El Centro Nacional de Inmigración y Fronteras de la Policía Nacional (CENIF) ha entregado a la magistrada de la Audiencia Nacional María Tardón un vídeo grabado en la frontera de Ceuta el pasado 30 de julio -cuando comenzó la entrada masiva de más de 90.000 inmigrantes procedentes de Marruecos- en el que identifica a 24 supuestos "dinamizadores" del asalto a la ciudad autónoma.

Como adelantó LA RAZÓN el pasado 9 de septiembre, tras revisar las imágenes de la avalancha migratoria la Policía había podido identificar a más de una veintena de personas que se habrían encargado de encauzar a los inmigrantes irregulares o dar instrucciones durante esa entrada masiva. Ahora, esa información está ya en manos de la instructora, así como otro vídeo centrado en la actitud pasiva de los agentes marroquíes uniformados desplazados a la zona en esas horas de máxima tensión migratoria.

Al menos cinco de esos "dinamizadores" sobre el terreno han sido reconocidos ya por los tres inmigrantes que colaboraron con la Policía española y que ayer mismo testificaron por videoconferencia ante la juez Tardón.

La primera persona que llamó la atención al CENIF es un "hombre de mediana edad" que se encontraba a mediodía del 30 de julio en la zona de Castillejos (Marruecos) y que caminaba "en sentido contrario a la multitud" haciendo "gestos con las manos para alentar a la población a cruzar la frontera hacia Ceuta", según consta en un documento también remitido a la Audiencia Nacional.

"Indicaciones a los conductores"

Según uno de los inmigrantes que ha declarado como testigo, se trataría de un "mkadam" de Castillejos, un funcionario municipal e "informante" de la Policía marroquí desplazados a la frontera "para reconocer a los que cruzaban, pues son los que conocen a la gente de su barrio".

También en la zona de Castillejos y esa misma mañana, a escasos metros de la frontera con Ceuta", los agentes repararon en la actitud de un hombre que se encontraba "observando el retorno de inmigrantes desde Ceuta, rodeado de agentes policiales y realizando indicaciones a los conductores de los camiones cisterna antidisturbios".

Otro de los inmigrantes que testificó ante Tardón dijo que era el "bacha" de Castillejos, a quien vio en una rotonda situada entre la localidad marroquí y el paso fronterizo. Pero según explicó, entendió que estaba "dando órdenes a fuerzas auxiliares para no dejar pasar a la gente que iba en grupo hacia la frontera".

El CENIF señala igualmente a un hombre que, esa misma mañana, contemplaba el retorno de inmigrantes desde Ceuta junto a miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad de Marruecos y "manteniendo una conversación con dos varones vestido de traje". El testimonio de otro de los inmigrantes que han colaborado con la Policía española indica que es el jefe de la Policía de Rincón (Marruecos).

"Actitud anómala"

A los investigadores también les sorprendió la "actitud anómala" de un hombre de mediana edad que caminaba "en sentido contrario al de la población", un teniente -según uno de los testigos que entró a nado en Ceuta- que se habría encargado, junto a varios "mkadam", de meter en autobuses a los que retornaban "y mandarlos al Sáhara".

Uno de esos "mkadam", precisamente, llamó también la atención del CENIF dado que "mientras la multitud de inmigrantes avanza hacia la frontera, este varón de mediana edad permanece estático, mirando en sentido contrario mientras porta un teléfono móvil en la mano derecha".

Entre esos "dinamizadores" hay también un hombre que "ayuda a la multitud de inmigrantes a atravesar la valla que separa Castillejos del mar, para posteriormente acceder a España bordeando el espigón a nado" y varias personas que se encontraban en el espigón del Tarajal con una vestimenta que no era "adecuada para emprender una entrada a nado". Igualmente, los agentes señalan a un individuo que "asiste a mujeres y niños a bajar por el espigón sin aparente intencionalidad de emprender la marcha él mismo".

"Estático" junto al control policial

Hay otra escena que levanta las sospechas de los agentes. Mientras las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad de Marruecos están montando un control policial para evitar la llegada al espigón, "se observa la pasividad de las mismas puesto que la gente lo está atravesando sin problema". Y en ese escenario, un individuo "se queda estático junto al control policial mientras delante de él avanzan decenas de personas".

Como también la presencia de una mujer que "avanza en sentido contrario a la multitud mientras incita mediante gestos la dirección que deben tomar los inmigrantes irregulares".

El testimonio de un exsargento de la Gendarmería Real que ha declarado hoy como testigo por videoconferencia ante la juez María Tardón ha despertado los recelos de la acusación popular y de la que ejerce el Gobierno de Ceuta ante la posibilidad de que pueda tratarse, según fuentes jurídicas, de un "infiltrado" de Rabat. Hasta el punto de que, según fuentes jurídicas, la magistrada ha tenido que cortar en seco sus preguntas al testigo, a quien el letrado de Hazte Oír, Javier María Pérez-Roldán -que acudió a la comparecencia en sustitución de Iustitia Europa, que aglutina a toda la acción popular- llegó a preguntar si había trabajado "para los servicios secretos de Marruecos".

Hicham E. B. lo negó, pero sí admitió que cuando trabajaba en el aeropuerto de Rabat se "coordinaba" con los servicios secretos. Fuentes jurídicas señalan a LA RAZÓN que las acusaciones evidenciaron "serias dudas sobre su testimonio"

El letrado del Gobierno de Ceuta, por su parte, le inquirió para que aclarase si dimitió de su cargo o "desertó", momento en el que Tardón zanjó la deriva del interrogatorio recordando a los letrados que una posible deserción del testigo no era objeto del procedimiento.

Otro de los testigos, según esas mismas fuentes, ha afirmado que "había militares marroquíes entre los que llegaron a Ceuta", donde otro de los inmigrantes que han testificado, Ziyad A. Y., sitúa a un informador municipal, al "mkadam" de Rincón.

Camiones llenos de gente

Según ha puesto de manifiesto, vio autobuses y camiones "llenos de gente camino de la frontera", sin control alguno, en Castillejos, además de personas caminando por la carretera.

También han comparecido ante Tardón dos agentes del CENIF, el servicio policial de control de fronteras. Un subinspector ha explicado que Mustafá, jefe policial marroquí en el puesto fronterizo, le aseguró el mismo 30 de julio que "todo estaba normal" mientras se producía la entrada masiva de inmigrantes.

Según refirió, acudió con Gonzalo Sanz, entonces jefe de gabinete del delegado del Gobierno, a hablar con la Policía marroquí. Según su declaración, Mustafá negó que sucediera nada anormal mientras él observaba por las cámaras "a numerosas personas entrando por el espigón y a efectivos marroquíes encauzándolas hacia esa zona".

Este agente ha asegurado que preguntó a su superior si debían seguir permitiendo el paso por el puesto, a lo que le respondieron que mientras la Delegación del Gobierno no indicara lo contrario, "debían continuar con normalidad" su actividad. Según ha afirmado, conserva ese intercambio de wasaps, que se ha ofrecido a aportar al juzgado.

Fallos en las comunicaciones

El subinspector, según las mismas fuentes, ha puesto de relieve "fallos de comunicaciones" durante la entrada masiva, pues ha recordado que los mensajes y llamadas "llegaban con retraso". Ese funcionamiento deficiente de las comunicaciones, ha precisado, se prolongó durante varios días. Y aunque inicialmente atribuyeron esas carencias a la proximidad de la frontera o a la saturación de las mismas, sí ha apuntado que planteó la posibilidad de que se hubiese producido "un ataque a las comunicaciones".

El otro agente que ha testificado ha hecho referencia a otro hecho que le llamó la atención la víspera de la entrada masiva: la presencia de "ocho o nueve embarcaciones" frente a la zona fronteriza (movimientos que ya había grabado dos días antes). Una embarcación, ha explicado, "dejó entre diez y doce personas en la orilla marroquí", aunque ha dicho desconocer si eran nadadores o militares en prácticas.

Manos Limpias ha presentado una denuncia en los juzgados de Orgaz (Toledo) por la tragedia ferroviaria de Urda, en la que al menos han fallecido ya 64 personas tras el choque de un AVE con un Iryo. El colectivo de funcionarios -que pide que se le admita la personación en el procedimiento como acusación popular- dirige su querella contra Adif, Iryo y Renfe, así como contra aquellos directivos o encargados "de la supervisión, mantenimiento y gestión del material rodante e infraestructura" del tramo donde se ha producido el accidente.

El sindicato aprecia indicios de la comisión de delitos contra la seguridad colectiva, en su modalidad de estragos e infracción de normas de seguridad en los servicios públicos, de imprudencia grave con resultado de lesiones y homicidio, así como una posible responsabilidad penal de personas jurídicas.

En este último caso, por "la falta del debido control, vigilancia o la ausencia de un programa de cumplimiento normativo (compliance) efectivo que impidiera el incumplimiento sistemático de los protocolos de seguridad por parte de los empleados o mandos intermedios".

Mantenimiento deficiente

La denuncia incide en que "han salido a la luz pública informaciones y valoraciones de peritos e ingenieros especializados" que apuntarían a que "la causa directa o determinante del accidente responde a deficiencias estructurales y sistemáticas en las labores de Mantenimiento Preventivo y Corrector, calificadas técnicamente como un "sistema de mantenimiento defectuoso o chapuza"".

En particular, hace referencia a las declaraciones realizadas por el ingeniero industrial Juan Franco difundidas en "Espejo público", en Antena 3, cuya declaración como testigo solicita.

"Según las valoraciones técnicas preliminares", pone de relieve, "las labores de verificación y mantenimiento periódico sobre los elementos de rodadura, frenado, catenaria o señalización de las unidades ferroviarias implicadas se habrían estado ejecutando presuntamente sin cumplir con las especificaciones del fabricante ni con la normativa técnica sectorial de seguridad ferroviaria, escatimando en la sustitución de piezas sometidas a desgaste o demorando revisiones críticas".

Según Manos Limpias, "la omisión o defectuosa ejecución de los protocolos de mantenimiento obligatorios crea un riesgo jurídicamente desaprobado de enorme magnitud, afectando a la vida e integridad física de multitud de usuarios y trabajadores del transporte ferroviario".

Inobservancia deliberada o negligencia

El colectivo denunciante aprecia una "inobservancia deliberada o gravemente negligente de las medidas de seguridad reglamentarias en el mantenimiento de infraestructuras y vehículos de transporte público".

Entre las diligencias a practicar, reclama que la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios (CIAF) remita al juzgado "copia íntegra del informe preliminar o definitivo tramitado sobre las causas del siniestro".

Asimismo, quiere que Adif, Renfe e Iryo "aporten el libro de mantenimiento, fichas de revisión técnica y partes de incidencias del tren involucrado correspondientes a los últimos cinco años". y que certifiquen igualmente "qué empresa o contrato externo tenía encomendado el mantenimiento de dicha unidad ferroviaria y aporten los pliegos y partes de trabajo".

Por último, insta al juzgado a designar un perito pericial técnico independiente "para el análisis del material rodante y las infraestructuras siniestradas".

Juan Jesús Vivas trasladó a la juez de la Audiencia Nacional María Tardón el pasado 30 de septiembre en su declaración como testigo a consecuencia de la entrada masiva de inmigrantes en la ciudad autónoma que Ceuta es "una olla a presión que en cualquier momento puede estallar".

En el audio de su comparecencia, al que ha tenido acceso LA RAZÓN, el presidente ceutí se quejó de que la ciudad ha sufrido "una vulneración de la integridad territorial de España que ha puesto en jaque la soberanía de Ceuta, la piedra angular de nuestra propia convivencia democrática, en paz y en libertad, el elemento más sólido de nuestra ciudad como parte integrante de España".

Vivas incidió en que los ceutíes "han visto mermada gran parte de su seguridad, gran parte de su tranquilidad y gran parte de su libertad", por lo que "viven hoy con el alma en vilo en una olla a presión que en cualquier momento puede estallar".

Tras poner de relieve que la ciudad fue objeto de una entrada multitudinaria "igual o superior a la población de Ceuta" (de 85.000 habitantes), hizo hincapié en que todo ello ha supuesto una "gravísima perturbación" del orden "en todos los aspectos", desde la seguridad hasta el normal funcionamiento de servicios públicos como la sanidad y la educación, además de "la incidencia en el ámbito económico" -que calificó de "tremenda"-, por lo que según enfatizó "el bienestar de los ciudadanos de Ceuta está afectado".

Vivas se detuvo en detallar las alertas que ya eran visibles en los días previos a la entrada masiva. El 29 de julio, afirmó, habían entrado 1.500 personas en los últimos diez días y el centro de acogida de menores no acompañados pasó de acoger a 180 menores a 800 en apenas diez días. "Esto genera una alarma y trae como consecuencia el colapso de los servicios de acogida", destacó.

"No consigo hablar con el presidente"

Según ha recordado, desde el Gobierno de Ceuta se hizo una advertencia sobre la necesidad urgente de modificar la Ley de Extranjería tras la sentencia del Tribunal Supremo que puso coto a las devoluciones en caliente de inmigrantes que hubieran accedido a nado a la ciudad autónoma (al no haber superado en el mar ninguna barrera física).

"El 27 la primera llamada que hago es a Moncloa. Intento hablar con el presidente del Gobierno porque el asunto tiene muchísima importancia", recordó, por lo que entendía que hacía falta adoptar medidas excepcionales. "No consigo hablar con el presidente", explicó. De hecho, no lo conseguiría, según su testimonio, hasta el mismo 30, cuando la entrada masiva era ya un hecho.

Ese mismo día, se produce una reunión "al máximo nivel" en la sede de la Delegación del Gobierno, donde Vivas pide que se fije un mando único y se decrete la situación de emergencia y se refuerce el despliegue de Fuerzas de Seguridad.

"La situación es de alarma y se requieren de medidas excepcionales e inaplazables", recordó, coincidiendo los presentes en que debía dejarse en manos de "máximo nivel institucional, que todos entendimos era la Presidencia del Gobierno"

Esa misma tarde volvió a llamar a Moncloa, pero también esta vez se tuvo que contentar con hablar con el jefe de gabinete.

Conversaciones con Albares y Robles

Ya el 28, vuelve a insistir a primera hora de la mañana. "Hacemos cuatro llamadas y un mensaje", recordó. Pero el jefe de gabinete de Sánchez le traslada que el canal de comunicación es el delegado del Gobierno porque se trata de un "problema migratorio".

Por la tarde, se pone en contacto con Interior, pero no puede hablar con Marlaska, aunque sí con la secretaria de Estado de Seguridad, Aina Calvo, a quien insiste en sus demandas, comprometiéndose a reforzar los efectivos en la ciudad autónoma. Pero en cuanto al mando único y la declaración de emergencia "me pide 24 horas".

Ese mismo 28 habló con el ministro Albares. "Lo llamo y sí se pone". "De seguir así íbamos a desembocar en una situación parecida a la de mayo de 2021" (la entrada masiva en Ceuta a consecuencia del "caso Ghali"). "Me dijo que Marruecos estaba colaborando activamente en controlar estas llegadas tan intensas", recordó.

Ya el 29 de julio, a Vivas le llega la negativa de Interior para decretar el estado de emergencia, aclarándole que el mando único iba a recaer en el delegado del Gobierno.

"Un asunto migratorio"

En otra conversación, esta con la ministra de Defensa, le pide a Margarita Robles activar al Ejército ante "la situación de excepcionalidad que vivíamos", a lo que se mostró de acuerdo "en función de cómo evolucionaran los acontecimientos en el día siguiente". "Estábamos absolutamente desbordados".

El mismo 30 de julio, "cuando empieza la invasión" -ha afirmado el presidente ceutí- pidieron la activación de la Ley de Seguridad Nacional (para declarar el estado de emergencia), el cierre de la frontera y el refuerzo de efectivos en la frontera.

Ante esta tesitura, consideró "inevitable" volver a llamar a Moncloa, lo que hizo sobre las once de la mañana, poniéndose en contacto con él una hora después el jefe de gabinete del presidente del Gobierno, insistiendo en que es un "asunto migratorio" por lo que "no era necesario" que despachara con Sánchez.

Pero a la una logra hablar por fin con Pedro Sánchez "ya con la invasión en marcha". "Le digo que lo que está ocurriendo en Ceuta es una violación de la integridad territorial de España que pone en jaque su soberanía". "Me dice que vendrá al día siguiente, el día 31", recordó Vivas.

El informe remitido a la magistrada de la Audiencia Nacional María Tardón por el Centro Nacional de Inmigración y Fronteras de la Policía Nacional (CENIF) detalla la evolución de la entrada masiva de inmigrantes en Ceuta a partir del pasado 30 de julio. Y recoge, entre otros extremos, los gritos que coreaban los inmigrantes durante esa avalancha migratoria. "Viva España, gracias Pedro Sánchez".

El documento, que refleja la evolución del proceso de entrada masiva el 30 de julio, se divide por franjas horarias, recogiendo los rasgos característicos del aluvión migratorio en cada caso.

Así, entre las 8:10 y las 9:30 el perfil de las personas que entraban en la ciudad autónoma de forma irregular se correspondía con jóvenes de 15 a 25 años que accedían a nado "en forma de goteo" cubriendo el tramo entre Castillejos y Ceuta. En su mayoría, se trataba de marroquíes "equipados con neopreno, aletas, flotadores y fundas estancas".

Según avanzaba la mañana, se registra un "aumento progresivo de las entradas por goteo a nado", lo que derivó en su "acumulación" en la zona del control policial del Tarajal.

"Efecto llamada"

Más tarde, entre las once y las 12:15 de la mañana, se produce el "desbordamiento del control policial debido a la presión acumulada". Los jóvenes entran al grito de "Viva España, gracias Pedro Sánchez", señala el CENIF. Al mismo tiempo, se genera "un efecto llamada" que atrae más personas desde Fnideq" (Castillejos).

En esa franja horaria, "continúa la entrada masiva", aunque el perfil de los inmigrantes varía, pues ya comienzan a entrar adultos de hasta 40 años junto a los jóvenes de 15 a 25 años. Pese a que el 98% son marroquíes (solo un 2% son mujeres), se constata la presencia de subsaharianos, "con y sin equipo para nado".

Ya desde las 14:10 a las 17:00 horas, la avalancha migratoria continúa, apreciándose la llegada "de familias con menores de edad" (el 6% de quienes entran), aunque se mantiene el perfil de jóvenes entre 15 y 25 años, en su mayoría de origen marroquí y ahora "sin equipamiento específico" (visten camiseta y pantalón deportivos y chanclas en el caso de los hombres y vestido y velo en el de las mujeres, que ya suman el 11 por ciento de los inmigrantes que a esas horas entran en Ceuta de forma irregular).

Frontera saturada

Son ya seis horas de "desbordamiento" en la frontera, pero la entrada masiva no se detiene, por lo que "el incremento ininterrumpido de la presión sostenida satura de forma crítica el paso fronterizo". De hecho, se ha formado una "columna humana de aproximadamente 5 kilómetros".

Por último, de las cinco de la tarde en adelante, el perfil vuelve a ser el mismo que al inicio: jóvenes

de 15-25 años, la gran mayoría marroquíes, " equipados con neopreno, aletas, fundas estancas y flotadores" que cruzan a nado y sortean la valla fronteriza.

En todo caso, según la unidad policial "comienza a reducirse el volumen de forma progresiva hasta el día 31 de julio". No en balde, el Ejército español "es desplegado por la zona y controla la llegada de los

inmigrantes".

Los agentes del Centro Nacional de Inmigración y Fronteras (CENIF) de la Policía Nacional alertaron el 29 de julio a los puestos fronterizos de Ceuta y Melilla de un "riesgo extremo de colapso a causa de las entradas irregulares de migrantes" en las ciudades autónomas, un escenario que según pusieron de manifiesto estaba previsto que se produjera "con carácter inmediato".

Así consta en una nota informativa del CENIF del pasado 30 de julio que recoge que 24 horas antes se había enviado a ambos puestos fronterizos "una previsión de escenarios sobre los sucesos que podrían acontecer en el día de hoy".

Según pone de relieve esa alerta, "la información obtenida en redes sociales y aplicaciones de mensajería instantánea" habían puesto de manifiesto que se estaba llevando a cabo "un llamamiento masivo a la movilización de estos migrantes con el objetivo de llevar a cabo una entrada irregular en territorio nacional". De ahí que, según la unidad policial, el nivel de riesgo de la alerta pasase a ser "extremo".

La nota informativa -incorporada al informe remitido a la magistrada de la Audiencia Nacional María Tardón, al que ha tenido acceso LA RAZÓN- precisaba que esa información se había puesto en conocimiento "exclusivamente" de los puestos fronterizos de Ceuta y Melilla por afectar a ambas ciudades autónomas.

"Riesgo potencial de entradas irregulares"

El mismo día, otro comunicado señala que el CENIF ha obtenido información a través del Grupo Frontex de Policía Nacional, en el marco de la "operación Spain-Minerva 2026", "sobre el intento de entrada en la Península por parte de los inmigrantes irregulares que están llegando masivamente a Ceuta".

El modus operandi, apuntaba, consistiría en "ocultarse dentro de los vehículos de conocidos que entran a la Península por los puestos fronterizos de Algeciras, Tarifa y el Puerto de Ceuta". Por todo ello, encarecía a los agentes de esos puestos a llevar a cabo una "minuciosa" inspección para detectar a los inmigrantes irregulares.

En otra nota informativa del 29 de julio, el CENIF ya recogía que los agentes disponían de información sobre "un riesgo potencial de entradas irregulares en las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla previsto para el día 30 de julio". Sobre la mesa, ponía dos circunstancias determinantes. Por un lado, "las posibles consecuencias derivadas de la sentencia del Tribunal Supremo" que el 29 de junio puso coto a las devoluciones en caliente cuando los migrantes han accedido a nado a nuestro país (sin superar por tanto una barrera física como una valla). Por otro, "el antecedente" de lo sucedido el 26 de julio de 2018 coincidiendo con la celebración del Día del Trono de Marruecos. Y todo ello, además, acrecentado por "la información obtenida en redes sociales" sobre un llamamiento masivo a cruzar la frontera.

Con esa información, la unidad policial dibujó "una previsión de escenarios" en el que calificaba de "extremo" el riesgo de que se produjeran "entradas a nado" junto a un "salto a la valla de forma coordinada".

"No se puede asegurar que esto vaya a producirse -precisa el CENIF- pero cuando se ha detectado este tipo de actividad en las redes sociales y otros foros, en ocasiones se ha llegado a materializar".

Los efectos de la sentencia del Supremo

En todo caso, informaba que teniendo en cuenta "las últimas novedades jurídicas" (la referida sentencia del Tribunal Supremo) y el "horizonte de celebraciones en Marruecos", esa alerta no se limitaba al día 30 de julio, sino que podía extenderse a las festividades de los días 10 de agosto (Día Nacional de los marroquís residentes en el extranjero), 14 de agosto (Día de la Lealtad) y 20 del mismo mes (Día de la Revolución del Pueblo).

Pero días antes, el 27 de julio, el Centro Nacional de Comunicaciones (CNC) de la Policía constataba unos datos que debieron haber puesto en alerta al Gobierno, pues informaba de que desde el 8 de julio se habían producido 1.240 entradas irregulares de inmigrantes en Ceuta (748 y otros 492 pendientes de acogida en el Centro de Estancia Temporal de Inmigrantes).

Ya el 31, en plena oleada de inmigrantes, el CENIF detectó "un aumento en la creación de grupos privados orientados a coordinar aproximaciones a las inmediaciones de la frontera, principalmente en el entorno de Ceuta", tales como "Ataque a Ceuta", "Ataque seguro", "Gente de valla" o "Haraga Melilla + Castillejos".

La alerta se extendió a Canarias

La situación en Ceuta llevó incluso a la unidad policial a poner en alerta a las Islas Canarias. "El fenómeno migratorio acaecido en el día de ayer en las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla, así como la nacionalidad de los potenciales migrantes", avisó el mismo 31 de julio, "hace necesario se lleve a cabo una alerta sobre una posible repercusión migratoria que pudiera afectar a su territorio, aún de manera preventiva".

Un día después, el 1 de agosto, ese riesgo "extremo" se amplió, advirtiendo de la posible llegada a las costas de Cádiz desde Ceuta "de embarcaciones con inmigrantes irregulares que accedieron a la ciudad autónoma" el 30 de julio.

El CENIF también puso el foco en la posible llegada de inmigrantes a la zona del Campo de Gibraltar desde Ceuta. Tras la entrada masiva de inmigrantes, recoge otra nota informativa, "muchos de ellos se alojan en domicilios de familiares o amigos, con el objetivo de evitar ser detectados por las autoridades". Propagándose entre ellos "mensajes informando de que personas residentes en la ciudad de Ceuta organizan salidas de esta ciudad autónoma a la Península Ibérica, a la zona del Campo de Gibraltar, debido entre otras cuestiones a su cercanía geográfica y asentamiento de diferentes organizaciones con capacidad operativa para el tráfico de migrantes y/o de drogas". Estas tramas criminales, dejaban constancia los agentes, operaban "con números de teléfono españoles" y sus integrantes eran residentes en Ceuta.

El precio del viaje oscilaba entre los 40.000 y los 60.000 dirham (de 4.000 a 6.000 euros), que se abonaban con un pago en efectivo antes de salir de Marruecos o ya en Ceuta. "Hay muchos migrantes que se encuentran esperando en Ceuta, para realizar el cruce irregular al Campo de Gibraltar, siguiendo el mismo modus operandi".

Tres inmigrantes que están citados a declarar hoy como testigos en la Audiencia Nacional, a petición propia, ante la juez María Tardón en relación con la entrada masiva en Ceuta el pasado julio identificaron la pasada semana ante la Policía Nacional a una decena de altos cargos y mandos policiales marroquíes que se encontraban en la frontera durante la avalancha migratoria del pasado 30 de julio. A cinco de los cuales, además, ellos mismos les vieron sobre el terreno ese día cuando se dirigían a la ciudad autónoma aprovechando la entrada masiva.

Así consta en las actas de declaración –a las que ha tenido acceso LA RAZÓN–, en las que identificaron, entre otros, al «wali» o gobernador de la región de Tánger-Tetuán-Alhucemas (cargo equivalente a nuestros delegados del Gobierno); al jefe de Policía de Tetuán; al «mkadam» de Castillejos, funcionario del Ayuntamiento de dicha localidad; al «bacha» y a un teniente de auxiliares de ese mismo municipio; y al jefe de la Policía de Rincón.

De hecho, un sargento de la Gendarmería Real de Marruecos que accedió a nado a la ciudad autónoma ese día, Hicham E. B., advirtió en su declaración a los agentes españoles de las consecuencias que tendría para él regresar a su país tras haber abandonado el servicio para trasladarse a España de forma ilegal. «Si volviese a Marruecos me podrían meter en la cárcel», trasladó a la Policía el pasado día 19.

Tardón les ha citado a declarar hoy a petición de los propios inmigrantes para que ratifiquen las actas de reconocimiento efectuadas ante los agentes.

Entraron a nado

Mohamed A. (que también entró a nado en Ceuta el 30 de julio), por ejemplo, identificó «sin género de dudas») a cuatro personas y según dijo a todas ellas las vio en la frontera.

En cuanto al «wali» de Tánger-Tetuán-Alhucemas, que según afirmó es Younes Tazi y vestía «camiseta o polo de color verde y gorra», le definió como «la máxima autoridad de la administración territorial del Estado marroquí» en una determinada zona.

Este individuo, según relató, es «el encargado de la logística de la gente que se devuelve a Marruecos por parte de España», pues su cometido sería «organizar los autobuses que los trasladan, la comida que les dan y todo eso».

Otra autoridad a la que puso nombre y apellidos (y a quien, a diferencia de otros de los testigos, no vio en la frontera) es Mohamed el Oualidi, quien según explicó a la Policía es el jefe policial de Tetuán. «Es lo más», recalcó antes de referir que se trata de la «máxima autoridad en ese lugar».

También identificó al «secretario de Administración» provisional, pero no pudo dar su nombre y apellidos. Lo mismo que ocurrió respecto al «jefe del distrito» y a otra persona que, contó «puede ser periodista».

"Pocas fuerzas de seguridad"

«Había policías, fuerzas de seguridad y otras personas vestidas de civil que también podían ser policías y que parecían personal del bacha», explicó en su declaración. El bacha, mientras, «estaba dando órdenes» a los agentes y a las fuerzas auxiliares. Allí había más o menos, especificó, 20 o 30 agentes, «aunque había muchos más en otras zonas de la rotonda en donde se encontraba». Él, sin embargo, pudo pasar «sin problemas», pues no le pararon porque «había mucha gente pasando».

Otro de los testigos, Ziyad A. Y., –quien también entró a nado en Ceuta– dijo que camino de la frontera observó «pocas fuerzas de seguridad» marroquíes. «No había mucha Policía ni fuerzas auxiliares», afirmó.

Este testigo identificó fotográficamente a cuatro personas –aunque a diferencia del anterior a ninguna de ellas las vio en las inmediaciones del paso fronterizo–. Ni al «mkadam» de Castillejos, ni a un teniente de las fuerzas auxiliares de este mismo municipio, ni tampoco al «mkadam» de Condisa y al jefe de la Policía local de Rincón.

Según su testimonio, desde el año 2021 había intentado entrar en España «más de diez veces», por lo que vio hasta en cuatro ocasiones en la frontera a dicho teniente.

Un sargento de la Gendarmería

El último de los tres testigos, Hicham E. B. –que ha trabajado como sargento-jefe de la Gendarmería Real de Marruecos–, consiguió entrar a nado tras ser rechazado en un intento tres días antes. En la frontera, observó que había «agentes de las fuerzas auxiliares de Rabat, agentes de la Policía Nacional Marroquí y agentes de la Gendarmería Real». Este inmigrante identificó a su vez a dos personas: el bacha de Castillejos, a quien vio «en una rotonda situada debajo del hotel Senator, cerca de la frontera» entre las diez y las diez y media de la mañana; y a Mohamed El Oualidi, «wali al-amn» de Tetuán, encargado más de la seguridad. A este último, sin embargo, no le vio en los aledaños de la frontera de Ceuta.

Ayer mismo Tardó escuchó los testimonios de tres consejeros ceutíes: Alberto Gaitán, titular de Vivienda; Nabila Benzina, consejera de Sanidad y Servicios Sociales; y Alejandro Ramírez, vicepresidente primero y consejero de Medio Ambiente (estos dos últimos estuvieron in situ en el paso fronterizo durante la entrada masiva y coincidieron en la «pasividad» de los agentes marroquíes). Benzina explicó que en el mismo espigón, mientras miles de inmigrantes accedían a Ceuta, la mayoría a nado, el entonces delegado del Gobierno Miguel Ángel Pérez Triano preguntó: «¿Marruecos está colaborando?», una pregunta que le dejó «en shock» y a la que la consejera de Sanidad contestó irónica: «¿No lo estás viendo?».

El magistrado de la Audiencia Nacional Enrique López ha defendido este martes durante la presentación de su libro "El Estado del Estado" (Ediciones Deusto) en LA RAZÓN el papel de la Constitución y la importancia de la defensa de las instituciones para mejorar la vida de las personas.

López ha reconocido durante su intervención que el libro nace de su preocupación por el "deterioro de la vida pública", aunque ha evidenciado su esperanza de que se pueda recuperar la confianza en las instituciones. "Hay algo que me preocupa especialmente: la facilidad con la que podemos acostumbrarnos al deterioro. Una anomalía se repite, después se encuentra una justificación y acaba formando parte del paisaje", ha apuntado.

El jurista hizo hincapié en que en los últimos años se han producido una serie de hechos que "no deberían haber pasado nunca y que no deberían volver a ocurrir". En concreto se refirió a la derogación del delito de sedición o también a las protestas que han sacudido las calles de Barcelona y de Bilbao en los últimos días. Al respecto dijo que nos enfrentamos a situaciones callejeras "para las que el Código Penal ha sido absolutamente desarmado".

Por ello, el magistrado ha apelado a la necesidad de recuperar la confianza en las instituciones y de reconocer el "valor" de la Carta Magna. "Cuando hablo del Estado y de sus instituciones pienso en experiencias concretas (...). A veces hablamos de la separación de poderes y de la independencia judicial como si fueran cuestiones reservadas a juristas y políticos, pero de ellas depende una parte esencial de nuestra vida", ha apostillado.

"Los límites del poder importan"

Al hilo, ha defendido que una democracia necesita "buenas leyes e instituciones, pero también responsabilidad, honestidad y ciudadanos comprometidos". En ese sentido, alertó de que le preocupa que cualquier discrepancia se convierte en nuestros días en "una descalificación personal". "Los límites del poder importan, y mucho, cuando quien gobiernan considera que sus propósitos justifican ampliar sus márgenes de actuación", ha asegurado López.

Tras su intervención, se ha celebrado una mesa redonda en la que han participado el magistrado del Tribunal Supremo instructor del "procés", Pablo Llarena; el fiscal de Sala del Tribunal Supremo Javier Zaragoza y el director de LA RAZÓN, Francisco Marhuenda. En su intervención, Zaragoza recogió el guante de López y advirtió del deterioro de las instituciones, cuya fortaleza, recalcó, «se basa principalmente en la independencia del Poder Judicial».

Para Zaragoza, el libro de López le evoca los principios del regeneracionismo de finales siglo XIX y principios del XX, y, a este respecto, ha destacado que la regeneración democrática y el objetivo de "reconstruir un proyecto integrador y común" en España "no pasa por controlar a los medios de comunicación ni por colonizar el Poder Judicial".

Llarena: "El esfuerzo de intentar alejarse de la política de partidos"

Llarena, por su parte, ha asegurado que el libro responde a la "experiencia vital de Enrique López y a su dedicación pública desde distintos puestos de responsabilidad" –fue vocal y portavoz del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) además de magistrado del Tribunal Constitucional, entre otros destinos que jalonan su prolija actividad pública–.

Y al hilo de las reflexiones de la obra ha agradecido a su autor "el esfuerzo de intentar alejarse de la política de partidos». "No se queda en la independencia de la Justicia, que es la que mejor conoce, sino que aborda también los grandes desafíos sociales e internacionales" ha puesto en valor. A Llarena también le parece relevante que López partiera de la "diversidad del Estado y de la necesidad de preservarla" en su defensa por la unidad de España. Además, ha ponderado el afán del autor por desarrollar "cómo debe conducirse la ética pública desde la moderación y, también desde la ética del deber".

Llarena también se ha referido a la preocupación que mostró López sobre la pérdida de confianza de la ciudadanía en lo político. "Reflexiona mucho sobre la polarización y sobre cómo lo rompe todo: la credibilidad institucional, la unidad social, incluso la legitimación de gobierno y la propia unidad entre españoles", apunta el magistrado del Tribunal Supremo.

Marhuenda: "El Gobierno se ha alegado de la centralidad"

Por último, el director de LA RAZÓN ha precisado que López ha escrito el libro en el marco de una legislatura que ha calificado de "atropellada" y con un Gobierno "que se ha alejado absolutamente de la centralidad". Al hilo ha recordado que, en el contexto actual, "se cuestiona al Poder Judicial" desde un Ejecutivo que, "por primera vez gira hacia un radicalismo extremo y rompe los puentes con la oposición".

Marhuenda ha enfatizado que entre los retos pendientes a los que alude López en el libro se encuentra el de "garantizar la independencia de la Fiscalía y que la Abogacía del Estado lo sea del Estado, no del Gobierno". "Es un libro muy recomendable", ha destacado, en la medida en que incorpora "reflexiones de un servidor público que ha estado en varios puestos de responsabilidad sirviendo a la sociedad".

En el acto han ejercido como anfitriones el presidente del Grupo Planeta, José Creuheras; el presidente de LA RAZÓN, Mauricio Casals; el consejero delegado, Andrés Navarro; y Francisco Marhuenda.

Además, López ha estado arropado, entre otros, por el presidente de la Audiencia Nacional, Juan Manuel Fernández; el presidente de la Sala de lo Penal de este órgano, Alfonso Guevara; los magistrados del Tribunal Constitucional César Tolosa y Concepción Espejel; el magistrado del Tribunal Supremo Ángel Luis Hurtado; la vocal del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) Gema Espinosa; el expresidente del Consejo Vicente Guilarte; los fiscales de la Audiencia Nacional Marcelo Azcárraga y Carlos García Berro y reputados letrados como Carlos Bautista, Jesús Mandri o Javier Gómez Bermúdez, entre otros. También acudieron los exministros José Manuel Soria y Ángel Acebes.

El Gobierno de Ceuta ha cifrado 45,3 millones euros el coste económico "extraordinario" de la crisis migratoria originada tras la entrada masiva e irregular de inmigrantes del pasado mes de julio. En un informe enviado a la juez de la Audiencia Nacional María Tardón, que investiga si la invasión supuso un "ataque" contra la integridad territorial del España, al que ha tenido acceso LA RAZÓN, el Ejecutivo ceutí detalla la valoración económica e incluye las previsiones presupuestarias necesarias para afrontar las consecuencias de la crisis migratoria.

El documento, elaborado por la Consejería de Hacienda, Transición Económica y Transformación Digital para dar cumplimiento a un requerimiento judicial, expone que esos 45,3 millones de euros, 31,7 millones se destinaron a reforzar los recursos en materia de "medio ambiente, limpieza e instalaciones críticas".

De esta cantidad, 13,5 millones se destinan a limpieza extraordinaria, a los que se suman otros 3,5 millones para trabajos de limpieza mediante encargos a medios propios y otros 7 millones adicionales para la "recuperación medioambiental de playas y montes".

El informe detalla que los costes engloban tanto a aquellos gastos "corrientes necesarios para atender la emergencia" como aquellos destinados a la "realización de inversiones y obras extraordinarias para proteger instalaciones críticas y ampliar la capacidad de determinados servicios".

Ahora bien, explica que todo este montante no incluye "los costes de atención a los menores ni las pérdidas de la Autoridad Portuaria" ni tampoco constituye una "cuantificación general de las pérdidas del conjunto de la economía ceutí, del sector empresarial o del empleo".

Por otro lado, el documento contempla 2,85 millones para obras de emergencia y seguridad en instalaciones críticas, 650.000 euros para actuaciones en el cementerio y 200.000 euros para reforzar la seguridad en las playas.

Según la Consejería de Hacienda, estas intervenciones responden a la necesidad de garantizar la salubridad de los espacios públicos, reparar los efectos medioambientales de la emergencia y asegurar el funcionamiento de infraestructuras esenciales.

El segundo bloque de mayor impacto presupuestario corresponde a sanidad y servicios sociales, con 9,9 millones de euros. La mayor parte de esta cantidad, 7,5 millones, está destinada a cubrir necesidades de alimentación. A ello se añaden 450.000 euros para vacunaciones, material epidemiológico y actuaciones de laboratorio, dentro de las medidas extraordinarias de protección de la salud pública.

El informe recoge igualmente 1,15 millones para obras de emergencia destinadas a ampliar el cementerio y adquirir material, otros 600.000 euros para seguridad en cementerios y 200.000 euros para la atención a fallecidos.

1,3 millones para la seguridad en los colegios

Las consecuencias de la invasión del pasado mes de julio también han obligado a prever actuaciones extraordinarias en el ámbito educativo. El informe cuantifica estas necesidades en 1,48 millones de euros, de los cuales 1,3 millones corresponden al refuerzo de la seguridad en los colegios. Otros 50.000 euros se destinan a cámaras de seguridad y 130.000 euros al traslado de una escuela infantil.

Otro de los capítulos incluidos en el informe es el relativo a las consecuencias económicas de la suspensión de las actividades de Feria. El ejecutivo ceutí prevé 690.000 euros en indemnizaciones para los colectivos afectados. De esa cantidad, 300.000 euros corresponden a los feriantes, 240.000 euros a los caseteros y 150.000 euros a las orquestas.

En paralelo, la respuesta a la emergencia también ha exigido reforzar los dispositivos de seguridad y los servicios operativos municipales. La Consejería de Hacienda calcula en 1,55 millones de euros el coste extraordinario correspondiente a Policía Local, Bomberos y Parque Móvil.

Un consejero de Juan Jesús Vivas, Alberto Gaitán, ha asegurado a la magistrada de la Audiencia Nacional María Tardón, que investiga la entrada masiva de inmigrantes en Ceuta el pasado julio que dos semanas antes alertó a la secretaria de Estado de Interior del Ministerio del Interior, Aina Calvo, del inusual aumento de entrada de menores inmigrantes en la ciudad autónoma, a lo que la alto cargo del departamento que dirige Fernando Grande-Marlaska habría reaccionado restando importancia a la advertencia y, según fuentes jurídicas, y reduciendo la situación a lo que consideraba "un verano más".

Según esas mismas fuentes, tanto Gaitán, consejero de Presidencia, como los otros dos miembros del Ejecutivo ceutí que han testificado -Nabila Benzina, consejera de Sanidad y Servicios Sociales, y Alejandro Ramírez, vicepresidente primero y consejero de Medio Ambiente, que estuvieron in situ en el paso fronterizo durante la entrada masiva- han coincidido en señalar la "pasividad" de los agentes marroquíes mientras se producía la avalancha migratoria.

En la reunión con Interior en Madrid referida por Gaitán, celebrada el 16 de julio, Interior habría rechazado la propuesta del Gobierno de Vivas de instalar boyas que delimitaran el paso fronterizo en el mar porque podía causar "problemas". Sin embargo, esas boyas terminarían instalándose días después, aunque Gaitán ha dicho desconocer por orden de quién.

El propio Gaitán ha explicado que a consecuencia de la crisis migratoria entre el 30 de julio y el 30 de octubre, el 112 ha recibido 12.000 llamadas, un 387% más.

Los testigos han prestado declaración ante la juez Tardón, el fiscal jefe de la Audiencia Nacional y los representantes de las acusaciones populares que ejercen Iustitia Europa, Hazte Oír, PP, Zeolandia y Abogados Cristianos y de la acusación particular del Gobierno de Vivas.

Otro de los testimonios que ha escuchado Tardón -quien según fuentes presenciales ha dejado patente su "perplejidad" por el hecho de que, tres meses después, no haya todavía cifras oficiales definitivas sobre esa entrada masiva- ha sido el de la consejera de Sanidad. Nabila Benzima ha explicado que en el mismo espigón, mientras miles de inmigrantes accedían a Ceuta, la mayoría a nado, el entonces delegado del Gobierno, Miguel Ángel Pérez Triano, preguntó si Marruecos estaba actuando. "¿Marruecos está colaborando?», le escuchó decir, una pregunta que le dejó "en shock" por parecerle fuera de lugar, y a la que la consejera de Vivas le espetó: «¿No lo estás viendo?».

La juez pide una cadena de wasaps

Gaitán ha asegurado que tras esa primera advertencia, el 26 de julio volvió a contactar con Interior, esta vez por WhatsApp para comunicarles que la situación se complicaba, trasladándole desde el departamento de Grande-Marlaska que eran conscientes de la situación y que estaban trabajando en ello. El consejero de Vivas se ha comprometido con Tardón a aportar esa cadena de mensajes.

Según su testimonio, se produjeron reuniones el 27 y 28 de julio en la Delegación del Gobierno, donde se redobló la petición de más efectivos y de un mando único, al mismo tiempo que se sucedían los intentos de Vivas de contactar con Pedro Sánchez.

En cuanto a Ramírez, el vicepresidente ceutí ha contado que estuvo en la frontera a medianoche del 30 al 31 de julio, donde apreció un "flujo continuo" de inmigrantes accediendo a la ciudad autónoma en la zona del espigón, tanto a pie como a nado, utilizando estos últimos flotadores.

Actitud pasiva de los agentes marroquíes

Ramírez y Benzina han afirmado que inicialmente pensaron que el cordón militar se había desplegado para canalizar el retorno a Marruecos de los inmigrantes, pero tras preguntar cayeron en la cuenta de que se les estaba reconduciendo hacia el polígono del Tarajal, lo que trasladaron al presidente Vivas.

La consejera de Sanidad recuerda la presencia de varias personas con uniforme, que supuso eran militares, que se encontraban junto al espigón limitándose a observar lo que sucedía. Según su testimonio, algunas personas que ya habían cruzado a suelo español agrupaban los flotadores utilizados y los lanzaban de nuevo al otro lado, donde se encargaban de repartirlos para nuevas oleadas de inmigrantes.

Respecto a la actitud de los agentes marroquíes en la frontera durante la entrada masiva de inmigrantes, Ramírez ha contado que observó a uno sobre una toalla mirando su móvil y a otro rezando, incidiendo en la pasividad de los mismos ante lo que estaba sucediendo.

Benzina ha cifrado en 90 el número de fallecidos en el aluvión migratorio y ha explicado que Marruecos rechazó en la misma frontera la entrega de los cuerpos, según le refirió la funeraria encargada de los traslados.

A este respecto, ha contado que la capacidad del Instituto de Medicina Legal de Ceuta era absolutamente insuficiente, pues tiene capacidad para la conservación de nueve cadáveres, por lo que hubo que acondicionar -con ayuda del Ejército- cámaras adicionales con palés capaces de alojar a 200 cuerpos.

"Presencia directa" en la zona

La juez María Tardón acordó la citación de los tres consejeros del Ejecutivo de Ceuta en calidad de testigos tras la declaración del presidente de la ciudad autónoma, Juan Jesús Vivas, que les señaló por haber tenido "presencia directa en las zonas afectadas o participación activa en la gestión de la crisis" provocada por la entrada masiva e irregular de inmigrantes y quien aseguró que la administración local trató de contactar con el Gobierno central sin éxito alguno en sus comunicaciones.

La instructora reclamó, de hecho, toda la información de esos contactos el Gobierno de Ceuta y a la Delegación del Gobierno en la ciudad autónoma y "toda la documentación" sobre las reuniones mantenidas los días 27, 28 y 30 de julio relacionadas con las alertas de una posible avalancha migratoria. Se trata de unas reuniones, que según expuso en una resolución judicial, en las que se "abordó reiteradamente la gravedad de la situación, se solicitaron medidas extraordinarias y se transmitió a las autoridades competentes la necesidad de adoptar actuaciones urgentes" y respecto de las cuales se han referido diversos testigos en sede judicial.

La magistrada expuso que la entrada masiva "no tuvo naturaleza ocasional o espontánea, sino que se trató de un proceso organizado en el que la finalidad migratoria operó sólo como cobertura formal que sirvió para fomentar, impulsar y dirigir un flujo masivo de personas a la ciudad de Ceuta". Más aún, detalló que la finalidad de la mayoría de inmigrantes no era permanecer en territorio español, sino "obtener un máximo impacto sobre la gestión fronteriza hasta su colapso" y "eliminar la capacidad de respuesta por parte de España para contener o revertir la situación".

Alberto Ramón Gaitán, consejero de Presidencia y Gobernación, que ostenta competencias relacionadas con el área de menores, cuya cifra alcanza ya los 3.300 tutelados por la ciudad autónoma.

Tanto Nabila Benzina, consejera de Sanidad y Servicios Sociales, como Alejandro Ramírez, vicepresidente primero y consejero de Medio Ambiente, Servicios Urbanos y Vivienda, estuvieron "in situ" en el paso fronterizo el día de la entrada de inmigrantes a Ceuta

Iustitia Europa ha instado al Tribunal Supremo a suspender también el voto a los hijos de nacionalizados por la "ley de nietos", ante la constancia de que están a salvo de la medida cautelar que sí afecta a sus progenitores, los más de 163.000 nuevos españoles que adquirieron la nacionalidad a través de la citada norma y cuyo derecho al voto ha suspendido la Sala Tercera.

En su petición, el partido de Luis María Pardo justifica que la medida deba acordarse "de inmediato" en "la proximidad de las fases decisivas del calendario electoral", en el "riesgo de incorporación de los votos antes de completar la verificación" y en la existencia de una suspensión cautelar respecto a los nacionalizados cuyo parentesco les permite a ellos a su vez optar por la nacionalidad española.

La formación recuerda que la propia Administración ha cifrado en 195.872 las nacionalidades concedidas a hijos de quienes se han beneficiado de la "ley de nietos" y en otros 134.405 las solicitudes ya aprobadas y pendientes de inscripción.

"La previa nacionalidad del progenitor constituye así presupuesto jurídico del título ejercitado por el hijo y la propia instrucción exige la correspondiente acreditación registral del padre o madre", incide Iustitia Europa, que pone de relieve que existe "una relación documental susceptible de comprobación inmediata entre el progenitor, la vía por la que este adquirió la nacionalidad y el posterior título del hijo".

Según pone de relieve, resulta necesario determinar qué electores "se encuentran efectivamente incorporados al CERA aplicable al 29 de noviembre, quién es el progenitor del que deriva cada adquisición y cuáles de dichos progenitores se encuentran comprendidos en las medidas cautelares vigentes". Una vez identificados, añade, "procede aplicar respecto de ellos el mismo régimen cautelar de suspensión de efectos electorales".

Pardo se queja de que "a menos de un mes de las elecciones, seguimos sin saber con certeza con qué censo vamos a votar", lo que considera "inadmisible y extremadamente grave". "Esto va mucho más allá de una ley o de una instrucción: afecta directamente a la legitimidad del proceso democrático", denuncia.

El censo electoral, hace hincapié el presidente de Iustitia Europa y cabeza de cartel por Madrid en las elecciones del 29N, "es la base sobre la que se expresa la voluntad popular". "Si existen alteraciones o incorporaciones que no han sido suficientemente comprobadas -advierte- la legitimidad del resultado electoral puede quedar seriamente cuestionada". "Una democracia no puede permitirse llegar a unas elecciones con dudas de esta magnitud sobre su censo", asegura.

"Datos oficiales desglosados"

Al mismo tiempo, la Asociación por la Reconciliación y la Verdad Histórica ha dirigido sendos escritos a la Sala Tercera, Sección Cuarta, del Tribunal Supremo, en las piezas de medidas cautelares de los recursos de Iustitia Europa y Vox, relativos a las consecuencias electorales de la aplicación de la "ley de nietos".

Según apunta esta entidad, las medidas cautelares afectan al primer inciso de la disposición adicional octava.1 de la Ley 20/2022, mientras que los hijos mayores de edad pueden optar por otra vía: el apartado 1.b), aplicable a supuestos vinculados tanto a la Ley de Memoria Democrática de 2022 como a la anterior norma, que data de 2007.

En este sentido, menciona los 195.872 expedientes del Anexo III, "cifra que no equivale a electores inscritos ni permite conocer cuántos derivan de nacionalizaciones matrices sujetas a cautela". La asociación pide "verificarla mediante datos oficiales desglosados por título jurídico y situación de cada solicitud".

La asociación solicita que la Sala "aclare si las cautelares alcanzan a las inscripciones CERA del apartado 1.b) vinculadas con expedientes matrices afectados". Y pide asimismo a la Oficina del Censo Electoral, Exteriores y los órganos del Registro Civil "datos agregados e índices confidenciales para reconstruir la cadena entre expedientes originales, familiares, resoluciones e inscripciones".

También se pide "preservar los originales electrónicos, controles de versiones, justificantes de cita, firmas y registros de acceso". A este respecto, considera la entidad que "solo si la comprobación oficial detecta irregularidades concretas y suficientemente individualizadas, se interesa que el Supremo valore una medida adicional proporcionada, con las garantías de audiencia y contradicción correspondientes".

De igual manera que Iustitia Europa, considera que la "proximidad de las elecciones del 29 de noviembre justifica solicitar urgencia".

El juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz reafirma la necesidad de seguir investigando el papel que jugaron las supuestas "cloacas del PSOE" en el acoso a la magistrada Beatriz Biedma, que instruyó la causa contra David Sánchez y sentó en el banquillo al hermano del presidente del Gobierno.

Para el togado, existen indicios suficientes para investigar "la posible intervención" de Leire Díez, la conocida como "fontanera del PSOE" a la que, con Santos Cerdán al frente de la Secretaría de Organización, Ferraz financió sus actividades, algunas de las cuáles se pergeñaron en un "piso franco" en el centro de Madrid para reuniones con el resto de investigados, entre ellos el exjuez Luis José Sáenz de Tejada, que contactó con clanes de la droga de Badajoz para actuar contra Biedma, llegando a trasladar a una de sus interlocutoras, Cintia Rocho, del "clan de los Rochos", que había que "eliminar" a la juez porque era un "puto grano en el culo".

Pedraz se expresa en esos términos en la resolución en la que desestima el recurso de Leire Díez contra su decisión de aceptar la personación de Biedma en el procedimiento en calidad de perjudicada, hasta el momento por ser víctima de un posible delito de calumnias.

No es una causa prospectiva

El juez niega también que la investigación que dirige sea prospectiva, como mantiene Leire Díez, pues según señala "los hechos relacionados con la magistrada ya aparecen incorporados al material obtenido durante la investigación principal y guardan relación con el objeto de la causa, por lo que su examen forma parte natural de la instrucción".

Según pone de relieve el juez del "caso cloacas" en ese auto, al que ha tenido acceso LA RAZÓN, "para reconocer la condición de perjudicada no es necesario demostrar ya que exista un delito consumado, ni que concurran todos los elementos objetivos y subjetivos de una eventual calumnia". A este respecto matiza que "basta con apreciar una vinculación directa y razonable entre los hechos investigados y el perjuicio alegado".

Y recuerda que contra Biedma "se presentaron denuncias atribuyéndole hechos de naturaleza claramente delictiva" que fueron archivadas. No obstante, matiza, ese carpetazo judicial "no resuelve por sí mismo si existió o no una actuación calumniosa", pues determinar este hecho "corresponde a la instrucción".

Biedma sí es perjudicada

Pedraz asegura que dado que en la providencia del pasado 28 de septiembre recurrida por la defensa de Díez -en la que aceptó la personación de Biedma- no se la menciona, "ni siquiera sería necesario dar respuesta a lo planteado".

Pero, en todo caso, le aclara que "existen elementos que justifican investigar" su "posible intervención" en la "promoción o impulso de aquellas denuncias, más allá de que estuvieran formalmente firmadas por Luis José Sáenz de Tejada", el exjuez apartado de la carrera judicial tras ser condenado por violencia de género en un procedimiento que instruyó la propia Biedma y que la convirtió en el objetivo de sus ataques en su canal de YouTube "Magistrado Anticorrupción".

Para el titular del Juzgado de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional, la condición de perjudicada de Biedma por la supuesta trama para desbaratar las causas judiciales que atosigan al Gobierno de Pedro Sánchez y al propio PSOE no está en cuestión por el hecho de que las denuncias contra ella terminaran archivándose. "Aunque las denuncias fueran archivadas, el eventual daño al honor nace de la propia imputación de delitos y no depende de que la denuncia prospere o alcance el resultado pretendido", reza el juez.

Interrogatorios pendientes

En su recurso, la fontanera expuso que no existe "el más mínimo indicio" de la comisión del delito de calumnias por su parte y que "una denuncia archivada" no podía constituir este tipo penal. Se refiere la defensa de Díez a la batería de denuncias que la cloaca interpuso contra la juez tanto en la Fiscalía General del Estado como en el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) en su objetivo por intentar apartarla del caso del "hermanísimo".

"Todo procedimiento judicial incoado contra ella a instancia del Sr. Sáenz de Tejada ha resultado archivado, por lo que no ha resultado dañada su honorabilidad ni profesionalidad, máxime cuando las recusaciones presentadas contra ella no han sido aceptadas ni ha sido apartada de su puesto de Magistrada titular", argumentó la defensa letrada. Del mismo modo recordó que este tipo de acciones se atribuyen a Sáenz de Tejada, sin que ella tuviera nada que ver en el asunto.

Así pues, Pedraz sigue adelante con esta investigación en el marco de la cual interrogará el próximo 28 de octubre a Saénz de Tejada. El magistrado le imputó por cuatro delitos, entre ellos el de organización criminal, tras la comparecencia en sede judicial de Biedma. El instructor le preguntará por la campaña de acoso que denunció la juez en su comparecencia en sede judicial.

En dicha declaración, Biedma explicó que durante el tiempo que instruyó la causa contra David Sánchez sintió mucha "angustia" por la cacería a la que se vio sometida. Además, confesó que personas desconocidas se hicieron pasar por su hermano (que no tiene ) o su secretario en el colegio de sus hijas. También le enseñaron vídeos que se habían grabado de las menores, algo que le asustó especialmente.

El mismo día de su comparecencia en sede judicial, por la tarde, habría sido víctima de seguimientos por parte de propio Sáenz de Tejada. Biedma denunció en una comisaría de Policía Nacional que en el trayecto de vuelta del aeropuerto a su domicilio un coche blanco se puso a la altura del suyo y que, según su hija menor, en el mismo iría el exjuez ahora imputado. Dicha denuncia se ha adherido al procedimiento que se sigue en la Audiencia Nacional si bien el propio Sáenz de Tejada ha remitido un escrito explicando que él no era porque ese mismo día a esa hora estaba en Ciudad Real y no en Badajoz.

La Diputación de Badajoz se opone a que el Tribunal de Cuentas actúe para que David Sánchez devuelva los más de 340.000 euros percibidos por el puesto de alta dirección que ostentó entre 2017 y 2025. El ente que preside la socialista Raquel del Puerto explica al máximo órgano fiscalizador que "no existe un concreto menoscabo en los fondos públicos" con los pagos al hermano del presidente del Gobierno y tampoco a Luis María Carrero, exasesor de Moncloa a quien el músico enchufó en el ente.

Así consta en la nueva documenta a la que ha tenido acceso LA RAZÓN y que se ha adherido a las diligencias abiertas para recuperar los fondos que ambos percibieron del ente tras la condena de la Audiencia Provincial de Badajoz. El procedimiento contable arranca con el impulso de Abogados Cristianos, al que se suman Hazte Oír, Vox e Iustitia Europa; entes todos ellos que ejercieron la acusación popular en la causa penal. La sentencia de los magistrados abrió la puerta a que se reclamara la responsabilidad civil de ambos, toda vez que resultaron condenados por un delito de prevaricación.

Sin embargo, la Diputación de Badajoz ya avisa que no hay menoscabo del dinero público. La sucesora de Miguel Ángel Gallardo (condenado en esta causa a 18 años de inhabilitación) avisa que la eventual existencia de "irregularidades administrativas" no basta determinar la responsabilidad contable de los condenados. Además, avanza que solo tienen legitimidad para pedirla la propia Diputación (por ser la que efectuó los pagos a David Sánchez y a su "hermanito") y la Fiscalía. Se da la circunstancia de que la primera de ellas se opone a recuperar el dinero que habría percibido de manera irregular.

En manos de la Diputación y la Fiscalía

De hecho, el ente pacense explica que la legitimación para reclamar los 340.000 euros pagados a David Sánchez y los cerca de 87.000 percibidos por Carrero corresponde "en exclusiva" a la "entidad local pagadora de las retribuciones" (esto es, a ellos mismos) o, "alternativamente", a la Fiscalía. Se trata de un extremo que ya contempló la Audiencia Provincial de Badajoz que en su sentencia expuso que no iba a entrar en el análisis de la responsabilidad civil de los condenados (entre los que se encuentran exaltos cargos de la Diputación) porque ello corresponde al Tribunal de Cuentas.

El Ministerio Público (que declinó acusar en el procedimiento penal) no se opone a que se practiquen las diligencias necesarias, de acuerdo con un escrito remitido al departamento segundo de enjuiciamiento, que dirige la consejera Elena Hernáez. En concreto, el fiscal pide que se ponga en marcha el proceso contable "para que se practiquen las diligencias" que contempla la ley.

La Diputación pacense, sin embargo, se niega a ello pese a ser la que desembolsó las cuantías irregularmente percibidas. Según indica, las retribuciones devengadas a Carrero y al hermano del presidente del Gobierno "guardaron correspondencia con los servicios efectivamente prestados y con las funciones desarrolladas". Cabe recordar que Sánchez obtuvo la plaza pública como coordinador de los conservatorios pacenses en 2017 aunque esa misma plaza derivó luego en jefe de la Oficina de las Artes escénicas. La juez que instruyó estas diligencias, Beatriz Biedma, entendió que se trató de un ascenso encubierto toda vez que modificó sus prestaciones iniciales sin que la plaza saliera a concurso.

Sin perjuicio para las arcas de la Diputación

Sin embargo, el ente que en el momento de los hechos presidía Miguel Ángel Gallardo expone que queda acreditado que los condenados prestaron los servicios por los que lograron sus cargos públicos, por lo que no cabría abrir el proceso contable para reintegrar los más de 400.000 euros que abonó la Diputación. Además, dicen que la sentencia de la Audiencia de Badajoz del pasado 14 de julio no es firme y que habría que esperar a que el Tribunal Superior de Justicia de Extremadura resuelva los recursos para actuar.

El dictamen que firma la presidenta de la Diputación se apoya en un informe previo de la Intervención General en el que se avisa que, para impulsar el proceso contable, se exige que el menoscabo sea "real y efectivo". "La ilegalidad del procedimiento seguido para la creación de un puesto o la selección de personal no determina por sí sola la existencia de daño cuando los pagos respondan a una contraprestación efectivamente realizada", avisa la Intervención.