Una ciudadana cubana denunció en un video publicado en redes sociales que el aumento de los precios de los alimentos ha reducido la capacidad de compra de muchas familias en Cuba, en especial de jubilados y personas con ingresos fijos.
La mujer relató su recorrido de compras con una bolsa de arroz y un pequeño corte de carne como ejemplos del desajuste que, según afirmó, existe entre los precios del mercado y los salarios. “Cada vez que uno sale a comprar un alimento, viras para la casa con el alma partiendo”, expresó.
Su testimonio no identifica la fecha ni el lugar en que fueron tomadas las imágenes, ni permite comprobar de forma independiente los valores citados. La grabación describe una situación que la autora atribuye al encarecimiento sostenido de productos básicos y a la pérdida de poder adquisitivo de la población.
En el video, la cubana sostuvo que una bolsa de arroz costaba 950 pesos cubanos (unos 2,70 a 3,00 USD en el mercado informal), aunque dijo haber visto el mismo producto a 1.000 pesos (alrededor de 2,85 a 3,15 USD). También mostró una porción de carne que, de acuerdo con su relato, costaba “tres mil y pico” pesos (entre 9,00 y 11,00 USD).
La mujer comparó esos montos con la pensión mensual de una vecina de 80 años que, según dijo, recibe 2.000 pesos al mes (aproximadamente 5,70 a 6,25 USD). Para ella, la distancia entre ambos números ilustra una dificultad cotidiana: el ingreso completo de una jubilada no alcanzaría para comprar ese corte de carne.
“¿Cómo es posible que si esa viejita cobra dos mil pesos, pueda con su salario solamente comprar un pedazo de carne?”, preguntó ante la cámara.
La denunciante señaló que muchas personas deben optar por lo que consideran más barato, aunque cuestionó la calidad y el valor nutricional de esos alimentos. “Tienes que irte por lo más barato porque al final el bolsillo no te da y tienes que alimentarte”, dijo.
El pasaje más duro de su mensaje fue una comparación sobre las condiciones de alimentación de los cubanos. “El cubano está viviendo como peor que un animal”, afirmó, al referirse a la imposibilidad de comprar carne y a la necesidad de recurrir a productos de menor precio.
La frase sintetizó una queja que atravesó todo el video: la percepción de que la población enfrenta una dieta cada vez más limitada mientras los ingresos permanecen sin cambios proporcionales a los precios.
La mujer también vinculó el problema con el valor del dólar, que, según sostuvo, continúa en alza. “Los precios siguen subiendo, el dólar sigue subiendo y el cubano sigue con el mismo salario”, señaló.
No presentó datos oficiales sobre el tipo de cambio, el valor de la pensión ni el precio de los alimentos. Su exposición se basó en la experiencia de compra que mostró en el video y en el caso de su vecina pensionada.
La referencia a la mujer de 80 años ocupó el centro de la denuncia. La autora del video calculó que el pequeño corte de carne podría rendir entre tres y cuatro días si se lo divide en tiras, pero remarcó que su costo supera el ingreso mensual que atribuyó a la pensionada.
“Dos mil pesos en treinta días es lo que cobra esa señora que es pensionada”, dijo. Luego contrapuso esa cifra con los más de 3.000 pesos que, según su relato, se requieren para comprar carne.
El planteo expuso la situación de quienes dependen de pensiones o salarios fijos frente a una canasta de alimentos que, de acuerdo con su testimonio, exige un desembolso que excede sus posibilidades.
Al final del video, la cubana pidió a sus seguidores que opinaran sobre los precios y sobre las formas de subsistencia de la población. “Déjenme en los comentarios qué les parecen estos precios y qué les parece el modo de supervivencia que estamos llevando los cubanos”, expresó.
El Salvador dictó la primera condena a prisión perpetua por un delito sexual, luego de que un juzgado declarara culpable a Wilmer Isaac González Hernández por violar a una adolescente de 13 años en el departamento de Morazán.
La Fiscalía General de la República (FGR) informó este jueves que la pena fue impuesta por el Juzgado de lo Criminal. Según el organismo, el tribunal estableció durante el juicio la situación de vulnerabilidad que existía por la diferencia de edad entre el acusado y la víctima.
La investigación determinó que González Hernández, de 22 años, se comunicó con la niña mediante redes sociales y entabló con ella una relación que presentó como un noviazgo. La Fiscalía sostuvo que utilizó ese vínculo para manipular a la menor y cometer abusos sexuales en varias ocasiones.
Los hechos se produjeron entre febrero y junio de 2026 en el cantón Las Quebradas, caserío Los Guevara, distrito de San Simón, en Morazán Sur.
Los familiares de la adolescente denunciaron el caso después de observar lesiones en su cuello. Esa situación permitió el inicio de las diligencias de investigación, de acuerdo con la Fiscalía.
La sentencia contra González Hernández constituye la primera pena de prisión perpetua impuesta en El Salvador por un delito de índole sexual, según precisó la FGR.
El 14 de septiembre El Salvador condenó a una persona por primera vez a prisión perpetua por feminicidio. El Juzgado de lo Criminal de Santa Ana impuso esa pena a Eduardo Mauricio Urbina García, de 39 años, por el asesinato de su vecina, una mujer de 32 años identificada con las iniciales J. C. R. C. La sentencia, informó la FGR, es la primera de este tipo en la historia del país.
El condenado también fue sentenciado a pagar USD 15,000 como responsabilidad civil por el crimen. El asesinato ocurrió el 3 de agosto de 2026 en unos apartamentos del barrio Santa Bárbara, en el distrito de Santa Ana. Según la acusación fiscal, Urbina García había consumido alcohol antes de dirigirse a la vivienda de la víctima.
El hombre ingresó sin autorización al inmueble con un cuchillo. Cuando la mujer lo vio, comenzó a pedir ayuda. La autopsia del Instituto de Medicina Legal (IML) estableció que la causa de muerte fueron múltiples heridas penetrantes.
Díaz antes, el 11 de septiembre, la FGR logró la primera pena de prisión perpetua para Carlos Arturo Herrera Castro por los delitos de robo agravado y homicidio.
Según la sentencia, el 18 de mayo de 2026 Urbina García y la víctima departían con bebidas alcohólicas en una tienda y sostuvieron una fuerte discusión. “En ese momento, reaccionó de manera violenta y atacó a la víctima con piedras de gran tamaño, provocándole lesiones de gravedad que le causaron la muerte en el lugar. Tras cometer el asesinato, el imputado se apoderó del dinero que portaba la víctima y huyó”.
Fue este año cuando el país adoptó la figura de la prisión perpetua para castigar los delitos de terrorismo, crimen organizado, violación y feminicidio.
La Policía Nacional Civil decomisó 880 bolsas con presunta marihuana ocultas en rollos de tela abandonados en el parcelamiento El Socorro, en Santa Lucía Cotzumalguapa, Escuintla, durante una diligencia realizada el 28 de octubre tras una denuncia ciudadana. Las autoridades sostienen que la acción evitó que el cargamento fuera movilizado dentro del territorio nacional.
El hallazgo ocurrió a la orilla de una calle de terracería, donde los agentes encontraron los bultos de tela tipo cuerina. La droga estaba escondida dentro de ese material, una modalidad que buscaba ocultar el cargamento durante su posible traslado o almacenamiento.
La Policía Nacional Civil informó que el operativo fue ejecutado por investigadores de la Subdirección General de Análisis de Información Antinarcótica, conocida como SGAIA. La diligencia se desarrolló en coordinación con el Ministerio Público, que acudió al lugar para documentar el hallazgo y efectuar los procedimientos correspondientes.
Los agentes localizaron 44 rollos de tela que contenían las bolsas de nailon con la sustancia. La primera información policial había señalado que se trataba de más de 800 paquetes, mientras que la ampliación posterior precisó la cantidad decomisada.
El Ministerio de Gobernación indicó que la investigación policial permitió impedir el desplazamiento del cargamento por el país. La operación se vinculó con el seguimiento de una denuncia y con pesquisas sobre actividades relacionadas con el narcotráfico.
El cargamento tuvo un peso total de 1.217 kilos de presunta marihuana, de acuerdo con la actualización difundida por la PNC. La institución calculó que el valor aproximado de la sustancia asciende a Q 18.573.854.
La valoración económica fue informada después de la inspección del material encontrado en El Socorro. Las autoridades precisaron el peso y el monto atribuido a la carga tras concluir el conteo de los paquetes y las diligencias iniciales en el sitio.
El procedimiento formó parte de las acciones policiales orientadas a combatir el tráfico y la distribución de drogas en Guatemala. La PNC señaló que sus unidades especializadas mantienen actividades de investigación derivadas de denuncias ciudadanas.
La ubicación del cargamento en una vía de terracería fue uno de los elementos documentados durante la intervención. Los rollos de cuerina permanecían abandonados cuando fueron localizados por los investigadores antinarcóticos.
Las pesquisas continúan para establecer la procedencia de la sustancia y determinar quiénes estarían vinculados con su traslado y almacenamiento. Las autoridades buscan identificar a las personas responsables del cargamento localizado en Santa Lucía Cotzumalguapa.
El Ministerio Público dio seguimiento a la diligencia junto con la PNC, mientras los investigadores analizan los indicios recabados en el lugar. La investigación también apunta a esclarecer el recorrido previsto para la carga antes de que fuera encontrada.
La PNC afirmó que mantendrá las diligencias para identificar y capturar a los posibles responsables. El caso permanece bajo investigación como parte de las acciones contra el narcotráfico en el territorio nacional.
Los dictadores Daniel Ortega y Rosario Murillo destituyeron el 27 de octubre de 2026 a los responsables de los consulados de Nicaragua en Miami y Filadelfia, dos sedes que concentran trámites de una diáspora obligada a recurrir a una red diplomática cada vez más reducida en Estados Unidos, informó este jueves el medio Nicaragua Investiga, sitio de periodismo independiente.
De acuerdo con el portal independiente, más de 800 mil nicaragüenses residentes en distintas zonas de Estados Unidos deben concentrar solicitudes de pasaportes, inscripciones y poderes en las sedes que permanecen activas: Miami, Nueva York y la sección consular de Washington D.C. La ausencia de un nuevo cónsul en Florida agrava la carga operativa y la incertidumbre legal de los migrantes.
La decisión fue formalizada mediante el Acuerdo Presidencial N.º 146-2026, que dejó sin efecto el nombramiento de Marvin René Ortega Rodríguez como cónsul general en Miami. El funcionario ocupaba ese puesto desde abril de 2022.
La segunda destitución alcanzó a Eliezer Gabay, cónsul honorario en Filadelfia desde junio de 2014. Su salida también fue publicada en La Gaceta, diario oficial nicaragüense, y comenzó a regir el mismo 27 de octubre.
El consulado de Miami se convirtió en la oficina nicaragüense de mayor concurrencia en Estados Unidos después del cierre permanente de otras representaciones. Entre las sedes clausuradas en años recientes figuran Los Ángeles, Houston, Nueva Orleans y Charlotte.
La reducción de la red consular concentró en tres puntos la atención de ciudadanos distribuidos por numerosas regiones estadounidenses. Esa comunidad migrante continúa siendo la principal fuente de remesas hacia Nicaragua.
En 2024 el régimen de Daniel Ortega cerró al menos cincoconsulados nicaragüenses en ciudades de Estados Unidos, México y Guatemala con alta presencia migrante durante el último mes, una medida que dificulta la obtención de pasaportes, documentos y asistencia para comunidades que, solo en territorio estadounidense, rondan el millón de personas
Las clausuras alcanzaron a Los Ángeles, en California; Houston, en Texas; Nueva Orleans, en Luisiana; Tapachula, en México, y la representación consular en Guatemala. El consulado de San Francisco no fue cerrado oficialmente, pero dejó de atender al público y deriva las solicitudes a la sede nicaragüense de Washington.
Los consulados asisten a personas naturales y jurídicas de su nacionalidad, emiten pasaportes, documentos de viaje e identificaciones oficiales, tramitan visas para extranjeros que quieran ingresar a Nicaragua y cumplen funciones notariales. También deben proteger los intereses de menores de edad dentro de su jurisdicción y atender cuestiones sucesorias cuando un ciudadano fallece.
Harold Rocha, experto en Derecho Internacional, advirtió para entonces que los cierres afectarán de manera directa a los migrantes, sobre todo a quienes se encuentren en situaciones precarias o bajo detención migratoria. Sin embargo, señaló que es difícil determinar las razones de la decisión porque las autoridades nicaragüenses no emitieron una comunicación oficial.
“Las imágenes en puertas de las sedes consulares que hemos visto en prensa dirigen a otras sedes consulares en el país receptor, pero no explican nada más”, afirmó Rocha.
El especialista, dijo para entonces a Infobae, que la Convención de Viena establece procedimientos previos ante el cierre temporal o permanente de una sede, los cambios de personal y la modificación de una circunscripción consular.
El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, afirmó que la misión salvadoreña en Haití busca rescatar a cuatro aerotécnicos y advirtió que, si no son entregados con vida, su Gobierno recurrirá a la fuerza. “Si no los entregan por las buenas, pues los vamos a rescatar por las malas”, sostuvo.
Bukele aclaró que el objetivo declarado de la operación no es desarticular a las pandillas haitianas, aunque aseguró que las fuerzas salvadoreñas avanzarán contra esos grupos en caso de que impidan el rescate de los técnicos.
“Si se tardan, pues cada vez van a ser más acabadas, porque no vamos a ir a tocar la puerta y a pedir: ‘Con permiso’”, dijo el mandatario, quien señaló que la duración de la misión dependerá de la respuesta de los captores.
Las declaraciones del mandatario fueron emitidas en una conferencia de prensa de este jueves en Casa Presidencial.
El jefe de Estado aseguró que El Salvador no tiene intención de establecer una presencia permanente en Haití. Según planteó, las tropas se retirarían el mismo día en que los cuatro aerotécnicos sean entregados vivos.
“Si nos entregan los cuatro aerotécnicos mañana, nosotros mañana mismo nos vamos en la tarde”, afirmó. También sostuvo que la misión se extenderá “hasta donde ellos quieran”, en alusión a las pandillas que operan en el país caribeño.
Bukele presentó la eventual incursión como una operación limitada al rescate de los técnicos, aunque advirtió que sus fuerzas responderán ante cualquier resistencia armada.
El mandatario señaló que su Gobierno conoce el funcionamiento de organizaciones criminales de ese tipo por la experiencia de El Salvador antes de la ofensiva estatal contra las pandillas. Reconoció diferencias entre ambos escenarios, pero consideró que los grupos de Haití guardan similitudes con las estructuras salvadoreñas.
Bukele recordó episodios de violencia atribuidos a pandillas en su país, entre ellos homicidios, extorsiones, desapariciones y ataques contra civiles. Además, sostuvo que El Salvador llegó a registrar una tasa de entre 103 y 106 homicidios por cada 100 mil habitantes, que calificó como la más alta del mundo.
“Nosotros sabemos cómo tratar con criminales de ese tipo”, expresó. El presidente atribuyó a las pandillas salvadoreñas delitos como el reclutamiento de menores, el control territorial y agresiones contra familias.
Durante sus declaraciones, Bukele definió a las pandillas como organizaciones vinculadas al mal y afirmó que algunas de ellas practican rituales satánicos y sacrificios humanos. Esas acusaciones fueron formuladas por el presidente y no aportó pruebas durante su intervención.
“Nosotros estamos del lado del bien y ellos están del lado del mal”, dijo. También aseguró que confía en que Dios dará la victoria a las fuerzas salvadoreñas.
La posición expuesta por Bukele condiciona el desenlace de la misión a la liberación de los cuatro aerotécnicos. “Si nos entregan a nuestros aerotécnicos vivos, ese mismo día nos regresamos en la tarde”, reiteró.
El exjuez guatemalteco Miguel Ángel Gálvez presentó una petición formal contra el Estado de Guatemala ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en la que denuncia un patrón sistemático de persecución judicial que lo obligó a abandonar el país hace cuatro años.
El acto se realizó en el marco del 197 Periodo de Sesiones del organismo, en Ciudad de Panamá, con el acompañamiento legal del Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL).
La petición documenta diez procesos de antejuicio impulsados en su contra desde 2016, tres de ellos abiertos de forma simultánea en 2022. Además de 25 denuncias penales y administrativas, de las cuales 21 fueron desestimadas o archivadas por falta de fundamento.
Según los peticionarios, estas acciones constituyeron represalias directas por las resoluciones judiciales de Gálvez en casos de alta corrupción y violaciones a los derechos humanos.
El hostigamiento, según la petición, se intensificó cuando Gálvez tenía a su cargo el caso Diario Militar, un expediente que investigaba graves violaciones a los derechos humanos cometidas por militares retirados durante el conflicto armado interno.
El uso de un proceso de antejuicio tramitado de manera expedita e irregular puso en riesgo inminente su libertad e integridad personal, lo que derivó en su renuncia al cargo en diciembre de 2022 y en su salida de Guatemala poco después.
Antes de ese caso, el exjuez había tenido a su cargo procesos de trascendencia histórica. Entre 1990 y su salida del país ejerció distintos cargos en la judicatura, y desde 2011 presidió el Juzgado Pluripersonal Primero Penal de Mayor Riesgo.
Allí procesó a los exgenerales Efraín Ríos Montt y Mauricio Rodríguez Sánchez por genocidio en perjuicio del pueblo ixil, envió a juicio el caso Sepur Zarco sobre esclavitud sexual militar.
También vinculó a proceso al expresidente Otto Pérez Molina y a la exvicepresidenta Roxana Baldetti por corrupción aduanera, y tramitó el caso de la Terminal de Contenedores Quetzal.
La gravedad de las amenazas llevó a la CIDH a otorgarle medidas cautelares en agosto de 2016, vigentes durante siete años.
En septiembre de 2022, la Corte Interamericana de Derechos Humanos amplió la protección con medidas provisionales, tras constatar que el esquema de seguridad brindado por el Estado resultaba insuficiente.
Pese a la vigencia de ambas decisiones internacionales, el hostigamiento continuó hasta forzar su salida del país, detalló el Cejil.
“Esto significa que el Estado tiene que analizar el tema de la persecución sistemática en Guatemala, pero también me siento triste, porque estamos hablando de mi vida, son veinticinco años de ser juez y cuatro años de estar fuera”, declaró Gálvez tras la presentación de la petición.
Gisela de León, directora jurídica de CEJIL, señaló, a través de un comunicado, que la petición busca además documentar una práctica más amplia contra operadores de justicia.
“El caso es un ejemplo más de la práctica sistemática de criminalización de operadores de justicia independientes que llevaba a cabo la anterior administración del Ministerio Público. Esperamos que el caso sirva para que el Estado adopte medidas estructurales para evitar que hechos como estos se vuelvan a repetir”, afirmó.
La petición vincula este patrón con la gestión de Consuelo Porras al frente del Ministerio Público, entidad que, según los peticionarios, impulsó parte de las denuncias que afectaron a Gálvez.
Una de estas acciones, promovida por la Fundación contra el Terrorismo, llegó a recibir el aval de la Corte Suprema de Justicia, lo que incrementó el riesgo de que el exjuez enfrentara prisión.
Entre las medidas de reparación, los peticionarios solicitan que se generen las condiciones necesarias para el regreso de Gálvez a Guatemala sin riesgo para sus derechos, y que el Estado adopte garantías de no repetición frente a casos similares de criminalización judicial.
Tras la recepción de la petición, la CIDH procederá a su trámite, trasladará el documento al Estado de Guatemala para que presente observaciones, realizará un análisis de admisibilidad y, en una etapa posterior, emitirá un informe de fondo sobre las violaciones de derechos humanos alegadas.
Gálvez permanece fuera de Guatemala desde 2022, mientras continúa con actividades de formación política vinculadas al partido Winaq desde el exterior.
As sondagens nacionais indicam uma provável vitória democrata na Câmara dos Representantes e no Senado.
Com este resultado, o Al Nassr soma 28 pontos e alcança provisoriamente o Al Qadisiyah na liderança do campeonato saudita, embora o rival tenha mais um jogo disputado. Faltam 15 golos para Cristiano Ronaldo atingir os 1.000.
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