La Procuraduría General de Justicia (PGJ), con apoyo de la Policía sandinista, habría extendido sus acciones contra propiedades y empresas relacionadas con antiguos mandos militares y empresarios nicaragüenses. La medida incluiría terrenos ubicados en zonas de alto valor comercial de Managua y activos vinculados con compañías intervenidas en los últimos días.

Fuentes del sector empresarial citadas por el medio nicaragüense La Mesa Redonda aseguraron que varios terrenos situados en el entorno de la pista Juan Pablo Genie fueron inmovilizados. En esa zona se encuentran las sedes del Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE), el Centro Corporativo BDF-ASSA, Plaza Ágora y otros desarrollos comerciales.

La presunta restricción de propiedades se conoce mientras avanzan acciones contra instalaciones empresariales relacionadas con el general en retiro Joaquín Cuadra Lacayo, exjefe del Ejército de Nicaragua, y contra compañías que operan en sectores estratégicos de la economía.

De acuerdo con información proporcionada a La Mesa Redonda por fuentes empresariales, el área afectada incluiría terrenos en los que intervino, desde comienzos de los años 2000, la sociedad anónima Desarrollos Ventura. La empresa estaría vinculada, según esas fuentes, con la documentación elaborada al coronel en retiro Mario José Cardenal Chamorro, antiguo director del Instituto de Previsión Social Militar, directivo y accionista histórico del Banco de Finanzas y socio de Cuadra Lacayo.

Hasta el momento, el régimen no ha divulgado una resolución oficial que detalle el alcance de la supuesta inmovilización, las propiedades afectadas ni los fundamentos legales de la medida.

Según publicaciones y discusiones urbanísticas citadas por La Mesa Redonda, Desarrollos Ventura habría concentrado aproximadamente ocho manzanas al sur de Camino de Oriente. Su modelo de negocio habría consistido en adquirir o administrar extensiones de terreno, desarrollar estudios técnicos, habilitar accesos, dividir propiedades y comercializarlas como macrolotes.

La estrategia coincidió con la transformación urbana de ese sector de Managua, impulsada por nuevas vías, rotondas, pasos a desnivel y conexiones con la Carretera a Masaya, Camino de Oriente y Santo Domingo. La infraestructura favoreció la llegada de bancos, empresas y centros comerciales, mientras aumentaba el valor de los terrenos.

La sede del Banco Centroamericano de Integración Económica fue construida en el lote número seis e inaugurada en marzo de 2022. El edificio cuenta con aproximadamente 4,391 metros cuadrados de construcción y representó una inversión anunciada de USD 16.5 millones.

En el lote número tres se encuentra Plaza Ágora, que figura como propiedad de María Lucrecia Lanzas Somarriba y Benjamín José Lanzas Somarriba, accionistas de Llansa Ingenieros S.A., una de las principales constructoras del país. La empresa ha recibido contratos de instituciones y alcaldías controladas por el Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN).

Entre los proyectos atribuidos a Llansa figuran tres estadios, con contratos que superarían los USD 104 millones; el paso a desnivel de Nejapa, por USD 20.5 millones, y el hospital de Nueva Guinea, con un monto aproximado de 993 millones de córdobas.

Una fuente empresarial nicaragüense aseguró, además, que el lote número siete, perteneciente a Corporación Agrícola S.A. (Agricorp), también estaría restringido y formaría parte del área originalmente atribuida a Desarrollos Ventura. Las fuentes consultadas por La Mesa Redonda vinculan a Agricorp con Bayardo Arce, actualmente preso por supuestos delitos de lavado de activos y defraudación al Estado de Nicaragua.

Intervenciones contra CENSA y Rocedes

La presunta inmovilización de terrenos coincide con acciones contra empresas relacionadas con Cuadra Lacayo. La noche del lunes 26 de octubre de 2026, fuerzas de la Policía sandinista, bajo órdenes de funcionarios de la PGJ, tomaron las instalaciones de Corporación Eléctrica Nicaragüense S.A. (CENSA), ubicadas en el kilómetro 68 de la carretera El Velero, en Puerto Sandino, departamento de León, según fuentes citadas por el mismo medio.

CENSA opera en Nicaragua desde mayo de 1997 y estaría vinculada con Cuadra Lacayo, quien dirigió el Ejército de Nicaragua antes de desarrollar actividades empresariales. Las razones alegadas para la intervención incluirían presuntos incumplimientos del contrato de suministro eléctrico y supuestas deudas con el Instituto Nicaragüense de Seguridad Social (INSS) y la Dirección General de Ingresos (DGI).

En los días previos también habría sido intervenida Rocedes, una empresa vinculada con el exjefe militar que opera bajo el régimen de zona franca en el Parque Industrial Las Mercedes, en Managua.

Las acciones contra CENSA y Rocedes, junto con la presunta inmovilización de terrenos en Managua, ocurren en un contexto de denuncias sobre inseguridad jurídica para empresas en Nicaragua. En años recientes se han reportado intervenciones estatales contra compañías de distintos sectores, mientras el Departamento de Estado de Estados Unidos ha advertido sobre los riesgos de invertir en el país y ha recomendado actuar con precaución ante las condiciones del entorno empresarial.

La Policía Nacional de República Dominicana informó que apresó a dos hombres y una mujer durante un operativo en el sector Capotillo, Distrito Nacional, en el que incautó presuntas drogas, una balanza y equipos que, según las autoridades, se utilizaban para pesar sustancias.

La información fue difundida por el vocero de la institución, Diego Pesqueira, quien indicó que el procedimiento tuvo lugar en la calle Duarte, en el callejón Sibanito.

La intervención formó parte de la búsqueda de Vladimir Bisamal Yanki, alias “Boca 30”, un joven de 18 años requerido por las autoridades.

Los detenidos fueron identificados como Marcos Augusto Rivera Díaz, Emilio Lucas y Esperanza Cuevas María. La Policía señaló que esta última es pareja sentimental del prófugo, cuya localización continúa bajo investigación.

Durante el registro, agentes de la Dirección Central de Investigación (DICRIM) hallaron nueve paquetes de un vegetal que sería marihuana, 10 envases plásticos con una sustancia de características similares, 82 fundas tipo ziploc con presunta marihuana, una balanza y siete máquinas en estado de deterioro.

Pesqueira precisó que los agentes del Departamento Operativo II de la Unidad Central de Búsqueda y Captura de Prófugos, Rebeldes y Condenados ejecutaron el operativo en coordinación con la Subdirección de Investigación de Santo Domingo Norte.

Marcos Augusto Rivera Díaz será enviado a la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD), de acuerdo con el informe policial. Emilio Lucas y Esperanza Cuevas María permanecían bajo custodia para los procedimientos legales correspondientes.

La institución sostuvo que mantiene activas las acciones dirigidas a localizar a personas requeridas por la Justicia y que los operativos buscan contrarrestar la venta y distribución de sustancias controladas en distintos sectores del país.

El procedimiento en Capotillo se conoció luego de una serie de intervenciones realizadas por la Policía Nacional entre agosto y octubre, con detenciones por presuntos delitos relacionados con armas, robos, microtráfico y órdenes judiciales pendientes.

Operativos en agosto dejaron arrestos por armas, drogas y asaltos

El 12 de agosto, la Policía informó la detención de Maumar Cadafi Féliz en Barahona, tras ocuparle una pistola calibre nueve milímetros sin documentación. En San Juan de la Maguana fue detenido Adrián Mateo de los Santos, luego de una persecución vinculada a una intervención por contaminación sónica.

Ese mismo reporte incluyó la captura de Ángel Antonio Durán Guzmán, de 33 años, requerido por una orden judicial en un caso de tentativa de homicidio, golpes y heridas. En La Romana, además, fue detenido un joven de 19 años durante un operativo en el que se ocuparon 421 porciones de presuntas sustancias controladas.

El 15 de agosto, agentes de la DICRIM apresaron a Brayan José García Rodríguez y Víctor Junior Rodríguez, señalados como presuntos integrantes de una estructura vinculada a asaltos en el Distrito Nacional y Santo Domingo Oeste. La Policía reportó la ocupación de una pistola, siete celulares y RD$133.000 (USD 2,195.99) en efectivo.

En septiembre y octubre se multiplicaron las intervenciones

En septiembre, la Policía ejecutó cinco órdenes de arresto en Espaillat y Hermanas Mirabal por investigaciones sobre presunta estafa, violencia intrafamiliar, violencia de género y robo agravado. En La Caleta, Santo Domingo Este, fue detenido Manuel García, de 39 años, acusado de un supuesto intento de atraco con una pistola de juguete.

También fueron arrestadas siete personas en Baní durante allanamientos y operativos que derivaron en la ocupación de armas, municiones, mercancías de presunto contrabando y máquinas tragamonedas.

Entre el 10 y el 16 de octubre, la Dirección Central de Inteligencia (DINTEL) y el Ministerio Público realizaron 115 allanamientos y 441 operativos focalizados, con 287 detenidos, 45 órdenes de arresto ejecutadas y 39 armas de fuego ocupadas, según la Policía Nacional.

La presidenta de Perú, Keiko Fujimori, visitó el Centro Escolar Marcelino García Flamenco, en el distrito de Santa Tecla, departamento de La Libertad, para conocer el modelo educativo salvadoreño que incorpora tablets, pantallas interactivas y un tutor de inteligencia artificial en las aulas.

La actividad fue transmitida por el medio peruano TV Perú Noticias, que contó con el acceso para acompañar el recorrido, en el cual hubo pocos medios locales. Fujimori se reunió con la ministra de Educación, Ciencia y Tecnología de El Salvador, Karla Trigueros.

El Centro Escolar Marcelino García Flamenco es una de las instituciones donde se ha implementado un sistema que combina el trabajo de los docentes con herramientas digitales. Cada estudiante dispone de una tablet conectada a una pantalla dinámica instalada en el aula.

Según explicó la cobertura de TV Perú, el sistema permite que cada alumno realice actividades diferenciadas de acuerdo con su nivel de avance. La plataforma registra las respuestas y aporta información para identificar qué estudiantes requieren refuerzo en materias o contenidos específicos.

La ministra Karla Trigueros acompañó a Fujimori durante la visita y le mostró el funcionamiento de las aulas y explicó el esquema educativo aplicado en la escuela pública.

La visita se produjo dentro de la agenda oficial de Fujimori en El Salvador, que incluyó actividades vinculadas con seguridad, salud y educación. Medios salvadoreños informaron que la mandataria peruana tenía previsto conocer experiencias estatales en esos sectores durante su estadía, programada entre el 28 y el 31 de octubre.

Intercambio con estudiantes salvadoreños

La señal estatal peruana mostró a Fujimori durante su ingreso a un aula de tercer grado, donde saludó a la docente y conversó con los alumnos sobre sus materias y el uso de dispositivos digitales en clase.

“Para conocer cómo estudian, cómo cada uno tiene su tablet, cómo tienen, además de la profesora, un tutor de inteligencia artificial”, afirmó Fujimori ante los estudiantes. La mandataria peruana señaló que el propósito de la visita fue observar cómo los escolares avanzan en la lectura y en otras áreas con apoyo de la tecnología.

Durante el intercambio con los alumnos, Fujimori preguntó cuál era el curso que más les gustaba. Uno de los niños respondió que Lenguaje. La presidenta también consultó si les interesaban las matemáticas y propuso realizar una prueba frente a las autoridades que integraban la comitiva.

Una estudiante leyó en voz alta un texto sobre un personaje que encontraba “una caja misteriosa escondida en el patio de la escuela”. Luego de la lectura, respondió una pregunta sobre el tono de voz adecuado para interpretar al personaje. La escena recibió aplausos de los asistentes.

“¿Podemos hacer una prueba?”, preguntó Fujimori antes del ejercicio. Tras la participación de la estudiante, la presidenta felicitó a los niños y les anunció que había llevado un obsequio desde Perú. “Les tengo un regalito de Perú para cada uno de ustedes”, expresó.

La jefa de Estado entregó lapiceros con detalles de lana de alpaca a los alumnos de tercer grado. La entrega formó parte de su recorrido por el establecimiento, que, según la cobertura de TV Perú Noticias, cuenta con alrededor de 170 estudiantes.

La delegación peruana incluyó funcionarios de Educación e Infraestructura

Durante el recorrido por Santa Tecla, Fujimori estuvo acompañada por la viceministra de Gestión Pedagógica del Perú, Miriam Ponce, y por el director del Programa Nacional de Infraestructura Educativa (Pronied), Pedro Morales, de acuerdo con la narración de TV Perú Noticias.

La cobertura también identificó entre los integrantes de la delegación al canciller Carlos Espá y al ministro de Salud, Luis Taes.

La agenda de la presidenta peruana contemplaba, además, reuniones con autoridades salvadoreñas y visitas a instalaciones relacionadas con los modelos de seguridad, salud pública y educación impulsados por el Gobierno de Nayib Bukele.

El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, ordenó el envío de vehículos blindados y helicópteros a Haití para reforzar la búsqueda de cuatro integrantes salvadoreños de una misión internacional que desaparecieron tras una emboscada de pandillas cerca de Puerto Príncipe.

El mandatario difundió el jueves 29 de octubre un video en la red social X en el que se observa el embarque de tropas, vehículos blindados negros y helicópteros en aeronaves destinadas al país caribeño. Las imágenes muestran al menos cuatro helicópteros y cuatro vehículos blindados que fueron cargados con grúas.

Bukele sostuvo que el operativo busca localizar a los cuatro salvadoreños desaparecidos el 18 de octubre y apoyar las acciones contra las bandas armadas que operan en la zona metropolitana de la capital haitiana. “Estamos dando una lección a las pandillas (...) que hacen sufrir al pueblo haitiano”, escribió el presidente.

Los militares forman parte de la Fuerza de Supresión de Pandillas (GSF, por sus siglas en inglés), una misión internacional autorizada por las Naciones Unidas para enfrentar a los grupos criminales haitianos. Según las autoridades salvadoreñas, los cuatro son técnicos aeronáuticos que cumplían tareas de evacuación médica y apoyo logístico.

El 18 de octubre, los hombres regresaban a su base en un vehículo blindado luego de realizar compras en un mercado cuando fueron atacados por hombres armados en Croix-des-Bouquets, en las afueras de Puerto Príncipe. Los atacantes utilizaron armas de fuego y explosivos, lo que provocó un incendio en el vehículo.

Los técnicos lograron salir de la unidad, pero desde entonces se ha perdido el contacto con ellos. Helicópteros enviados como apoyo también han recibido disparos durante la operación, de acuerdo con los reportes iniciales sobre el ataque.

La emboscada ocurrió en un área donde tienen presencia grupos criminales identificados como Chèn Mechan y 400 Mawozo, aunque ninguna de estas dos organizaciones se ha atribuido públicamente el hecho. Las fuerzas haitianas y los contingentes internacionales desplegados en el país mantienen operativos en la zona para intentar ubicarlos.

El Salvador afirma que la misión cuenta con respaldo internacional y haitiano

La movilización salvadoreña se ha intensificado en los últimos días. Bukele afirmó que el despliegue cuenta con “autorización de todos los niveles internacionales y nacionales” y remarcó que el objetivo principal es recuperar a los cuatro técnicos.

El presidente también rechazó que la llegada de tropas y equipamiento a Haití represente una intervención contra la población. “Esto no es una operación contra el pueblo haitiano, ni una invasión”, señaló en un mensaje dirigido a los haitianos.

Según Bukele, El Salvador financia el 90% de la ofensiva con recursos propios, pese a que otros países colaboraron en la logística del traslado de personal y equipos. De momento, el gobierno salvadoreño no ha informado el número exacto de helicópteros ni vehículos blindados que quedarán asignados a las tareas de búsqueda.

Uno de los aviones que participó en los traslados fue identificado como un Boeing 737-401 de la compañía ecuatoriana Aeroregional. Registros de Flightradar24 citados por la agencia AFP indicaron que la aeronave realizó vuelos entre Ecuador, El Salvador y Haití entre el 23 y el 27 de octubre.

La búsqueda continúa sin información oficial sobre el paradero de los cuatro técnicos salvadoreños. Bukele advirtió el pasado 21 de octubre a los grupos criminales que puedan tenerlos retenidos que su gobierno aumentaría la presión militar si no eran devueltos “vivos y sin daños”.

Este jueves, durante una conferencia de prensa por la visita de la presidenta de Perú, Keiko Fujimori, el presidente Bukele se refirió nuevamente al tema de los técnicos desaparecidos en Haití y advirtió a los grupos criminales que si no entregan “por las buenas” a los salvadoreños, “los vamos a rescatar por las malas”.

El proyecto de tierras raras que impulsa el Estado dominicano en Pedernales despertó el interés de empresas vinculadas a esa industria en Estados Unidos, la Unión Europea y Corea del Sur, aunque la iniciativa todavía se encuentra en la etapa de exploración, según el medio dominicano Acento.

El Ministerio de Energía y Minas informó que la Empresa Minera Dominicana (Emidom) recibió consultas de compañías interesadas en conocer detalles sobre el yacimiento.

La institución atribuyó ese interés al carácter estratégico de estos minerales y a la demanda internacional por materiales empleados en tecnologías de alta complejidad.

De acuerdo con declaraciones del ministerio recogidas por el medio dominicano Acento, aún no corresponde evaluar fórmulas de participación privada, alianzas o condiciones de aprovechamiento.

Las autoridades sostienen que faltan datos técnicos para determinar la presencia de los minerales, su volumen, su concentración y las posibilidades reales de extracción.

La prioridad oficial es consolidar las capacidades científicas y técnicas que permitan definir el potencial del proyecto ubicado en Pedernales, provincia del suroeste de la República Dominicana. “La selección de tecnologías y de eventuales aliados dependerá de los resultados de las investigaciones en curso y de los lineamientos del Consejo de Administración de Emidom”, indicó el Ministerio de Energía y Minas al medio dominicano.

Antes de una eventual declaración de reservas, Emidom deberá completar tres etapas: la estimación y clasificación de los recursos minerales, la investigación metalúrgica y los estudios de factibilidad.

El primer punto exige una cuantificación por categorías, certificada por profesionales calificados y bajo estándares internacionales. Ese proceso permitiría establecer qué tipo de recursos existen en el área, en qué cantidad y con qué grado de certeza técnica.

La segunda fase se concentra en la investigación metalúrgica, que busca desarrollar y comprobar un método para separar los elementos de interés. Según el Ministerio de Energía y Minas, los trabajos se encuentran en una etapa de laboratorio y deberán avanzar hacia pruebas piloto antes de que pueda definirse una tecnología de procesamiento.

El tercer eje será un estudio de factibilidad que reúna variables técnicas, económicas, ambientales y sociales. Esa evaluación determinará si una operación minera puede desarrollarse dentro del marco legal y bajo condiciones que permitan su ejecución.

“Emidom desarrolla los procesos técnicos necesarios para avanzar hacia la estimación y eventual declaración de reservas de acuerdo con los estándares internacionales aplicables”, explicó Energía y Minas al medio dominicano.

El costo de extracción dependerá de los estudios pendientes

Las autoridades aún no han establecido el costo de extracción y procesamiento de las tierras raras. El Ministerio de Energía y Minas señaló que esa cifra dependerá primero de la estimación de recursos y de la definición de una ruta metalúrgica que pueda ser validada.

Emidom mantiene intercambios técnicos con laboratorios, centros de investigación y proveedores de tecnología de distintos países como parte de la cooperación internacional del Estado dominicano. La empresa también trabaja en el fortalecimiento de las capacidades analíticas nacionales y en la formación de personal especializado.

Las instalaciones industriales que se requieran para una futura operación deberán diseñarse a partir de los resultados de las investigaciones. Además, tendrán que ajustarse a los criterios ambientales y sociales que establezca el Consejo de Administración de Emidom.

El Ministerio de Energía y Minas afirmó que cualquier tecnología o socio que se seleccione deberá responder a criterios de interés nacional, ética, transparencia y cumplimiento de la ley. Los acuerdos que eventualmente se formalicen deberán comunicarse conforme a las disposiciones legales vigentes.