Un total de 88 bomberos del Ayuntamiento de Madrid y cerca de cien efectivos del Samur-PC han trabajado durante toda la madrugada del jueves en la zona del accidente ferroviario de Urda (Toledo). "El despliegue ha sido extraordinario, como requería esta terrible tragedia", ha explicado esta mañana la vicealcaldesa de Madrid, Inma Sanz, en la rueda de prensa posterior a la Junta de Gobierno.

Con todo, no está siendo fácil los efectos madrileños. "Está siendo durísimo, incluso para algunas personas que ya habían intervenido en otras catástrofes", afirmó Sanz. Una "buena parte" de los efectivos está recibiendo atención psicológica. "Muchos de ellos llevan poco tiempo incorporados al Cuerpo de Bomberos de Madrid y quizá no habían tenido esa experiencia de otros grandes siniestros. Las imágenes que están viendo son demoledoras. Nos va a costar recuperarles", confesó la vicealcaldesa, que alabó el "extraordinario trabajo" de estos profesionales.

"Va a haber muchos madrileños afectados. Seguiremos haciendo lo que esté en nuestra mano, con un profundo dolor y tristeza, y acompañando a las familias", añadió la vicealcaldesa.

Los hechos ocurrieron en la calle Villamanín, en el barrio madrileño de Batán. Una mujer de 42 años fue víctima de una agresión y un robo cuando se dirigía a recoger a sus hijos al colegio. Según pudo saber este periódico, en torno a las 16:00 horas, dos menores la abordaron para robarle. Uno de ellos habría permanecido vigilando mientras el otro intentaba arrebatarle el bolso.

Al no conseguirlo, el presunto agresor optó por tirar con fuerza de la cadena que la mujer llevaba al cuello, provocándole varios arañazos. Tras el asalto, uno de los implicados huyó del lugar, mientras que el otro fue retenido por la propia víctima y varios viandantes que intervinieron para impedir su fuga.

Durante la retención, el menor habría respondido a los vecinos con acusaciones de racismo, pese a que, según los datos aportados, uno de los ciudadanos que participó en su inmovilización era de origen latinoamericano.

Una vez que la Policía acudió al lugar de los hechos, el menor reconoció que ambos eran de nacionalidad magrebi y estaban alojados en el albergue juvenil de la Casa de Campo. Este centro fue reconvertido hace siete años por el Gobierno de la Comunidad de Madrid en un centro para acoger a menores extranjeros no acompañados.

Con todo, el caso habría quedado sin consecuencias penales para el menor tras la realización de una prueba de determinación de la edad que, según los datos aportados, concluyó que era inimputable. Este extremo, así como las circunstancias exactas de la intervención policial y la situación legal de los dos menores, está pendiente de confirmación oficial.

Hay que recordar que, en España, los menores de 14 años son penalmente inimputables, lo que significa que la ley presume que no tienen madurez suficiente para ser juzgados ni castigados por un delito.

La asociación Mayores y Familia denuncia la situación que, a su juicio, sufren los vecinos del entorno del albergue. «Llevamos años esperando a que la Comunidad de Madrid cumpla con su promesa de devolvernos el Albergue Juvenil que nos robó a los madrileños hace más de siete años, mientras tanto sufrimos las consecuencias los vecinos», señalan desde la entidad.

La asociación vuelve así a poner el foco en el uso de estas instalaciones de la Casa de Campo y en la reivindicación de que vuelvan a su función original, una demanda que, según sostiene, lleva años pendiente de respuesta por parte del Gobierno regional.

Francisco Martín se despidió ayer de la Delegación del Gobierno, reconociendo «aciertos y errores», y agradeciendo la confianza depositada por Pedro Sánchez, a pesar de las filtraciones que hablaban de un malestar por su parte al ser excluido de las listas de Madrid para el 29N. Sea como fuere, el relevo lo toma Pilar Trinidad, hasta ahora subdelegada, que también heredará la «patata caliente» que le ha dejado el ya exdelegado: la acampada en la Puerta del Sol contra la subida del precio de la vivienda.

Tras abandonar el cargo y quedar fuera de las listas al Congreso y al Senado, Martín deja de estar sujeto al aforamiento que le correspondía. Las posibles causas penales pasarían, en principio, a los tribunales ordinarios, siempre que no concurra otro fuero especial. De momento, el frente legal que se le abre a partir de ahora es, por lo menos, doble: por un lado, la ya conocida querella de Vox, que le atribuye una omisión del deber de perseguir delitos y una prevaricación administrativa; por otro, la anunciada por el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ayer en el Pleno ordinario celebrado en Cibeles.

«Hicimos el requerimiento administrativo y por, pura coherencia jurídica, tenemos que esperar a la finalización de ese plazo. En caso de que no se haya levantado la acampada de Sol, ejerceremos acciones penales», afirmó el alcalde, que celebró el adiós del, en su opinión, «comisario político» de Sánchez.

¿A qué penas se enfrentaría de prosperar las denuncias? De acuerdo con el artículo 408 del Código Penal, la autoridad o funcionario que, «faltando a la obligación de su cargo», dejara intencionadamente de promover la persecución de los delitos de que tenga noticia o de sus responsables, incurriría en una pena de inhabilitación especial para empleo o cargo público de seis meses a dos años.

Prevaricación administrativa

Por otro lado, el delito de prevaricación administrativa, recogido en el artículo 404 del Código Penal, castiga a la autoridad o funcionario público que, «a sabiendas de su injusticia», dicte una resolución «arbitraria» en un asunto administrativo. La pena prevista es de inhabilitación especial para empleo o cargo público de nueve a quince años, además de la inhabilitación para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo.

A estos frentes se suma el de CEIM Confederación Empresarial de Madrid. La patronal presentó el pasado 22 de octubre un requerimiento ante la Delegación del Gobierno solicitando la adopción de «medidas concretas, graduales y proporcionadas» para compatibilizar en la Puerta del Sol «el ejercicio del derecho fundamental de reunión con la seguridad ciudadana, la salubridad, la movilidad y el normal desarrollo de la actividad económica». En un nuevo comunicado, difundido el pasado lunes, una vez confirmada la salida de Martín, la patronal reclamó el fin de la protesta antes de las 00:00 horas del 13 de noviembre, coincidiendo con el inicio de la campaña electoral de las elecciones generales.

«La preocupación del tejido empresarial afectado se intensifica a medida que se prolonga la situación. Los datos trasladados por las distintas asociaciones empresariales y empresas afectadas evidencian un perjuicio económico y operativo creciente», señalaba CEIM. Así, la asociación empresarial abría la puerta a una posible denuncia por los daños económicos del comercio. La Confederación de Comercio Especializado de Madrid (Cocem) y el Gobierno regional calculan los perjuicios en torno a 25 millones de euros, mientras que el Ayuntamiento de Madrid eleva la cifra hasta los 30 millones. No se trata de grandes cadenas; hablamos de comercios de proximidad que, como recordaban desde Cocem, atraviesan una «situación crítica» en la ciudad de Madrid: en el último año han desaparecido más de 6.000 establecimientos.

Por otro lado, la protesta, que acaba de cumplir un mes, afronta estos días dos nuevas dificultades: por un lado, la presunta comisión de un delito de agresión sexual; por otro, la apertura de diligencias por parte de la Fiscalía para investigar posibles delitos de odio contra la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso.

Sea como fuere, la acampada amaneció ayer con menos tiendas que en sus inicios. Sin embargo, tal y como manifestaron los organizadores, la protesta «sigue y seguirá», aunque se retiren tiendas para facilitar el paso en Arenal o Preciados o el acceso a la «ballena» de Cercanías de Sol.