Las boyas que el Ministerio del Interior ha instalado en la frontera marítima de Ceuta han vuelto a fallar. La instalación no cubre el espacio más cercano al espigón del Tarajal, por donde entraron unos 80.000 inmigrantes a finales de julio en la peor crisis migratoria que ha sufrido España.

Interior colocó esta separación física para cumplir con la sentencia del Tribunal Supremo que establecía que no se podía devolver a aquellas personas que entrasen en territorio nacional si no habían superado una barrera física. Una malinterpretación de ese texto juridico fue lo que propició el asalto de los días 30 y 31 de julio, además de la difusión en redes sociales y grupos de mensajería.

Este martes, según pudo comprobar LA RAZÓN en el lugar de los hechos, la barrera no estaba cumpliendo sus funciones. Dejaba sin tapa el espacio más próximo a la zona de piedras, que sí supone una barrera física, y que fue el sitio por donde decenas de miles de personas entraron a nado. Preguntado por estos hechos, Interior no ha respondido a la hora de publicar esta información.

No es la primera vez que estas boyas fallan. A mitad de septiembre, varios de los flotadores se pincharon, dejando tramos totalmente inutilizados. Interior ha ido arreglándolo con parches, hasta que en septiembre aprobó un plan definitivo para ampliar la frontera terrestre española.

La obra del espigón de El Tarajal se realizará en dos fases. La primera consistirá en la prolongación mar adentro de 15 metros lineales dividida en tres tramos modulados cimentados mediante pilotes y un cerramiento superior de malla "antitrepa" con peines curvos invertidos.

En una segunda fase, la actuación permitirá prolongar mar adentro el espigón en 100 metros lineales mediante un dique vertical. Esta actuación, en sus dos fases, tendrá un coste estimado de 7 millones de euros.

Por otra parte, "la instalación de un sistema de balizamiento flotante para desplegar una red de contención de alta resistencia suspendida hasta el fondo marino para impedir el paso sumergido" tendrá un coste estimado de 2 millones de euros, apuntan las mismas fuentes. Este balizamiento permanente sustituirá a la barrera flotante que, con carácter provisional, se instaló el pasado el pasado mes de agosto.

Barcelona y sus Mossos d’Esquadra se preparan para una nueva noche de tensión. Aunque la Delegación del Gobierno de Cataluña no ha anunciado aún la prohibición de la manifestación del próximo día 31 de octubre, decenas de radicales están organizando ya asaltos masivos a comercios para asaltar las tiendas de lujo y sumir la ciudad catalana en el «caos». LA RAZÓN ha podido conocer las conversaciones que circulan por grupos de Telegram –bajo el nombre de Blocus– en las que se hace un llamamiento explícito a «saquear a los ricos» y a «quemar los contenedores» para «marear a la Policía».

En uno de los mensajes, un administrador señala que el día de la protesta comunicarán el punto inicial de encuentro y que posteriormente se facilitarán nuevas indicaciones a los participantes. «El 31 diremos ubicación inicial donde quedaremos a las 18.00. De ahí, habrá una persona que dirá tienda sin policía para ir y habrá que ir rápido», se desprende de las comunicaciones.

Bajo perfiles anónimos, la directriz no es otra que «aprovechar» la festividad de Halloween para ponerse «mascaras y guantes» –lo que hace más difícil cribar a los potenciales asaltantes de quienes salen a divertirse por las calles– y «coger cosas de valor». «Os recomiendo cuando tengáis cosas caras alejaros del centro y esconderlas. Si os pillan con eso a calabozo. No seáis ambiciosos. Coged cosas e iros», instruyen los administradores de los chats.

Las conversaciones no solo evidencian que el objetivo de las protestas no sería reivindicativo y que sería directamente delictivo, sino también la enemistad manifiesta de los protestantes contra los agentes policiales.

En uno de los mensajes, un usuario escribe que «hay que pillar a un mosu entre 20 para que vea qué gracia tiene»; otro responde proponiendo dejar al agente «desnudo» e, incluso, hay quien expone que «al policía le dejamos seco y sin porra ni nada».

Conscientes, no obstante, que para la convocatoria del próximo día 31 los Mossos d’Esquadra desplegaran un dispositivo «guapo» de seguridad, hacen un llamamiento a sus «colegas» porque «necesitan ser 700» y proponen tácticas para facilitar la impunidad. «Ya os podéis espabilar y que ninguno se quede en casa viendo directos [...]. Por los secretas no os rayeis chavales. Ocultar vuestro número en privacidad y estáis seguros», dicen.

Estos mensajes se producen en un contexto de preocupación policial por la posible repetición de los incidentes del pasado fin de semana, que terminaron con alrededor de 130 detenidos, 72 de ellos menores de edad, y decenas de establecimientos saqueados.

El despliegue policial

Fuentes consultadas por este periódico, aseguran que los Mossos preparan ya nuevos dispositivos de seguridad para reforzar la vigilancia de las principales zonas comerciales de la ciudad condal con especial atención a los grandes establecimientos de lujo –como Apple, Louis Vuitton, Rolex, etc.– ante el temor de que se repita la imagen que dejaron los violentos disturbios del pasado fin de semana.

Los agentes también recurrieron ayer a la Unidad Nacional de Retirada de Contenidos Ilícitos en Internet (UNECI), encargada de coordinar la eliminación de propaganda terrorista o extremista en redes, para cerrar, de hecho, el canal de conversación Blocus porque se incitaba a cometer acciones delictivas e instigaba a la violencia y con el objetivo de evitar nuevas réplicas de estos disturbios.

Mientras tanto, los Mossos trabajan para identificar a los promotores de las convocatorias, pero enfrentándose a grandes dificultades para determinar quién está realmente detrás de cada organización. Sobre todo, porque, dicen los investigadores, que los perfiles que agitaron las revueltas son «anónimos y efímeros» y porque utilizan mensajes con escasa trazabilidad que dificultan el rastreo. A ello hay que sumar que las plataformas no suelen colaborar con la Justicia a la hora de identificar sus cuentas.

No obstante, según explicó ayer la portavoz del gobierno catalán, Silvia Paneque, el Ejecutivo solicitó a alguna de estas empresas de mensajería que colaboren con el Govern y que eviten ser «espacios de impunidad y de divulgación de información no cierta».

Por otro lado, distintos mandos consultados por este periódico sí aseguran, en cambio, que tienen claro que el perfil de los detenidos es de gente muy joven, que «no tienen ni idea de política» y que la mayoría de ellos provienen de familias de clase obrera sin que conste tampoco antecedentes policiales. Estas mismas fuentes desligan, de hecho, los incidentes de los grupos ultras clásicos que se mueven por la Ciudad Condal –anarquistas, okupas o antisistemas–.

El uso de perfiles anónimos en redes sociales, la difusión de mensajes a través de grupos de Telegram y la ausencia de líderes visibles son los elementos que más dificultan las pesquisas.

Los investigadores analizan especialmente la creación de esos perfiles anónimos en plataformas digitales, la difusión de carteles generados con inteligencia artificial y el traslado de las convocatorias a grupos de mensajería privada.

Pero, según detallan en conversación con este diario, son investigaciones que suelen quedar «en nada» por la complejidad del rastreo para identificar a los presuntos líderes de las protestas.

No obstante, estas fuentes consultadas establecen una distinción clara entre las redes sociales y los grupos de mensajería privada, donde, dicen, sí puede ser una puerta para analizar a los creadores y organizadores de los mismos y una vía para poder llegar al origen de las revueltas y si este tiene nexos en el extranjero. Llegados a ese punto, unido a que las convocatorias se realizaron en otras ciudades de España, la investigación podría acabar en la Audiencia Nacional.

Aun así, la Policía es consciente de que las convocatorias no se quedaron en Barcelona y trabajan ya en la monitorización de las redes sociales como «seguimiento preventivo». Los agentes detectaron movimientos similares en Madrid y, según trasladan fuentes conocedoras, «neutralizaron» a un grupo amplio «similar» al de Cataluña. Chavales muy jóvenes, vestidos todos de negro y con ánimo de saquear negocios. En la capital la situación no fue a mayores, aunque el operativo se saldó con 200 identificados en el distrito centro, apuntan.

De hecho, debido al conocimiento policial y a las estrategias de monitorización desplegadas por parte de los agentes, la manifestación con intención violenta convocada para el próximo sábado en Madrid a fin de «quemar las calles» fue cancelada ayer. «No queremos que pase lo mismo que el pasado 24 de octubre. No vamos a arriesgar ni a repetir los mismos errores [...]. La operación Halloween ha fallado», apuntó el grupo Blocus a través de sus redes sociales en un comunicado.

Los altercados que inundaron las calles de Bilbao la noche de este pasado lunes generan una preocupación mayor y particular entre las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad. La quema de contenedores y de una motocicleta policial, el saquea de tiendas y la bronca en el espacio público coinciden en un momento de auge de distintos grupos abertzales que defiende la lucha armada como vía para conseguir sus objetivos. Es el caso de Jardun, cuyo líder, Aratz Bilbao, fue enviado hace escasas semanas a prisión junto a una joven de 23 años. Ambos están acusados de delitos relacionados con el terrorismo.

Bilbao trata de volver a la normalidad tras los graves disturbios protagonizados por grupos de jóvenes en protesta por un acto del agitador Vito Quiles finalmente cancelado, cuya violencia han condenado las instituciones y los partidos vascos, mientras los sindicatos de la Ertzaintza reprochan la organización del dispositivo policial.

Desde primera hora de la mañana, operarios municipales trabajaron en la retirada de los coches y los contenedores quemados, después de los incidentes que se registraron por el centro y el barrio de Deusto, donde también sufrieron daños algunos comercios.

Según ha calculado el Ayuntamiento, los altercados causaron unos 55.000 euros en daños al erario público, con 38 contenedores quemados, además de cinco coches calcinados cuyo perjuicio recae en sus propietarios.

Según el balance de la Ertzaintza, un total de 17 personas, diez de ellas menores de edad, fueron arrestadas y además se abrieron diligencias como investigada a una más, bajo la acusación de un delito de desórdenes públicos. Ninguno de ellos tiene antecedentes policiales.

La investigación continúa para tratar de identificar a más participantes en los disturbios y el consejero vasco de Seguridad, Bingen Zupiria, indicó que los detenidos no conocieron los años de violencia de ETA ni la «kale borroka» y por ello «cabe pensar que tienen referencias externas o pueden seguir consignas de grupos organizados vascos».

Los sindicatos Esan y Erne de la Erzaintza coinciden en reprochar la organización del dispositivo preventivo. El primero ha responsabilizado a la dirección del Cuerpo del alcance de lo sucedido ya que decidió desmontar ese operativo «con una precipitación difícilmente justificable».

«La cancelación del acto de Quiles no suponía la desaparición del riesgo», denunciaron en un comunicado consultado por LA RAZÓN, al tiempo que han pedido explicaciones a la cúpula policial autonómica.

Todos los grupos representados en el Ayuntamiento de Bilbao, a excepción de EH Bildu, firmaron una declaración de condena de «los graves disturbios» en la capital vizcaína y han condenado también los gritos que se corearon de «gora ETA militarra» (Viva ETA militar).

Por otra parte, EH Bildu expresó, en solitario, su «más absoluto rechazo a los comportamientos de carácter violento» en Bilbao y ha manifestado su solidaridad a los afectados. El Gobierno vasco aseguró que no va permitir que «una minoría violenta condicione la convivencia» de la sociedad en Euskadi y la «haga retroceder». La Ertzaintza está pendiente de más altercados esta semana