Los disturbios de Barcelona y Bilbao han encendido las alarmas en el Palacio de la Moncloa. El Gobierno observa con preocupación la posibilidad de que los grupos violentos, muchos formados por menores de edad, aprovechen la próxima huelga general del 11 de noviembre para provocar nuevos altercados y terminen por desvirtuar una jornada de reivindicaciones sociales que el Ejecutivo lleva semanas impulsando. El temor no se limita al orden público. En el Ejecutivo también preocupa que las imágenes de violencia acaben alterando el desarrollo de la campaña de las elecciones generales del 29 de noviembre.

«Este fenómeno nos preocupa», reconocen fuentes gubernamentales, que aseguran que están trabajando para impedir que los incidentes «se reproduzcan» o «se amplifiquen». Moncloa quiere evitar que los violentos se mezclen entre los manifestantes y terminen convirtiendo una protesta legítima en una sucesión de enfrentamientos en la calle.

El Ejecutivo insiste en que los disturbios no pueden confundirse con las reivindicaciones de los convocantes. «No podemos juntar nunca jamás la legítima manifestación de los profesores, de los sanitarios, de los jóvenes que piden vivienda con estos hechos», subrayan las mismas fuentes.

Pese a la preocupación, el Gobierno asegura que sus previsiones sobre la huelga no han cambiado. Confía en que se celebre con normalidad, aunque advierte de la posibilidad de que se produzcan convocatorias paralelas protagonizadas por estos grupos violentos. Las fuerzas de seguridad, sostiene, actuarán para prevenir y contener cualquier altercado.

La inquietud también es electoral. En Moncloa consideran que el PP y Vox pretenden convertir la inseguridad en el principal asunto de discusión pública. «El PP quiere llevar ahí la campaña, pero nosotros no se lo vamos a permitir», aseguran.

El Gobierno teme que la violencia termine desplazando el debate sobre las políticas sociales y las reivindicaciones ciudadanas. Una circunstancia que podría modificar el marco político de las últimas semanas de campaña.

El Gobierno apura las últimas horas del ultimátum del Tribunal Supremo. El Alto Tribunal dio de plazo hasta este miércoles al Ejecutivo para que identifique a los 163.020 nacionalizados al amparo de la conocida como «ley de nietos» que tienen suspendido temporalmente su derecho al voto en las elecciones generales del próximo 29 de noviembre.

En el Palacio de la Moncloa aseguran que cumplirán. Aunque para conseguirlo han tenido que movilizar a los consulados españoles, reforzar sus plantillas y cancelar las vacaciones y los permisos de fin de semana de parte de sus trabajadores.

La portavoz del Gobierno, Elma Saiz, ha garantizado este martes que el Ejecutivo remitirá la documentación requerida antes de que expire el plazo fijado por el Supremo. «Se cumplirá el plazo», ha asegurado la también ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, que ha explicado que los departamentos implicados están dedicando los recursos necesarios para ejecutar la orden judicial.

La operación recae fundamentalmente sobre dos ministerios: Asuntos Exteriores, dirigido por José Manuel Albares, y Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, encabezado por Félix Bolaños. Ambos recibieron el pasado viernes el requerimiento del Alto Tribunal para identificar a los ciudadanos afectados por la suspensión cautelar de su derecho de sufragio. Y ojo porque el Supremo acompañó el requerimiento de una advertencia expresa: el incumplimiento podría desembocar en multas e incluso en la exigencia de responsabilidades penales de los titulares de ambas carteras.

El Ejecutivo ha puesto en marcha desde entonces un dispositivo extraordinario para reunir la información. Fuentes gubernamentales reconocen que el procedimiento ha resultado especialmente complejo por el volumen de expedientes y por la necesidad de recabar datos de las oficinas consulares. La premura ha obligado a reorganizar los servicios, ampliar los equipos de trabajo y suspender descansos para llegar a tiempo a la fecha límite.

La controversia tiene su origen en la aplicación de la disposición de la Ley de Memoria Democrática que permitió acceder a la nacionalidad española a descendientes de personas que habían perdido o renunciado a ella como consecuencia del exilio. El Supremo ha ordenado suspender temporalmente el derecho al voto de 163.020 nacionalizados que, según el criterio recogido en la resolución judicial, no han acreditado su condición de descendientes de exiliados.

Esa decisión abrió otro nuevo frente entre el Gobierno y el Poder Judicial; este en plena precampaña electoral. En Moncloa aseguran que acatarán el requerimiento, pero mantienen sus discrepancias con una medida que consideran especialmente grave por afectar al ejercicio de un derecho fundamental a pocas semanas de las elecciones.

El propio Pedro Sánchez ha convertido esta controversia en uno de los asuntos de sus intervenciones de precampaña. El presidente ha reprochado que descendientes de republicanos que tuvieron que abandonar España no puedan ejercer su derecho al voto mientras que, según su argumentación, los descendientes de quienes pertenecieron al bando nacional sí pueden hacerlo. Con esta comparación, Sánchez ha cuestionado públicamente las consecuencias de la resolución judicial.

Los ministerios de Albares y Bolaños trabajan contrarreloj para remitir la relación completa de afectados. El Gobierno quiere evitar un nuevo choque con el Supremo por el incumplimiento de una orden expresa, especialmente después de que los magistrados hayan advertido de las consecuencias que podría tener una demora.

A veinticuatro horas del vencimiento del plazo, Moncloa transmite que la documentación llegará a tiempo. Pero la entrega de la lista no resolverá el conflicto de fondo: la suspensión del derecho al voto de más de 163.000 nacionalizados en unas elecciones generales convocadas para dentro de poco más de un mes. El Gobierno acatará la orden mientras mantiene abierta su discrepancia con la decisión judicial.

Más Madrid todavía no ha contactado con los extrabajadores que denunciaron a la diputada Tesh Sidi por presunto acoso laboral pese a que sus reglas internas establecen «la mayor celeridad posible» para la resolución interna de conflictos. Hoy se cumple una semana desde que los denunciantes presentaron, el pasado 20 de octubre, el escrito ante el Comité Ético y de Estatutos del partido. La única respuesta que han recibido desde entonces fue el acuse de recibo, en el que se les precisó que la denuncia se trataría «en la próxima reunión» del citado comité.

La portavoz del partido, Manuela Bergerot, se pronunció ayer por primera vez sobre las informaciones desveladas por LA RAZÓN. Bergerot, que conocía desde octubre de 2025 las quejas sobre el trato que Sidi dispensa presuntamente a sus subordinados en la Cámara Alta, aseguró que el partido habría iniciado el «procedimiento» de investigación interno. «En estos casos estamos tranquilos. Confiamos en los procedimientos y cauces internos de Más Madrid, que son independientes y confidenciales. Y una vez que está abierto el procedimiento, no tenemos más información. Hay que respetar la independencia y la confidencialidad de estos cauces», dijo en la Asamblea de Madrid.

El Comité de Código Ético y Estatutos de Más Madrid tiene la obligación de reunirse de forma ordinaria al menos una vez cada seis meses, además de «todas las veces que sea necesario» para resolver los asuntos de su competencia con la «máxima celeridad». Los encuentros son convocados por la presidencia del comité con una antelación mínima de 48 horas.

Durante todo el proceso, sus integrantes están sujetos a un estricto deber de sigilo y confidencialidad respecto a las deliberaciones, documentos y resoluciones tratadas, las cuales son gestionadas de forma confidencial a través del canal de denuncias oficial del partido. Aunque según ha sabido este diario, un miembro de la dirección intentó localizar a los denunciantes para evitar que la denuncia se presentara en pleno proceso electoral. Y todo por el riesgo de que se terminara filtrando el caso a los medios de comunicación.

Una vez que se recibe una denuncia por escrito, el comité dispone de un plazo máximo de tres días hábiles para acordar formalmente la apertura del expediente interno. Por eso, los extrabajadores, en conversación con este diario, temen que el partido intente enterrar la denuncia. Mientras, esperan que les contacte el instructor que Más Madrid debería haber designado para investigar los hechos denunciados y recabar las pruebas necesarias para determinar si las conductas de Tesh Sidi pueden constituir una infracción de las normas internas.

El procedimiento contempla un periodo de alegaciones para la persona denunciada, un plazo inicial de diez días hábiles para la investigación, ampliable por otros diez cuando resulte necesario, y la elaboración de un informe que deberá elevarse al Comité para que adopte una resolución. Entre las posibles sanciones previstas para las infracciones muy graves figura la expulsión de la organización.

El régimen disciplinario del partido contempla expresamente como infracción muy grave los comportamientos hostiles, los insultos y las expresiones vejatorias que atenten contra la dignidad y el respeto mutuo. Es el supuesto recogido en el artículo 166.k de los Estatutos, cuya aplicación al caso de Sidi dependerá de los hechos que puedan acreditarse durante la investigación y de su encaje en las normas internas.

Más Madrid se ha pronunciado este lunes sobre la denuncia desvelada por LA RAZÓN contra la diputada y número dos de Frente Amplio en Madrid, Tesh Sidi, por presunto acoso laboral. Aunque el partido no ha ofrecido detalle alguno sobre las actuaciones que habría emprendido para investigar los hechos denunciados por tres exasesores de la parlamentaria en el Congreso.

La portavoz de la formación en la Asamblea de Madrid, Manuela Bergerot, ha defendido la independencia de los órganos internos encargados de examinar las quejas de los antiguos asesores de la diputada en el Congreso y ha asegurado que la dirección está «tranquila» ante el procedimiento. «En estos casos estamos tranquilos. Confiamos en los procedimientos y cauces internos de Más Madrid que son independientes y confidenciales», ha señalado la dirigente madrileña, que ha evitado pronunciarse sobre el contenido de las acusaciones.

Bergerot ha dicho que el procedimiento se encuentra abierto, pero ha sostenido que la dirección política no dispone de más información sobre su desarrollo. «Y una vez que está abierto el procedimiento, no tenemos más información. Hay que respetar la independencia y la confidencialidad de estos cauces», ha explicado.

La portavoz no ha precisado si la denuncia ha sido formalmente admitida a trámite ni qué actuaciones se han acordado para esclarecer los hechos. Su respuesta se ha limitado a reivindicar el funcionamiento de los mecanismos internos del partido y la necesidad de preservar su autonomía.

Los extrabajadores parlamentarios de Más Madrid que denunciaron por acoso laboral a Tesh Sidi resaltan el «polémico» comportamiento de la diputada y número dos de la lista de Frente Amplio por Madrid el próximo 29N. LA RAZÓN ha tenido acceso a chats internos de Sumar y de Más Madrid en los que la parlamentaria bromeó sobre la muerte del Papa Francisco y la entrega de armas a la organización terrorista Hamás.

El 7 de octubre de 2025, el Congreso de los Diputados convalidó con 178 votos a favor el Real Decreto con el que el Gobierno aprobó «medidas urgentes contra el genocidio en Gaza y de apoyo a la población palestina».

La norma estableció restricciones al comercio de armamento con Israel, prohibió determinadas operaciones de tránsito de combustibles susceptibles de ser utilizadas con fines militares e impidió importar productos procedentes de asentamientos israelíes situados en territorios palestinos ocupados por Tel Aviv.

Al día siguiente, en paralelo a la actividad parlamentaria, Tesh Sidi coordinaba con sus colaboradores la estrategia de comunicación que debía acompañar la iniciativa.

Sidi compartió un archivo de vídeo para sus redes sociales y propuso introducir imágenes de la votación en la Cámara Baja. La conversación continuó con el envío de una imagen en la que aparecía la propia diputada revestida con simbología propalestina. Fue entonces cuando intervino: «Cuando podemos pedir armas para jamassss». La expresión alude a Hamás, la organización terrorista que había perpetrado los ataques contra Israel el 7 de octubre de 2023. El comentario se produjo, además, un día después del segundo aniversario de aquellos atentados.

Precisamente entonces, mientras se conocía la magnitud de los ataques, la diputada publicó un mensaje en sus redes sociales (en X) en el que reivindicó su apoyo a Palestina y denunció las muertes de civiles palestinos, sin incluir una condena expresa de los ataques de Hamás en aquella publicación inicial. Sus palabras provocaron numerosas críticas y abrieron una polémica que obligó a la parlamentaria a aclarar su posición.

Dos días después, Sidi condenó públicamente las acciones de del grupo terrorista contra la población civil israelí y aseguró que aquellas atrocidades no podían justificarse. Pero ese no es el único comentario polémico de la política en los canales internos de Más Madrid y Sumar.

El 21 de abril de 2025, la muerte del Papa Francisco provocó una sucesión de reacciones institucionales y políticas en todo el mundo. El Gobierno español preparaba entonces las medidas oficiales de duelo y los partidos debatían sobre el tratamiento que debía darse al fallecimiento del jefe de la Iglesia católica.

La cuestión llegó al grupo de mensajería de Telegram del Grupo Parlamentario Sumar. En ese canal, integrado entonces por 74 participantes, varios miembros de la formación discutieron sobre la conveniencia de que España declarara tres días de luto oficial.

Uno de los participantes trasladó la información de que el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, había anunciado esa decisión. Y cuestionó que un Estado aconfesional tuviera que adoptar semejante medida.

La intervención abrió un intercambio de opiniones sobre la naturaleza institucional del pontífice y las obligaciones protocolarias del Estado español. Otro participante recordó que el Papa también era jefe de Estado, en referencia al Vaticano. «Es jefe de Estado (el vaticano no??). A lo mejor va por ahí», planteó.

Sin embargo, el argumento no convenció a todos los integrantes del canal. Uno de ellos respondió que España no declaraba luto nacional cada vez que fallecía un mandatario extranjero.

La discusión continuó con referencias a las decisiones adoptadas por otras administraciones. Algunos participantes advirtieron de que la Comunidad Valenciana y Andalucía también habían declarado tres días de luto oficial por el fallecimiento del Pontífice. Fue en ese contexto cuando intervino Tesh Sidi. La diputada respondió directamente al mensaje del integrante que había cuestionado la decisión del Ejecutivo de declarar luto oficial en toda España. «Los musulmanes celebramos la muerte jejejeje», escribió.

La frase de la diputada Sidi rompió con el tono del debate institucional que habían mantenido sus compañeros. Unos minutos después, en un claro ejemplo de desconcierto, otro integrante del grupo contestó a su mensaje con tres signos de interrogación: «???».

Los denunciantes de Sidi, en conversación con este periódico, explican que dentro del grupo parlamentario Sumar, y entre los trabajadores de Más Madrid, es «sabido» que la diputada es «peculiar». Así describen algunas de las actitudes que, según sus testimonios, han observado durante su etapa de trabajo en el Congreso de los Diputados. Estas conversaciones desveladas por LA RAZÓN muestran cómo se expresaba la parlamentaria en dos canales internos de carácter profesional, en los que se abordaban asuntos políticos y se coordinaba el trabajo de comunicación.

Este diario desveló en su edición del sábado 24 de octubre la denuncia que tres exasesores interpusieron ante los órganos internos de Más Madrid y Sumar contra la diputada por presuntos comportamientos «abusivos, hostiles y vejatorios» durante su relación profesional. También que al menos tres dirigentes de Más Madrid, –Manuela Bergerot, Gabriel Ortega y Héctor Tejero– recibieron quejas de una de las personas afectadas por el trato de Sidi a sus subordinados.

Ningún miembro del partido ha dado explicaciones públicas por la información. Sidi anunció ayer su presencia el próximo 28 de octubre en un foro sobre feminismo organizado por «InfoLibre» en presencia de la ministra de Igualdad, Ana Redondo.