Un hombre de 42 años y una mujer de 35 han muerto este lunes en un accidente entre dos parapentes en Algodonales, en la provincia de Cádiz, según ha informado el 112, perteneciente a la Agencia de Emergencias de Andalucía y de la Guardia Civil.
Un informe del 'Observatorio Demográfico de CEU-CEFAS' ha estimado que serían alrededor de 250.000 los electores que se han incorporado al censo exterior hasta agosto de 2026 por las nacionalizaciones llevadas a cabo bajo el amparo de la conocida como 'ley de nietos', lo que supondría casi unas 87.000 personas más que la cifra oficial aportada desde el Gobierno.
El estudio, dirigido por Joaquín Leguina, catedrático emérito de la Universidad CEU San Pablo, y coordinado por Alejandro Macarrón, responsable de Estudios y Análisis Social de CEU-CEFAS, se presenta a pocas semanas de las elecciones generales del 29 de noviembre, cuando el Tribunal Supremo ha mantenido la suspensión cautelar del voto de 163.020 ciudadanos nacionalizados al amparo de esta normativa, salvo en los supuestos en que se acredite el cumplimiento de los requisitos legales.
Bajo el título 'Españoles en el extranjero, censo electoral exterior y Ley de nietos', el estudio, recogido por Europa Press, destaca que la instrucción de la secretaria general para la Innovación y Calidad del Servicio Público de Justicia, Sofía Puente, del 25 de octubre de 2022 "amplió los efectos de la ley de memoria democrática de quienes hubieran abandonado España entre el 18 de julio de 1936 y el 31 de diciembre de 1955, sin tener que acreditar su condición de exiliados políticos".
Según los cálculos publicados en el informe, basados en una estimación que parte del crecimiento registrado por el CERA, desde finales de 2022, y su comparación con la tendencia previa, desde la entrada en vigor de la instrucción el 1 de diciembre de 2022 hasta el 1 de agosto de 2026, en 44 meses, el censo del CERA "aumentó en 455.986 electores".
No obstante, en los "44 meses previos" (del 1 de abril de 2019 al 1 de diciembre de 2022), este censo "habría crecido en 190.761, siendo el resto del crecimiento (265.225) atribuible a la 'Ley de nietos'".
"Pero como la tendencia previa a diciembre de 2022 era al alza en el aumento anual del censo CERA, y su incremento en los 44 meses que van de agosto de 2015 a abril de 2019 fue de 236.337, los 'nietos' inscritos hasta el 1 de agosto de 2026 --categoría que también incluiría bisnietos y hasta tataranietos-- podrían ser menos", subraya el estudio, que concluye que, dados esos números, y a falta de información oficial de detalle al respecto, estima "como cifra redonda razonable hasta agosto de 2026 la de 250.000 'nietos' o descendientes incorporados al censo, "en torno al 0,6% del censo electoral total".
El estudio también señala que donde más ha aumentado el censo CERA a partir de la 'Ley de nietos' es en Madrid, algo que consideran que "no tiene mucho sentido respecto al objetivo teórico de reparación a exiliados de esa ley", ya que desde Madrid "fue mucho más difícil para la gente común salir de España poco antes de terminar la guerra civil, o una vez concluida, que desde provincias costeras o con frontera terrestre con otros países".
Por países, donde más ha crecido el censo CERA con la 'Ley de nietos' es en Argentina, seguida de México, Estados Unidos, Francia, Reino Unido y Cuba.
Más allá del impacto concreto de la 'Ley de nietos', el informe afirma que ha identificado "una tendencia de fondo": que el censo electoral exterior "ha crecido mucho más rápido que el de los residentes en España".
"En 2002, el Censo Electoral de Residentes Ausentes (CERA) contaba con 1.025.346 inscritos. En agosto de 2026 alcanzaba los 2.747.688, un crecimiento del 168%, frente al 7,9% registrado en el censo electoral de quienes viven en España durante el mismo periodo", subraya.
El informe, según explican desde el 'Observatorio Demográfico de CEU-CEFAS', "contrapone esta evolución con la escasa emigración reciente de españoles nacidos en España". "Entre 2009 y 2026, el número de españoles nacidos en el país y residentes en el extranjero aumentó en 227.207 personas, una media de apenas unos 14.000 al año. En el grupo de 20 a 34 años, la banda de edad más típica para irse a vivir al extranjero, la tasa media anual de emigración neta fue inferior al 0,2%", argumenta.
El observatorio concluye que el fuerte crecimiento del censo exterior no puede explicarse en absoluto por nuevas oleadas de emigración española, sino por el aumento de ciudadanos con nacionalidad española nacidos fuera del país.
Según los datos del Ministerio de Asuntos Exteriores recogidos en el estudio, hasta el 31 de mayo de 2026 se habían presentado 1.225.188 solicitudes de nacionalidad en los consulados, de las que 571.761 habían sido aprobadas. Si se incluyen también las personas que solicitaron cita dentro del plazo, pero cuyos expedientes aún no habían podido tramitarse, el volumen podría llegar a 2,45 millones de solicitudes.
El informe cuestiona la desproporción entre estas cifras y la dimensión histórica del exilio. Según el informe, entre 150.000 y 200.000 españoles salieron del país como consecuencia neta de la Guerra Civil. Esos exiliados representaban entre el 0,6% y el 0,8% de la población española de 1936-1939.
"La desproporción llega al paroxismo en Argentina, con ribetes de fraude potencial masivo, porque allí 2.500 a 3.000 exiliados por la guerra civil y el franquismo habrían dado lugar a un millón de solicitudes de nacionalidad como 'nietos'", explica.
En contraste, si se alcanzase el escenario máximo de 2,45 millones de nuevos españoles por esta vía, su número equivaldría al 6,5% de los españoles que el informe denomina autóctonos y que actualmente residen en España.
Según se recoge en el estudio, esta diferencia obliga a preguntarse "hasta qué punto la norma mantiene su finalidad original de reparación a los descendientes del exilio o ha terminado configurando una vía mucho más amplia de acceso a la nacionalidad".
El estudio subraya que el crecimiento del censo exterior "adquiere especial relevancia ante la celebración de unas elecciones generales" y, a este respecto, señala que "su capacidad real para influir en los resultados depende fundamentalmente de la participación electoral y de si los votantes en el exterior tienen o no un sesgo abrumador a favor de alguna de las opciones políticas en liza".
En los comicios de 2023, apenas votó el 8,87% de los inscritos en el CERA, frente al 70,35% de los electores residentes en España.
El observatorio indica que si se repitiesen esos niveles de participación con el censo de agosto de 2026, los votos procedentes del extranjero representarían alrededor del 0,96% de los sufragios emitidos, y los correspondientes a los nuevos electores vinculados a la 'Ley de nietos' supondrían aproximadamente el 0,1%.
No obstante, el estudio advierte de que una "participación exterior significativamente superior podría resultar decisiva para la adjudicación de determinados escaños y la formación de mayorías parlamentarias".
El exalcalde de Sevilla Alfredo Sánchez Monteseirín ha muerto a los 69 años, según han confirmado fuentes del PSOE y el alcalde de la capital andaluza, José Luis Sanz, quien ha publicado un mensaje en la red social X dando el pésame a familiares y amigos.
Sánchez Monteseirín sufrió un ictus en 2023 y varios episodios similares desde entonces que le tenían apartado de la vida política y pública.
Fue el alcalde de Sevilla que más tiempo estuvo en el cargo, desde 1999 y hasta 2011, cuando cedió el bastón de mando de la ciudad a Juan Ignacio Zoido (PP). De su mandato salieron intervenciones en la ciudad de Sevilla como las Setas, en el centro de la ciudad, la ampliación del carril bici o el proyecto de Torre Sevilla.
Sobre la muerte del exalcalde socialista se ha pronunciado este lunes la secretaria general del PSOE andaluz, María Jesús Montero, en un mensaje de su perfil en la red social X donde ha lamentado el fallecimiento de "un gran político y un visionario que transformó Sevilla".
Sánchez Monteseirín, ha indicado, hizo de la capital andaluza "una ciudad más humana, accesible e igualitaria", una huella que "permanecerá" en la memoria de los sevillanos.
Fuentes del PSOE han explicado a EFE que el partido hará un acto de homenaje y recuerdo al exalcalde pero aún no han concretado los detalles, que tienen que cerrar entre la agrupación municipal y la regional.
El actual alcalde de la capital hispalense, José Luis Sanz (PP), ha recordado también en un mensaje de X que Monteseirín "impulsó y transformó la ciudad durante sus doce años al frente del Ayuntamiento de Sevilla", y el Consistorio ha informado de que se ha guardado un minuto de silencio en su recuerdo.
También se ha pronunciado el exalcalde de Sevilla Juan Espadas (PSOE), quien ha asegurado que ha recibido la noticia de la muerte de Monteseirín con "enorme pesar" y le ha agradecido "por no olvidar" los barrios de la ciudad y por poner a las personas "en el centro" de sus políticas.
Alfredo Sánchez Monteseirín (La Rinconada, Sevilla, 1957) llegó a la Alcaldía de Sevilla en 1999 de la mano del Partido Andalucista (PA) de Alejandro Rojas-Marcos, con quien alcanzó un acuerdo tras rechazar este la mano tendida de Soledad Becerril (PP), quien también cortejó a los andalucistas.
Rojas-Marcos se decantó por el PSOE de Sánchez Monteseirín y abrió el mandato más largo en el Ayuntamiento de la capital andaluza, que duraría hasta 2011, cuando el PP del hoy eurodiputado Juan Ignacio Zoido ganó las elecciones municipales en mayo de ese año.
De su mano llegaron la Torre Sevilla, las Setas de la Encarnación y la inauguración del tranvía, que luego se amplió hasta llegar al barrio de Nervión desde la plaza Nueva.
Gobernando con IU, creó una amplia red de carriles bici y apostó por las peatonalizaciones de vías claves en el centro de la ciudad y en el barrio de Los Remedios con la calle Asunción.
Bajo su mandato también se abordó el cambio de la Alameda de Hércules, plaza pública del centro y epicentro de la vida alternativa de la capital andaluza.
Sánchez Monteseirín, en su largo mandato, también entregó llaves de hasta 15.000 viviendas de protección oficial en barrios como Los Bermejales o El Porvenir, en el sur de la ciudad.
Moeve y la portuguesa Galp han puesto fin a sus negociaciones para crear un 'gigante energético' en la Península Ibérica mediante la fusión de sus negocios tradicionales de refino y distribución y venta en estaciones de servicio ('downstream'), cerrando así la puerta a llevar a buen puerto el acuerdo no vinculante que habían alcanzado el pasado mes de enero para explorar esa posibilidad.
En un comunicado conjunto, ambas compañías indicaron que "no alcanzaron unos términos definitivos que cumplieran sus respectivos criterios estratégicos y financieros para respaldar una alianza duradera y generadora de valor".
Fuentes del sector indicaron a Europa Press que la crisis energética internacional desde el estallido del conflicto en Oriente Próximo a finales de febrero, así como la volatilidad de los mercados que ha provocado en los mercados ha impedido llevar a ese buen puerto finalmente una operación que ya de por si era compleja y que el escenario en los últimos meses ha hecho más complicada aún.
Hay que recordar que Moeve y Galp anunciaron a principios de año, antes de iniciarse la guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán, que habían alcanzado un acuerdo no vinculante para avanzar en las negociaciones sobre la potencial integración de sus negocios de 'downstream'.
Inicialmente, ambos grupos se habían dado de tiempo para llevar a buen fin esas negociaciones hasta mediados de año, aunque ya en julio decidieron por alargar el plazo de las conversaciones durante el segundo semestre de 2026.
En concreto, la operación consistía en la creación de dos plataformas complementarias energéticas europeas; una industrial, denominada IndustrialCo, y que se focalizaría en los negocios de refino, química, 'trading', moléculas verdes y combustibles bajos en carbono, orientada al servicio de clientes B2B; y otra de movilidad que se centraría en la venta de combustibles (incluida la recarga de vehículos eléctricos) y servicios de conveniencia destinados a clientes minoristas y de movilidad, y que impulsaría a su vez el desarrollo de soluciones de movilidad de nueva generación, denominada RetailCo.
Los actuales accionistas de Moeve, Mubadala y Carlyle, tendrían el control de la plataforma industrial (IndustrialCo), con un 80%, mientras que Galp mantendría una participación superior al 20%, y en la que se agruparía las refinerías españolas de Cádiz y Huelva y la refinería de Sines de la petrolera lusa.
Por otro lado, los actuales accionistas de Moeve y Galp se repartirían al 50% el control la otra plataforma, RetailCo. La combinación propuesta excluía otros negocios de Galp, como 'upstream' (exploración y producción), Renovables, Suministro y Trading de petróleo, gas y energía.
De hecho, esa pérdida de control de la refinería de Sines por la portuguesa habían levantado la preocupación también por parte del Gobierno luso sobre la operación, que había afirmado que haría todo lo posible para proteger en la fusión los intereses estratégicos de ese activo para el país.
De esta manera, tras no poder culminar la integración entre los dos grupos, Moeve indicó que seguirá plenamente centrada en ejecutar su estrategia 'Positive Motion' a 2030, dando un especial protagonismo a las moléculas verdes.
"'Positive Motion' siempre ha sido una estrategia independiente. La posible combinación del negocio de downstream con Galp representaba una oportunidad para acelerar la creación de valor, pero nunca fue una condición para su ejecución. Tras extensas conversaciones, no fue posible alcanzar un acuerdo comercial con Galp". indicó el consejero delegado del grupo, Maarten Wetselaar.
Así, subrayó que la compañía sigue "plenamente centrados en ejecutar su transformación con disciplina financiera y en generar valor sostenible a largo plazo".
De hecho, en los últimos meses, el grupo ha acelerado esta estrategia con el inicio la construcción del mayor proyecto de hidrógeno verde de Europa para la producción de energía, con una capacidad inicial de 300 megavatios (MW) y una inversión superior a 1.000 millones de euros; o está a punto de completar el mayor complejo de biocombustibles de segunda generación (2G) del sur de Europa, que representa una inversión de 1.200 millones de euros y cuya entrada en operación está prevista para 2027.
En este sentido, Moeve ya ha desinvertido más del 70% de sus activos de exploración y producción ('upstream') de petróleo y destina dos tercios de sus inversiones a proyectos de transición energética industrial.
Además, el grupo presentó recientemente su nuevo modelo operativo con el fin de acelerar la ejecución de la estrategia 'Positive Motion' y construir una organización más ágil y eficiente, que representa el siguiente paso de su transformación, caracterizada por una ejecución industrial de primer nivel y un enfoque de mercado centrado en el cliente.
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