Las imágenes del pasado sábado en Barcelona, con comercios saqueados, son intolerables, totalmente rechazables y no pueden volver a producirse en nuestro país. No estamos ante reivindicaciones, sino ante actos delictivos que se cometen al calor de las manifestaciones. En París, Marsella, Milán y otras capitales europeas, algunos utilizan la violencia en medio de manifestaciones pacíficas.

Los saqueos no son una práctica habitual en las manifestaciones ni en las concentraciones reivindicativas de nuestro país. En Francia, evidentemente, sí lo son, sobre todo durante las últimas décadas, a raíz de la aparición de los chalecos amarillos y sus movilizaciones. En España hemos sufrido destrozos y actos vandálicos contra el mobiliario urbano, entre los que destacan los provocados durante las manifestaciones independentistas del 1 de octubre.

Sin embargo, no estamos ni debemos acostumbrarnos al saqueo y al robo en los comercios. La actuación del Ayuntamiento de Barcelona y de la Generalitat de Cataluña, compareciendo desde los primeros momentos y mostrando su rechazo a la violencia, ha sido la correcta y la esperable por parte de las instituciones públicas. Ante este tipo de conductas no se puede dudar ni un solo instante. Los ciudadanos esperan y merecen de nosotros contundencia y firmeza frente a quienes, al calor de una reivindicación legítima y profundamente compartida, como es el encarecimiento de la vida y las dificultades para acceder a una vivienda digna, utilizan la violencia y arremeten contra el trabajo de los demás.

No estamos ante un hecho aislado. Somos conscientes de la realidad que se está viviendo en el resto de Europa y de las manifestaciones que se desarrollan en Francia, Italia, Portugal o Albania. En distinta medida, todos los europeos están sufriendo las consecuencias de la guerra de Ucrania y de la crisis en Oriente Medio, especialmente por la presión sobre el estrecho de Ormuz.

El encarecimiento de la cesta de la compra y de los combustibles, junto con una inflación disparada, genera desesperación y desasosiego.

Esta realidad requiere respuestas. Hay que evitar el inmovilismo y tener capacidad para interpretar los acontecimientos, sabiendo actuar de manera rápida, coherente y firme. Hay que saber escuchar y reaccionar al mismo tiempo. Esta realidad no afecta únicamente al viejo continente. A los países europeos hay que añadir Estados Unidos, especialmente en vísperas de sus elecciones de mitad de mandato. En las “midterm” estadounidenses influirá, evidentemente, la preocupación generalizada por una vida cada día más cara y por una sociedad cada vez más desigual.

Las instituciones deben dar respuestas a esta situación. Ahí está el reto, especialmente en nuestro país, donde nos encontramos a las puertas de unas elecciones generales el próximo 29 de noviembre.

Desde el reconocimiento de esta realidad, lo que no podemos hacer es mostrar debilidad ante los acontecimientos que estamos viviendo en los últimos días en nuestro país. Es conocido mi rechazo a los postulados de los partidos extremistas, pero nadie puede impedir el desarrollo de sus actos políticos: es una garantía y un principio básico de nuestra democracia. Los actos violentos de A Coruña y Avilés contribuyen a alimentar la teoría del caos, en la que algunos se sienten cómodos y que entienden como una vía para superar el orden establecido y facilitar una nueva reconfiguración del poder en favor de sus intereses políticos.

Como bien advirtió Karl Popper en La sociedad abierta y sus enemigos, doctrinas aparentemente antagónicas podrían compartir una misma razón intelectual: la subordinación del individuo a un destino colectivo supuestamente superior. Ahí podemos encontrar una respuesta a quienes, desde distintos extremos, han entendido en los últimos tiempos que calentar las calles podía reportarles un rédito electoral.

Frente a eso, la actitud de los gobiernos y de aquellos partidos que aspiran a gobernar debe ser implacable. La violencia nunca debe justificarse ni minimizarse. La seguridad y la libertad van de la mano para garantizar los derechos de los ciudadanos. Los ciudadanos deben sentirse siempre libres y seguros. Parece imposible e improbable alcanzar un acuerdo entre los grandes partidos para poner freno a esta violencia en vísperas de las elecciones, pero no habría mayor gesto de patriotismo y generosidad con los españoles que hacerlo. Sería más rentable para los partidos que cualquier otra receta de gurús interesados al calor de las elecciones. Qué bien vendría que se alcanzara ese acuerdo.