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La Audiencia Nacional busca los zulos de ETA que figuran en los documentos de Jardun

23 October 2026 at 23:07
Foto de archivo de materiales sustraídos durante el desmantelamiento de una banda de ETA ubicada en Madrid, a 22 de septiembre de 1999

La Audiencia Nacional investiga ahora a dónde conducen los mapas de antiguos zulos de ETA que llevaban dos integrantes de Jardun Koordinadora detenidos hace unas semanas. Aratz Bilbao Gómez y Malen Grunig Ibáñez fueron arrestados después de que la Ertzaintza les diese el alto en un control en Eskoriatza (Gipuzkoa) y posteriormente ingresaron en prisión provisional sin fianza por orden del magistrado Antonio Piña. Entre la documentación intervenida había "planos de situación de zulos que fueron de la organización terrorista ETA", según consta en los autos judiciales.

Fuentes cercanas a la investigación han confirmado a El Independiente que la Audiencia Nacional está comprobando ahora si las localizaciones que figuran en esos documentos se corresponden realmente con antiguos escondites de la banda. Con esto, los investigadores no se limitan a contrastar si los detenidos tenían mapas de esos antiguos zulos. Trata también de determinar si son ciertos y, por lo tanto, si podría existir alguna relación entre personas conocedoras de estos escondites y la organización Jardun.

Uno de los documentos encontrados en el coche presenta además una coincidencia especialmente relevante. Cuando los agentes preguntaron a Malen Grunig por el lugar del que procedían, la detenida explicó que habían estado en una zona de monte de la Sierra de Urbasa, en Navarra. El propio auto señala que esa zona "coincidía con uno de los planos" encontrados en la mochila de Aratz Bilbao.

Detenidos tras un control en Gipuzkoa

Los hechos se remontan al 26 de septiembre. A las 04.03 horas, agentes de la Ertzaintza dieron el alto a un Toyota Yaris en la carretera GI-627, a su paso por Eskoriatza, durante un control de alcohol y drogas. Al introducir los datos de los ocupantes en los sistemas policiales, los agentes comprobaron que sobre Grunig constaba un señalamiento de Italia para un control discreto por razones de seguridad nacional y que sobre Bilbao pesaba otro señalamiento de Francia por motivos de seguridad nacional.

En la mochila que llevaba Bilbao los agentes localizaron documentación y dispositivos relacionados con Jardun, además de información sobre un posible zulo, datos sobre personas pertenecientes a otros cuerpos policiales y numerosas anotaciones manuscritas de matrículas. Parte de la documentación estaba almacenada en dispositivos encriptados. Además, tenían listas de guardias civiles que están en activo actualmente.

Fue en el propio vehículo donde aparecieron los planos de antiguos zulos de ETA. El auto precisa que se trataba de "planos de situación" de escondites que habían pertenecido a la organización terrorista. La coincidencia con Urbasa es uno de los elementos que han llevado a los investigadores a analizar con mayor detalle esas localizaciones.

La investigación tira del hilo de los mapas

A partir de ahí, una de las cuestiones que debe esclarecer la investigación es si las referencias que aparecen en los documentos se corresponden con antiguos zulos de ETA y, en su caso, qué información concreta conservaban los detenidos sobre ellos y cómo habían llegado a ella.

Los autos no establecen que todas las localizaciones recogidas en los planos hayan sido verificadas como antiguos escondites. Lo que recoge la resolución judicial es la existencia de esa documentación y, en el caso de Urbasa, la coincidencia entre una de las zonas que los detenidos dijeron haber visitado y uno de los planos intervenidos.

La comprobación de esas referencias permitirá determinar si los mapas eran documentación histórica sin más o si contenían información sobre lugares concretos que los investigados conocían y manejaban.

El hallazgo se produce además en una investigación en la que los agentes encontraron otras medidas de seguridad. Grunig, por ejemplo, no llevaba teléfono móvil para evitar que pudieran localizarlos, según recoge el auto. En el vehículo se encontraron también dos teléfonos satelitales que permitían enviar mensajes de texto encriptados sin cobertura móvil ni conexión a internet.

¿Qué es Jardun?

Bilbao y Grunig forman parte, según los autos, de Jardun Koordinadora, integrada por Jarki y Aske. El juez sitúa a Jarki dentro de los grupos surgidos después de que ETA anunciara el cese definitivo de su actividad armada en 2011 y recoge que esta organización llevaba constituida desde aproximadamente mediados de 2013, aunque las autoridades tuvieron conocimiento de su existencia en 2015.

La resolución describe a Bilbao como una figura central de Jardun y le atribuye labores de captación de militantes, elaboración de manuales de seguridad, directrices organizativas, ponencias políticas, gestión de finanzas y organización de actos. En el caso de Grunig, el magistrado señala que era una militante activa de Jardun y que había sido identificada en varios actos violentos protagonizados por la organización.

Ese contexto es el que rodea la documentación intervenida. Entre ella había también dispositivos cifrados que, una vez abiertos, permitieron localizar fotografías de entrenamiento para la comisión de actos violentos, banderas de ETA y el contenido íntegro del teléfono de un agente de la Policía Nacional.

El juez Antonio Piña acordó el ingreso en prisión provisional de Bilbao y Grunig sin posibilidad de eludir la medida mediante fianza. La decisión se adopta en una fase todavía inicial de las pesquisas, en la que el magistrado aprecia riesgos para la conservación de las fuentes de prueba. Además, fuentes de la investigación han explicado que probablemente se continúe indagando en la organización Jardun y sobre para qué querían esos datos o cómo pensaban usarlos.

El juez pide a Patrimonio del Estado el acta de los regalos que recibió Zapatero como presidente tras la acusación de malversación del fiscal

23 October 2026 at 13:07
El expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero

El juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama ha requerido a la Subdirección General de Patrimonio del Estado que le remita, en un plazo máximo de dos días, el acta de recepción de los regalos institucionales efectuados a la Presidencia del Gobierno durante las dos legislaturas de José Luis Rodríguez Zapatero (2004-2008 y 2008-2011). La diligencia busca esclarecer el origen de las joyas halladas en mayo en la caja fuerte de la oficina del expresidente, después de que la Fiscalía Anticorrupción haya solicitado que se le investigue también por un presunto delito de malversación.

En una providencia fechada este viernes, 23 de octubre, el magistrado reclama una copia del acta de aceptación e incorporación al patrimonio de la Administración General del Estado de los obsequios institucionales, fechada el 1 de marzo de 2012. El requerimiento se produce después de que Anticorrupción cuestionara la explicación ofrecida por Zapatero sobre las joyas intervenidas en su despacho de la calle Ferraz de Madrid.

Según el escrito presentado por su defensa el 23 de septiembre, los tres juegos de joyas de mayor valor, compuestos por esmeraldas, rubíes y zafiros, fueron un regalo del rey saudí Abdullah Al-Saud durante su visita oficial a España los días 18 y 19 de junio de 2007, cuando Zapatero era presidente del Gobierno. El expresidente sostuvo que aceptó el obsequio como muestra de agradecimiento y respeto hacia el monarca.

Posible malversación

Sin embargo, la fiscal María Elena Lorente considera que esa explicación abre la vía a investigar una posible malversación. En su informe, fechado el 21 de octubre, subraya que el acta de 2012 recoge otro regalo del mismo monarca con motivo de aquella visita: un reloj de sobremesa dorado con esmeraldas que sí fue entregado a Patrimonio del Estado. Las joyas localizadas en la oficina de Zapatero, en cambio, no aparecen en la relación de bienes incorporados a la Administración.

Para Anticorrupción, si se confirma la versión del expresidente, las joyas fueron recibidas en el Palacio de la Moncloa en su condición de jefe del Ejecutivo y debieron incorporarse al patrimonio público por su elevado valor. La Fiscalía sostiene que los obsequios de relevancia institucional no podían quedar en manos del presidente, conforme a las normas de buen gobierno vigentes durante su mandato.

El fiscal considera que la investigación debe centrarse en comprobar si Zapatero se apropió de esos bienes al finalizar su etapa en el Gobierno, mientras que rechaza que sea necesario solicitar una comisión rogatoria a Arabia Saudí para verificar el origen del regalo. A su juicio, la comprobación debe realizarse en España, donde supuestamente se entregaron las joyas.

Anticorrupción aprecia indicios que justificarían investigar un posible delito de malversación agravada, aunque precisa que la calificación jurídica deberá concretarse durante la instrucción. Además, sostiene que el delito no estaría prescrito, al situar en 15 años el plazo aplicable por la pena prevista.

El juez ha acordado recabar la documentación de Patrimonio antes de resolver sobre los escritos presentados por la Fiscalía y la defensa de Zapatero. La providencia también ordena a la UDEF que tramite el oficio dirigido a este organismo.

El Tribunal Supremo da 5 días a Bolaños y Albares para remitir la lista de afectados sin voto por suspender la 'ley de nietos' y avisa de multa

23 October 2026 at 12:03
El Tribunal Supremo da cinco días al Gobierno para entregar la lista de afectados por la ley de nietos

El Tribunal Supremo ha requerido al Gobierno a que en el plazo de cinco días le remita la lista de 163.020 afectados por la suspensión cautelar del voto a la 'ley de nietos' y ha avisado de posible multa si no lo hace.

Según dos autos, recogidos por Europa Press, los magistrados así lo reclaman a los ministros de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, y de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares.

Les requiere que remitan a la Sala de lo Contencioso-Administrativo, a la Junta Electoral Central y a la Oficina del Censo Electoral la relación nominal de las personas afectadas.

"Con expreso apercibimiento a los precitados de que, si transcurrido el plazo de cinco días que, en todo caso, finalizará el día 28 de octubre de 2026, no remiten la relación nominal de referencia, esta Sala podrá acordar una multa coercitiva o deducir, en su caso, el oportuno testimonio de particulares para exigir la responsabilidad penal que pudiera corresponder", advierte.

El Supremo señala que la multa ascendería a los 1.000 euros a los ministros que "incumplan este requerimiento" y comunica la posibilidad de "reiterar estas multas hasta la completa ejecución del fallo judicial, sin perjuicio de otras responsabilidades patrimoniales a que hubiere lugar".

91 certificados de 31.390 expedientes revisados

A la vez, los magistrados ordenan a la Oficina del Censo Electoral que, al hacer el primer envío de la documentación electoral a todas las personas inscritas en el CERA por la 'ley de nietos' y que estén incluidos "con carácter provisional", se haga la "advertencia expresa" de que "tal inclusión no significa que puedan llegar a ejercer su derecho al voto", ya que "únicamente podrán votar" quienes tengan certificación acreditativa de su condición de descendientes de exiliados.

Y es que la Sala de lo Contencioso-Administrativo señala que, "hasta el momento presente", solo se les ha facilitado esa cifra de 163.020 personas, "sin ningún dato adicional más", y que este miércoles recibieron "tres documentos que contienen dos informes informes de la Dirección General de Españoles en el Exterior y Asuntos Consulares y uno del Instituto Nacional de Estadística".

De dichos informes se desprende, continúa, que "han sido revisados un total de 31.390 expedientes, de los que se han expedido un total de 91 certificados" de personas que "han acreditado el exilio de sus ascendientes en los términos que establecieron" los dos autos por los que acordó la suspensión cautelar.

"Puesto que la Administración conoce perfectamente, porque ha tramitado y resuelto estos expedientes, la identidad de todas estas personas, no se acierta a adivinar cuáles puedan ser las razones por las que no se haya facilitado a esta Sala la relación nominal de los electores", subraya.

Máxime cuando, añade, "hay un proceso electoral convocado y, por aplicación de las medidas cautelares de suspensión impuestas, estas personas pueden verse imposibilitadas finalmente del ejercicio de su derecho al voto por la propia inacción de la Administración".

La magistrada Millán reitera su rechazo

Al igual que en los dos autos anteriores, la magistrada Alicia Millán ha formulado un voto particular en el que considera que estas diligencias "afectan medularmente a la estabilidad del censo electoral".

Según la magistrada, han quedado "constatadas las dificultades del ejercicio del sufragio activo y el escrutinio de los votos de los electores afectados por la suspensión".

"Considero que las medidas acordadas afectan medularmente a la estabilidad del censo electoral, al que se califica como provisional, materializan la inseguridad jurídica y la incertidumbre operativa", apunta.

Estas circunstancias "son incompatibles con las exigencias de certeza, estabilidad y regularidad que constituyen las bases de todo proceso electoral democrático", concluye.

Millán señaló cuando el Supremo ratificó la paralización del voto que que el adelanto electoral convertía "en irreversible la eventual lesión del derecho de sufragio de los afectados" y que la preservación del derecho de participación política "debía prevalecer sobre el mantenimiento de una medida provisional sustentada en una controversia jurídica todavía pendiente de resolución definitiva".

Leire Díez se querella contra el PP tras el vídeo difundido con IA

23 October 2026 at 11:20
La exmilitante socialista Leire Díez.

La exmilitante socialista Leire Díez ha presentado una querella contra el PP por el vídeo hecho con Inteligencia Artificial (IA) que la formación política publicó esta semana, en el que una falsa Díez aparecía atribuyéndose "haber contratado a matones para quitar de en medio a una jueza", en alusión velada a la magistrada Beatriz Biedma, que investigó a David Sánchez, hermano del jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez.

En un escrito remitido a la Audiencia Nacional al que ha tenido acceso Europa Press, la abogada de Díez, Eva Bejarano, formula la querella contra el PP por presuntos delitos de calumnias con publicidad, contra la integridad moral y suplantación de identidad digital.

Como medida cautelar, la exmilitante socialista pide la retirada provisional del vídeo "de todas las cuentas y espacios digitales bajo titularidad o control" del PP en los que se encuentre publicado, así como de cualquier otra persona física o jurídica.

Díez envía este escrito al juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz, que investiga una presunta trama para desestabilizar causas judiciales que afectan al PSOE, al Gobierno y a familiares de Pedro Sánchez, que habría estado dirigida por el exdirigente socialista Santos Cerdán y coordinado por Díez.

Este miércoles, el PP publicó un vídeo hecho con IA en el que aparecían personalidades como Díez; Begoña Gómez, esposa de jefe del Ejecutivo; el exministro de Transportes José Luis Ábalos; el exdirigente socialista Santos Cerdán o el expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero, todos ellos imputados en distintas causas judiciales.

Hechos "rotundamente falsos"

"Si contratar a unos matones para quitar de en medio a una jueza es de zurdos, pues sí, soy zurda", decía el avatar falso de Leire Díez.

Ese vídeo parodiaba, a su vez, una secuencia que el PSOE había publicado esa misma mañana en sus redes sociales, en el que Pedro Sánchez, aprovechando la visita a España del presidente argentino, Javier Milei, ironizaba con el término 'zurdo', utilizado por Milei para atacar a políticos de izquierda. "Si subir las pensiones es ser zurdo, yo soy zurdo", decía Sánchez.

En este contexto, la defensa de Díez asegura que el vídeo, que se ha creado "expresa e intencionadamente para humillar, vejar y provocar un menoscabo grave de la dignidad" de la exmilitante socialista", ha obtenido "más de 21 millones" de visitas.

La defensa de la exmilitante socialista incide en que "los hechos y afirmaciones contenidos en dicha publicación son absoluta rotundamente falsos", y que el PP "actuó con pleno conocimiento de la falsedad de los datos difundidos y con un temerario desprecio hacia la verdad, con el único e inequívoco propósito de menoscabar el honor y la dignidad" de Díez.

Díez asegura que como consecuencia de la publicación, ella y sus hijas "han tenido que aislarse en su domicilio", han sufrido "un ataque de ansiedad" y está "siendo objeto de todo tipo de insultos, descalificaciones y vejaciones".

"La permanencia de esta vídeo en la red está ocasionando un perjuicio irreparable, devastador e inmediato en el honor, reputación social, entorno familiar y ámbito laboral de Leire Díez, al ser percibido de forma masiva como una confesión real de un acto criminal", indica.

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