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El crimen sin resolver de Helena Jubany: pruebas perdidas y una sospechosa muerta en prisión
La muerte de Helena Jubany, la bibliotecaria de 27 años cuyo cuerpo fue hallado en el patio de un edificio de Sabadell (Barcelona) en diciembre de 2001, llegará finalmente a juicio 25 años después. La titular del Juzgado de Instrucción número 2 de Sabadell ha decretado la apertura de juicio oral ante un tribunal del jurado en la Audiencia de Barcelona contra Santiago Laiglesia, que se sentará en el banquillo como único acusado por el asesinato y la detención ilegal de Helena Jubany.
En un primer momento, la investigación también señaló a Montserrat Careta, entonces pareja de Laiglesia, quien fue arrestada en febrero de 2002 e ingresó en prisión provisional y sin fianza por su presunta implicación en el crimen. El 7 de mayo de aquel año, Careta se quitó la vida en la prisión de Wad-Ras, en Barcelona, antes de que se celebrara el juicio, dejando previamente una nota en la que mantenía su inocencia.
Según fuentes judiciales a las que tuvo acceso EFE, la magistrada ha considerado que, después de completar las diligencias de investigación, existen "indicios racionales de criminalidad" suficientes para sentarlo en el banquillo. Tanto la Fiscalía como la acusación particular, ejercida por la familia de la víctima a través del letrado Benet Salellas, solicitan para él 26 años de prisión.
La decisión supone un nuevo avance en una causa que ha atravesado más de dos décadas de investigaciones, un archivo provisional y una reapertura motivada por la emisión de un documental que permitió incorporar pruebas que no estaban disponibles durante la instrucción original.
La pareja de una de las primeras investigadas
En diciembre de 2001, cuando Helena Jubany fue asesinada, Santiago Laiglesia mantenía una relación sentimental con Montserrat Careta, una de las primeras personas investigadas por el crimen. Los tres pertenecían a la Unió Excursionista de Sabadell (UES), una entidad asociativa cuyo entorno centró buena parte de las sospechas policiales desde el comienzo de las pesquisas.
Careta ingresó en prisión preventiva y se suicidó en su celda en mayo de 2002, mientras defendía su inocencia. La investigación continuó, pero la falta de pruebas concluyentes contra Laiglesia impidió entonces que el procedimiento avanzara contra él. En 2005, el juzgado acordó el archivo provisional de la causa.
El escenario procesal es ahora distinto. Laiglesia afronta la apertura de juicio oral en libertad provisional y como único acusado, después de que la jueza acordara también el archivo provisional de la causa respecto a Francisco Javier G. M., conocido como Xavier Jiménez. Ni la Fiscalía ni la acusación particular dirigieron finalmente acusación contra él, después de descartarse la presencia de su ADN en las prendas de la víctima.
Laiglesia mostró una actitud "inexpresiva"
Ya en noviembre de 2025, según documentación judicial a la que tuvo acceso la entonces Europa Press, la misma instructora había ordenado el ingreso de Laiglesia en prisión provisional, comunicada y sin fianza. La decisión se apoyaba en el riesgo de fuga y en la necesidad de evitar una posible alteración de los testimonios del entorno de la Unió Excursionista de Sabadell.
En aquella comparecencia, el investigado se acogió a su derecho a no declarar. La acusación ejercida por la familia describió entonces su actitud como "inexpresiva". Su defensa solicitó el archivo de las actuaciones y cuestionó la solidez de las pruebas genéticas, además de aportar informes del Instituto de Medicina Legal de Santa Cruz de Tenerife para poner en duda los resultados de los análisis y plantear una posible ruptura de la cadena de custodia o contaminación indirecta de las muestras.
Entre sus argumentos figuraba que Laiglesia había trabajado en un despacho de abogados que podría haber tenido acceso a la prenda analizada. La jueza, no obstante, rechazó el archivo y acordó que el procedimiento continuara hacia el juicio oral.
Una muerte que se convirtió en parte de la historia negra de Cataluña
El caso se remonta al 2 de diciembre de 2001, cuando un vecino encontró el cuerpo desnudo de Helena Jubany, de 27 años, en el patio interior de un edificio de Sabadell. La joven presentaba quemaduras y su muerte dio lugar a una investigación que, desde el principio, estuvo marcada por las circunstancias en las que había desaparecido y por las sospechas que rodearon a su entorno más cercano.
La bibliotecaria había comenzado a recibir meses antes cartas anónimas acompañadas de refrescos y alimentos. Aquellos envíos se convirtieron en una de las líneas centrales de la investigación: los investigadores contemplaron la posibilidad de que los anónimos hubieran servido para ganarse su confianza y facilitarle sustancias que anularan su capacidad de reacción.
Las diligencias forenses determinaron que Helena había sido sedada con fármacos antes de caer desde la azotea del edificio. Según la reconstrucción de los hechos recogida en la investigación, fue trasladada hasta allí inconsciente, pero todavía con vida, y arrojada al vacío. La hipótesis de que alguien hubiera intervenido para suministrarle las sustancias y trasladar su cuerpo orientó parte de las pesquisas.
Las sospechas se concentraron inicialmente en personas vinculadas a la Unió Excursionista de Sabadell. Sin embargo, tras el suicidio de Montserrat Careta y ante la ausencia de pruebas suficientes contra Laiglesia, el caso quedó archivado provisionalmente en 2005.
La reapertura y el rastro de ADN
La causa volvió a cobrar impulso en 2020, tras años de reivindicaciones de la familia y de una mayor atención pública al caso, alimentada también por programas de televisión que repasaron las contradicciones de la investigación y especialmente por un episodio de Crims, que recogía un análisis de los hechos. La reapertura se formalizó en febrero de 2023, cuando el procedimiento estaba a punto de prescribir.
Al parecer, la investigación se centra ahora en utilizar técnicas de análisis que no habían estado disponibles durante las primeras diligencias y revisar nuevas pruebas que han aparecido a raíz de la reapertura. En este sentido, los investigadores examinaron el ordenador de la víctima, sus correos electrónicos y las cartas anónimas, además de realizar nuevos peritajes caligráficos.
Pero uno de los elementos más relevantes para la causa llegó del análisis de una prenda de ropa; un informe técnico de 14 páginas elaborado por agentes de la Policía Nacional confirmó la presencia de ADN masculino compatible con Santiago Laiglesia en la zona lateral inferior izquierda del jersey que vestía Helena cuando murió.
26 billones de veces más probable que el ADN pertenezca a Laiglesia
Según los datos policiales difundidos por la agencia citada, la compatibilidad genética observada hace aproximadamente 26 billones de veces más probable que la mezcla de ADN contenga material genético de Laiglesia que el de un individuo elegido al azar de la población española.
La presencia de ese material biológico se ha convertido en uno de los elementos centrales de la acusación. En sus resoluciones, la magistrada señala que los investigados no habían declarado haber coincidido con Helena Jubany durante los días previos ni haber mantenido un contacto físico que explicara la presencia de sus restos biológicos en la prenda. La jueza considera que el resultado genético constituye un indicio relevante para situar a Laiglesia en el contexto del crimen.
La instructora también ha valorado las circunstancias del traslado del cuerpo hasta la azotea. En su razonamiento, considera difícil que Montserrat Careta hubiera podido realizar esa operación por sí sola y entiende que la hipótesis de una participación de su entonces pareja resulta coherente con los indicios reunidos. Se trata, no obstante, de una valoración judicial en la fase de instrucción, no de una declaración de culpabilidad.
Con la apertura de juicio oral, el caso de Helena Jubany entra en una nueva etapa. Más de 24 años después del hallazgo de su cuerpo, será un jurado popular de la Audiencia de Barcelona el que deberá examinar las pruebas y determinar si Santiago Laiglesia es penalmente responsable de los delitos que se le atribuyen. La acusación solicita 26 años de prisión, pero la decisión final corresponde al tribunal.
