que obtuvo 42 adhesiones y 21 rechazos durante la votación en general, modifica criterios en internaciones involuntarias, adicciones y equipos médicos a cargo de tomar decisiones complejas relacionadas con la temática, entre otros puntos.

La iniciativa le da prioridad a psiquiatras, aunque en las últimas horas se consensuó el aporte de psicólogos en grupos interdisciplinarios, tras presiones desde provincias y algunas universidades. También hubo aportes para reprimir inquietudes por fondos extra.

Como miembro informante, la libertaria y presidenta de la comisión de Salud, Ivanna Arrascaeta (San Luis), primero destacó las exposiciones de “más de 70 representantes de instituciones, asociaciones civiles y del derecho”, y fue rápido hacia la ley vigente. “La internación dejó de ser una respuesta clínica y pasó a ser una respuesta por falta de casa y familia”, manifestó.

La puntana dio cifras de los casi 16 años de la norma actual y habló de resultados “insuficientes para asegurar la efectividad de derechos y dotar de herramientas nuevas”, más “avances dispares en distintas jurisdicciones”. Apuntó a un articulado “desactualizado” y cifras alarmantes de hospitalizaciones públicas -suba de 70%- post pandemia. Y finalizó: “Llegar a tiempo es pasar del riesgo inminente al riesgo grave”.

No pensó lo mismo el ahora ex kirchnerista Guillermo Andrada (Catamarca), quien defendió y criticó, al mismo tiempo, las pautas actuales de salud mental. Llamó la atención, sobre todo, desde su profesión de médico. Como se esperaba, fue directo a la “falta de recursos”. Y agregó: “No podemos hacer una ley que prometa lo que no se puede cumplir”. Para el -de nuevo- justicialista, “no le dieron la oportunidad a una muy buena ley de poder ser efectiva”.

Otro doctor, el silvestre misionero Carlos Arce, leyó entera su alocución, algo que suele ser mal visto y no está permitido en el recinto, salvo pedido expreso a quien comande en ese momento la sesión. Su colega de bancada, Elizabeth Rojas Decut, hizo lo mismo durante la discusión previa sobre el mercado de carbono. Suelen manejarse en espejo. No fallaron. También se quejaron por las partidas involucradas, aunque libertarios aceptaron la incorporación del “financiamiento federal”.

Después de las protestas de Andrada y Arce, tuvo que ser una contadora la que bajó a tierra ejemplos pedagógicos para pincelar el delicado panorama que enfrentan familias en el interior del país. Fue la radical y ex vicegobernadora de Chaco, Silvana Schneider. “Hoy, el médico en el pueblo no tiene el respaldo legal para proteger a una persona en riesgo”, advirtió. En la misma línea fue la oficialista fueguina Belén Monte de Oca, quien expresó: “Se confundió libertad con abandono”.

“Vamos a promover leyes sin discutir cómo se financia la salud mental”, enfatizó desde el Frente Cívico el ex gobernador de Santiago del Estero y filo K Gerardo Zamora, quien lamentó que no se haya tenido “a la vista” un proyecto presentado tiempo atrás. “Error de enfoque”, añadió. Coincidió, por el cristinismo, la médica y ex mandataria catamarqueña, Lucía Corpacci.

El cierre estuvo a cargo de la líder libertaria, Patricia Bullrich: describió la “contradicción” que se generó entre “dos profesiones que atienden a la salud mental”, con una injusta acusación contra los psiquiatras “como violadores de los derechos humanos sin ningún sentido”.

“Son dos miradas o formas de encarar el problema -en la comparación con psicólogos-, pero ambas necesarias para encarar los trastornos de personas en una comunidad”, indicó, y dejó en claro que “hoy no se puede actuar ante situaciones” que llevan a “muertes” o “violencia familiar”.

“Se dejó un tema sin resolver”, puntualizó la porteña, y subrayó la necesidad de “intervenir a tiempo” para “cuidar a las personas”. Y repitió un número contado semanas atrás por Infobae: 100.000 psicólogos versus casi 4.000 psiquiatras.

Detalles del proyecto

En las internaciones, se reemplaza la exigencia del psiquiatra por médico -aunque con preferencia hacia la mencionada especialidad- o con formación en salud mental, con otro firmante -se apunta a que sea psicólogo-, quien tendrá injerencia en la evaluación y una potencial alta. Como para el último caso también estaba escrita la palabra “preferentemente”, se negoció quitarla para que no haya margen a interpretaciones y debido a que no existe un reemplazo de dicha profesión.

La trifulca por esta cuestión fue una de las tantas entre Nación y provincias agrupadas en el Consejo Federal de Salud (CoFeSa). Mismo caso para las quejas por fondos, por lo que el oficialismo hizo más taxativo el articulado, con el fin de despejar dudas restantes. Y se permitirá la ventana de tele consulta donde haya menor presencia de personal dedicado a la temática.

Por otra parte, se considera un concepto más amplio a la hora de hablar de adicciones -para incluir a la ludopatía, por caso-, se activa una delimitación de familiares en representación de pacientes, se imponen diferenciaciones específicas entre adultos e infanto-juveniles, y queda prohibida la práctica de manicomios. También hay un plan de egreso con objetivos y seguimientos, más directivas claras “anticipadas” -prevención- en salud mental.

En cuanto a familiares, se limita la intervención a padres o hijos y se mantienen los representantes legales, cónyuges y convivientes. Una aclaración no menor es que, en los casos de no aparición de responsables, se explicita la obligación estatal de garantizar apoyos y dispositivos comunitarios.

Para el régimen de atención por equipos infantojuveniles y dispositivos diferenciados de adultos se incorpora la autonomía progresiva, el derecho a ser escuchado y la confidencialidad. En caso de una eventual internación en unidades de adultos, la misma queda restringida a imposibilidad acreditada y por un tiempo mínimo indispensable.

En último lugar y, en conjunto con la prohibición de prácticas “manicomiales”, se restituye un catálogo de atención ambulatoria y domiciliaria, casas de convivencia, hospitales de día y centros de capacitación sociolaboral. También se habilita el derecho a consentir o rechazar, de manera anticipada, tratamientos y designar personas que expresen el consentimiento cuando el paciente no pueda hacerlo. Esto cambia ante riesgo grave para la vida.

El Senado aprobó esta tarde la creación de un Régimen de Incentivo para Inversiones Relevantes (RIIR) que activa beneficios fiscales -amortización en Ganancias, por caso- para planes desde los USD 12 millones y será girado en las próximas horas a Diputados, que definirá una eventual sanción. El proyecto, empujado desde el inicio de su trámite por el jefe de la Unión Cívica Radical (UCR) en la Cámara alta, Eduardo Vischi (Corrientes), recibió 60 adhesiones en la votación en general y sólo dos rechazos -que impidieron la unanimidad-, que fueron los santacruceños Elena Gadano y José María Carambia.

Las áreas que alcanzaría el texto en cuestión apuntan a “la adquisición, elaboración, fabricación y/o importación de bienes muebles nuevos -excepto automóviles-, amortizables en el impuesto a las Ganancias, así como a la realización de obras” en “actividades industriales”, o las “relacionadas con sistemas y/o equipos de riego, bienes de alta eficiencia energética, mallas antigranizo para el sector agropecuario”.

También se incorporan los “bienes semovientes incluyendo a las terneras retenidas para reposición y las vinculadas con buques, embarcaciones pesqueras nuevas y/o en equipos nuevos destinados directamente a la captura, conservación, procesamiento y almacenamiento de productos pesqueros y en bienes, maquinarias y equipos nuevos destinados directamente a la transformación e industrialización de la madera y al aprovechamiento productivo de residuos y subproductos forestales”. Quedan “expresamente excluidos del presente régimen” lo relacionado con “activos financieros, de portfolio y bienes de cambio”.

Para que avance el articulado fue necesaria la incorporación sugerida por el radical Maximiliano Abad (Buenos Aires); el líder del PRO en la Cámara alta, Martín Goerling (Misiones); y el peronista disidente Carlos Espínola (Corrientes), en referencia a un plan de desarrollo que “deberá contener un compromiso de contratación de proveedores nacionales respecto de bienes transables” equivalente, “como mínimo, al veinte por ciento (20%) de la totalidad del monto de inversión destinado al pago de proveedores de bienes transables”, siempre “y cuando la oferta de proveedores nacionales se encuentre disponible y en condiciones de mercado”.

“Cuando haya circunstancias objetivas que lo justifiquen, la autoridad de aplicación podrá darle intervención a la Comisión Nacional de Comercio Exterior (CNCE) a fin de que se expida acerca de si el precio de los bienes importados, excluidos del cómputo del Plan de Desarrollo de Proveedores Nacionales bajo el argumento de que la oferta local de los mismos no era competitiva, refleja condiciones de mercado”, se enfatiza en el proyecto.

Vischi fue el miembro informante y direccionó la lupa hacia la “estabilidad fiscal y legal”, junto a la propuesta de “adhesión de las jurisdicciones locales” para que no tengan “la posibilidad de crear nuevos impuestos, como Sellos o regalías”. Y agregó. “Esto no es un privilegio tributario, sino una herramienta para movilizar el capital productivo a través de proveedores”. En la misma línea fue la mendocina Mariana Juri (Mendoza), otra de las que se colgó la ley al hombro.

“El gran debate que tenemos hoy en el país es cuál es la dimensión del Estado, para qué cumple funciones y qué financiamiento debe tener”, manifestó Vischi, y advirtió sobre épocas con “impuestos mayores” para fondear administraciones públicas que se convierten en “préstamos al fisco para sostener un Estado que, a veces, ha demostrado ser insuficiente”.

Desde el kirchnerismo, Jorge Capitanich (Chaco) adelantó al apoyo en general, aunque realizó varias observaciones en lo particular. Habló de otros sistemas y una realidad “inconexa”, más “regímenes con asimetrías con impacto sin contemplar el cupo fiscal dentro de los presupuestos”. Criticó los saldos técnicos que empresas no cobran y ejecuciones tributarias en simultáneo.

El cierre quedó en manos de la líder libertaria, Patricia Bullrich (Capital Federal). Primero, resaltó que “ordenar economía y generar estabilidad fue fundamental” y que, ahora, “tenemos que dar un paso: convertir ese orden en inversión, producción y salarios”.

Bullrich luego dijo que “el que arriesga su capital tiene que encontrar quién lo acompañe”, y que “cada nueva máquina o planta que se amplía abre oportunidades al trabajo argentino”. La porteña no olvidó mencionar la importancia de la competitividad en relación con los países vecinos y observó impuestos en la Buenos Aires de Axel Kicillof. Tras la definición en general, el kirchnerismo se opuso -sin éxito- a varios artículos durante la votación en particular.

Invitación al Papa

El pleno votó un proyecto de resolución para encomendar “a la Presidencia de este Honorable Senado que, en caso de ser aceptada la invitación” al Papa León XIV, se “acuerde con la Presidencia de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación y con el Poder Ejecutivo nacional la convocatoria de la Asamblea Legislativa o la modalidad de recepción que corresponda”. Difícil por la voluminosa agenda ya fijada para el máximo responsable de la iglesia católica.

Por ese motivo, el texto también impone la solicitud hacia “el Poder Ejecutivo nacional” para “que, por intermedio del Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto, arbitre los medios necesarios para asegurar la participación institucional de este Honorable Senado, encabezado por su Presidente, en el encuentro de Su Santidad con las autoridades nacionales, la sociedad civil y el cuerpo diplomático previsto en el Palacio Libertad”. Es decir, con Victoria Villarruel, quien lideró la sesión de hoy, en dicho evento.

Informe

El pleno también confirmó que para la última semana de noviembre -al filo de la finalización del período ordinario de sesiones- asistirá a dar cuenta del estado de la gestión el jefe de Gabinete, Diego Santilli, quien era reclamado por la oposición. Se estima que lo haría el miércoles 25, para dejar el jueves 26 ante una potencial reunión para tratar proyectos de ley.

Jura y homenajes

Al comienzo de la sesión asumió Claudia López en reemplazo del ex senador Juan Carlos Pagotto (La Libertad Avanza-La Rioja), quien murió hace un mes y sobre el cual se realizó un homenaje desde varias bancadas. En tanto, el kirchnerismo hizo algo similar con el ex titular del gremio APL, Norberto Di Próspero, cuyo deceso ocurrió días atrás. En tanto, el cristinismo sumó un recordatorio por un nuevo aniversario de la partida del ex presidente Néstor Kirchner.

Con picardías de último momento de aliados que ya se convirtieron en rutinarias, el Senado sesiona con un temario que, como cuestión central, tiene a la nueva ley de salud mental que busca aprobar el oficialismo. No aparece entre los primeros puntos de una agenda que incluye un guiño a beneficios fiscales para inversiones a partir de los USD 12 millones, y la regulación del mercado de bonos de carbono, entre otros puntos.

La sesión comenzó con un homenaje de todos los bloques al senador Juan Carlos Pagotto (La Libertad Avanza-La Rioja), quien murió recientemente. En su reemplazo juró Claudia López.

Luego, tuvo lugar el reconocimiento al ex titular del gremio APL, Norberto Di Próspero, fallecido días atrás. Se sumará a esto un recordatorio por un nuevo aniversario de la partida del ex presidente Néstor Kirchner. No se descartan cuestiones de privilegio desde la oposición.

También es un misterio la posibilidad de lío en el recinto por un proyecto de resolución avalado en la reunión de Labor Parlamentaria de ayer para forzar al jefe de Gabinete, Diego Santilli, a que asista el miércoles 18 de noviembre próximo para dar un informe de gestión, algo reclamado desde hace un largo tiempo por el kirchnerismo y, ahora, por otras bancadas.

El motivo es por el incumplimiento del artículo 101 de la Constitución y la obligación de ir al Palacio, una vez por mes, siempre que se intercale entre ambas Cámaras. Desde la Rosada ya informaron horas atrás la predisposición del funcionario para asistir el 25-11.

Para la ley de salud mental se vislumbran dos ítems que todavía no cierran en un par de oficinas aliadas. El primero está relacionado con los recursos -como no podía ser de otra manera- pese a que, ayer, el propio oficialismo adelantó que sería más taxativa la puesta a punto de la iniciativa para amortiguar quejas. Algunas provincias, resisten.

En segundo lugar, se reanudó -como adelantó meses atrás Infobae- la puja entre profesionales de la salud mental, que generó una disputa entre Nación y provincias agrupadas en el Consejo Federal de Salud (CoFeSa). Varios integrantes de dicha entidad insisten con igualar en prioridad a psicólogos y psiquiatras.

¿Qué plantea el articulado? En las internaciones, se reemplazará la exigencia del psiquiatra por médico -aunque con preferencia hacia dicha especialidad- o con formación en salud mental, con otro firmante -se apunta a que sea psicólogo-, quien sí tendrá injerencia en la evaluación y una potencial alta. Como para el último caso también está escrita la palabra “preferentemente”, se consensuó quitarla para que no haya margen a interpretaciones y debido a que no existe un reemplazo de la profesión de psicólogo.

Anteayer, este medio relató que fuentes al tanto de las negociaciones comentaron las fuertes presiones para equiparar a ambos profesionales. Incluso, con universidades metidas en el medio y un senador que es médico, pero que apoyó el reclamo de los psicólogos y convirtió una disputa en una insólita batalla.

RIIR

El Régimen de Incentivo para Inversiones Relevantes (RIIR) desde los USD 12 millones para grandes empresas fue promovido por el titular de la Unión Cívica Radical en la Cámara alta, Eduardo Vischi (Corrientes). El mismo consideraría como planes productivos a los destinados “a la adquisición, elaboración, fabricación y/o importación de bienes muebles nuevos -excepto automóviles-, amortizables en el impuesto a las ganancias, así como a la realización de obras, a ser afectadas directamente al desarrollo de actividades productivas en el territorio de la República Argentina”.

Al revisar la versión final de la propuesta se vislumbran modificaciones reclamadas por su compañero de bancada Maximiliano Abad (Buenos Aires); el jefe del PRO, Martín Goerling (Misiones), y del peronista disidente Carlos Espínola (Corrientes), a favor de insumos locales.

Carbono

La norma establece un “marco jurídico aplicable a la titularidad, registro y comercialización de créditos de carbono generados por proyectos que se desarrollen en el territorio nacional y establecer el marco habilitante para su participación en los mercados de carbono nacionales e internacionales”.

Deudores alimentarios

Anoche -20 horas- avanzó, ya de manera oficial, el dictamen que crea “en el ámbito del Ministerio de Justicia de la Nación el Registro Nacional Único de Alimentantes Morosos (ReNUAM)”, que tendrá “por objeto la conformación de una base de datos unificada, dinámica, de soporte digital y de acceso público y gratuito, que consolide e interconecte la información de las personas inscriptas en los Registros de Alimentantes Morosos de todas las jurisdicciones provinciales y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires”.

Para llegar a la meta se unificaron las ideas del peronista pampeano Pablo Bensusán y de la aliada filo radical Elizabeth Terenzi (Chubut).