El magistrado de la Audiencia Nacional Enrique López ha defendido este martes durante la presentación de su libro "El Estado del Estado" (Ediciones Deusto) en LA RAZÓN el papel de la Constitución y la importancia de la defensa de las instituciones para mejorar la vida de las personas.

López ha reconocido durante su intervención que el libro nace de su preocupación por el "deterioro de la vida pública", aunque ha evidenciado su esperanza de que se pueda recuperar la confianza en las instituciones. "Hay algo que me preocupa especialmente: la facilidad con la que podemos acostumbrarnos al deterioro. Una anomalía se repite, después se encuentra una justificación y acaba formando parte del paisaje", ha apuntado.

El jurista hizo hincapié en que en los últimos años se han producido una serie de hechos que "no deberían haber pasado nunca y que no deberían volver a ocurrir". En concreto se refirió a la derogación del delito de sedición o también a las protestas que han sacudido las calles de Barcelona y de Bilbao en los últimos días. Al respecto dijo que nos enfrentamos a situaciones callejeras "para las que el Código Penal ha sido absolutamente desarmado".

Por ello, el magistrado ha apelado a la necesidad de recuperar la confianza en las instituciones y de reconocer el "valor" de la Carta Magna. "Cuando hablo del Estado y de sus instituciones pienso en experiencias concretas (...). A veces hablamos de la separación de poderes y de la independencia judicial como si fueran cuestiones reservadas a juristas y políticos, pero de ellas depende una parte esencial de nuestra vida", ha apostillado.

"Los límites del poder importan"

Al hilo, ha defendido que una democracia necesita "buenas leyes e instituciones, pero también responsabilidad, honestidad y ciudadanos comprometidos". En ese sentido, alertó de que le preocupa que cualquier discrepancia se convierte en nuestros días en "una descalificación personal". "Los límites del poder importan, y mucho, cuando quien gobiernan considera que sus propósitos justifican ampliar sus márgenes de actuación", ha asegurado López.

Tras su intervención, se ha celebrado una mesa redonda en la que han participado el magistrado del Tribunal Supremo instructor del "procés", Pablo Llarena; el fiscal de Sala del Tribunal Supremo Javier Zaragoza y el director de LA RAZÓN, Francisco Marhuenda. En su intervención, Zaragoza recogió el guante de López y advirtió del deterioro de las instituciones, cuya fortaleza, recalcó, «se basa principalmente en la independencia del Poder Judicial».

Para Zaragoza, el libro de López le evoca los principios del regeneracionismo de finales siglo XIX y principios del XX, y, a este respecto, ha destacado que la regeneración democrática y el objetivo de "reconstruir un proyecto integrador y común" en España "no pasa por controlar a los medios de comunicación ni por colonizar el Poder Judicial".

Llarena: "El esfuerzo de intentar alejarse de la política de partidos"

Llarena, por su parte, ha asegurado que el libro responde a la "experiencia vital de Enrique López y a su dedicación pública desde distintos puestos de responsabilidad" –fue vocal y portavoz del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) además de magistrado del Tribunal Constitucional, entre otros destinos que jalonan su prolija actividad pública–.

Y al hilo de las reflexiones de la obra ha agradecido a su autor "el esfuerzo de intentar alejarse de la política de partidos». "No se queda en la independencia de la Justicia, que es la que mejor conoce, sino que aborda también los grandes desafíos sociales e internacionales" ha puesto en valor. A Llarena también le parece relevante que López partiera de la "diversidad del Estado y de la necesidad de preservarla" en su defensa por la unidad de España. Además, ha ponderado el afán del autor por desarrollar "cómo debe conducirse la ética pública desde la moderación y, también desde la ética del deber".

Llarena también se ha referido a la preocupación que mostró López sobre la pérdida de confianza de la ciudadanía en lo político. "Reflexiona mucho sobre la polarización y sobre cómo lo rompe todo: la credibilidad institucional, la unidad social, incluso la legitimación de gobierno y la propia unidad entre españoles", apunta el magistrado del Tribunal Supremo.

Marhuenda: "El Gobierno se ha alegado de la centralidad"

Por último, el director de LA RAZÓN ha precisado que López ha escrito el libro en el marco de una legislatura que ha calificado de "atropellada" y con un Gobierno "que se ha alejado absolutamente de la centralidad". Al hilo ha recordado que, en el contexto actual, "se cuestiona al Poder Judicial" desde un Ejecutivo que, "por primera vez gira hacia un radicalismo extremo y rompe los puentes con la oposición".

Marhuenda ha enfatizado que entre los retos pendientes a los que alude López en el libro se encuentra el de "garantizar la independencia de la Fiscalía y que la Abogacía del Estado lo sea del Estado, no del Gobierno". "Es un libro muy recomendable", ha destacado, en la medida en que incorpora "reflexiones de un servidor público que ha estado en varios puestos de responsabilidad sirviendo a la sociedad".

En el acto han ejercido como anfitriones el presidente del Grupo Planeta, José Creuheras; el presidente de LA RAZÓN, Mauricio Casals; el consejero delegado, Andrés Navarro; y Francisco Marhuenda.

Además, López ha estado arropado, entre otros, por el presidente de la Audiencia Nacional, Juan Manuel Fernández; el presidente de la Sala de lo Penal de este órgano, Alfonso Guevara; los magistrados del Tribunal Constitucional César Tolosa y Concepción Espejel; el magistrado del Tribunal Supremo Ángel Luis Hurtado; la vocal del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) Gema Espinosa; el expresidente del Consejo Vicente Guilarte; los fiscales de la Audiencia Nacional Marcelo Azcárraga y Carlos García Berro y reputados letrados como Carlos Bautista, Jesús Mandri o Javier Gómez Bermúdez, entre otros. También acudieron los exministros José Manuel Soria y Ángel Acebes.

El magistrado que investiga el caso de las cloacas, Santiago Pedraz, ha pedido que el coronel Antonio Balas siga al frente de la Policía Judicial designada en esta causa penal. El instructor pide la prórroga de su nombramiento como jefe de la unidad que actúa en la causa y que se mantenga con carácter "permanente" pese a su ascenso a coronel de la Guardia Civil. El objetivo del magistrado es que Balas siga al frente de la unidad de la UCO designada en esta causa, en el marco de la cual se investiga, entre otras aristas, el asedio de las cloacas del PSOE a la UCO.

En un auto al que ha tenido acceso LA RAZÓN, Pedraz solicita que se mantenga al mando "dado el interés general y las necesidades de servicio". Además, matiza que se trata de una causa de "extraordinaria complejidad" y de "especial trascendencia institucional y jurídica" que hace necesaria garantizar su continuidad al frente de la unidad de la UCO que investiga estos hechos.

"Resulta evidente que esta investigación presenta características que aconsejan preservar la estabilidad de su dirección operativa, evitando alteraciones organizativas que pudieran introducir factores de perturbación, discontinuidad o riesgo en el normal desenvolvimiento de las actuaciones", indica el magistrado. Precisamente el coronel Balas fue uno de los objetivos de la presunta organización criminal investigada en estas diligencias que llegó a decir que lo querían "muerto", en referencia a su necesidad de anular las investigaciones de la Guardia Civil que afectaban al entorno de presidente del Gobierno.

Balas, el objetivo de las cloacas

El entonces teniente coronel fue blanco de la "fontanera" Leire Díez que, en sus reuniones con terceros, se refirió a este mando de la Guardia Civil que investigaba asuntos especialmente perjudiciales para el PSOE, tales como el caso Koldo, la causa contra Begoña Gómez, contra el hermano de Pedro Sánchez y contra Álvaro García exfiscal general del Estado. En su objetivo por boicotear estos procedimientos Díez pidió trapos sucios de Balas y otros mandos de la Guardia Civil, además de jueces y de fiscales.

Se trata de hechos que se investigan en estas diligencias de la Audiencia Nacional, después de que las asumiera Pedraz procedentes de un juzgado de instrucción de Plaza de Castilla. Estas pesquisas arrancaron por presunto tráfico de influencias de Leire Díez, el empresario Antxon Alonso y del expresidente de la SEPI Vicente Fernández. En concreto, se indagó su influencia en entidades públicas (como la propia SEPI, Mercasa o Forestalia, entre otros)para conseguir adjudicaciones para terceros a cambio de una comisión.

Sin embargo, las pesquisas iniciales han terminado asumiendo las maniobras de la fontanera para acabar con las causas penales arriba mencionadas. Ambas líneas de investigación las instruye la UCO; en concreto, el Departamento de Delincuencia Económica y Anticorrupción, cuya jefatura recae en Balas. Precisamente, en el marco de esta causa se ha abierto la puerta también a investigar presiones a la Policía Judicial para evitar que siguieran adelante con las causas que afectan a Sánchez.

Las directrices del DAO

El magistrado imputó a la directora general de la Guardia Civil, Mercedes González, y al Director Operativo Adjunto (DAO) Manuel Llamas, por sus presuntos vínculos con las cloacas de Ferraz. Pedraz ha puesto el foco en posibles injerencias en el trabajo de la UCO por parte de mandos superiores. En concreto, se indaga si, como desveló el general Rafael Yuste, se les pidió que "se pusieran de perfil" en investigaciones penales como la que se siguió contra David Sánchez.

En su comparecencia como investigado, Llamas negó estas acusaciones y dijo que las informaciones reservadas que se abrieron contra agentes de la UCO tenían como objetivo investigar la filtración en prensa de la dirección de correo de Begoña Gómez. De hecho, dijo que abrió la investigación interna a tenor de una llamada del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska y de la directora general, a quien rindió cuentas del devenir de las pesquisas.

Con todo, el juez sospecha que se produjeron presiones para abortar estas causas. En ese sentido, consta que Beatriz Biedma (la juez que instruyó la causa del hermano) relató en sede judicial que los agentes de la UCO recibieron presiones y así se lo trasladaron a ella. Biedma (que litiga como perjudicada de las cloacas) expuso que en plena investigación penal los agentes le trasladaron que Balas se tuvo que poner como instructor de los atestados para preservar la investigación.

Además, la juez desveló que los mandos superiores pedían a los agentes tener acceso a los informes antes de que se entregaran al juzgado; hecho que propició que la magistrada les dijera que estaba "terminantemente prohibido" que facilitaran los atestados a alguien que no fuera la autoridad judicial. "Me dijeron que lo que estaban viviendo no lo habían vivido nunca. Eso de incoarle expedientes personales no había pasado nunca", reza el audio de su comparecencia al que ha tenido acceso LA RAZÓN.

Las revueltas que se están sucediendo en las últimas horas en las calles de Barcelona y de Bilbao están dejando decenas de detenidos, muchos de ellos menores de edad. A diferencia de las responsabilidades penales que se le pueden atribuir a los adultos arrestados por estas barricadas, a los menores se le aplica un régimen jurídico especial que busca no tanto el castigo, sino una "responsabilidad sancionadora", tal y como estipula la Ley del Menor.

Fuentes fiscales consultadas por LA RAZÓN precisan que el futuro procesal de los menores detenidos es muy distinto en función del tipo de delito que se les atribuye. En principio, y a falta de que avancen las investigaciones en relación con la verdadera naturaleza de los disturbios, se les aplicaría desórdenes públicos, actos vandálicos y, en algunos casos, delito de atentado contra agentes de la autoridad.

Con todo, las investigaciones abiertas pueden acabar atribuyéndoles daños agravados por el saqueo y destrozo de mobiliario público o pertenencia a grupos violentos en caso de que se demuestre que actuaron bajo unas directrices y de manera organizada en estas algaradas. Si las investigaciones penales abiertas en los juzgados consideraran que hay indicios de delito de terrorismo (escenario poco probable a día de hoy), todas ellas se derivarían a la Audiencia Nacional, por ser el órgano competente para su investigación. En cualquier caso, ante este tipo de escenarios donde hay menores detenidos y también adultos de edad, lo habitual es que el Fiscal de menores y el juzgado se coordinen para unificar criterios.

Las modalidades de internamiento

Tras las detenciones practicadas por los agentes en los disturbios de los últimos días, la Fiscalía de Menores asume la investigación de los detenidos que no alcanzan la mayoría de edad y, además, solicita las medidas que considera más adecuadas para cada uno de ellos. Así, el fiscal puede solicitar al juez de menores que imponga un abanico de medidas cautelares que van desde la libertad vigilada al régimen de internamiento.

Esta última medida implica que al menor se le tiene que hacer un seguimiento de su actividad para comprobar si acude al colegio, al centro de formación profesional o a sus lugares de trabajo, según recoge la Ley Orgánica 5/2000, de 12 de enero, reguladora de la responsabilidad penal de menores. No obstante, si el juez considera que los hechos son especialmente graves puede acordar su internamiento.

El mismo también es gradual y varía en función de si es en régimen cerrado (como se ha acordado para tres menores de edad detenidos en los disturbios del fin de semana en Barcelona), en régimen semiabierto o en régimen abierto. En el primero de los casos se acuerda el ingreso del menor en un centro (nunca en la prisión), mientras que el segundo escenario se les permite realizar actividades formativas fuera del mismo. El régimen abierto, por su parte, implica que los detenidos pueden realizar todas las actividades fuera del centro pero residen en el mismo como domicilio habitual y duermen en él.

¿Se puede obligar a los menores a pagar los destrozos?

Las fuentes consultadas explican que el juez también puede acordar internamiento terapéutico para aquellos que presenten problemas de salud mental o de drogadicción y alcoholismo, entre otros. En cualquier caso, es importante precisar que el Código Penal rechaza que se puede juzgar a un menor de 14 años por la vía penal, como si de un adulto se tratara. La prisión queda excluida en estos supuestos, a no ser que el menor condenado a internamiento en régimen cerrado alcance la mayoría de edad sin haber cumplido con las medidas impuestas.

En esos casos se podría sustituir lo que reste por un tiempo de prisión, si bien es un escenario que no suele darse. Las fuentes consultadas precisan que las medidas acordadas para estos menores están individualizadas. Si los detenidos son menores con una vida familiar y personal normal, no se les suele imponer restricciones férreas.

Del mismo modo, tampoco se les puede obligar al pago de una multa por todo el daño al mobiliario urbano ocasionado. La Ley establece que la Fiscalía tiene la potestad para exigir la responsabilidad civil, que se estudia en una pieza separada del procedimiento. Si el responsable de los hechos es una persona menor de 18 años, serán los padres o los tutores los que respondan por los daños y perjuicios causados. Si son extranjeros o menores no acompañados, entonces tendría que asumir la responsabilidad civil el gobierno autonómico de turno.

La mano extranjera de las revueltas

En el caso de las protestas ocurridas el sábado en Barcelona, se han contabilizado 128 detenidos, 72 de los cuáles son menores de edad. Los arrestados (que pasaron a disposición judicial este fin de semana) saquearon una treintena de comercios. Por su parte, la Ertzaintza detuvo este lunes a 14 personas en Bilbao, por los incidentes ocurridos durante una concentración de jóvenes que protestaban contra un acto de Vito Quiles.

Tal y como ha informado LA RAZÓN, la Policía Nacional investiga ahora quién está detrás de la convocatoria de estas protestas. Los agentes han puesto el foco en los perfiles de las redes sociales de los usuarios que hicieron un llamamiento a convocar en estas protestas. Estas convocatorias se mantienen vigentes y ya se han detectado llamamientos para sacudir las calles el próximo fin de semana, coincidiendo con la festividad de Halloween.

El juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz reafirma la necesidad de seguir investigando el papel que jugaron las supuestas "cloacas del PSOE" en el acoso a la magistrada Beatriz Biedma, que instruyó la causa contra David Sánchez y sentó en el banquillo al hermano del presidente del Gobierno.

Para el togado, existen indicios suficientes para investigar "la posible intervención" de Leire Díez, la conocida como "fontanera del PSOE" a la que, con Santos Cerdán al frente de la Secretaría de Organización, Ferraz financió sus actividades, algunas de las cuáles se pergeñaron en un "piso franco" en el centro de Madrid para reuniones con el resto de investigados, entre ellos el exjuez Luis José Sáenz de Tejada, que contactó con clanes de la droga de Badajoz para actuar contra Biedma, llegando a trasladar a una de sus interlocutoras, Cintia Rocho, del "clan de los Rochos", que había que "eliminar" a la juez porque era un "puto grano en el culo".

Pedraz se expresa en esos términos en la resolución en la que desestima el recurso de Leire Díez contra su decisión de aceptar la personación de Biedma en el procedimiento en calidad de perjudicada, hasta el momento por ser víctima de un posible delito de calumnias.

No es una causa prospectiva

El juez niega también que la investigación que dirige sea prospectiva, como mantiene Leire Díez, pues según señala "los hechos relacionados con la magistrada ya aparecen incorporados al material obtenido durante la investigación principal y guardan relación con el objeto de la causa, por lo que su examen forma parte natural de la instrucción".

Según pone de relieve el juez del "caso cloacas" en ese auto, al que ha tenido acceso LA RAZÓN, "para reconocer la condición de perjudicada no es necesario demostrar ya que exista un delito consumado, ni que concurran todos los elementos objetivos y subjetivos de una eventual calumnia". A este respecto matiza que "basta con apreciar una vinculación directa y razonable entre los hechos investigados y el perjuicio alegado".

Y recuerda que contra Biedma "se presentaron denuncias atribuyéndole hechos de naturaleza claramente delictiva" que fueron archivadas. No obstante, matiza, ese carpetazo judicial "no resuelve por sí mismo si existió o no una actuación calumniosa", pues determinar este hecho "corresponde a la instrucción".

Biedma sí es perjudicada

Pedraz asegura que dado que en la providencia del pasado 28 de septiembre recurrida por la defensa de Díez -en la que aceptó la personación de Biedma- no se la menciona, "ni siquiera sería necesario dar respuesta a lo planteado".

Pero, en todo caso, le aclara que "existen elementos que justifican investigar" su "posible intervención" en la "promoción o impulso de aquellas denuncias, más allá de que estuvieran formalmente firmadas por Luis José Sáenz de Tejada", el exjuez apartado de la carrera judicial tras ser condenado por violencia de género en un procedimiento que instruyó la propia Biedma y que la convirtió en el objetivo de sus ataques en su canal de YouTube "Magistrado Anticorrupción".

Para el titular del Juzgado de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional, la condición de perjudicada de Biedma por la supuesta trama para desbaratar las causas judiciales que atosigan al Gobierno de Pedro Sánchez y al propio PSOE no está en cuestión por el hecho de que las denuncias contra ella terminaran archivándose. "Aunque las denuncias fueran archivadas, el eventual daño al honor nace de la propia imputación de delitos y no depende de que la denuncia prospere o alcance el resultado pretendido", reza el juez.

Interrogatorios pendientes

En su recurso, la fontanera expuso que no existe "el más mínimo indicio" de la comisión del delito de calumnias por su parte y que "una denuncia archivada" no podía constituir este tipo penal. Se refiere la defensa de Díez a la batería de denuncias que la cloaca interpuso contra la juez tanto en la Fiscalía General del Estado como en el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) en su objetivo por intentar apartarla del caso del "hermanísimo".

"Todo procedimiento judicial incoado contra ella a instancia del Sr. Sáenz de Tejada ha resultado archivado, por lo que no ha resultado dañada su honorabilidad ni profesionalidad, máxime cuando las recusaciones presentadas contra ella no han sido aceptadas ni ha sido apartada de su puesto de Magistrada titular", argumentó la defensa letrada. Del mismo modo recordó que este tipo de acciones se atribuyen a Sáenz de Tejada, sin que ella tuviera nada que ver en el asunto.

Así pues, Pedraz sigue adelante con esta investigación en el marco de la cual interrogará el próximo 28 de octubre a Saénz de Tejada. El magistrado le imputó por cuatro delitos, entre ellos el de organización criminal, tras la comparecencia en sede judicial de Biedma. El instructor le preguntará por la campaña de acoso que denunció la juez en su comparecencia en sede judicial.

En dicha declaración, Biedma explicó que durante el tiempo que instruyó la causa contra David Sánchez sintió mucha "angustia" por la cacería a la que se vio sometida. Además, confesó que personas desconocidas se hicieron pasar por su hermano (que no tiene ) o su secretario en el colegio de sus hijas. También le enseñaron vídeos que se habían grabado de las menores, algo que le asustó especialmente.

El mismo día de su comparecencia en sede judicial, por la tarde, habría sido víctima de seguimientos por parte de propio Sáenz de Tejada. Biedma denunció en una comisaría de Policía Nacional que en el trayecto de vuelta del aeropuerto a su domicilio un coche blanco se puso a la altura del suyo y que, según su hija menor, en el mismo iría el exjuez ahora imputado. Dicha denuncia se ha adherido al procedimiento que se sigue en la Audiencia Nacional si bien el propio Sáenz de Tejada ha remitido un escrito explicando que él no era porque ese mismo día a esa hora estaba en Ciudad Real y no en Badajoz.

La Diputación de Badajoz se opone a que el Tribunal de Cuentas actúe para que David Sánchez devuelva los más de 340.000 euros percibidos por el puesto de alta dirección que ostentó entre 2017 y 2025. El ente que preside la socialista Raquel del Puerto explica al máximo órgano fiscalizador que "no existe un concreto menoscabo en los fondos públicos" con los pagos al hermano del presidente del Gobierno y tampoco a Luis María Carrero, exasesor de Moncloa a quien el músico enchufó en el ente.

Así consta en la nueva documenta a la que ha tenido acceso LA RAZÓN y que se ha adherido a las diligencias abiertas para recuperar los fondos que ambos percibieron del ente tras la condena de la Audiencia Provincial de Badajoz. El procedimiento contable arranca con el impulso de Abogados Cristianos, al que se suman Hazte Oír, Vox e Iustitia Europa; entes todos ellos que ejercieron la acusación popular en la causa penal. La sentencia de los magistrados abrió la puerta a que se reclamara la responsabilidad civil de ambos, toda vez que resultaron condenados por un delito de prevaricación.

Sin embargo, la Diputación de Badajoz ya avisa que no hay menoscabo del dinero público. La sucesora de Miguel Ángel Gallardo (condenado en esta causa a 18 años de inhabilitación) avisa que la eventual existencia de "irregularidades administrativas" no basta determinar la responsabilidad contable de los condenados. Además, avanza que solo tienen legitimidad para pedirla la propia Diputación (por ser la que efectuó los pagos a David Sánchez y a su "hermanito") y la Fiscalía. Se da la circunstancia de que la primera de ellas se opone a recuperar el dinero que habría percibido de manera irregular.

En manos de la Diputación y la Fiscalía

De hecho, el ente pacense explica que la legitimación para reclamar los 340.000 euros pagados a David Sánchez y los cerca de 87.000 percibidos por Carrero corresponde "en exclusiva" a la "entidad local pagadora de las retribuciones" (esto es, a ellos mismos) o, "alternativamente", a la Fiscalía. Se trata de un extremo que ya contempló la Audiencia Provincial de Badajoz que en su sentencia expuso que no iba a entrar en el análisis de la responsabilidad civil de los condenados (entre los que se encuentran exaltos cargos de la Diputación) porque ello corresponde al Tribunal de Cuentas.

El Ministerio Público (que declinó acusar en el procedimiento penal) no se opone a que se practiquen las diligencias necesarias, de acuerdo con un escrito remitido al departamento segundo de enjuiciamiento, que dirige la consejera Elena Hernáez. En concreto, el fiscal pide que se ponga en marcha el proceso contable "para que se practiquen las diligencias" que contempla la ley.

La Diputación pacense, sin embargo, se niega a ello pese a ser la que desembolsó las cuantías irregularmente percibidas. Según indica, las retribuciones devengadas a Carrero y al hermano del presidente del Gobierno "guardaron correspondencia con los servicios efectivamente prestados y con las funciones desarrolladas". Cabe recordar que Sánchez obtuvo la plaza pública como coordinador de los conservatorios pacenses en 2017 aunque esa misma plaza derivó luego en jefe de la Oficina de las Artes escénicas. La juez que instruyó estas diligencias, Beatriz Biedma, entendió que se trató de un ascenso encubierto toda vez que modificó sus prestaciones iniciales sin que la plaza saliera a concurso.

Sin perjuicio para las arcas de la Diputación

Sin embargo, el ente que en el momento de los hechos presidía Miguel Ángel Gallardo expone que queda acreditado que los condenados prestaron los servicios por los que lograron sus cargos públicos, por lo que no cabría abrir el proceso contable para reintegrar los más de 400.000 euros que abonó la Diputación. Además, dicen que la sentencia de la Audiencia de Badajoz del pasado 14 de julio no es firme y que habría que esperar a que el Tribunal Superior de Justicia de Extremadura resuelva los recursos para actuar.

El dictamen que firma la presidenta de la Diputación se apoya en un informe previo de la Intervención General en el que se avisa que, para impulsar el proceso contable, se exige que el menoscabo sea "real y efectivo". "La ilegalidad del procedimiento seguido para la creación de un puesto o la selección de personal no determina por sí sola la existencia de daño cuando los pagos respondan a una contraprestación efectivamente realizada", avisa la Intervención.