La cuenta atrás para las elecciones generales del 29 de noviembre ya ha comenzado y las pensiones siguen en el centro del debate electoral. Los partidos políticos darán comienzo a la campaña el 13 de noviembre, un momento que esperan los más de 10 millones de pensionistas de nuestro país, un 30% del censo en España, que buscan saber qué es lo que pasará con el sistema de pensiones. Una situación de la que ya se han hecho eco los expertos como Gonzalo Bernardos.

El economista catalán no ve un peligro inminente para las pensiones españolas, ya que entiende que el sistema es "absolutamente viable" y sostiene que las pensiones están "aseguradas" tenga 25, 30 o 55 años. Ahora bien, el profesor de la Universidad de Barcelona también piensa que para que esta sostenibilidad se mantenga igual habría que efectuar algunos ajustes. Así lo relató durante su intervención en el programa Más vale tarde de La Sexta.

¿Qué ajustes necesitaría el sistema de pensiones?

Para garantizar el sistema de pensiones en España habría que reducir el déficit, y esto es lo que lleva a Bernardos a plantearse varias propuestas. Eso sí, algunas con más respaldo que otras. Durante su intervención, explicó la posibilidad de que una de ellas podría ser que los trabajadores paguen más cotizaciones; sin embargo, eso podría perjudicar a los salarios y el economista no está muy de acuerdo.

Aunque tampoco aprueba la siguiente idea, Bernardos habla de que la posibilidad también podría pasar por reducir las prestaciones a los jubilados. Un hecho que ya de por sí crearía una situación compleja. Por ello, el catalán apuesta por la tercera vía: retrasar la edad de jubilación y prolongar así la vida laboral para reforzar el sistema.

"El jubilado medio en España tiene 20 años de pensión..."

Las propuestas para mantener viable el sistema de pensiones son varias, pero para que estas existan debe haber una amenaza. Para Bernardos, la principal es que el sistema cambie de forma que los pensionistas solo cobren por lo que han cotizado como ocurre en Suecia. Esto, según el economista, reduciría las prestaciones afectando a la calidad de muchos pensionistas españoles, ya que como explica "el jubilado medio en España tiene 20,1 años de pensión, pero solo ha pagado como máximo por 12".

La edad ordinaria de jubilación en España en 2026 es de 65 años para todos aquellos que hayan cotizado ya 38 años y tres meses. Si no se alcanza ese periodo, deberán esperar hasta los 66 años y 10 meses. A partir de 2027, la edad ordinaria de jubilación será de 67 años, aunque quienes acrediten 38 años y 6 meses cotizados podrán seguir retirándose a los 65 años. Un español como primera pensión cobrará, según el economista, "el 80,4% de su último salario", lo que hace a Bernardos explicar que estamos ante un sistema muy generoso.

Para el catalán, el sistema de pensiones es algo por lo que sentirse orgulloso en España, pero sostiene que para mantener su viabilidad en el futuro, tarde o temprano habrá que hacer algunos ajustes.

Este octubre se ha convertido en el mes con la factura eléctrica de un consumidor tipo con tarifa regulada o PVPC más elevada de los últimos cuatro años, coincidiendo con el encarecimiento de la energía, en máximos desde el último trimestre de 2022, y la subida de los futuros, su otra referencia.

Según el simulador de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), el recibo de un suministro con una potencia de 4,4 kilovatios (kW), un consumo mensual de 60 kilovatios hora (kWh) en horario punta, 70 kWh en llano y 120 kWh en valle y fecha de facturación hasta este 30 de octubre ha superado los 80 euros.

Se trata de un 8% más que en septiembre; un 29% más en comparativa interanual; y un 41% más que la media de los tres octubres anteriores, que fue de 57 euros.

No obstante, hay que tener en cuenta que las facturas de este décimo mes, tanto en 2025 como en 2026, cuentan con unos impuestos eléctricos normalizados, a diferencia de lo sucedido en otras ocasiones en las que el Gobierno ha aplicado una rebaja fiscal para mitigar el impacto económico de 'shocks', como la guerra en Ucrania.

En cualquier caso, todavía se encuentra lejos de los máximos históricos alcanzados en los primeros trimestres de 2022, antes de la implantación de medidas como el "tope al gas", cuando un consumidor tipo de las mismas características llegó a pagar 123 euros (marzo).

Se encarece el coste de la energía

La diferencia principal entre los recibos de los dos últimos ejercicios se encuentra en el término variable, en concreto, en el coste de la energía, que ha pasado de unos 30 euros en octubre del año pasado a 42 euros en el acumulado de estas cinco últimas semanas.

Esta circunstancia ha incrementado, por tanto, el importe abonado en concepto de impuesto eléctrico del 5,11%, que se multiplica por la suma de término fijo más término variable más financiación del bono social. También del IVA, que se aplica sobre el precio final de la energía empleada en el hogar.

Uno de los factores que ha contribuido a este repunte de la factura se encuentra en el mercado mayorista de la electricidad o 'pool', una de las referencias para los consumidores con tarifa regulada, que ha marcado en octubre un precio medio de 165 euros/megavatio hora (MWh).

Este nivel, el más alto en cuatro años, se ha registrado en un mes de máximos anuales, elevada generación nuclear e incertidumbres geopolíticas que han acrecentado la volatilidad en los mercados energéticos.

De hecho, solo en una sesión, el precio medio bajó de los tres dígitos. En otra veintena superó los 100 euros/MWh, y en cinco ocasiones sobrepasó la barrera de los 200 euros/MWh.

Es más, en la última semana, el 'pool' ha batido su techo anual en dos sesiones consecutivas: jueves 29 (231,02 euros/MWh) y viernes 30 (244,69 euros/MWh).

Esta tesitura está vinculada a la escalada de la cotización de gas en un contexto que sigue condicionado por la guerra en Oriente Próximo y la situación en el estrecho de Ormuz, corredor energético internacional.

Así, el gas europeo TTF ya ha superado los 100 euros/MWh, el triple que hace un año, lo que hace que recurrir a él para producir electricidad resulte costoso.

El impacto de la cesta de futuros

Impuestos y costes fijos (peajes, cargos y ajustes del sistema) al margen, el precio para los usuarios con PVPC depende en un 45% del mercado mayorista diario y en un 55%, de una cesta de futuros. Pero no ha sido de esta forma siempre.

Antes de 2024, la PVPC dependía exclusivamente del 'pool'; sin embargo, a raíz de la crisis energética que sucedió a la invasión rusa de Ucrania, en 2022, el Gobierno modificó la metodología de cálculo a fin de reducir la exposición de los pequeños consumidores a la fuerte volatilidad del mercado mayorista.

La opción escogida fue combinar el precio diario con productos mensuales, trimestrales y anuales, que fueron ganando peso de manera progresiva (25% en 2024, 40% en 2025 y 55% a partir de 2026).

En cualquier caso, la incertidumbre geopolítica también impacta sobre los futuros de la electricidad de OMIP.

A pesar de haber frenado su avance en la última sesión, ascienden a 193 euros/MWh para noviembre; a 169,25 euros/MWh para el primer trimestre de 2027; y a 130,4 euros/MWh para el conjunto del próximo año. Solo los futuros para 2027 han repuntado más de un 70% respecto a lo que marcaban hace justo dos meses. Este mercado proporciona señales de precios a inversores e industrias.

El otoño ya está aquí, aunque en algunos puntos del país el calor siga teniendo gran protagonismo. Los últimos movimientos en el mercado energético han hecho que el Gobierno se pronuncie, y limite la subida de la TUR del gas (Tarifa de Último Recurso), que amenazaba con una subida de más del 50% debido al aumento de los costes del crudo. Sin embargo, la subida del gas no solo se nota en la factura de este suministro: la luz también lo nota. La factura de la luz media del noveno mes del año fue un 8,10% más cara de lo que lo fue el año anterior, según datos de la OCU, manteniendo así la tendencia alcista de los últimos meses. Ante este panorama, los usuarios ven como una prioridad conseguir alguna de las tarifas de luz más baratas para hacer frente a los meses más fríos del año, donde el gasto en electricidad también se dispara.  

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Este próximo domingo 1 de noviembre se celebra el Día de Todos los Santos, una jornada festiva en España en la que millones de ciudadanos acuden a los distintos cementerios de nuestro país para honrar la memoria de seres queridos que ya no están entre nosotros.

Lo más probable que muchos de estos difuntos contaran con una póliza de decesos que cubre los gastos del entierro, pero seguramente que otros mucho no. Los familiares de estos últimos, por tanto, deben hacerse cargo del coste total del entierro o la incineración.

El dilema que se plantean muchas familias en estos casos es si es mejor afrontar los gastos cuando se produzca el fallecimiento del ser querido o contratar un seguro de decesos que te permite ir pagando poco a poco a lo largo de los años.

Según un informe elaborado por la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU), la opción más económica es afrontar los gastos de un entierro cuando se consume la muerte del familias, ya que pagar durante años un seguro de decesos "suele ser una opción cara" que, en general, "no compensa". "Nuestros estudios comparativos revelan que, con un seguro de decesos, a la larga, se acaba pagando entre el doble o el triple de lo que cuesta el servicio funerario", asegura esta organización.

Sin embargo, pese a este elevado coste, según revela la Unión Española de Entidades Aseguradoras (UNESPA), el seguro de decesos en España se caracteriza por una "extraordinaria estabilidad y un crecimiento sostenido", consolidándose año tras año como una de las pólizas más comunes en los hogares. A diferencia de otros ramos que fluctúan según los ciclos económicos, el porcentaje de población protegida se ha mantenido de forma estructural entre el 44% y el 46% en la última década.

La última memoria social de esta organización señalan que alrededor del 44,4% de la población tiene contratado un seguro de decesos. "El seguro de decesos apoya a las familias cuando fallece uno de sus integrantes. Se ocupa de organizar el sepelio en un momento especialmente delicado, así como de otras gestiones (testamentaría, gestión de la vida digital, etcétera). Prácticamente, la mitad de la población española está protegida por este seguro. Es un servicio que goza de una amplia aceptación en todo el país", destaca la patronal del sector en su informe.

El precio de un sepelio puede superar los 5.000 euros

Por otra parte, la OCU también ha abordado en un informe el precio total de un sepelio completo (ataúd, la inhumación o incineración, flores, coche, esquelas...). La conclusión es que los costes pueden superar los 5.000 euros dependiendo de la ciudad donde vivas, aunque el coste medio en España supera los 3.700 euros.

"De los costes del servicio funerario el féretro, arca o ataúd es el apartado más caro: un modelo común, sin lujos especiales, cuesta entre 600 y 1.300 euros, pero la media ronda unos 1.200 euros", advierte la organización de consumidores en su análisis. "El alquiler de tanatorio también supera los 500 euros, y a eso hay que sumar otros gastos: esquelas, flores, el coche fúnebre, la preparación del cuerpo, los gastos de personal...tienen cuantía muy variable, pero una corona mediana supera los 100 euros", añade.

Este documento indica igualmente que en el precio del cementerio, que incluye el servicio de inhumación (entierro) y el coste de la unidad de enterramiento (nicho), existen importantes diferencias y que "algunos ayuntamientos exigen el pago de tasas adicionales relacionadas con el mantenimiento, movimiento de lápidas...". Así, el coste del cementerio puede superar los 2.000 euros o apenas llegar a los 75 euros dependiendo del Consistorio, siendo el precio medio en España de 668 euros.

Los paquetes procedentes de países de fuera de la Unión Europea tendrán que hacer frente a un nuevo coste a partir del 1 de noviembre. La UE pondrá en marcha este domingo una tasa de tramitación de dos euros por envío para reforzar los controles aduaneros sobre los millones de pequeños paquetes que llegan cada día a territorio comunitario, muchos procedentes de plataformas de comercio electrónico como Amazon, Temu o Shein.

La medida se suma al arancel aduanero de tres euros que la Unión Europea introdujo el pasado 1 de julio para los paquetes de menos de 150 euros. Ambas medidas buscan mejorar la seguridad de los productos importados, pero tienen una finalidad diferente: mientras que el arancel grava las importaciones, la nueva tasa pretende financiar el trabajo de las autoridades aduaneras.

La Federación de Consumidores y Usuarios CECU celebra la iniciativa, en línea con la Organización Europea de Consumidores (BEUC), al considerar que puede ayudar a detectar productos que incumplen las normas europeas antes de que lleguen a los hogares.

¿Quién tendrá que pagar los dos euros?

En principio, la nueva tasa no debe suponer un coste adicional directo para los consumidores. El pago corresponde a los importadores, no a las personas que compran los productos, según la información facilitada por CECU. Sin embargo, las organizaciones de consumidores temen que algunas plataformas intenten trasladar ese gasto al comprador durante el proceso de compra.

Por eso, recuerdan que el precio total debe mostrarse desde el principio y que no se pueden añadir cargos inesperados al final de la operación. "Las personas consumidoras tampoco deberían pagar esta nueva tasa de dos euros", señala Emily Riesco, responsable de Comercio de CECU, que insiste en que las plataformas importadoras deben asumir el coste.

La tasa tampoco significa que todas las compras realizadas en Amazon, Temu o Shein vayan a encarecerse automáticamente. Su aplicación dependerá de las condiciones de importación de cada paquete: no es lo mismo un producto enviado desde fuera de la UE que otro que ya se encuentra en un almacén dentro del territorio comunitario.

Dos euros más que se suman al arancel de julio

La nueva tasa llega cuatro meses después de la entrada en vigor del arancel temporal de tres euros para paquetes de menos de 150 euros. Este último se aplica por categoría de artículo dentro de un paquete y debe abonarlo el importador comercial, como un mercado digital o un operador postal.

Ambos pagos responden a objetivos distintos. El arancel grava las mercancías importadas, mientras que la tasa de tramitación busca aportar recursos para que las aduanas puedan inspeccionar los envíos y comprobar que cumplen las normas de seguridad.

La UE pretende así hacer frente al enorme volumen de compras por internet que llegan desde terceros países. Antes de la aplicación del arancel de julio, se estimaba que entraban cada día unos 15 millones de paquetes de bajo valor en la Unión Europea.

Hay un sector de la ciudadanía, sobre todo la población trabajadora más joven, que desconfía de los impuestos. Aunque es una actitud que todavía es minoritaria, ha adquirido una dimensión significativa. El último estudio realizado por el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) sobre la percepción que tiene la ciudadanía sobre la política fiscal es llamativo. Uno de cada cuatro encuestados considera que los impuestos "son algo que el Estado nos obliga a pagar sin saber muy bien a cambio de qué". Proporción que se eleva a uno de cada tres en la población de entre 25 y 44 años. Esta percepción también se refleja en otro estudio reciente del Instituto de Estudios Fiscales (IEF), en el que uno de cada tres adultos menores de 49 años opina que vivirían mejor sin pagar impuestos.

Este sentimiento preocupa en el seno de la Agencia Tributaria (AEAT). Los inspectores de Hacienda son conscientes de este fenómeno, que se solapa con un momento de "grave pérdida de confianza de los ciudadanos" en este organismo, según denuncia el colectivo. El asunto de la desconfianza en el sistema tributario y en los funcionarios que trabajan para él ha estado muy presente en las conversaciones en el XXXVI Congreso Anual de los Inspectores de Hacienda del Estado (IHE) celebrado en Toledo esta semana.

"Nuestra imagen no pasa por su mejor momento", reconocía Francisco de la Torre, veterano inspector de Hacienda, ex político y autor de varios libros sobre fiscalidad. De la Torre, considera que esta desazón, que acaba contagiándose a la administración tributaria, obedece a un desconocimiento de cómo están repartidas las competencias. "Los ciudadanos acaban descargando su malestar en el que pone la cara, que es la AEAT. Acabas partiéndole la cara al que exige los impuestos", reflexionaba.

"Algo estamos haciendo mal si no estamos transmitiendo la importancia social del pago de impuestos para garantizar el Estado del bienestar", reflexionaba en ese mismo foro Juan José Rubio, catedrático de Hacienda Pública en la Universidad de Castilla-La Mancha y exdirector del IEF. El experto fiscal cree que buena parte del problema está en que los ciudadanos se ven "inermes" ante una presencia "a veces excesivamente técnica" de la AEAT. "Las actuaciones inspectoras se perciben como no proporcionales", sostenía.

Otros expertos del ámbito tributario culpan al diseño de las normas tributarias, a menudo excesivamente complejas. "Para que mejore la conciencia tributaria, primero el legislador tiene que hacer un poquito mejor las cosas", apuntaba Ignacio Arráez Bertolín, abogado y vicepresidente de la Asociación Española de Asesores Fiscales (AEDAF) también en las discusiones que tuvieron lugar durante el congreso de inspectores.

Además de la complejidad, otro factor importante para la desafección fiscal es cómo se gasta lo recaudado. "Hay cuestiones aparentemente mucho más suaves, pero tremendamente dañinas como las ineficiencias y el despilfarro de los fondos públicos, que genera desafección ciudadana hacia los impuestos", apuntaba María José de la Fuente, expresidenta del Tribunal de Cuentas y letrada de este organismo fiscalizador. "Uno de los primeros factores que determinan la conciencia fiscal es la percepción de la buena gestión, la sensación de que compensa pagar los impuestos", concluía.

La AEAT atraviesa una crisis reputacional

El cónclave de inspectores de Hacienda que se ha celebrado esta semana ha puesto de manifiesto la preocupación que sienten los altos funcionarios de la Agencia Tributaria por la crisis reputacional que atraviesa la situación. En el documento con las conclusiones presentado durante el congreso, denunciaron una "grave pérdida de confianza de los ciudadanos en el desempeño de sus funciones".

Especialmente, a raíz de escándalos muy mediáticos como el rodea al expresidente José Luis Rodríguez Zapatero. "Se ha extendido entre la ciudadanía la percepción de que la AEAT está politizada y que el rigor que aplica al contribuyente medio se relaja notablemente cuando se trata de los más poderosos", lamentan los inspectores.

"La imagen global que los ciudadanos tienen de la agencia se desmorona cuando sospechan que sus actuaciones con los contribuyentes más ricos y poderosos no son tan exigentes como las que aplica al resto. Y estas sospechas obedecen, en muchas ocasiones, a la inexistencia de una política de comunicación por parte de la agencia", sostienen.

La asociación de inspectores se ha mostrado muy crítica con la política de sancionadora que aplica la AEAT. "Se imponen sanciones de forma prácticamente automática en las liquidaciones tributarias, especialmente en el área de Gestión. Como consecuencia, durante muchos años, la mayoría de las resoluciones administrativas y sentencias judiciales en materia sancionadora han dado la razón a los contribuyentes y han anulado las sanciones, al considera que la AEAT no había acreditado debidamente la concurrencia del principio de culpabilidad", recoge el texto.

Japón, el mayor acreedor extranjero de Estados Unidos, ha reducido un 99% sus compras netas de bonos del Tesoro en apenas un año. Durante los ocho primeros meses de 2026 adquirió solamente 389 millones de dólares más de los que vendió, una cantidad insignificante para un país que todavía mantiene más de un billón invertido en deuda estadounidense. Corea del Sur ha ido más lejos y ha vendido 24.000 millones de dólares netos, una cifra récord desde que comenzaron los registros en 1977. Un cambio de tendencia que podría tener consecuencias de gran alcance para los mercados financieros.

El menor apetito por los bonos estadounidenses se extiende a otros países próximos a Washington, cuyas compras netas cayeron más de un 60% entre enero y agosto, hasta los 174.300 millones de dólares, el menor volumen para ese periodo desde 2021. China también está reduciendo su exposición, con unas tenencias que han pasado de casi 700.000 millones a 591.000 millones en doce meses, un descenso del 15,6%.

El momento elegido por estos grandes acreedores para reducir sus compras difícilmente podría ser más inoportuno para Washington. La deuda pública acaba de superar los 40 billones de dólares, el déficit alcanzó los 1,99 billones en el ejercicio fiscal 2026 y los desembolsos brutos por el servicio de la deuda ascendieron a 1,36 billones, un 12% más. Estados Unidos necesita seguir endeudándose mientras algunos de sus compradores habituales encuentran menos motivos para aumentar sus posiciones.

Trump ante el Congreso

Las dificultades que podría encontrar el Tesoro para atraer capital se enfrentan ahora a otro foco de incertidumbre, las elecciones legislativas del 3 de noviembre, que decidirán si Donald Trump conserva el respaldo parlamentario necesario para sacar adelante sus iniciativas presupuestarias. Una victoria demócrata en una o ambas cámaras obligaría al presidente a negociar con la oposición y podría abrir nuevos enfrentamientos sobre el gasto público y el límite de endeudamiento federal.

El resultado electoral podría condicionar ya las negociaciones presupuestarias de diciembre, aunque todavía corresponderán al Congreso saliente, porque el día 11 vence el acuerdo provisional que mantiene financiada la Administración. Durante 2027 llegará otra cita potencialmente más delicada, cuando Estados Unidos podría alcanzar el techo de deuda, situado actualmente en 41,1 billones de dólares. La gestora T. Rowe Price advierte de que un Congreso dividido podría prolongar las negociaciones para elevar ese límite y aumentar la volatilidad financiera.

Pero una derrota de Trump también podría beneficiar a los propios inversores en bonos. El mismo bloqueo legislativo que complicaría las negociaciones presupuestarias dificultaría la aprobación de nuevas rebajas fiscales y grandes aumentos del gasto, conteniendo parte del endeudamiento futuro. Julius Baer contempla que el refuerzo de los contrapesos institucionales pueda favorecer a los mercados, mientras JP. Morgan considera que un Congreso dividido podría aliviar determinadas presiones sobre la deuda.

Esa aparente ventaja tiene un límite que Raphaël Thuin, responsable de Estrategias de Mercados de Capitales de Tikehau Capital, sitúa en los problemas estructurales de la economía estadounidense. La gestora no espera que el resultado electoral provoque por sí solo cambios duraderos en las rentabilidades de los bonos, los tipos de interés o el dólar, porque el deterioro fiscal, la inflación y la política monetaria seguirán pesando sobre sus cotizaciones.

Más allá de las urnas

Entre esas presiones, Tikehau identifica también la creciente emisión de deuda destinada a financiar la inteligencia artificial, que compite por el capital de los inversores. Los centros de datos y las nuevas infraestructuras tecnológicas requieren cantidades extraordinarias de financiación, al tiempo que las dudas sobre la independencia de la Reserva Federal pueden afectar a la confianza en los activos estadounidenses. Julius Baer también señala la credibilidad del banco central como uno de los asuntos que podrían adquirir relevancia tras las elecciones.

La importancia de esa confianza ya quedó de manifiesto en anteriores enfrentamientos políticos. En 2011, Standard & Poor's retiró a Estados Unidos su máxima calificación crediticia tras una prolongada disputa sobre el techo de deuda y ante las dudas sobre la capacidad de Washington para estabilizar sus cuentas. En 2023, Fitch volvió a rebajar la nota estadounidense, citando el deterioro fiscal y los repetidos enfrentamientos políticos sobre el endeudamiento.

Aquellos episodios demostraron que las disputas presupuestarias pueden tener un coste incluso cuando finalmente se alcanza un acuerdo. La Oficina de Rendición de Cuentas del Gobierno estadounidense calculó que el enfrentamiento de 2011 elevó en unos 1.300 millones de dólares los costes de financiación del Tesoro durante aquel ejercicio, una cifra que adquiere otra dimensión cuando la deuda actual supera ampliamente la que tenía el país entonces.

El riesgo de que vuelvan a producirse esas tensiones coincide, además, con un cambio en los compradores de bonos estadounidenses. Aunque las adquisiciones de algunos grandes acreedores han retrocedido, las tenencias extranjeras totales aumentaron de 9,25 a 9,33 billones de dólares entre agosto de 2025 y agosto de 2026. Washington sigue encontrando financiación, pero la menor participación de instituciones oficiales y el mayor peso relativo de inversores privados introducen una incógnita sobre las rentabilidades que estos últimos estarán dispuestos a aceptar.

La inflación estadounidense ha repuntado hasta el 3,7%, el petróleo supera los 110 dólares y crecen las dudas sobre la economía. Son circunstancias que tradicionalmente favorecen al oro, pero esta vez ocurre lo contrario. El metal acumula una caída cercana al 25% desde sus máximos de enero y ha vuelto a perder los 4.000 dólares por onza. Ni siquiera el descenso de las rentabilidades de los bonos ha frenado las ventas. Bitcoin tampoco responde y ha llegado a caer por debajo de los 78.000 dólares.

El 22 de octubre dejó una imagen reveladora. El Nasdaq cayó un 2,6% y las rentabilidades de los bonos estadounidenses descendieron entre 15 y 19 puntos básicos, mientras el oro y bitcoin también perdían terreno. Los inversores vendían acciones tecnológicas, metales y criptomonedas, pero compraban deuda pública. ¿Por qué dos activos utilizados como protección estaban cayendo cuando aumentaba la incertidumbre?

La competencia por el refugio

El oro se enfrenta ahora a un competidor que ofrece algo que el metal precioso no puede garantizar, una rentabilidad conocida de antemano. A comienzos de octubre, los bonos estadounidenses protegidos frente a la inflación (TIPS) a diez años llegaron a rendir un 2,95% real anual, frente al 1,91% de enero. Quien los mantuviera hasta su vencimiento podía obtener cerca de un 3% por encima de la inflación, antes de impuestos; para ganar dinero con el oro, en cambio, necesitaba que subiera su precio.

La competencia se intensificó en septiembre. El dólar se apreció un 2%, encareciendo el metal fuera de Estados Unidos, y la rentabilidad de los bonos convencionales a diez años alcanzó el 5,3%. El oro perdió un 8,5%, según el World Gold Council. Pero cuando las rentabilidades retrocedieron en octubre, las ventas continuaron. Había algo más que la competencia de los bonos.

Las pérdidas bursátiles pudieron obligar a algunos inversores a conseguir efectivo vendiendo incluso sus activos defensivos. Quienes operan con dinero prestado también pueden verse forzados a aportar garantías adicionales cuando caen los mercados. Algo parecido ocurrió en marzo de 2020, cuando el oro perdió alrededor del 12% en apenas diez días, antes de alcanzar nuevos máximos históricos aquel verano.

Sin embargo, mientras unos venden, otros compran cantidades récord. Durante septiembre, los fondos cotizados respaldados por oro recibieron 10.000 millones de dólares y aumentaron sus tenencias en 67 toneladas, según el World Gold Council. El Banco Central de China añadió otras 23 toneladas, su mayor compra mensual desde octubre de 2023, hasta elevar sus reservas oficiales a 2.410 toneladas.

Ned Naylor-Leyland, gestor de Jupiter Asset Management, considera que una nueva fase alcista necesitaría una bajada de los tipos de interés reales a corto plazo en Estados Unidos. También cree que recuperar los 5.500 dólares por onza podría atraer a grandes inversores institucionales que han preferido las acciones tecnológicas. Pero desde los 4.000 dólares actuales eso exigiría una subida cercana al 38%, y el gestor no establece un plazo.

Bitcoin sigue al Nasdaq

Bitcoin tiene una emisión limitada a 21 millones de unidades, una escasez que sus defensores presentan como protección frente a la pérdida de valor del dinero. Sin embargo, vuelve a comportarse como una inversión de riesgo, estrechamente ligada a las grandes tecnológicas. Según K33 Research, su correlación con el Nasdaq aumentó en octubre tras debilitarse en agosto y septiembre. Las elevadas rentabilidades de los bonos estadounidenses también están reduciendo el atractivo de asumir riesgos en el mercado de criptomonedas.

Las ventas también están dejando huella en los fondos cotizados. Según un análisis de etoro, los ETF de bitcoin recibieron unos 301 millones de dólares durante la semana, aunque las dos últimas sesiones registraron salidas cercanas a los 774 millones. Al mismo tiempo, las posiciones abiertas en el mercado de derivados se redujeron aproximadamente un 3%, señal de que algunos operadores estaban reduciendo su exposición al riesgo. Bitcoin lleva además unos 33 días moviéndose dentro de un rango estrecho, sin conseguir consolidar una recuperación.

Y cuando el mercado ya mostraba debilidad, llegó un golpe adicional: un ataque informático contra Binance, la mayor plataforma de intercambio de criptomonedas, en el que fueron sustraídos activos valorados en unos 6.300 millones de dólares. Cerca de la mitad pudo congelarse, pero el incidente desencadenó nuevas ventas y bitcoin cayó a mínimos de seis semanas.

El riesgo de una nueva subida de tipos

Las dificultades de ambos activos podrían prolongarse si la Reserva Federal endurece aún más su política monetaria. El miércoles 28 de octubre mantuvo los tipos entre el 3,75% y el 4%, aunque dos de sus doce miembros defendieron subirlos un cuarto de punto. Su presidente, Kevin Warsh, insistió en que la inflación sigue elevada. Según CME FedWatch, citado por Axios, los operadores atribuían entonces alrededor de un 85% de probabilidad a una subida en diciembre.

Warsh también señaló que los tipos estaban afectando a la financiación de la inteligencia artificial y que los inversores se volvían más selectivos. Eso añade presión al Nasdaq, del que bitcoin sigue muy pendiente. Una subida de tipos podría prolongar la ventaja de los bonos frente al oro y debilitar el apetito por las criptomonedas. Pero las caídas recientes, incluso cuando bajaban las rentabilidades de la deuda, muestran que tampoco una relajación monetaria garantizaría por sí sola la recuperación de ambos activos.

España es una potencia de la alta velocidad ferroviaria dentro de la Unión Europea, pero eso no asegura nada. El accidente en Urda, que ha dejado al menos 69 fallecidos, ha vuelto a poner en duda, seis meses después del suceso similar en Adamuz, la situación de la línea nacional. Y los datos hablan por sí solos. Entre 2018 y 2022 -con los últimos datos disponibles-, España solo invirtió el 16% de los fondos para las línea de AVE en mantenimiento; el 84% fue destinado a obras nuevas, según un informe de la Comisión Europea publicado en 2025: es decir, de los principales países de la UE es el que menos destina a la conservación de su alta velocidad.

La realidad de los datos de Bruselas -en un informe publicado en 2025- es que el país encabeza el gasto absoluto en alta velocidad entre las principales economías del bloque comunitario, aunque dedica la abrumadora mayoría de esos recursos a construir nuevos kilómetros de vías en lugar de conservar y renovar las líneas que ya están operativas, como es el caso de la línea Madrid-Sevilla, donde se han producido los dos accidentes más recientes.

Y es que en los cuatro años que analiza el informe, España destinó un promedio anual de 1.500 millones de euros a su infraestructura de alta velocidad: ese dato la sitúa, de hecho, al frente de las grandes potencias ferroviarias del continente, por delante de países como Francia, que invirtió cerca de 1.400 millones de euros al año, y de Alemania, que asignó alrededor de 1.000 millones de euros anuales a esta misma partida. Pero una cosa son las cantidades y otra las prioridades.

¿Por qué? Porque en el caso español, el 84% de todo el presupuesto destinado a la alta velocidad -equivalente a unos 1.240 millones de euros anuales- se derivó de forma directa hacia la construcción de nueva infraestructura. En contraste, solo el 16% restante -aproximadamente 240 millones de euros al año- se reservó para las labores de mantenimiento, renovación y actualización técnica de las líneas de alta velocidad que ya se encontraban en servicio. En cambio, precisamente Francia y Alemania solo destinaron un tercio de sus fondos a obra nueva, y el resto a la conservación de sus líneas ya en marcha.

Alemania, por ejemplo, lidera las cifras europeas en gasto dedicado a mejoras y modernización de sus líneas existentes, mientras que otros países comunitarios como Estonia llegan a destinar el 100% de sus recursos ferroviarios al mantenimiento y la renovación de sus trazados. Es decir, si se miran los 27 Estados miembros, las estrategias son muy diferentes más allá de los fondos que se reciban. El caso de Portugal es particular también. El país vecino, en el periodo analizado, registró el mayor incremento porcentual en el gasto medio en infraestructura por habitante de toda la Unión, con un aumento del 225%. Aunque durante este periodo no contaba con líneas dedicadas de alta velocidad de más de 250 kilómetros por hora, el análisis de la Comisión destaca la eficiencia en las inversiones y la capacidad a la hora de disponer de mecanismos de supervisión.

Para España hay otro elemento a destacar: recibió 172,72 millones de euros del Fondo de Cohesión de la UE en 2018, el año en el que se empieza a analizar la situación, según el informe. Ese dato es importante porque esas ayudas son las que pueden servir, entre otras cosas, para un mejor desarrollo de la infraestructura ferroviaria, aunque en ese periodo el país no fue de los más beneficiados por esta partida.

Con todo, España cuenta con la línea de Alta Velocidad más extensa de toda la UE, por lo que los expertos avisan que la conservación es más importante si cabe: alcanzó los 3.916 kilómetros en funcionamiento al cierre de 2022. Durante el periodo de cuatro años analizado por Bruselas, la red española sumó 914 nuevos kilómetros de vías de alta velocidad gracias a la puesta en marcha de tramos clave hacia Galicia, Burgos, Murcia, Granada y Extremadura. De hecho, los nuevos tramos inaugurados en España representaron la inmensa mayoría de los 1.100 kilómetros de alta velocidad construidos en el conjunto de los 27 Estados miembros, según el documento.

Eso sí, la conclusión es que la estrategia española contrasta de forma notable con el modelo inversor que impera en el promedio de la UE para la red ferroviaria global. El informe de la Comisión destaca que los países comunitarios destinan de media el 50% de todo su presupuesto de infraestructura a cuidar la red en servicio: un 25% a labores de mantenimiento regular y otro 25% a la renovación integral de vías e instalaciones. El 50% restante en el bloque comunitario se reparte entre un 26% dedicado a mejoras operativas y un 24% dirigido a la creación de nueva infraestructura.

Por otro lado, y más allá de las cifras de inversión, es relevante destacar que España registra la segunda tasa de ocupación de trenes de viajeros más alta de toda la Unión Europea (es decir, el número de pasajeros por kilómetro recorrido en relación con cada tren en circulación), situándose únicamente por detrás de Francia en este indicador. Mientras, la intensidad de viajeros por tren contrasta, sin embargo, con el débil desempeño del transporte ferroviario de mercancías en el territorio nacional. Bruselas en este sentido señala que España continúa registrando una de las cuotas de transporte de mercancías por ferrocarril más reducidas de toda la Unión Europea, compartiendo los puestos de cola del continente con socios como Irlanda y Grecia.