El presidente del Congreso de la República, Luis Contreras, y la presidenta de la Corte Suprema de Justicia, Jenny Alvarado Tení, analizarán el martes 3 de noviembre a las 08:00 el veto presidencial al Decreto 23-2026, una reforma al Código Procesal Penal sobre prisión preventiva cuya aplicación inmediata plantea objeciones para el sistema de justicia. El pleno legislativo conocerá ese día las observaciones del Ejecutivo, aunque no prevé votar de inmediato si las acepta o insiste en el texto aprobado.

La reforma había sido aprobada el 29 de septiembre con 139 votos y modificaba 15 artículos del Código Procesal Penal. Entre sus cambios, establecía un máximo de 24 horas para celebrar la audiencia de primera declaración tras una aprehensión y prohibía trasladar al sindicado a un centro de detención antes de esa diligencia.

El diputado Álvaro Arzú Escobar, presidente de la Comisión de Reformas al Sector Justicia, también participará en la reunión. Esa instancia emitió el dictamen favorable que permitió la aprobación de la iniciativa.

Los legisladores disponen de 10 días para evaluar el veto. Contreras indicó que, tras ese plazo, el Congreso podrá aceptar las objeciones o insistir en el decreto mediante una votación calificada.

La vigencia inmediata y los riesgos para los tribunales

El presidente Bernardo Arévalo vetó la norma el miércoles 28 de octubre mediante el Acuerdo Gubernativo 173-2026, publicado en el Diario de Centro América. La decisión fue adoptada en Consejo de Ministros junto con la vicepresidenta Karin Herrera y los ministros de Gobernación y de Relaciones Exteriores.

El Ejecutivo devolvió el decreto completo al Congreso porque la Constitución no contempla un veto parcial. Sus objeciones se centran en posibles contradicciones con el artículo 2 constitucional, que obliga al Estado a garantizar la seguridad jurídica mediante leyes “confiables, estables, predecibles, inteligibles y coherentes”.

Uno de los reparos se dirige al artículo 8 de la reforma, que incorporaba el artículo 264 Quáter al Código Procesal Penal. La disposición prohibía otorgar medidas sustitutivas a personas procesadas por determinados delitos, pero no los enumeraba de forma expresa, lo que el Gobierno considera una fuente de incertidumbre para los jueces.

El acuerdo también cuestiona la inclusión de la figura de “violación calificada” entre los delitos mencionados. Esa denominación fue derogada en 2009 por la Ley contra la Violencia Sexual, Explotación y Trata de Personas.

La segunda objeción se relaciona con la falta de normas transitorias. El decreto entraría en vigor al día siguiente de su publicación, sin prever un plazo para implementar la Unidad de Control de Medidas de Coerción, que quedaría adscrita a la Corte Suprema de Justicia y supervisaría el cumplimiento de medidas cautelares alternativas a la prisión preventiva.

Contreras señaló que esa dificultad fue planteada por Alvarado Tení durante una reunión sostenida el jueves entre ambos. El encuentro llevó a cancelar otra cita prevista para el viernes 30 de octubre.

“La presidenta de la CSJ expuso los problemas que esto podría representar para los tribunales”, afirmó el legislador. Las conversaciones continuarán con integrantes de la Comisión de Reformas al Sector Justicia, asesores legislativos y los diputados ponentes de la iniciativa.

El Acuerdo Gubernativo 173-2026 también cita una sentencia de la Corte de Constitucionalidad del 14 de agosto de 2012. El fallo establece que toda ley debe tener una base razonable y respetar criterios de logicidad, proporcionalidad y razonabilidad, condiciones que el Ejecutivo considera ausentes en las reglas de vigencia de la reforma.

Las reglas propuestas para la prisión preventiva

El Decreto 23-2026 disponía que la prisión preventiva solo podría ordenarse después del auto de procesamiento y ante un peligro real de fuga u obstaculización de la investigación. También trasladaba al Ministerio Público la obligación de fundamentar cada solicitud con medios de convicción.

La norma restringía, a la vez, la posibilidad de conceder medidas sustitutivas en casos de homicidio, asesinato, secuestro, extorsión y delitos contemplados en la Ley contra la Narcoactividad.

Contreras calificó la iniciativa como una “buena ley” destinada a impedir que una persona permanezca años en prisión preventiva sin condena. “Respetamos el veto del mandatario y lo vamos a analizar; el martes, durante la sesión plenaria, decidiremos qué vamos a hacer, pero ya estamos trabajando en una solución”, declaró.

Si el Congreso insiste en el texto original mediante votación calificada, la Corte de Constitucionalidad deberá emitir una opinión sobre la constitucionalidad del decreto antes de su promulgación. Si acepta las observaciones, los diputados deberán modificar el articulado y remitirlo nuevamente al Ejecutivo.

Guatemala recibió de Taiwán 20 camiones para ampliar la capacidad logística del Ministerio de Desarrollo Social en la estrategia Mano a Mano, que lleva materiales a comunidades priorizadas para sustituir pisos de tierra por concreto y ejecutar otras intervenciones contra la pobreza y la malnutrición.

Los vehículos, donados de forma no reembolsable por el Gobierno de la República de China, Taiwán, serán asignados al Ministerio de Desarrollo Social y al Fondo de Desarrollo Social. Su función será trasladar insumos, equipos y dotaciones hacia zonas donde las condiciones geográficas y la infraestructura vial dificultan la llegada de programas estatales.

La flota deberá operar en 114 municipios priorizados por Mano a Mano. El ministro de Desarrollo Social, Abelardo Pinto Moscoso, indicó que los primeros camiones comenzarán sus rutas en las próximas semanas y que la cartera informará a la embajada taiwanesa sobre las comunidades y las familias alcanzadas por los suministros transportados.

La ampliación de una flota para llevar cemento a las comunidades

La entrega da continuidad a una donación realizada en 2025, cuando Taiwán aportó 15 camiones y 30 vehículos tipo pickup para la misma estrategia. Según Pinto, esa flota contribuyó a que el Gobierno alcanzara el año pasado la meta de 50 mil pisos instalados.

Los nuevos vehículos tienen una capacidad de 12 toneladas cada uno. El ministro afirmó que reforzarán el traslado de cemento y otros materiales necesarios para mejorar las condiciones de habitabilidad de las familias que viven en pobreza y pobreza extrema.

La meta oficial para este año es completar 100 mil pisos adicionales, que se celebrarán el 11 de diciembre. Con ese resultado, el Gobierno prevé llegar a 150 mil pisos acumulados durante la actual administración y beneficiar a medio millón de guatemaltecos y guatemaltecas.

Pinto sostuvo que el desafío central de la cartera es lograr que las políticas sociales lleguen de manera efectiva a los territorios. “Guatemala tiene comunidades en donde las condiciones geográficas y de infraestructura vial hacen particularmente compleja la movilización de materiales, insumos y equipo”, señaló.

La sustitución de pisos de tierra constituye una de las intervenciones de Mano a Mano. El presidente de Guatemala, Bernardo Arévalo, explicó que los camiones trasladarán sacos de cemento hasta aldeas remotas para que las familias puedan contar con superficies que faciliten la limpieza de las viviendas.

Arévalo vinculó los pisos de concreto con la reducción de infecciones parasitarias, diarrea y anemia durante la primera infancia, además de mejores condiciones para el desarrollo cognitivo de los niños. Los hogares beneficiarios son identificados mediante información recogida casa por casa por el Registro Social de Hogares.

El mandatario indicó que los recursos se asignan a partir de criterios claros, objetivos y verificables sobre las privaciones de cada familia. También anticipó que la flota llevará estufas mejoradas, destinadas a sacar el humo de las cocinas, y filtros para que los hogares puedan consumir agua potable.

La cooperación taiwanesa en infraestructura, salud y desarrollo social

La embajadora de la República de China, Taiwán, Vivian Chang, sostuvo que los vehículos permitirán ampliar la cobertura del programa, fortalecer su operación y atender de manera más oportuna las necesidades de las comunidades beneficiarias.

“Los 15 camiones y los 30 vehículos tipo pickup que aportamos el año pasado ya contribuyen a las labores de transporte y distribución de suministros”, afirmó Chang. La diplomática destacó que aquella entrega facilitó que los recursos llegaran con mayor eficiencia a las localidades incluidas en la estrategia.

La cooperación entre ambos países también abarca la modernización y el fortalecimiento de la seguridad del Aeropuerto Internacional La Aurora, los estudios y el diseño del corredor CA9 Norte en el tramo entre Mayelas y Puerto Barrios, y un hospital especializado contra el cáncer.

Ese futuro centro de salud contará con servicios de radioterapia, quimioterapia especializada, hospitalización y cuidados intensivos. La embajadora añadió que Taiwán y Guatemala trabajan para acelerar su desarrollo.

Entre los proyectos mencionados figura además la residencia Nidia Martínez, cuya primera piedra fue colocada el 6 de octubre junto a Arévalo y la primera dama. Chang afirmó que estas iniciativas se suman al respaldo a Mano a Mano y reflejan una relación bilateral cimentada en casi un siglo de vínculos.

Arévalo agradeció el aporte taiwanés y recordó que la cooperación ha acompañado a Guatemala en salud, educación, energía, comercio, inversión y programas de becas para profesionales. “Taiwán ha creído en este esfuerzo y ha decidido acompañarlo”, expresó el Presidente durante la ceremonia de entrega de los vehículos.

El Ministerio Público y la Policía Nacional Civil realizaron este 30 de octubre al menos 16 allanamientos en Ciudad de Guatemala para reunir indicios sobre el asesinato del abogado Juan Francisco Solórzano Foppa y la muerte de Gustavo Adolfo Aguilar Gamarro, ocurridas durante un ataque armado en el Campo Marte. Las diligencias buscan localizar motocicletas que podrían haber sido utilizadas por los responsables del atentado.

La mayoría de los registros se concentró en viviendas de la colonia La Libertad, en la zona 13 de la capital guatemalteca. Los operativos se produjeron 13 días después del crimen y apuntan a reconstruir la ruta de los atacantes y determinar quiénes participaron en la agresión.

Solórzano Foppa, exjefe de la Superintendencia de Administración Tributaria y exfiscal antimafias del Ministerio Público, fue baleado la mañana del 17 de octubre mientras se encontraba en las canchas del Campo Marte, en la zona 5. Aguilar Gamarro, árbitro de un partido amateur de fútbol que se disputaba en el lugar, también murió por las heridas que sufrió durante el ataque.

Las motocicletas bajo investigación en la zona 13

La Fiscalía investiga si las motocicletas buscadas en los inmuebles allanados fueron empleadas para ejecutar o facilitar la huida tras el ataque. El Ministerio Público confirmó que sus equipos desarrollaban las diligencias para encontrar nuevos elementos que permitan esclarecer el doble homicidio.

La investigación se mantiene abierta pese a que, días después del crimen, altos mandos policiales indicaron que cuatro equipos de investigación y dos unidades de videoforense trabajaban en el caso. Durante una citación con diputados, las autoridades evitaron revelar las características de los sospechosos incluidas en una alerta policial, al sostener que esa información permanecía bajo reserva.

Los primeros avances del caso quedaron rodeados de cuestionamientos por la captura de los hermanos Rigoberto y Daniel Zaqueo Choc Toz. La Policía los detuvo pocos minutos después del ataque en la zona 16, a unos ocho kilómetros del Campo Marte, y los presentó como sospechosos del doble crimen.

Los agentes argumentaron que los hermanos transportaban un arma de fuego dentro de una caja utilizada para entregas de comida a domicilio. Sin embargo, ambos negaron cualquier relación con el crimen y pidieron que se revisaran las cámaras de seguridad para aclarar lo sucedido.

La hipótesis contra los detenidos perdió sustento al día siguiente. El 18 de octubre, el Ministerio Público pidió que no fueran ligados a proceso y un juzgado aceptó la solicitud, por lo que recuperaron la libertad por falta de mérito.

Siete policías detenidos por presuntas irregularidades

Un fusil que la Policía presentó como indicio contra los hermanos Choc Toz habría sido colocado por agentes y no correspondería al arma empleada en el ataque. Esa situación abrió una investigación sobre el procedimiento policial y una posible alteración de los elementos recogidos tras el crimen.

Las pesquisas derivaron en la captura de siete agentes de la Policía Nacional Civil el 23 de octubre: un comisario, un inspector, un oficial y cuatro agentes. El Ministerio Público los señaló por abuso de autoridad, simulación de delito, obstaculización a la acción penal y transporte o traslado ilegal de armas de fuego.

Los policías fueron trasladados a la cárcel de Mariscal Zavala en donde permanecerán por dos meses, tiempo en que el Ministerio Público debe presetarn indicios queen su contra.

El caso provocó cambios en la cúpula de la institución. El ministro de Gobernación, Marco Antonio Villeda, confirmó la destitución de David Custodio Boteo como director general de la Policía Nacional Civil y de Esvin Jacinto Quiché como subdirector de Operaciones.

Erick Rolando Osoy López asumió la dirección de la Policía, mientras Selvin Solano quedó al frente de la Subdirección de Operaciones. Gobernación también anunció una revisión de mandos y procedimientos para establecer si existieron deficiencias en la respuesta institucional.

Villeda reconoció que las autoridades tenían más dudas que certezas sobre lo ocurrido. La investigación debe establecer tanto quiénes asesinaron a Solórzano Foppa y Aguilar Gamarro como la actuación de los policías que participaron en las capturas posteriores al ataque.

El reclamo de justicia de la familia de Solórzano Foppa

La familia del exfiscal difundió un comunicado casi dos semanas después del asesinato para agradecer las expresiones de apoyo y reclamar avances en el esclarecimiento del caso. También valoró los aportes económicos recibidos, que le permitieron afrontar momentos especialmente difíciles.

En el mensaje, los familiares expresaron: “Son incontables las muestras de solidaridad que, como familia, hemos recibido ante el asesinato de Juan Francisco. Cada gesto de cariño, cada palabra y cada muestra de acompañamiento nos han dado fuerza y nos recuerdan que la dignidad y el compromiso con un país más justo siguen vivos”.

La familia reiteró su exigencia de una investigación rigurosa y de justicia por los asesinatos de Juan Francisco Solórzano Foppa y Gustavo Adolfo Aguilar Gamarro.

Guatemala envió 10.1 toneladas métricas de cacao orgánico desde Alta Verapaz hacia Amberes, Bélgica, en la primera exportación centroamericana preparada como libre de deforestación bajo las exigencias del Reglamento de la Unión Europea sobre Productos Libres de Deforestación.

El cargamento, destinado a un comprador europeo especializado en granos de origen, cerró un proceso piloto de georreferenciación y seguimiento de la cadena productiva.

La normativa europea condicionará el ingreso de cacao, café, aceite de palma, caucho, madera, soja y ganado bovino a que no procedan de tierras deforestadas después del 31 de diciembre de 2020. También exigirá una declaración de diligencia debida para demostrar el origen y la legalidad de los productos.

Las obligaciones comenzarán el 30 de diciembre de 2026 para las empresas grandes y medianas, mientras que las micro y pequeñas compañías deberán cumplirlas desde el 30 de junio de 2027. La regulación acumuló dos prórrogas desde su aprobación original.

El grano salió de las montañas de Cobán con certificación orgánica y documentación sobre el recorrido de la producción. El comprador abastece a chocolateros que buscan cacao diferenciado por su calidad, identidad territorial y prácticas de cuidado forestal.

La preparación de 140 familias productoras de Alta Verapaz

El piloto estuvo a cargo de la Fundación Laguna Lachuá y de su empresa comercializadora, Empresa Comercializadora Lachuá, conocida como ECOLASA. La firma es socia del Comité de Cacao y Chocolate de la Asociación Guatemalteca de Exportadores.

El proceso alcanzó de forma directa a 140 familias de pequeños productores de cacao orgánico y de especialidad. La Cooperación Alemana para el Desarrollo, GIZ, indicó que la experiencia puede tener un efecto indirecto sobre los más de 3.000 productores cacaoteros que operan en Guatemala.

Las actividades permitieron ubicar geográficamente las parcelas, recopilar datos sobre el origen del grano, analizar riesgos de deforestación y reforzar el seguimiento de cada etapa de la cadena. El modelo también incluyó la verificación de legalidad requerida para ingresar al mercado europeo.

Raúl Quezada, gerente de FundaLachuá y ECOLASA, definió el envío como un avance para la organización, que reúne a 200 pequeños productores: “Para nosotros es un gran paso: como una organización de 200 pequeños productores, este contenedor es un orgullo y debe verse como un éxito en Guatemala. Esto se convierte en una gran oportunidad para el cacao de la Selva Maya”.

La asistencia técnica se organizó en tres etapas: análisis del modelo de negocios para el comercio sostenible, incorporación de instrumentos digitales y verificación de los requisitos legales. El objetivo fue preparar a la cadena cacaotera local para responder a las condiciones que impondrá el mercado de la Unión Europea.

INATrace, la plataforma para documentar el origen del cacao

La trazabilidad digital se realizó mediante INATrace, una plataforma de código abierto que registra información sobre la cadena de suministro. La herramienta permite documentar los precios pagados, las etapas de procesamiento y otros datos que pueden compartirse con compradores mediante códigos QR.

Abner Jiménez, director del proyecto Grandes Bosques de GIZ, señaló que el trabajo conjunto permitió estructurar una vía comercial para el producto guatemalteco: “Junto a aliados y en el marco del EUDR, se abrió una ruta comercial para asegurar la cadena de suministro de cacao en Europa”.

Quezada sostuvo que la preparación documental agrega una condición comercial al valor del cacao certificado. “Como exportadores de cacao a Europa, este embarque representa un paso muy importante: estamos enviando granos certificados como orgánicos de la más alta calidad, pero ahora respaldado por un trabajo de trazabilidad y preparación que nos permite responder a las exigencias del comprador y el nuevo Reglamento de la Unión Europea sobre Productos Libres de Deforestación”, afirmó.

La experiencia fue presentada en septiembre durante el congreso EUDR&Data 2026, celebrado en Guatemala. Allí fue expuesta como un caso de referencia regional para el uso de geolocalización y gestión de datos en las cadenas de café y cacao.

FundaLachuá y sus socios preparan una guía práctica para productores y exportadores con los pasos de adaptación, la información necesaria y las posibles brechas frente a la regulación europea. La Asociación Guatemalteca de Exportadores impulsa, a la vez, el uso de INATrace entre sus asociados para respaldar el origen sostenible de los bienes que venden a Europa.

El piloto contó con el apoyo del Programa Grandes Bosques de Mesoamérica y de la Iniciativa Café y Bosques, cofinanciados por la Unión Europea y Alemania a través del Ministerio Federal de Medio Ambiente, Acción Climática, Conservación de la Naturaleza y Seguridad Nuclear, bajo la Iniciativa Internacional sobre el Clima. GIZ implementa ambos programas con apoyo técnico de la Alianza Bioversity International-CIAT y la participación del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación de Guatemala, además de Silva Cacao y Uncommon Cacao.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) sometió el 17 de septiembre de 2026 ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos el caso de 14 comunidades indígenas Maya Q’eqchi’ contra Guatemala por desalojos forzados, muertes, detenciones arbitrarias y despojo de territorios ancestrales en el Valle del Polochic, hechos que se remontan a 2011 y podrían derivar en una condena internacional al Estado.

La petición fue presentada ante el organismo el 31 de marzo de 2011 y quedó registrada como el caso N.º 13.159. Más de 13 años después de los primeros operativos, Guatemala había transferido tierras a 355 familias Maya Q’eqchi’, sin abarcar a todas las personas afectadas ni acreditar medidas de indemnización.

El reclamo se originó luego de que el Estado otorgara la titularidad de varias fincas del Valle del Polochic a la empresa Chabil Utzaj S.A. para cultivar caña de azúcar. Según la CIDH, la decisión se tomó sin una consulta previa, libre e informada a las comunidades, que perdieron sus plantaciones tradicionales de maíz, arroz y frijol.

Muertes, heridos y destrucción de viviendas en los desalojos

Los desalojos de 2011 involucraron a autoridades estatales y agentes privados, en operativos que no respetaron los estándares internacionales sobre el uso de la fuerza. Murieron Beb Ac y Óscar Reyes, mientras que Miguel Chub Cucul, Marcelino Ical Chub y Arnoldo Caal Rax resultaron heridos.

También hubo detenciones arbitrarias, incendios de viviendas y destrucción de cosechas. Las familias fueron desplazadas de las fincas que reclamaban como parte de su territorio ancestral.

Las comunidades promovieron dos acciones constitucionales de amparo el 18 de marzo de 2011 para detener las demoliciones. La primera fue rechazada, mientras que la segunda obtuvo una orden provisional del Juzgado Segundo de Primera Instancia Penal de Alta Verapaz para suspender la destrucción de siembras y casas.

El juzgado no supervisó el cumplimiento de esa medida y la acción terminó igualmente rechazada. La falta de protección judicial forma parte de las violaciones denunciadas ante el tribunal interamericano.

La violencia continuó el 25 de mayo de 2013, cuando la comunidad El Rodeo sufrió un nuevo desalojo extrajudicial atribuido a la empresa. Ese mismo día, empleados intentaron desplazar a unas 95 familias que ocupaban la finca Río Polochic, en el municipio de Panzós.

Cinco campesinos recibieron disparos, entre ellos dos menores de edad, y fueron trasladados al Hospital Nacional de La Tinta. Los hechos profundizaron la situación de desplazamiento de las familias Q’eqchi’ del norte de Guatemala.

La falta de títulos sobre los territorios ancestrales

El Informe de Admisibilidad y Fondo N.º 111/24 concluyó que no existe controversia sobre la ocupación histórica de las 14 comunidades en esa región. Sin embargo, el Estado nunca delimitó, demarcó ni tituló los territorios a favor de sus habitantes.

Para la Comisión, la posesión ancestral es suficiente para acreditar la propiedad colectiva, de acuerdo con la jurisprudencia interamericana. El organismo sostuvo además que Guatemala no realizó estudios de impacto ambiental y social antes de autorizar el monocultivo de caña de azúcar.

Las autoridades tampoco garantizaron mecanismos adecuados de participación comunitaria. A esa omisión se sumó la inexistencia de un censo confiable sobre la población desplazada: la parte peticionaria afirmó que al menos 387 familias quedaron fuera de los registros oficiales tras los desalojos.

La CIDH señaló además que persistieron acciones de persecución y campañas de desacreditación contra integrantes del Comité de Unidad Campesina, organización vinculada con la defensa de las comunidades. La falta de reconocimiento territorial dejó a las familias sin garantías para habitar y trabajar sus tierras.

El informe de fondo sostuvo: “La falta de reconocimiento y garantía de su derecho a la propiedad comunal ha provocado que las comunidades no puedan usar ni gozar de sus tierras en forma pacífica”. Esa situación, añadió, mantiene incertidumbre sobre la existencia y preservación de las 14 comunidades.

Las reparaciones solicitadas a la Corte Interamericana

La Comisión pidió a la Corte Interamericana que declare la responsabilidad internacional de Guatemala por la violación de nueve derechos contemplados en la Convención Americana sobre Derechos Humanos: vida, integridad personal, garantías judiciales, acceso a la información, protección de la niñez, propiedad comunal, derechos políticos, protección judicial y derechos económicos, sociales y culturales.

La solicitud menciona los artículos 4, 5, 8.1, 13, 19, 21, 22, 23, 25.1 y 26 de la Convención, en relación con los artículos 1.1 y 2 del tratado. También cuestiona la falta de investigación de los actos de violencia contra la población Maya Q’eqchi’.

Entre las reparaciones requeridas figuran la delimitación, demarcación y titulación colectiva de los territorios mediante un título registrable de pleno dominio. El planteo incluye garantías para un retorno seguro de las comunidades y una investigación que identifique y sancione a los responsables de las muertes y lesiones.

La Comisión solicitó medidas para impedir que proyectos legislativos, administrativos o empresariales que afecten a estas comunidades avancen sin cumplir los estándares de consulta y consentimiento previo. También requirió un marco legal que armonice el derecho de consulta con el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo.

La Corte Interamericana deberá determinar si Guatemala incurrió en responsabilidad internacional por los desalojos, la falta de titulación colectiva y la ausencia de investigaciones sobre la violencia contra las comunidades del Valle del Polochic.

El Tribunal Supremo Electoral de Guatemala prevé realizar en marzo de 2027 el primer simulacro con organizaciones políticas de su sistema SIP-245 de resultados preliminares, una plataforma que continúa en fase de ajustes y que deberá operar en las elecciones generales de ese año.

La prueba incorporará a fiscales informáticos de los partidos, mientras persisten dudas sobre el grado de desarrollo de la herramienta y su capacidad de funcionar en zonas con limitaciones de conexión y energía.

Las pruebas internas lograron reconocer 97.5% de los caracteres incluidos en las actas durante la primera lectura. La Dirección General de Informática estima que ese indicador podría alcanzar 99.9% cuando el sistema incorpore una mayor cantidad de registros de escritura manual procedentes de procesos electorales anteriores.

La digitalización de actas y los tiempos previstos

El Sistema de Información Preliminar busca digitalizar, interpretar y transmitir las actas electorales desde los centros de votación. El Tribunal Supremo Electoral indicó que las pruebas de carga y envío de documentos ya están en marcha antes del ensayo previsto con las agrupaciones políticas.

José David Illescas, director general de Informática del TSE, explicó que el escaneo de cada cara de un acta demora entre 16 y 20 segundos. Con una conexión 4G, la transmisión de cada documento demandaría otros 20 segundos.

Cada Junta Receptora de Votos deberá procesar cuatro actas. De acuerdo con las proyecciones expuestas por el funcionario, el traslado de la totalidad de esos documentos podría tomar unos siete minutos, aunque el cálculo dependerá de la cartografía electoral y de la señal disponible en cada centro.

La plataforma todavía tiene componentes en desarrollo. Illescas señaló que continúan los ajustes sobre la visualización de los resultados y sobre la interpretación automática de los documentos que sean escaneados durante la jornada electoral.

El TSE sostiene que el sistema ya funciona en pruebas internas, pero el desarrollo técnico continuará antes de la instancia programada para marzo. El simulacro permitirá poner la plataforma a disposición de los fiscales informáticos de las organizaciones políticas.

Las inquietudes partidarias y los riesgos en áreas rurales

Representantes de partidos políticos cuestionaron que la primera prueba general se realice cerca de las elecciones. También solicitaron información sobre los componentes del sistema, el calendario de ensayos y los mecanismos que se aplicarán para corregir fallas eventuales.

Las agrupaciones plantearon su preocupación porque la plataforma siga en proceso de ajuste cuando se aproxime el primer ejercicio con participación partidaria. La autoridad electoral deberá responder a esas solicitudes mientras completa las pruebas de funcionamiento y transmisión.

La conectividad en áreas rurales figura entre los asuntos pendientes para la implementación del sistema. La Dirección de Informática utiliza la cartografía electoral para identificar los centros de votación que presentan problemas de señal, acceso a datos o suministro eléctrico.

Cada kit electoral contará con alternativas de transmisión a través de compañías de telecomunicaciones, según explicó Illescas. El organismo también analiza el uso de baterías externas y plantas generadoras para sostener los equipos en lugares expuestos a cortes de energía.

La disponibilidad de señal en cada punto será determinante para los tiempos de envío de las actas y para el funcionamiento de los mecanismos de respaldo. El proceso de cartografía permitirá definir qué centros requerirán soluciones específicas de conectividad o electricidad.

En la misma sesión, el Tribunal informó que 97 medios de comunicación se inscribieron para transmitir publicidad electoral de los partidos de cara a los comicios de 2027. El registro reúne 53 medios televisivos, 35 radiales y nueve escritos.

Las organizaciones políticas deberán presentar sus planes de medios para que el TSE distribuya los espacios de pauta electoral entre los medios inscritos.