Los disturbios de Barcelona y Bilbao han encendido las alarmas en el Palacio de la Moncloa. El Gobierno observa con preocupación la posibilidad de que los grupos violentos, muchos formados por menores de edad, aprovechen la próxima huelga general del 11 de noviembre para provocar nuevos altercados y terminen por desvirtuar una jornada de reivindicaciones sociales que el Ejecutivo lleva semanas impulsando. El temor no se limita al orden público. En el Ejecutivo también preocupa que las imágenes de violencia acaben alterando el desarrollo de la campaña de las elecciones generales del 29 de noviembre.

«Este fenómeno nos preocupa», reconocen fuentes gubernamentales, que aseguran que están trabajando para impedir que los incidentes «se reproduzcan» o «se amplifiquen». Moncloa quiere evitar que los violentos se mezclen entre los manifestantes y terminen convirtiendo una protesta legítima en una sucesión de enfrentamientos en la calle.

El Ejecutivo insiste en que los disturbios no pueden confundirse con las reivindicaciones de los convocantes. «No podemos juntar nunca jamás la legítima manifestación de los profesores, de los sanitarios, de los jóvenes que piden vivienda con estos hechos», subrayan las mismas fuentes.

Pese a la preocupación, el Gobierno asegura que sus previsiones sobre la huelga no han cambiado. Confía en que se celebre con normalidad, aunque advierte de la posibilidad de que se produzcan convocatorias paralelas protagonizadas por estos grupos violentos. Las fuerzas de seguridad, sostiene, actuarán para prevenir y contener cualquier altercado.

La inquietud también es electoral. En Moncloa consideran que el PP y Vox pretenden convertir la inseguridad en el principal asunto de discusión pública. «El PP quiere llevar ahí la campaña, pero nosotros no se lo vamos a permitir», aseguran.

El Gobierno teme que la violencia termine desplazando el debate sobre las políticas sociales y las reivindicaciones ciudadanas. Una circunstancia que podría modificar el marco político de las últimas semanas de campaña.

El Gobierno apura las últimas horas del ultimátum del Tribunal Supremo. El Alto Tribunal dio de plazo hasta este miércoles al Ejecutivo para que identifique a los 163.020 nacionalizados al amparo de la conocida como «ley de nietos» que tienen suspendido temporalmente su derecho al voto en las elecciones generales del próximo 29 de noviembre.

En el Palacio de la Moncloa aseguran que cumplirán. Aunque para conseguirlo han tenido que movilizar a los consulados españoles, reforzar sus plantillas y cancelar las vacaciones y los permisos de fin de semana de parte de sus trabajadores.

La portavoz del Gobierno, Elma Saiz, ha garantizado este martes que el Ejecutivo remitirá la documentación requerida antes de que expire el plazo fijado por el Supremo. «Se cumplirá el plazo», ha asegurado la también ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, que ha explicado que los departamentos implicados están dedicando los recursos necesarios para ejecutar la orden judicial.

La operación recae fundamentalmente sobre dos ministerios: Asuntos Exteriores, dirigido por José Manuel Albares, y Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, encabezado por Félix Bolaños. Ambos recibieron el pasado viernes el requerimiento del Alto Tribunal para identificar a los ciudadanos afectados por la suspensión cautelar de su derecho de sufragio. Y ojo porque el Supremo acompañó el requerimiento de una advertencia expresa: el incumplimiento podría desembocar en multas e incluso en la exigencia de responsabilidades penales de los titulares de ambas carteras.

El Ejecutivo ha puesto en marcha desde entonces un dispositivo extraordinario para reunir la información. Fuentes gubernamentales reconocen que el procedimiento ha resultado especialmente complejo por el volumen de expedientes y por la necesidad de recabar datos de las oficinas consulares. La premura ha obligado a reorganizar los servicios, ampliar los equipos de trabajo y suspender descansos para llegar a tiempo a la fecha límite.

La controversia tiene su origen en la aplicación de la disposición de la Ley de Memoria Democrática que permitió acceder a la nacionalidad española a descendientes de personas que habían perdido o renunciado a ella como consecuencia del exilio. El Supremo ha ordenado suspender temporalmente el derecho al voto de 163.020 nacionalizados que, según el criterio recogido en la resolución judicial, no han acreditado su condición de descendientes de exiliados.

Esa decisión abrió otro nuevo frente entre el Gobierno y el Poder Judicial; este en plena precampaña electoral. En Moncloa aseguran que acatarán el requerimiento, pero mantienen sus discrepancias con una medida que consideran especialmente grave por afectar al ejercicio de un derecho fundamental a pocas semanas de las elecciones.

El propio Pedro Sánchez ha convertido esta controversia en uno de los asuntos de sus intervenciones de precampaña. El presidente ha reprochado que descendientes de republicanos que tuvieron que abandonar España no puedan ejercer su derecho al voto mientras que, según su argumentación, los descendientes de quienes pertenecieron al bando nacional sí pueden hacerlo. Con esta comparación, Sánchez ha cuestionado públicamente las consecuencias de la resolución judicial.

Los ministerios de Albares y Bolaños trabajan contrarreloj para remitir la relación completa de afectados. El Gobierno quiere evitar un nuevo choque con el Supremo por el incumplimiento de una orden expresa, especialmente después de que los magistrados hayan advertido de las consecuencias que podría tener una demora.

A veinticuatro horas del vencimiento del plazo, Moncloa transmite que la documentación llegará a tiempo. Pero la entrega de la lista no resolverá el conflicto de fondo: la suspensión del derecho al voto de más de 163.000 nacionalizados en unas elecciones generales convocadas para dentro de poco más de un mes. El Gobierno acatará la orden mientras mantiene abierta su discrepancia con la decisión judicial.

Más Madrid todavía no ha contactado con los extrabajadores que denunciaron a la diputada Tesh Sidi por presunto acoso laboral pese a que sus reglas internas establecen «la mayor celeridad posible» para la resolución interna de conflictos. Hoy se cumple una semana desde que los denunciantes presentaron, el pasado 20 de octubre, el escrito ante el Comité Ético y de Estatutos del partido. La única respuesta que han recibido desde entonces fue el acuse de recibo, en el que se les precisó que la denuncia se trataría «en la próxima reunión» del citado comité.

La portavoz del partido, Manuela Bergerot, se pronunció ayer por primera vez sobre las informaciones desveladas por LA RAZÓN. Bergerot, que conocía desde octubre de 2025 las quejas sobre el trato que Sidi dispensa presuntamente a sus subordinados en la Cámara Alta, aseguró que el partido habría iniciado el «procedimiento» de investigación interno. «En estos casos estamos tranquilos. Confiamos en los procedimientos y cauces internos de Más Madrid, que son independientes y confidenciales. Y una vez que está abierto el procedimiento, no tenemos más información. Hay que respetar la independencia y la confidencialidad de estos cauces», dijo en la Asamblea de Madrid.

El Comité de Código Ético y Estatutos de Más Madrid tiene la obligación de reunirse de forma ordinaria al menos una vez cada seis meses, además de «todas las veces que sea necesario» para resolver los asuntos de su competencia con la «máxima celeridad». Los encuentros son convocados por la presidencia del comité con una antelación mínima de 48 horas.

Durante todo el proceso, sus integrantes están sujetos a un estricto deber de sigilo y confidencialidad respecto a las deliberaciones, documentos y resoluciones tratadas, las cuales son gestionadas de forma confidencial a través del canal de denuncias oficial del partido. Aunque según ha sabido este diario, un miembro de la dirección intentó localizar a los denunciantes para evitar que la denuncia se presentara en pleno proceso electoral. Y todo por el riesgo de que se terminara filtrando el caso a los medios de comunicación.

Una vez que se recibe una denuncia por escrito, el comité dispone de un plazo máximo de tres días hábiles para acordar formalmente la apertura del expediente interno. Por eso, los extrabajadores, en conversación con este diario, temen que el partido intente enterrar la denuncia. Mientras, esperan que les contacte el instructor que Más Madrid debería haber designado para investigar los hechos denunciados y recabar las pruebas necesarias para determinar si las conductas de Tesh Sidi pueden constituir una infracción de las normas internas.

El procedimiento contempla un periodo de alegaciones para la persona denunciada, un plazo inicial de diez días hábiles para la investigación, ampliable por otros diez cuando resulte necesario, y la elaboración de un informe que deberá elevarse al Comité para que adopte una resolución. Entre las posibles sanciones previstas para las infracciones muy graves figura la expulsión de la organización.

El régimen disciplinario del partido contempla expresamente como infracción muy grave los comportamientos hostiles, los insultos y las expresiones vejatorias que atenten contra la dignidad y el respeto mutuo. Es el supuesto recogido en el artículo 166.k de los Estatutos, cuya aplicación al caso de Sidi dependerá de los hechos que puedan acreditarse durante la investigación y de su encaje en las normas internas.