Nervis Villalobos se sienta este viernes ante el juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz para explicar cómo consiguió la nacionalidad española. El antiguo viceministro de Energía Eléctrica de Hugo Chávez está citado como investigado por un presunto delito de falsedad documental relacionado con los documentos que presentó para acogerse a la conocida como "ley de nietos", la vía de adquisición de la nacionalidad contemplada en la Ley de Memoria Democrática para los descendientes de españoles en determinados supuestos. Pedraz le ha reclamado expresamente que aporte los documentos originales de su expediente, entre ellos los certificados de nacimiento y el pasaporte de su abuela española.
La declaración se produce además en un momento especialmente sensible para esta vía de acceso a la nacionalidad. La conocida como "ley de nietos" vuelve a estar en el centro del debate judicial después de que el Gobierno haya entregado al Tribunal Supremo la identidad de 163.355 personas que obtuvieron la nacionalidad al amparo de la Ley de Memoria Democrática, en el marco de la controversia sobre la acreditación del exilio de los ascendientes y el derecho al voto. La disposición adicional de la ley permite optar a la nacionalidad, entre otros supuestos, a quienes nacieron fuera de España y son hijos o nietos de españoles que perdieron o renunciaron a su nacionalidad como consecuencia del exilio.
El caso de Villalobos tiene, sin embargo, una particularidad que ahora investiga Pedraz. Antes de recurrir a la Ley de Memoria Democrática, el exalto cargo venezolano había intentado obtener la nacionalidad española por residencia en dos ocasiones y ambas solicitudes fueron rechazadas. La primera se presentó el 20 de febrero de 2017 y fue denegada el 17 de julio de 2020. La segunda se registró el 25 de abril de 2024 y volvió a ser denegada, el 10 de octubre de 2025, al no concurrir los requisitos legales exigidos para esa vía.
Entre ambas solicitudes, Villalobos recurrió a la vía prevista por la Ley de Memoria Democrática. La petición se estimó el 21 de abril de 2025 y la nacionalidad quedó inscrita de forma definitiva el 23 de octubre de ese mismo año. Es precisamente ese expediente el que ha terminado bajo la lupa del juez de la Audiencia Nacional.
La investigación no pone en cuestión únicamente que la nacionalidad fuera concedida, sino la documentación empleada para acreditar el vínculo familiar que permitía acogerse a la "ley de nietos". Pedraz quiere comprobar los originales aportados por Villalobos y, en particular, los documentos relativos a su abuela española. La UCO ya acudió en junio al Ministerio de Justicia para hacerse con el expediente completo por orden del magistrado, que reclamó también identificar a los funcionarios que habían intervenido en su tramitación y los accesos registrados en la plataforma digital.
El Ministerio de Justicia ha defendido que la concesión se ajustó al procedimiento establecido. Según explicó entonces, la solicitud de Villalobos por la Ley de Memoria Democrática se concedió después de un recurso y tras una vez examinada por los funcionarios competentes. La resolución contó, según Justicia, con un dictamen de una consejera, el visto bueno del jefe de servicio, la propuesta del subdirector general y la resolución de la directora general.
La relevancia de la nacionalidad para la causa de las llamadas "cloacas del PSOE" aparece, precisamente, en las comunicaciones intervenidas a Leire Díez y en la documentación incorporada al procedimiento. El 19 de diciembre de 2024, la exmilitante socialista dejó escrito: "Necesito hablar contigo de la nacionalidad de Nervis". Semanas después, el 7 de enero de 2025, insistió ante el abogado Ismael Oliver, que representaba a Villalobos, para retomar las gestiones sobre su nacionalidad y llegó a advertir que en ese momento el venezolano estaba "muy vulnerable frente a los policías y fiscales".
Las actuaciones sitúan así la nacionalidad en el centro de las gestiones que Díez habría realizado en favor del exviceministro. Pedraz señala que la exmilitante socialista trató de utilizar sus contactos para acelerar el expediente y también para ayudar a Villalobos a resolver otros problemas administrativos y financieros. En marzo de 2025 contactó además con una persona identificada como "Hana", que podría ser Hana Jalloul, actual diputada del Parlamento Europeo por el PSOE, y buscó una reunión con el entonces gobernador del Banco de España, José Luis Escrivá, en relación con los problemas que Villalobos tenía con sus cuentas bancarias.
La investigación ha puesto también el foco en el abogado de Villalobos, Ismael Oliver. Según un atestado incorporado a la causa, Díez y Oliver habrían desplegado distintas maniobras para favorecer la situación judicial del venezolano, incluida una propuesta para entregar 300.000 euros al fiscal José Grinda a cambio de que archivara procedimientos que afectaban a Villalobos y de obtener información sobre el fiscal Alejandro Luzón.
Es en este contexto donde aparece el vínculo de Villalobos con el entorno político español y, en particular, con José Luis Rodríguez Zapatero. El exviceministro venezolano y el expresidente se conocen, y en la documentación incorporada a la investigación aparecen distintas anotaciones que relacionan a ambos nombres con las cuestiones que afectaban a Villalobos. Entre ellas figuran referencias como "Zapatero Nervis", "Peticiones ZP / Nexus" y "Reunion Con ZP", esta última seguida de una referencia expresa a la "Nacionalidad".
Las anotaciones, por sí solas, no permiten afirmar que Zapatero interviniera personalmente en la concesión de la nacionalidad. Sí forman parte del conjunto de referencias que los investigadores están tratando de contextualizar alrededor de Villalobos y de las gestiones realizadas en su favor.
El venezolano no es un personaje ajeno a las investigaciones que afectan al entorno del chavismo. Fue viceministro de Energía Eléctrica durante los gobiernos de Hugo Chávez y posteriormente desarrolló actividades como consultor y empresario. Su nombre aparece desde hace años en procedimientos judiciales relacionados con presuntos delitos de corrupción y blanqueo de capitales, entre ellos las investigaciones sobre Duro Felguera.
En la causa que dirige Pedraz, sin embargo, su posición es ahora diferente, y mañana deberá responder directamente ante el juez por la documentación que utilizó para obtener la nacionalidad española. La UCO lleva meses reconstruyendo cómo se tramitó aquel expediente y quién accedió a él. Pedraz quiere que sea el propio Villalobos quien explique de dónde proceden los documentos que le permitieron acogerse a una ley que, precisamente esta semana, vuelve a estar en el centro de una de las principales controversias judiciales sobre la nacionalidad española.
In a national address delivered on Thursday, Venezuelan Acting President Delcy Rodriguez presented an overview of the political, economic, cultural, spiritual and democratic transformation initiatives carried out throughout the year.
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During her address, she underscored the Venezuelan government’s independence in directing public policies and making strategic decisions.
“The decisions behind this transformation are made here, signed here and announced here, before you. Sovereignty is not negotiable,” Rodriguez said, emphasizing that Venezuela’s political horizon is measured by a sequence of objectives to be achieved, while maintaining international relations based on mutual respect.
Nearly 10 months after the U.S. military attack, Rodriguez referred to the “two perspectives” shaping Venezuela: that of those who view the changes as an excessive opening and that of those who believe the changes are happening too slowly. The Venezuelan acting president then stressed that her administration operates and positions itself at the point where these two perspectives intersect.
“Governance takes place between these two tensions, and we have chosen a path that will lead us steadily to a successful outcome,” she said, urging citizens to assess the government’s performance more objectively and dispassionately.
“I am not asking you to have faith. I am asking you to judge me by the facts. Less fighting, more solutions,” Rodriguez said, setting out the standard by which she wants her administration to be evaluated: “An announcement is not worth what it promises. It is worth what is delivered.”
Her statements come as U.S. President Donald Trump envisions Venezuela becoming the 51st state of his country, while Secretary of State Marco Rubio seeks to set the pace of Venezuela’s political process. In response to those ambitions, Acting President Rodriguez outlined her main priorities.
1. All Decisions Are Made in Venezuela
In keeping with the defense of national sovereignty, Rodriguez described the transformation proposed under the “Venezuela Reborn” plan as a “democratic, orderly, institutional and verifiable transformation.”
This translates into three aspirations that matter in every Venezuelan household: “that your child can return, that the power does not go out, and that your salary is enough to make ends meet. That is what rebirth means,” she said.
“Return will always be voluntary, dignified and guaranteed,” Rodriguez promised Venezuelans living abroad. She assured them that anyone who decides to return will find “a country that welcomes them with respect, their documents in order and employment opportunities.”
2. A Justice System Open to Witnesses
Regarding criminal justice reform, Rodriguez invited “independent organizations to verify each of these steps in complete freedom and transparency.”
She recalled that the reform is currently advancing through a nationwide consultation intended to hear everyone’s views, with technical assistance from the European Union and cooperation from the U.N. Office of the High Commissioner for Human Rights. Its purpose is to build “a fairer, more humane, transparent and impartial justice system.”
To date, nearly 9,000 people have benefited from the Amnesty Law, which ended criminal proceedings “stemming from the confrontation in which we were immersed,” Rodriguez said, emphasizing that more than 1,000 people have already regained their freedom.
In September, Rodriguez had acknowledged that the Law Against Hate “had been applied abusively.” Accordingly, the reform to that law introduced by the National Assembly seeks to eliminate criminal penalties and strengthen its educational purpose.
Once enacted, the reform will require the justice system to review the cases of individuals prosecuted under the law. This is in addition to instructions to security forces that no one may be detained without a court order, except when caught in the act of committing a crime, and a reminder that peaceful protest is a constitutional right that requires respect for the physical integrity of public officials.
“The responsible exercise of politics is guaranteed for everyone. The doors are open,” the Venezuelan acting president said.
3. Elections with the World as a Witness
“This is not a dialogue for the sake of appearances. These are difficult issues, and they cannot be resolved in a single day,” Rodriguez said, referring to one of the issues on the agenda of the dialogue table established under the Democratic Coexistence and Peace Program.
In October, the Venezuelan government and representatives of the 2015 National Assembly held a third round of talks in Caracas.
The agenda focuses on “upcoming electoral processes, reform of the Supreme Tribunal of Justice and the recovery of resources for post-earthquake socioeconomic assistance,” Rodriguez said, highlighting that the dialogue table had demanded that the United Kingdom return the seized Venezuelan gold.
In response to those calling for early elections, an urgency encouraged by the far right, Rodriguez recalled that “Venezuela’s political horizon is not measured by a date on the calendar, but by a sequence of objectives we must achieve.” At the end of that sequence are the ballot boxes.
“There will be elections, all those required by our Constitution, organized by a renewed electoral authority and with the world as a witness,” the Venezuelan acting president pledged.
She stressed that the process aims to establish an electoral authority “accepted by everyone,” guarantee internal democracy within political parties and leave behind the “times of confrontation that nobody wants anymore.”
Addressing those who hold different views, she said: “This transformation also belongs to you. I am not asking you to change your opinion. I am asking you to judge by the facts and come to the table, with equal rules for everyone.”
4. Contracts, Wages and Reconstruction
“You have the right to make demands, and I am listening,” Rodriguez said, emphasizing that dialogue on economic issues is already producing concrete results.
Thanks to the new regulations that have been approved, the Venezuelan government has managed to sign 61 contracts in the hydrocarbons sector, while another 44 contracts are under negotiation.
Authorities are also making progress in talks on mining and in assessing “nonessential assets held by the state that could be offered to the private sector or returned to their former owners.”
Workers’ wages are being discussed at a negotiating table that brings together trade union federations, business chambers and government authorities. For 2027, “increases in workers’ income across the country at four different points during the year” are planned. These increases “may in no case be lower than the economic growth recorded in the preceding quarter.”
To families who are still rebuilding their homes after the earthquake, Rodriguez promised that reconstruction efforts would not stop and that every month she would show them what had been done, where and when.
5. Legality as a Method
“When I said at the United Nations that legality was the way forward, it was not just a phrase. It was a method,” the Venezuelan acting president said during her national address.
She recalled that her administration continues to restore access to news websites “that had been subject to administrative measures as a result of the confrontation we experienced.” Restrictions imposed during the years of confrontation are now being reversed under the same legal framework that Rodriguez has made her governing method.
She urged Venezuelan journalists to act responsibly and respect citizens’ rights, while asking the foreign press not to stigmatize “the image of our country, nor its people and national identity.”
Finally, in response to those who fear that the transformations will entail too many concessions to traditional economic power groups, Rodriguez assured them that “nothing that has been built will be lost. What works will be protected, and what is wrong will be corrected.”
She urged young people to believe again, because these reforms are intended to ensure that “when it is their turn to decide the country’s direction, they will find institutions, not rubble.”
teleSUR/ JF
Sources: Presidential Press – MIPPCI
Anti-socialist opposition leader and Nobel Peace Prize winner María Corina Machado on Thursday affirmed that Venezuela will become America's greatest ally in the region once it finishes its transition back to democracy after nearly three decades of socialism.
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Caracas, 30 oct (Prensa Latina) El ministro para Relaciones Exteriores y Comercio Internacional Oliver Blanco llamó a construir hoy una Venezuela donde nadie se sienta excluido ni discriminado.
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Caracas, 29 oct (Prensa Latina) La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, anunció hoy nuevas designaciones en el Ministerio para las Relaciones Exteriores y Comercio internacional, con el objetivo de fortalecer el equipo diplomático.
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Delcy Rodríguez ha reestructurado el frente internacional del Ejecutivo con cambios clave en la Cancillería. Se trata de una nueva etapa con la que maniobra ante la aparente aceleración de las transformaciones en Venezuela, un proceso en el que busca asegurarse un lugar. El nombramiento de Oliver Blanco al frente de las relaciones exteriores resulta significativo: con este movimiento, Rodríguez emite señales de que ella también empuja la transición. Blanco es licenciado en Estudios Internacionales y hace solo unos días completó un máster en Gobierno y Políticas Públicas; sin embargo, su carrera diplomática comenzó apenas hace unos meses. Su mayor activo en el convulso tablero político actual es no pertenecer al chavismo. “Defenderé nuestra soberanía y el interés nacional trabajando siempre para alcanzar benificios concretos para la gente”, dijo Blanco al recibir el aceptar el cargo. Señaló que el momento obliga a “construir desde las diferencias” un país en el que “todos tengan un lugar”, sin exclusiones ni discriminación.
© MIGUEL GUTIÉRREZ (EFE)
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