Las personas con estatus de refugiado en Panamá tienen derecho a ser contratadas por cualquier compañía del país.

La razón es que la ley las considera mano de obra local y no extranjera, según explicó la directora de la Oficina Nacional para la Atención de Refugiados (Onpar), Tania Lam.

A junio de este año un aproximado de 8,500 personas entre refugiadas y solicitantes de dicha condición viven en Panamá, en su gran mayoría naturales de Colombia, Cuba, El Salvador, Nicaragua y Venezuela.

Para acceder a un empleo formal, los refugiados deben tramitar su permiso de trabajo ante el Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral (Mitradel).

Ese documento se renueva anualmente durante tres años consecutivos.

Cumplido ese plazo, los refugiados pueden solicitar la residencia permanente. Con ella obtienen el permiso laboral por tiempo indefinido, sin necesidad de renovaciones posteriores.

Una representante del Mitradel señaló durante el encuentro de la Comisión Nacional para los Refugiados (Conare) que persiste el desconocimiento entre el sector privado sobre esta posibilidad.

Por eso, insistió en la necesidad de “ser replicadores de la información”, ya que hay empresas que ignoran que pueden contratar a personas refugiadas como mano de obra local.

La oficial de Desarrollo de la Oficina Multipaís de la Agencia de la Organización de Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur) en Panamá, Carolina Merizalde, presentó los avances del programa Empresas con Refugiados. Se trata de una iniciativa regional que se originó en Brasil.

El programa busca generar condiciones de inclusión laboral, oportunidades de emprendimiento, formación de competencias y buenas prácticas corporativas hacia esta población.

En Panamá, más de 30 empresas ya se sumaron a esta iniciativa, de acuerdo con lo expuesto por Merizalde ante la comisión. El esfuerzo también se extendió al ámbito de la capacitación técnica.

En ese terreno se incorporaron dos instituciones educativas: el Instituto Nacional de Formación Profesional y Capacitación para el Desarrollo Humano (Inadeh) y el Instituto Técnico Superior del Este (ITSE). La meta global es reducir a la mitad el desplazamiento prolongado para 2035

Durante la sesión, la Acnur presentó ante la Comisión Nacional para los Refugiados la Iniciativa 50 by 35, cuyo objetivo es reducir en 50% el número de personas en situación de desplazamiento prolongado para el 2035, una meta que se aplica a escala global.

En el caso particular de las Américas, uno de los puntos centrales es generar condiciones de mayor autosuficiencia para la población refugiada. La idea es que puedan salir de esa condición de desplazamiento prolongado.

Esa autosuficiencia tiene, además, un componente de reciprocidad hacia los países de acogida. Según se planteó en la reunión, permitiría que los refugiados contribuyan de manera positiva a las naciones que los reciben, entre ellas Panamá.

El empleo formal aparece así como el eje que conecta ambas discusiones de la jornada. Por un lado, el acceso al trabajo bajo las mismas condiciones que la mano de obra local; por el otro, la permanencia en el país sujeta al cumplimiento de la ley.

“Estas personas no son números, ni estadísticas; son seres humanos que requieren apoyo”, señaló Lam.

Durante la reunión de la Comisión Nacional para los Refugiados se revocó la condición de refugiado a dos personas.

“Es importante que las personas sepan que en nuestro país tienen que cumplir con las leyes y mantener el orden público, sino van a ser revocados de su condición”, advirtió la directora de la Oficina Nacional para la Atención de Refugiados.

La misma sesión de la Comisión Nacional para los Refugiados incluyó decisiones en sentido contrario. El organismo aprobó reconocer como refugiados a tres personas, dos de nacionalidad nicaragüense y una de Haití.

Hasta este viernes 30 de octubre especialistas en seguridad digital, representantes de organismos internacionales comparten en Panamá experiencias para reforzar la prevención, la detección y la respuesta frente a las amenazas cibernéticas.

Esto será en el marco del Cyber Americas Forum y Cibercom 2026, cuyo acto inaugural reunió a autoridades y diplomáticos de distintos países.

“Hoy comprendemos que las amenazas no reconocen fronteras. La protección de nuestras infraestructuras críticas, la defensa del ciberespacio y la prevención del ciberdelito requieren instituciones preparadas, cooperación efectiva y una visión compartida”, señaló el viceministro de Seguridad Pública encargado, Juan Carlos Rodríguez.

Que Panamá reciba este foro implica para el funcionario una responsabilidad que trasciende lo protocolar.

“Significa consolidar nuestro compromiso con la seguridad hemisférica, impulsar el intercambio de conocimientos y contribuir a la construcción de una región más segura, resiliente y preparada ante las amenazas emergentes”, manifestó.

Remarcó que la cita abre una vía para reforzar lazos entre naciones, compartir aprendizajes y avanzar hacia un continente con mayor capacidad de respuesta ante los riesgos del entorno digital.

El evento, surge de una cooperación con la Organización de Estados Americanos (OEA) para reforzar las capacidades regionales en esta materia, de acuerdo a una nota de prensa de la entidad.

En esta oportunidad, agrega, se trata de la primera edición que fusiona el tradicional Simposio de Ciberseguridad con Cibercom, ampliando los espacios destinados al intercambio de conocimiento, la innovación y la cooperación entre naciones.

El trasfondo de esta cooperación excede lo estrictamente tecnológico: una estafa electrónica puede vaciar los ahorros de una familia, el robo de datos puede exponer la identidad de una persona y un ataque contra sistemas esenciales puede interrumpir servicios de los que depende la población entera.

Estos escenarios colocan a la ciberseguridad como un componente central de la seguridad pública, alineado con los objetivos del Plan Firmeza que adelantan las autoridades, que tiene proyectado una protección ciudadana capaz de adaptarse a nuevos desafíos sin perder el foco en las personas.

Bajo esa lógica, se indicó que la prevención, la preparación y la coordinación entre países se vuelven herramientas necesarias para anticipar amenazas, tanto en el espacio físico como en el digital.

El Cyber Americas Forum + Cibercom 2026, celebrado en la Ciudad de Panamá se ha consolidado como uno de los espacios más relevantes del hemisferio para discutir la ciberseguridad, la ciberdefensa y el futuro digital de las Américas, al articular en un mismo encuentro el tradicional simposio de ciberseguridad de la OEA y el congreso nacional panameño de ciberseguridad y ciberdefensa CIBERCOM.

Bajo el lema de las “hiperamenazas” y la necesidad de asegurar la innovación regional en un ecosistema cibernético sin fronteras, el foro reúne a las autoridades gubernamentales, responsables de seguridad pública, diplomáticos, organismos internacionales, sector privado tecnológico, academia y poder judicial.

El objetivo, se indicó, también es el de fortalecer la cooperación regional frente a riesgos como las estafas electrónicas, el robo de datos personales, los ataques contra infraestructuras críticas y la sofisticación de las amenazas impulsadas por la inteligencia artificial.

Según las descripciones oficiales, el foro está organizado por la Sección de Ciberseguridad del CICTE de la OEA y el Ministerio de Seguridad Pública de Panamá (Minseg), lo que evidencia una alianza institucional entre un organismo multilateral de seguridad hemisférica y la autoridad nacional responsable de la política de seguridad pública panameña.

Esta coorganización permite que el evento combine la visión regional de la OEA sobre amenazas cibernéticas con las necesidades específicas de Panamá, que tiene un rol estratégico como centro de conectividad internacional y nodo de comercio global, subrayó el canciller panameño Javier Martínez-Acha Vásquez en su intervención inaugural.

A la ceremonia asistieron la subsecretaria de Estado para la Diplomacia Pública de Estados Unidos, Sara Rogers, y el secretario ejecutivo encargado del Comité Interamericano contra el Terrorismo (CICTE) de la Organización de los Estados Americanos (OEA), Guillermo Moncayo.

Igualmente, se contó con la presencia de la embajadora de Canadá en Panamá, Patricia Atkinson, y el embajador estadounidense en el país, Kevin Marino Cabrera.